El retiro de los cuadros de Bartolina Sisa y Tomás Katari del salón principal de la Casa de la Libertad encierra un símbolo político. El gobierno de Rodrigo Paz intenta restaurar una Bolivia anterior al ascenso indígena, pero los sectores que durante siglos fueron invisibilizados ya no están dispuestos a regresar a la sala del fondo. La restauración también hace agua por la corrupción, la crisis económica, el aumento del dólar, los escándalos vinculados con el narcotráfico y la pérdida acelerada de apoyo al Gobierno. Sin mayoría parlamentaria y con sus antiguos aliados alejándose, Rodrigo Paz encuentra cada vez más dificultades para aplicar las reformas prometidas al Fondo Monetario Internacional.
Hay que leer los símbolos que encierran en sí mismos toda la historia. Los cuadros de Bartolina Sisa y Tomás Katari han sido descolgados del salón principal de la Casa de la Libertad, allí donde hace doscientos años se fundó el país.
Los cuadros fueron llevados a otra sala, la de las “rebeliones indígenas”. En la sala principal quedaron solamente cuadros de blancoides, la mayoría de ellos oficiales del Ejército realista que se pasaron al bando independentista. Allí están Andrés de Santa Cruz, José Ballivián y Segurola, entre otros, para permanente recuerdo de que la República de los criollos fue fundada sin ningún representante indígena, a pesar de que ellos eran claramente la mayoría nacional.
Tampoco hubo mujeres, a pesar de que algunas de ellas, como Juana Azurduy, comandaron hombres en combate. En realidad, estuvo en la cita un solo guerrillero, José Miguel Lanza, comandante de Ayopaya, quien proclamó la independencia del Alto Perú en La Paz el 29 de enero de 1825, días antes de que Sucre y sus “colombianos” cruzaran el lago Titicaca.
Galeano nos habla de los nadies, hijos de nadie y dueños de nada. Eso fueron los indígenas en Bolivia. Eran la Nación Clandestina, la mayoría invisible.
Ahora, el gobierno de Rodrigo Paz quiere que ocupen la sala del fondo. Como no puede invisibilizarlos, intenta minimizarlos. Atrás quedaron los tiempos en los que, en plena campaña, el actual presidente se ponía el poncho andino. Con él también quedaron las promesas de no pactar con el FMI, de que la gasolina y el diésel no escasearían en los surtidores y de aumentar los bonos para los pobres.
Es la hora de la Restauración y de volver a poner las cosas como estaban antes de que los indígenas se atrevieran a tomar el gobierno.
Umberto Eco lo resumiría así: “Siempre estamos rehaciendo la historia. Nuestra memoria es siempre una reconstrucción interpretativa del pasado”. Pero el gran Walter Benjamin fue más contundente: “Ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence”.
El asunto es que el enemigo que quiere mandar al cuartito del fondo a los muertos indígenas está lejos de poder vencer.
Un camino sin retorno
Las antiguas casas de dos patios, uno para los patrones y su familia y otro para la “servidumbre”, se han convertido en modernos edificios.
Ese es el contexto en el que, pese a que una parte de Bolivia quiere restaurar el país de mentalidad colonial, donde la “gente decente y de familia conocida” sea superior a los cholos y los indígenas, cada vez más alteños y andinos compran casas en los barrios “residenciales”.
Los “nadies” se niegan a vivir en el pasado. Quieren a los suyos también detrás de las paredes señoriales. Porque quienes nada tienen, pero a quienes tanto temen los de arriba, poseen tres armas: la economía informal, los bloqueos y, sobre todo, el voto.
Esperan su momento. Ahora resisten la Restauración. Es la hora de las trincheras. Ya llegará la ofensiva.
Mientras tanto, la renovada vieja época se ahoga en la corrupción. No hay semana sin un nuevo escándalo.
El último tiene que ver con las declaraciones del comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, quien denunció que un grupo de mayores conocidos como los Golden está reuniendo dos millones de dólares para pagar sobornos y colocar a un coronel de su entorno como próximo comandante de la institución.
Sokol atacó, además, a su propio jefe, el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, a quien acusó de no haber realizado siquiera el servicio militar y mucho menos de saber dirigir operativos policiales.
