No son etapas, son sandeces

Es imposible otro desenlace que la contracción. La política del Presidente es incompatible con el crecimiento. Pero no habrá un bloqueo autónomo, y por lo tanto no es razonable esperar que la sociedad reaccione espontáneamente por intolerancia. Sería renunciar a una explicación sobre los riesgos de su continuidad y a edificar a la estructura política de reemplazo con una impronta propositiva. Tres ideas que merecen aclararse.

Es común, e incluso previsible, aseverar que las propuestas políticas de la administración que encabeza Javier Milei tienden a consolidar lo que en este momento es una contracción de la economía. Pero no se suele reparar tanto en un tema clave: sus propias características impiden alcanzar otro desenlace. Por lo cual, si nos figuramos cómo sería su máxima expresión en el largo plazo podemos afirmar que, de sostenerse, transformaría a la Argentina en un país más pobre, cuya evolución no permitiría revertir su fragmentación social.

Que un programa así tenga éxito es difícil, porque supone provocar o agravar un malestar entre quienes lo votan en lo que respecta a las condiciones objetivas de vida. No quita que, en lo inmediato, la falta de cohesión y de orientación de los opositores al gobierno permita que los aspectos más nocivos de su praxis alcancen el plafón para realizarse cuando requieren cierto consenso, o no despierten una resistencia lo suficientemente voluminosa como para quedar anulados.

Lo último se presta a confusión. Es común encontrar análisis que sostienen que los efectos de las políticas económicas repercuten en movilizaciones cada vez más recurrentes, lo que amplía la capacidad de acción de la oposición. Éstos se entrelazan con las críticas a las políticas económicas en sí, que presentan dos bifurcaciones: se insiste en que sus resultados no son los deseables para la población, o en su falta de sustentabilidad. Pero ninguna de estas observaciones remarca su incompatibilidad con el objetivo del crecimiento.

Tal omisión no es inocua. En dicha incompatibilidad se encuentra la lesión al conjunto de intereses a los múltiples estamentos de la sociedad argentina que este gobierno entraña. Y tampoco es contingente ni transitoria, sino necesaria y permanente. Lo que, a su vez, habilita la perspectiva de que la oposición pueda organizarse en función de esos intereses vulnerados una vez que se los entiende.

Vaya paradoja, los interesados en que Milei no pueda continuar como viene buscan una contradicción inherente en su programa de gobierno que genere un bloqueo autónomo, mientras esperan que la sociedad reaccione espontáneamente por intolerancia. De esta forma, renuncian a explicar los riesgos de su continuidad y a edificar a la estructura política de reemplazo con una impronta propositiva.

Dado que por esta falta de representación la Libertad Avanza mientras la Argentina retrocede, vale la pena reparar en algunas de las ideas que deberían aclararse. En este caso lo haremos sobre tres, con la finalidad de mejorar el modo de encarar el análisis de la economía.

1. Una sola etapa, sin crecimiento

En la breve y pintoresca cadena nacional auto-celebratoria que Milei pronunció el lunes 22 de abril, dijo entre otras cosas que se avecinaba un proceso de crecimiento segmentado en tres etapas. En realidad, no enumeró etapas sino hechos que, según lo que dice, podrían suceder simultáneamente, reforzándose. Así que, para no perder tiempo dándole un sentido a lo que el Presidente no expresa correctamente, citémoslo:

• “Una primera que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo, junto a la recomposición de salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar de la mano de una menor inflación”.
• “Por otra parte, la baja capitalización de la economía, fruto de 20 años de un populismo empecinado en destruir el capital genera oportunidades de inversión de muy alto retorno”.
• “Finalmente, la retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PIB en forma de ahorro, que permitirá financiar la inversión que genera crecimiento económico genuino, el cual se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales como ser el caso de la Ley de Bases”.

Lo que el Presidente denomina equivocadamente “etapas” son tres sandeces. Empecemos por la segunda, que es la que contiene la síntesis del error conceptual sobre el que se funda este fragmento del discurso.

El nivel de inversión de una economía está limitado por la tasa de ganancia normal de una actividad, porque de esta manera se determina con qué fondos cuentan las empresas una vez que concluye un ejercicio para utilizar en los siguientes. Pero la decisión de inversión no es determinada por la tasa de ganancia, si no por las posibilidades de realizar la ganancia a una tasa dada, dependiente antes que nada de la demanda que exista para los bienes producidos una vez establecido el precio de venta que permita cubrir los costos de producción y obtener una ganancia adicional sobre los mismos.

Aclarado esto, podemos remitirnos a la primera afirmación. “Corrección de precios relativos” significa que por cambios en los precios se obtienen mayores rentabilidades en algunas ramas de la producción. Es decir que, si la nafta, el gas, la carne o el pan son más caros, se producirán en mayores cantidades, según el Presidente. Pues bien: sucede que si ese encarecimiento lesiona la demanda agregada que existe de esos productos, no se producirán en mayor cantidad. Al contrario. Y si existe un mercado externo que podría absorber lo que no se consume en el interno, como casualmente sucede con los sectores que enumeró, entonces el primero se abastece a expensas del segundo.

