En el ámbito de la Cultura también avanza la gestión libertaria por las vías del desfinanciamiento, como lo viene haciendo con la Ciencia, y del desmantelamiento de varias instituciones emblemáticas para el sector. Quitarles autonomía relativa y hacerlas depender de Cifelli sugiere que, a los ojos del núcleo duro del gobierno, resultan más cómodas en vías de extinción.
El miércoles 28 de mayo hubo una importante movilización de los científicos del área metropolitana de Buenos Aires bajo la consigna: “Nadie se salva solo.” Los organizadores ampliaron la convocatoria a la población en general, dada la necesidad de que incluso “quienes no hacen Ciencia participen”, y se manifiesten ese día en el Polo Científico de Palermo contra las políticas libertarias en curso. La falta de financiamiento, el bloqueo de la entrada al CONICET de 800 investigadores capacitados y seleccionados por rigurosos concursos, la caída del poder adquisitivo de salarios y becas a niveles comparables al 2001, o la falta de ejecución de créditos internacionales otorgados en el gobierno anterior, son algunas de las motivaciones de la convocatoria, en momentos en que se indujo a que una parte de la población desprecie y ataque a la Ciencia y a los científicos. Por eso Alberto Korblihtt, uno de los principales promotores de la protesta, asegurara en repetidas oportunidades que “el país necesita más Ciencia y tecnología si se quiere salir del modelo exportador de bienes primarios sin valor agregado”.
El ajuste implacable y perpetuo sigue su curso, sin embargo, y ya dan cuenta de ello las universidades y la educación pública. Y cuando no es un ajuste sin camuflaje, lo es bajo formas superiores que serán operativas a pleno en un futuro relativa y deliberadamente incierto. A título de ejemplo, y pasando ahora al área de Cultura, corresponde poner en foco la sanción de los decretos 345 y 346/2025, publicados en el Boletín Oficial el jueves 22 de mayo. En ambos casos amerita leer los considerandos, en primer término, para luego formular una pregunta.
El edil electo en la CABA y vocero del Topo que ocupa el sillón de Rivadavia ya lo anunciaba, glamoroso: era inminente el cierre, la centralización y fusión de organismos del área cultural, y parafraseaba pasajes de los considerandos de los dos flamantes decretos en avanzado estado de gestación. Por ejemplo, que el gobierno “viene adoptando distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una administración eficiente de los recursos disponibles”. O el consabido eslogan de que el tamaño de la Administración Pública Nacional va en contra de la “consecución” de un Estado eficiente, por lo que se debe reducir unidades organizativas y organismos para garantizar una mayor coordinación en las políticas, una mejor administración de los recursos públicos y, a su vez, promover una gestión más ágil y eficiente.
Pero lo decisivo en esas palabras desbordantes de buenas intenciones, aquello que habilita la pregunta anunciada más arriba, aparece en los Considerandos de ambos decretos, donde se dice “que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año” , y se agrega: “Que por dicha ley el Poder Legislativo delegó al Poder Ejecutivo Nacional facultades referidas a materias determinadas de administración y vinculadas a la situación de emergencia que fuera declarada, todo ello por el plazo mencionado precedentemente.”
O sea que aquí corresponde, antes de continuar, la pregunta respecto de la responsabilidad política del desempeño del Presidente Javier Milei y de sus ministros Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger (y de otros miembros del gabinete, por qué no), habida cuenta de que los considerandos aseguran también “que se establecieron como bases para la referida delegación legislativa: a) mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; b) reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y c) asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”. Entonces, cuando en el futuro se revise esta etapa del devenir histórico de Argentina, surgirá naturalmente la pregunta sobre quiénes deberían recoger el guante, desde la perspectiva de la responsabilidad política, de un ajuste del Estado nacional con pocos justificativos y demasiadas arbitrariedades. También habrá que preguntar por quiénes levantaron la mano para sancionar la delegación legislativa, por qué, y sin medir sus consecuencias.
Y hay algunas cosas que parecen un chiste. En la presentación de las medidas que atañen al ámbito de la Cultura se argumenta “que según el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en el Sector Público Nacional existían, al 7 de febrero de 2025, ciento once (111) organismos, de los cuales cuarenta (40) son desconcentrados y setenta y uno (71) descentralizados”.
