Perú volvió a decidir su futuro por un puñado de votos. Después de una década de presidentes que caen, congresos que avanzan sobre los contrapesos institucionales y una sociedad atravesada por la decepción, el miedo y el cansancio, Keiko Fujimori acaba de asumir la Presidencia con una promesa tan simple como cargada de historia: que vuelva el orden. Socióloga y escritora, autora de cuentos y novelas breves en los que observa con una prosa sobria las tensiones, violencias y extrañezas de la vida cotidiana, Irma del Águila mira esta elección menos como un giro electoral que como el síntoma de una crisis más profunda.
En esta entrevista con Y ahora qué?, Irma del Águila reconstruye un país dividido casi en mitades iguales entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también fragmentado por dentro, desafectado de la política y sin una salida colectiva capaz de traducir la bronca social en representación.
—¿Qué revela sobre la sociedad peruana que una parte tan importante del electorado vuelva a elegir al fujimorismo, tres décadas después de los años noventa?
—Es una sociedad que algunos llaman polarizada y otros, fragmentada. Son las dos cosas. Desde 2016, los resultados presidenciales muestran un país partido prácticamente en dos mitades: Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori, Pedro Castillo contra Keiko Fujimori y ahora Roberto Sánchez contra Keiko Fujimori. PPK ganó por unos 30.000 votos. Castillo, por alrededor de 40.000, y se siguieron contando votos hasta la víspera de su asunción. Esta vez, Keiko Fujimori ganó también por una diferencia mínima, de unos 50.000 o 60.000 votos. Hay, entonces, un país claramente dividido entre fujimorismo y antifujimorismo. Pero el antifujimorismo es un abanico muy amplio. Incluye desde liberales de derecha o centroderecha hasta la izquierda castillista. Y, en el medio, hay una población cada vez más desafectada del proceso electoral. Desde 2016 arrastramos una crisis política muy honda, que se profundizó con el intento de forzar la renuncia de PPK, el indulto a Alberto Fujimori, las negociaciones de Kenji Fujimori y todo lo que vino después. En medio de las muchas crisis de la historia republicana peruana, esta es la que ha marcado los últimos diez años.
—¿Este resultado expresa una derechización de la sociedad peruana o, en cambio, cansancio, miedo y desafección frente a años de crisis política?
—Esta victoria no se habría producido sin el desapego ciudadano, que es parte de la crisis del sistema político. No es culpa de los peruanos. Es una crisis que desgasta y genera desafección. En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos sobre los sentimientos frente a la segunda vuelta, había una palabra dominante en Lima, en las zonas rurales y en las capitales de departamento: decepción. También aparecían tristeza, nada, algo de miedo, incluso reclamos de fraude, pero lo fundamental era la desafección. El país está dividido entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también está fraccionado dentro de esos campos. El antifujimorismo pudo aglutinarse en otros momentos, por ejemplo alrededor de PPK, que era un candidato de derecha, pero no fujimorista, y que suscribía las reglas formales de la democracia representativa. En 2016, Verónika Mendoza llamó a votar por él para impedir la llegada de Keiko y fue muy criticada, pero la política se hace con escenarios reales, no con los escenarios que una quisiera. Esa posibilidad de articulación se ha ido debilitando.
—¿Qué lugar ocupa hoy la demanda de orden en Perú y cómo se combina con la paradoja de una relativa estabilidad económica y una enorme inestabilidad política?
—Cuando se habla de estabilidad económica en el Perú, en realidad se habla sobre todo de estabilidad monetaria. Es una variable importante, especialmente si recordamos la hiperinflación de la época de Alan García, pero con estabilidad monetaria no comes. No alcanza para construir un mercado interno ni una producción con eslabonamientos propios de una industria nacional. Hay una sensación de expansión de la pobreza, especialmente en los ámbitos urbanos, y la precariedad de la vida se combina con el crecimiento de la criminalidad y la extorsión. Mucha gente termina preguntándose qué candidato va a irrumpir menos en su vida. La prensa también ha jugado un papel en la exacerbación de los miedos, pero esos miedos estaban latentes: miedo al pasado, al conflicto armado interno, a una nueva crisis. La presencia de Antauro Humala tampoco ayudó a la candidatura de la izquierda. Es un personaje de un sector muy duro, con un discurso agresivo y profundamente regresivo. En ese contexto, la promesa de orden encuentra un terreno fértil, aunque ese orden pueda terminar desplazando valores y resguardos democráticos.