Curiosamente aquí se habla de recomposición de los salarios reales. El descenso de la inflación no equivale a esto. Significa que se consolida el sistema de precios y su relación existente con los salarios, haciendo abstracción de alguna mejora que se pueda producir para los segundos en el corto plazo. Y los “precios relativos” perjudiciales para el mercado interno tienen un papel muy importante en esa relación.

Es decir que se trata de la consolidación de un proceso de una sola etapa, de argentinos más pobres, y por ello menos oportunidades de inversión en el mercado interno. Crecimiento de tres etapas, las pelotas.

2. El problema es el conjunto de la actividad, no los sectores

Así y todo, la objeción que recibe esta cuestión de la prédica presidencial es particularmente desafortunada. Dando por sentado que el incentivo por “corrección de precios relativos” efectivamente tiene lugar, se señala que las actividades mencionadas tienen un diseño “extractivista” que consiste en extraer recursos naturales sin elaboración y exportarlos. Y esto no contribuiría a la industrialización, ni a la difusión de tecnología, ni a la generación de “Valor Agregado”.

Sucede que, contrariamente a lo que se afirma, la extracción de recursos naturales insume un herramental tecnológico nada desdeñable. Y su establecimiento en el país promueve el desarrollo, porque para hacerlo se requieren trabajadores calificados que encuentran nuevas oportunidades de inserción laboral, y que interactúan con esa tecnología antes desconocida.

Otro error, grave, es que al aceptar que el problema es el insumo de mano de obra de este supuesto estímulo a ciertas actividades, que por sí mismo no debería ocurrir en detrimento de las otras, se lo señala como causa de la desocupación creciente, a pesar de que las noticias mismas indican que las empresas despiden empleados por la caída de sus ventas, sin que medie ningún ejercicio teórico para entenderlo, porque es un hecho. No se debe a un desplazamiento de la mano de obra entre ramas de actividad económica, sino al descenso de la actividad en conjunto.

Que estas actividades comiencen a funcionar representa la creación de empleo. También de Valor Agregado, porque en Economía es un concepto que se utiliza para referirse a la medición del PBI por rama de actividad. El problema es que, al ser el conjunto de la población más pobre, el crecimiento que puedan alcanzar es limitado, y la absorción de trabajadores, principalmente de los profesionales, queda circunscripta a aquellos que ya provienen de familias establecidas y puedan mantenerlos durante el periodo de estudio.

3. El superávit es dañino, pero no trucho

Otra cosa que se suele afirmar sobre los resultados de los que presume el Presidente, y se relaciona con la tercera sandez que mal denomina “etapa”, es que el superávit financiero alcanzado por el Sector Público, por el cual comenzó festejando en la cadena nacional aludida, carece de sustento por todo lo que se dejó de pagar. En ese sentido, se lo desdeña como un superávit fiscal “trucho”.

Se trata de una simplificación poco útil, porque no permite establecer ninguna forma de acción política. La idea de que el superávit “carece de sustento” da la pauta de que, a la larga, los gastos retraídos deberían restituirse.

Es verdad que, además de los egresos que cayeron en términos reales por no haberse indexado, hay varias transferencias del Estado que se retrajeron a pesar de que eso sea motivo de conflictos legales. Pero, de no mediar una presión política efectiva, no hay motivo para suponer que estas transferencias se restituyan, incluso si se acciona legalmente para ello.

Más aún, la disminución de gastos que corresponden a remuneraciones, jubilaciones o transferencias hacia sectores necesitados no mantienen ninguna obligación legal más que lo que el Estado acuerda con los representantes de cada sector o, en el caso de las jubilaciones, lo que fija la Ley correspondiente. Aquí el remedio ya no es una combinación de la acción legal con la política, sino directamente la insistencia y la movilización.

Es decir que el gobierno puede mantener esta forma de ejecutar sus gastos corrientes mientras espera a obtener mayor poder político para darles forma legal. No necesariamente lo logre, pero eso no le quita importancia a la necesidad de compaginar los problemas del gasto público con la agenda de la oposición política, cosa que hasta ahora no sucede a pesar de las dificultades que padecen las provincias y la magnitud que alcanzó la marcha por el presupuesto de las universidades públicas.

Por otra parte, además de los defectos de la crítica hacia la presunta precariedad de los medios para alcanzar el superávit financiero, se insiste en que, si bien el déficit fiscal no es algo para festejar, no es un problema macroeconómico. Idea algo vaga, porque si no es un problema, ¿entonces cuál es el sentido de hacer del superávit fiscal un objetivo en sí mismo?

Parece más sensato poner en cuestión la validez de proponerse reducir el gasto público, a la vista de que no consiste en otra cosa que en lo mismo que hoy estamos viviendo, y que además de los problemas funcionales que comporta mantiene un aspecto muy dañino para el país: la precarización del trabajo en el Estado, sea por la inestabilidad o los bajos salarios para trabajos profesionales. Podría acordarse entonces que las funciones públicas son esenciales, y que en todo caso en relación a estas debería adecuarse la estructura impositiva.