Nótese que el ministro Sturzenegger no se priva de nada, como se infiere del nombre de la dirección nacional autora del informe y de sus presuntas competencias y funciones, con seguridad cruciales para el desempeño de la burocracia estatal. Y además en el informe de la Direción Nacional de Diseño Etcétera queda expuesto “que los organismos desconcentrados y descentralizados cuentan con un elevado número de unidades organizativas y con cuatrocientas setenta y siete (477) autoridades superiores, lo que ha dado lugar a una estructura excesivamente onerosa para el Poder Ejecutivo Nacional”. Y llegan algunas comparaciones, que en última instancia dan cuenta del “incremento sustancial en su dotación de personal”.
Así las cosas, por el Decreto 345 se dispone la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeniano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, “los que conformarán una unidad organizativa dedicada a la investigación, el estudio, promoción y difusión de personalidades históricas destacadas y próceres nacionales dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación”. O sea que no sólo desaparecerían como tales, sino que además al fusionarse habrían de cambiar su objeto y competencias, lo cual es una manera elegante de disolverlos por aparente expansión indefinida. Por el artículo 2º se dispone la transformación en unidades organizativas dependientes de la Secretaría de Cultura, además del Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
La nueva estructura para los casos del Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP implica su conversión en unidades organizativas dependientes de Cifelli (o de sus sucesores), que conformaría Consejos Asesores ad honorem con personalidades destacadas de cada actividad, sea por región o sean cinco en el caso de la CONABIP, para que produzcan los dictámenes necesarios con carácter no vinculante. Se apeló a un criterio similar para convertir a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, al tiempo que el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón se convertiría en un museo.
La reacción fue inmediata, y varias movilizaciones de los organismos culturales afectados dieron marco a la gran manifestación de los científicos. Pero también hubo alguna toma de posición llamativa, como la del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro, que el jueves 22 de mayo, esto es, el mismo día en que apareció en el Boletín Oficial el Decreto 345/25, mantuvo virtualmente a las 9.30 de la mañana la Reunión del Consejo de Dirección , conformado por el director ejecutivo Mariano Stolkiner (quien fuera nombrado, corresponde recordar, en marzo de 2024 por iniciativa de Cifelli y la ministra de Capital Humano) y los representantes de la región Patagonia, la región Centro, la región Centro Litoral, la región NEA, la región NOA, y la región Nuevo Cuyo.
Los reunidos virtualmente labraron el Acta 756, que dice en el primer punto: “El Consejo de Dirección expresa su completo desacuerdo respecto a los términos del Decreto 345/2025, el cual genera una reforma estructural integral del Instituto Nacional del Teatro, anulando en los hechos la vigencia de la Ley Nº 24.800. La medida elimina los aspectos troncales de la norma votada por unanimidad en el año 1997, cuya implementación significó a lo largo de veintisiete (27) años un desarrollo cuantitativo y cualitativo innegable del teatro independiente en todo el territorio nacional. El Decreto 345/2025, con la sustitución del artículo 7º y la derogación de los artículos 8°, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º y 32º de la Ley N° 24.800; genera una afectación integral del espíritu de la ley, eliminando sus misiones y funciones, su organización interna y las posibilidades materiales para el alcance de sus objetivos. La federalidad de la distribución presupuestaria, el sistema democrático de toma de decisiones y la garantía de idoneidad de los miembros del cuerpo de conducción elegidos por concurso público de antecedentes y oposición son pilares de la norma afectada. El presente pronunciamiento se enmarca en las obligaciones emanadas de lo establecido en el Artículo 14 inciso m de la Ley 24.800, y las responsabilidades inherentes a la función pública de cada uno de los integrantes del Consejo de Dirección.” Luego el Acta continúa con el registro de las actividades de rutina del organismo, requirentes de la intervención de su máxima conducción. Y para quien desee chequear la información, el Acta está en el portal del Ministerio de Cultura (aunque ahora sea “Secretaría”), cliqueando en “Organismos”, luego en “Instituto Nacional del Teatro”, y allí finalmente en “Acta de la reunión del 22 de mayo de 2025 del Consejo de Dirección del INT”. Raro que todavía se difunda esa crítica en el portal del Ministerio degradado a Secretaría, pero tal vez el motivo sea cierta falta de coordinación crónica, como cuando el artículo 16º del Decreto 345/2025 dice: “Establécese que para los órganos y organismos alcanzados por las previsiones de los artículos 1° y 2° del presente decreto se mantendrá el personal con sus cargos, situación de revista y unidades organizativas vigentes hasta que se aprueben las nuevas estructuras correspondientes. Asimismo, los créditos presupuestarios, recursos financieros, compromisos y obligaciones se considerarán transferidos a la Secretaría de Cultura de la Nación.” No es mucho, pero algo aclara…