—¿Estamos, entonces, ante una derechización o ante una revitalización del pensamiento conservador?
—Hablaría más bien de una revitalización del pensamiento conservador. Por supuesto que la derecha tiene un papel central: los medios de comunicación, el Congreso, el poder corporativo. Pero el conservadurismo aflora en la cultura política de muchos partidos y ha tomado aire, ha adquirido una ciudadanía propia. Antes existía cierta inhibición para decir determinadas cosas en el Congreso, aunque se pensaran. Ahora se pueden decir de frente barbaridades que antes no se decían. Los grupos evangélicos tienen representantes claros en el Congreso. Hay, por ejemplo, una congresista que se autodenomina pastora, se opone al aborto terapéutico incluso para niñas de diez u once años violadas y, al mismo tiempo, auspicia un albergue de niñas violadas y embarazadas donde se investiga si esas niñas recibieron la asistencia estatal necesaria para acceder, si ellas y sus familias así lo desean, a un derecho reconocido por la ley. Todo adquiere un ambiente muy turbio. Lo conservador vuelve a normalizarse como si estuviéramos en 1940. Y esto no ocurre solo en las generaciones mayores. Iglesias, radios y escuelas están reconstruyendo un tejido conservador que también forma a las nuevas generaciones.
—¿La memoria del autoritarismo fujimorista sigue funcionando como un límite político o el nuevo fujimorismo se inserta en un escenario distinto?
—Alberto Fujimori fue un gobernante autoritario y conservador, de eso no cabe ninguna duda. Pero durante su gobierno todavía no existía el discurso global que hoy conocemos. El antifeminismo no se enarbolaba de manera explícita y no había esta exacerbación de lo que ahora llaman la guerra del relato. Estamos hablando de un régimen que comenzó en 1990, dio el golpe de Estado en 1992 y llegó hasta el año 2000. El neofujimorismo actual se inserta, en cambio, en un escenario global donde existe una prédica afirmativamente antiliberal. Keiko Fujimori busca vínculos con gobiernos y fuerzas de esa orientación en la región, y lo que se configura es un nuevo consenso antiliberal en distintos países. Al mismo tiempo, se resquebraja la idea de una comunidad internacional sostenida por presupuestos mínimos de convivencia, empezando por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Alberto Fujimori intentó retirar al Perú de ese sistema y Keiko también ha expresado ese deseo, aunque no lo incluyó en su plan de gobierno. Esa es una de las batallas de los próximos años. Además, probablemente tendrá como aliado en el Congreso a Renovación Popular, el grupo de extrema derecha de Rafael López Aliaga, vinculado con sectores católicos muy conservadores y con redes de poder como las que rodearon al Sodalicio. A eso se suman grupos evangélicos con presencia en radios y escuelas. Es un tejido conservador con capacidad de reproducirse socialmente.
—¿Qué significa que Perú tenga por primera vez una presidenta mujer si esa llegada al poder está asociada con una agenda tan conservadora?
—No lo veo como una afirmación del poder de las mujeres. Keiko ganó, antes que nada, un forcejeo dentro de su propia familia. Recordemos que hubo dos Fujimori en disputa: Kenji y Keiko. En 2016, Kenji negoció con PPK la liberación de Alberto Fujimori. Luego se conocieron videos sobre los términos de esa negociación y el episodio terminó contribuyendo a la caída de PPK. Keiko se oponía a esa liberación inmediata porque significaba la entronización política de su hermano. Es decir, fue un juego de poder y ella salió victoriosa. También está la historia de su madre, Susana Higuchi, quien denunció el desvío de donaciones provenientes de Japón y luego afirmó haber sido secuestrada y torturada tras el golpe de 1992. Ella llegó a decir que Keiko no había hecho nada. Entonces, no diría que aquí se impuso el feminismo. Ganó una mujer, sí, pero dentro de una historia familiar y política atravesada por una disputa feroz por el poder.
—¿Qué pasó con la energía ciudadana de las protestas de los últimos años? ¿Se agotó, se dispersó o no encontró traducción política?