También está el caso de las maletas que transportaban un millón de dólares, ingresaron como valijas diplomáticas y desaparecieron. Fueron recogidas por una exdiputada de derecha y nada menos que por un juez, quien las guardó en un depósito de su propiedad. Un mes y medio después, cuando la Policía allanó el lugar en busca de las valijas, encontró sesenta kilos de marihuana, pero ninguna maleta.
Está, por otra parte, el caso de los millones de dólares, lingotes de oro, joyas y documentación que guardaba el narcotraficante Sebastián Marset y que desaparecieron después de que la DEA intervino su domicilio y se lo llevó a Estados Unidos, dejando todo bajo el resguardo de uniformados bolivianos.
Y está el caso de las narcomaderas, en las que Chile volvió a certificar la presencia de cocaína y ketamina, pese a la campaña de los grandes empresarios madereros y sus periodistas para negar el hecho.
Hace una semana se descubrió, además, un contrabando de lingotes de oro.
El dorado metal que no pudo ver a los camellos
Las maletas ya estaban dentro de la aeronave, un vuelo chárter especialmente contratado. Las valijas habían pasado el control aduanero y todo parecía estar en orden.
Pero entonces, según informó la periodista Amalia Pando, el piloto Jim Clark bajó de la aeronave, se dirigió hacia las autoridades y comunicó que había escuchado que en las valijas se transportaban lingotes de oro.
Se realizó una nueva revisión. Esta vez no solo se encontraron 77 lingotes del preciado metal, sino que se descubrió que el código QR de la supuesta autorización era falso. Se activaron todas las alarmas y fueron detenidas seis personas.
Horas después, cinco quedaron en libertad. El único detenido fue Adrián Lema Roca, de 22 años, quien posteriormente fue remitido al penal de Palmasola mientras continúa la investigación.
El canal DTV informó sobre llamadas tripartitas a autoridades bolivianas, incluso de la Aduana, para lograr la liberación de los cinco detenidos.
Adrián Lema enfrenta cargos por contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y compra y venta ilegal de recursos minerales.
Ese es el hecho policial. Pero ahora viene lo más fuerte: Lema forma parte de una de las familias más ricas de La Paz. Sus parientes poseen una importante rescatadora de oro y han realizado varias exportaciones en el pasado.
La Policía estableció que el automóvil utilizado para trasladar el oro hasta el aeropuerto pertenece a su padre, Carlos. Adrián estudió en el exclusivo colegio Calvert, que cobra casi dos mil dólares de pensión mensual y ofrece el bachillerato estadounidense. Es el mismo establecimiento en el que estudiaron los cuatro hijos de Rodrigo Paz.
La primera pregunta es por qué una importante rescatadora de oro crea en pocas semanas una empresa con dirección falsa, propietarios falsos y documentos de exportación falsos.
Todo apunta a que el oro que iba a ser trasladado a Dubái fue extraído ilegalmente o era oro peruano ingresado de contrabando en Bolivia.
Lo cierto es que no se ha podido esclarecer la trazabilidad, término policial utilizado para definir el origen y el camino recorrido por el metal. Lo que sí se sabe es que la empresa proporcionó incluso una dirección falsa.
El destino del oro era un paraíso para el lavado del metal. Allí no solo no se pagan impuestos por su ingreso, sino que nunca es necesario explicar su origen.
El exministro convertido en chivo expiatorio
Mauricio Medinaceli fue ministro de Hidrocarburos de Rodrigo Paz. Es reconocido como uno de los bolivianos que más conoce del sector. Ahora está en la cárcel.
Su pecado fue haber ordenado la puesta en el mercado de cinco grandes depósitos de gasolina que se encontraban precintados porque la Autoridad de Hidrocarburos había descubierto que el combustible estaba desbalanceado. Ese es el nombre técnico de la gasolina basura que destrozó los motores de unos doscientos mil vehículos.
El exministro del área Álvaro Ríos escribió en las redes sociales que alguien, de arriba o de abajo, le indicó a Medinaceli que firmara la orden.
Tiene sentido. Rodrigo Paz había prometido que ya no habría más filas en las estaciones de servicio, pero las filas continuaron. Para terminar con ellas, se decidió vender la gasolina “desbalanceada”. La solución fue mucho, pero mucho peor que el problema.