Dejando de lado los argumentos más groseros de algún ministro desaforado, uno que dijo que los organismos afectados por estos decretos eran “cajas del kirchnerismo”, así como también la justificación del ajuste en base al objetivo de lograr una gestión pública transparente, ágil y eficaz, sin sobredimensionamiento y con las cuentas equilibradas, podría suponerse algún proceso de burocratización en varias áreas de cultura, al igual que en todo el sector público. En tal caso, y trascendiendo incluso el criterio meramente fiscalista del ajuste en curso, tal vez sería necesaria una acción de acuerdo con lineamientos generalmente aceptados (como la concentración de las funciones estratégicas en el nivel de conducción política, por ejemplo, y la delegación de las decisiones operativas en el nivel de gestión), tras la cual resultaría un sector público notablemente “mejor”, pero “igual” (esto es, el mismo) que el precedente. Se obtendría un sector público, en general, y un Estado nacional, en particular, algo más eficiente e hiperactivo, pero encorsetado en la racionalidad técnica y severamente propenso a poner entre paréntesis su esencia, que no es otra que la provisión de Bienes Públicos y, a través de ellos, de un sentido colectivo.
Las limitaciones de la racionalidad técnica en esta materia surgen con nitidez cuando tropieza con cuestiones fundacionales que implican la creación de cierto Estado nacional y no de otro. En efecto, la adopción explícita en la Constitución de una forma de gobierno representativa, republicana y federal requiere un Estado nacional que por esencia no se ajusta a la racionalidad técnica (cuánto más eficaz y eficiente resultaría la gestión sin la constante presencia de “lo político”, con poderes que se contraponen y controlan mutuamente, forzando una permanente y costosa negociación).
De ahí la necesidad de ampliar la perspectiva, y pensar que el texto constitucional expresa la decisión de crear la instancia política máxima de la Nación, el Estado nacional, que contenga y dirija un proceso social complejo, en el cual convivan fuerzas identitarias y grandes contradicciones. En tanto instancia política máxima, consecuentemente, su función básica y sustantiva es, mediante la provisión de Bienes Públicos, la construcción de un sentido colectivo que satisfaga la necesidad de cohesión de la comunidad nacional. Además habrá que mantener presente que la mera asignación estatal de recursos de cualquier naturaleza en forma directa, ex ante y al margen del mercado, opera la transformación de los mismos en Bienes Públicos.
En este marco se inscribirían las políticas culturales desenvueltas por un Ministerio (o Secretaría, poco importa) de Cultura, con el objeto de proveer un conjunto de Bienes Públicos muy particulares, sobre todo cuando se los analiza desde el punto de vista de sus externalidades. Y nótese que se trataría de Bienes Públicos específicos, que no deberían confundirse con los propios y trascendentes del área educativa, por ejemplo, o de la promoción social.
La cultura es la forma en que las comunidades (y cada uno de sus miembros) resuelven su estar en el mundo, y en tanto forma productiva se expresa materialmente a través de artesanías, artes plásticas, literaturas, etc., o inmaterialmente a través de hábitos y costumbres, comportamientos, creencias, danzas, literaturas orales, etc. Sobre esa base, mucho más potente que lo que usualmente se considera, el despliegue cultural en tanto forma productiva abarca todos los niveles de la comunidad, se apropia de sí misma y se proyecta transversalmente al conjunto.
Ahora bien, el Estado nacional debe asistir a ese despliegue, de modo tal que esos Bienes Públicos irradien plenamente sus externalidades. Las discusiones en torno de las intervenciones estatales “desde arriba” que, en definitiva, violentan al entramado social, o de las soluciones “desde abajo” que presuponen una oposición irreductible, no parecen del todo conducentes. Y hay que insistir en esto: en tanto conjunto de Bienes Públicos, las principales externalidades de la cultura son especialísimas, y tienen que ver con la cohesión social, el logro de más y mejores creencias, el estímulo y respeto de la diversidad, el alcance de más altos niveles de convivencia y de comprensión entre compatriotas. En definitiva, a través del despliegue de su cultura, la comunidad se volvería más humana.