—Hay que mirar la trayectoria del campo antifujimorista. La Marcha de los Cuatro Suyos logró unirlo contra el régimen de Fujimori. Allí confluyeron sectores muy distintos y hubo una enorme movilización social. Con el tiempo, ese campo se desgastó también por lo que representaron los gobiernos posteriores. Hubo algunas políticas sociales acertadas, pero no cambió demasiado el modelo económico. Más tarde, cuando el Congreso llevó a Manuel Merino al poder en 2020, en un gobierno que duró cinco días, se produjo otra gran movilización en la que murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. Después vinieron las protestas de diciembre de 2022. Pero para entonces el campo antifujimorista ya estaba profundamente fracturado. Lo que prima es el movimiento social. La gente se moviliza, hay una bronca enorme, hay indignación y una demanda de justicia. Muchos condenaron el anuncio de golpe de Pedro Castillo, pero también vieron como gravísimo que el Congreso, sin demasiado cuidado por la letra constitucional, resolviera la vacancia en horas e hiciera jurar a Dina Boluarte. La represión profundizó la sensación de ilegitimidad. Hasta hoy persisten movimientos en el sur andino y también en la costa que van y vienen a Lima, pero no existe un paraguas político capaz de encauzar esa protesta hacia una salida común. Hay propuestas dispersas, pero no una de consenso.
—¿Qué revelan los reiterados intentos de autogolpe, combinados con este tipo de respuestas institucionales, sobre la democracia peruana?
—La institucionalidad queda hecha añicos. Es parte de la antropofagia del sistema político. No quedan siquiera aquellas inhibiciones mínimas que creíamos haber construido después del golpe de 1992. Una piensa: nunca más, estas son las reglas, por lo menos este es el piso y desde aquí construimos. Pero no. El anuncio del 7 de diciembre de Pedro Castillo le dio terreno al Congreso para tomar la iniciativa y lanzar una gran ofensiva. Ese mismo Congreso que le dijo que no a una reforma constitucional y a una Asamblea Constituyente terminó aprobando más de cincuenta reformas constitucionales, muchas veces a mano alzada y a carpetazo limpio. En los hechos, se produjo una transformación de la Constitución de facto, avalada por un Tribunal Constitucional que hoy está capturado. Esa es una diferencia importante con la época de Alberto Fujimori. Entonces todavía hubo instituciones que resistieron y una ciudadanía que salió a las calles. El escenario actual es de desgaste, desmovilización y pérdida del sentido de hacer política. Enzo Traverso habla de la pérdida de la ilusión futurista: sabemos lo que no queremos, pero no sabemos qué vamos a construir. La gente se pregunta por qué salir a la calle si le van a disparar y si, además, no hay una salida política. Bronca e indignación existen. Lo que no existe es una salida consensuada. El propio Congreso favoreció la dispersión al punto de que tuvimos más de treinta candidaturas presidenciales.
—En este escenario de revitalización conservadora, fragmentación y desafección, ¿qué lugar ocupan hoy los derechos humanos?
—Ese es uno de los grandes desafíos. El Congreso ha aprobado normas que buscan hacer tabla rasa del pasado. Está, por ejemplo, la ley que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de que la legislación peruana incorporara esos tipos penales. En la práctica, estamos hablando de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. También se han ampliado las facultades del fuero policial y militar, y muchos temen, con razón, que eso dé mayor libertad a la Policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir. Aquí sí aparece una herencia directa del fujimorismo de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta fueron asesinados e incinerados. En Barrios Altos, el Grupo Colina asesinó a personas reunidas en una fiesta. Se demostró la autoría mediata del entonces presidente. Por eso, en 1999, Fujimori planteó retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es posible que Keiko intente retomar esa orientación. Hoy no parece tener los números necesarios para una reforma constitucional de ese alcance, pero personas vinculadas con sus áreas de Justicia y Seguridad se han manifestado claramente a favor de una salida del sistema interamericano. La decisión dependerá de la fuerza política que logre reunir y también de los costos internacionales que esté dispuesta a asumir.
—¿Qué espacios de resistencia quedan frente a ese avance y qué puede esperarse de los próximos cinco años de gestión de Keiko?
—Quedan algunos espacios, aunque son pocas piezas en el tablero. Hay un grupo de oposición en el Congreso y, sobre todo, quedan jueces que han dicho que aplicarán el control de constitucionalidad y de convencionalidad frente a normas que buscan arrasar con los derechos humanos. Eso ya ha generado reacciones y amenazas contra quienes interpretan la ley utilizando los mecanismos jurídicos que tienen a su disposición. Habrá una tensión fuerte. También quedan instituciones y actores con peso referencial que pueden cumplir un papel, aunque el margen es estrecho. Esas piezas tendrán que apuntalarse si se quiere “salvar los muebles” y ofrecer resistencia. Los próximos cinco años van a ser durísimos.