Tras la histórica declaración a favor de gravar a los superricos de los líderes del G20, aprobada en Río de Janeiro en septiembre, una nueva convención de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal, votada en octubre por una abrumadora mayoría, promete reparar el maltrecho sistema de gobernanza internacional. Hasta ahora ha sido impotente para evitar las presentes guerras y masacres.
El sistema internacional de protección de los Derechos Humanos se encuentra bajo fuego en varios frentes simultáneos. Guerras en Ucrania, África y Oriente Medio aportan a una tensión geopolítica sin precedentes desde la Crisis de los Misiles de 1962. La humanidad está al borde del holocausto nuclear, empujada al infierno también por una ola de polarización y de pensamiento extremo que pone en jaque al multilateralismo, principio básico de una hegemonía jurídicamente basada en los derechos humanos.
Conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que acaba de celebrarse el 10 de diciembre, obliga a indicar la necesidad urgente de abordar la extrema concentración de riqueza y poder en manos de multinacionales y los super-ricos. La actual arquitectura económica global permite que los más ricos eludan sus responsabilidades fiscales, privando a los estados de ingresos esenciales para financiar servicios públicos y proteger los derechos humanos.
Según un reciente informe de Oxfam, la riqueza de los milmillonarios aumentó en un 46% durante la pandemia de COVID-19, mientras que la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial disminuyó en un 2,5%.
Más allá de los nombres de quienes promueven la ruptura del orden mundial basado en reglas compartidas y de sus rimbombantes declaraciones para ganarse la lealtad de una opinión pública radicalizada que espera soluciones mágicas, el acoso al sistema jurídico internacional tiene su origen en una desigualdad neo-medieval.
Hasta aquí, las malas noticias. Sin embargo, no todo está perdido.
La mayoría de los gobiernos del mundo, liderados por el sur global, está presionando para una reforma del sistema internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas limitaciones han obstaculizado la prevención de las actuales guerras y conflictos.
En septiembre, los estados miembros de la ONU acordaron una nueva hoja de ruta para salvar el multilateralismo y evitar la obsolescencia a la que el lobby corporativo parece querer arrojarlo. El Pacto para el Futuro alcanzado es un enfoque integral orientado al desarrollo sostenible y el financiamiento de acciones para la paz y seguridad internacionales. Y también a la reforma del sistema de gobernanza global.
Es en ese marco que adquiere relevancia otra victoria surgida del campo de las economías emergentes. A fines de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó los Términos de Referencia (T0R) para una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, un avance significativo hacia un sistema fiscal mundial justo, que permita recaudar los recursos que necesitan todos los países para cerrar la brecha de desarrollo, combatir la desigualdad y hacer frente a las catástrofes del cambio climático. Las negociaciones para terminar de dar forma a esta convención marco comenzarán en 2025, y se espera que la nueva herramienta esté operativa en 2027.
No pasó desapercibido, nuevamente, el voto en contra de nueve países de las economías más avanzadas encabezadas por Estados Unidos y con el voto de algún acólito trasnochado del Sur. Estos gobiernos decidieron priorizar la defensa de la impunidad de sus multinacionales y superricos para evitar hacer el aporte tributario que les corresponde. Con este gesto los gobiernos de países avanzados enviaron una nueva señal de doble estándar al Sur Global: las reglas acordadas son relativas, no rigen para todos por igual.
Paradójicamente, pocas semanas antes los líderes del G20 bajo el liderazgo de Brasil habían emitido un inédito comunicado final de que marcó un hito significativo en la búsqueda global de una fiscalidad justa y progresiva. Y también este año incluso el G7 manifestó su voluntad de estudiar los modos de tributación de los ultrarricos.
Reforzar la cooperación mundial es vital para afrontar los retos actuales de los Derechos Humanos. Para eso resulta indispensable la reforma de las instituciones de Bretton Woods y del sistema internacional de tributación de corporaciones e individuos superricos, con la creación de una Convención marco específica de la ONU. El amplio campo político y civilizatorio sustentado en la arquitectura jurídica derivada de la Carta de la ONU, sigue siendo la resistencia a la invasión depredadora de la nueva oligarquía tecno-feudal.
La implementación de impuestos mínimos coordinados a nivel global, y compartir información de performance comercial de las corporaciones, son pasos cruciales hacia una economía más justa y equitativa. Australia demostró el mes pasado que se puede, al aprobar una legislación pionera en el mundo sobre la información pública país por país sobre los impuestos y ganancias que registran las empresas multinacionales.
Medidas como esta no solo ayudarán a reducir la desigualdad, sino que también facilitarán a los gobiernos invertir en servicios públicos esenciales.
La reforma de las instituciones financieras internacionales es esencial para hacer frente a los desafíos que afectan los derechos humanos en todos los países y el futuro de la paz mundial. La aplicación de impuestos mínimos coordinados a nivel global y la transparencia en la información financiera de las empresas son factores cruciales para conseguir una economía más justa y equitativa que disuada la guerra y cimente el orden jurídico de los derechos humanos.