Ríos concluyó su mensaje electrónico con una frase: “Mauricio, la verdad te hará libre”.
Medinaceli, quien trabajaba con bastante éxito fuera del país, fue convocado por Paz para ser su ministro. Ahora parece ser el “culpable útil”.
Él no compró la gasolina basura, no premió a las comercializadoras con incentivos superiores a los otorgados en el pasado y tampoco manejaba directamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Ríos afirma: “Mauricio, un excelente profesional, es el chivo expiatorio de lo que acontece en Bolivia en materia energética. El Ministerio no comercializa, es YPFB la que lo hace y la ANH es la que controla la calidad”.
Yussef Akly, entonces presidente de YPFB, firmó los contratos y está libre. El senador de ultraderecha Branko Marinkovic sostiene que muchas otras personas deberían haber sido detenidas antes que Medinaceli.
La escasez y la gasolina basura provocan que el 94 por ciento de las menciones sobre YPFB en las redes sociales sean negativas. La crisis también amplifica el deseo de la derecha más rancia de que sean empresas privadas las que importen y vendan los carburantes, cobrando precios internacionales.
La detención de Medinaceli, apoyado en las plataformas por analistas y personalidades conservadoras, deja muchas preguntas:
- ¿Por qué sigue libre Yussef Akly, quien presidía YPFB cuando se importó el carburante y firmó los contratos?
- ¿Por qué no se informó adecuadamente a Medinaceli sobre el daño que podía causar la gasolina desbalanceada?
- ¿Por qué siguen libres los técnicos que debían analizar la gasolina, si la resolución ministerial establece que YPFB debe examinarla antes de venderla?
- ¿Por qué la ANH no dijo esta boca es mía, pese a la orden de vender el combustible almacenado que había sido precintado?
- ¿Quién compró la gasolina desbalanceada y se la transfirió a YPFB? ¿A cuánto la compró y a cuánto la vendió?
Muchas preguntas continúan sin respuesta.
Mientras tanto, el apoyo a Rodrigo Paz Pereira ha disminuido al 29 por ciento en solo ocho meses. Ya no tiene aliados y deberá “convencer” uno por uno a los parlamentarios para aprobar créditos y contratos.
El dólar subió en menos de un mes de 9,69 a 12,15 bolivianos. Bolivia tiene la cuarta inflación más alta de América Latina y atraviesa una crisis de confianza que empeora la situación económica, política y social.
Amigos eran los de antes
Minutos después de que se anunciara la victoria de Rodrigo Paz y Edmand Lara en la primera vuelta, el tercero en disputa, Samuel Doria Medina, anunció su apoyo al hijo de su excompañero de partido, Jaime Paz Zamora.
Doria Medina fue ministro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y llegó a manejar el dinero del partido, pero luego rompió y creó su propia organización.
Hace algunos días anunció su ruptura con el Gobierno bajo el eufemismo de una “oposición constructiva”.
Dio dos argumentos. El primero fue que el Gobierno no le hace caso en materia económica y que las reformas avanzan demasiado lentamente. El segundo, que existen muchos casos de corrupción sobre los cuales él habló en privado con Paz Pereira. Es decir, casos que todavía no han salido a la luz pública.
No es un dato menor que el Gobierno se hubiera negado a intervenir en favor de Soboce, empresa que perteneció a Doria Medina, en su disputa con la cementera chuquisaqueña Fancesa.
Finalmente, Soboce deberá pagar 744.315.432 bolivianos por el cargo de competencia desleal.
La empresa sucrense fue privatizada en un 33,34 por ciento. Ese paquete accionario fue comprado precisamente por el exministro Doria Medina, quien además obtuvo su administración durante siete años.
Ahora Soboce pertenece al Grupo Gloria. Sin embargo, según fuentes vinculadas con Fancesa, existiría una cláusula de repetición que obligaría al político y empresario a pagar la cuenta.
Sacar cuadros es tan rápido como volver a colocarlos. La cuesta se vuelve más empinada cuando es necesario recuperar la confianza ciudadana para realizar las reformas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.
Sin mayoría parlamentaria, el Gobierno tendrá que negociar cada votación, uno por uno, con los diputados y senadores. Y eso tiene un precio.
Como puede verse, la hora de la Restauración tiene un reloj cuyas manecillas amenazan con detenerse.