Cuatro indicadores muestran que el Gobierno está complicado y que intenta enmascarar una mala praxis económica que provoca creciente fastidio social por la caída de la cantidad y la calidad del empleo, la falta de dinero en la calle, la baja del consumo en supermercados y el cierre de locales comerciales. Ricardo Auer, consultor de riesgo geopolítico y cofundador de Fuerza Suma, analiza cuatro episodios que, a su juicio, forman parte de una estrategia oficial de “guerra cognitiva”: instalar temas, provocar reacciones, polarizar y desplazar del centro de la discusión los resultados económicos y sociales.
Hay cuatro indicadores que muestran cómo está el Gobierno hoy.
Primero: Dice Santiago Caputo que “la Argentina debe recuperar las Islas Malvinas para proteger las ideas de la libertad, porque el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam”. En otros términos, Milei viene a rescatar la causa de Occidente y, para ello, la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Intento fallido. Tal es el disparate argumental que no ha movido ni el amperímetro de los propios libertarios.
Segundo: El secretario de Trabajo, Julio Cordero, relativizó la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas, defendió la reforma laboral, reivindicó el régimen de monotributo y defendió la caída del 0,23 por ciento del PBI en materia de seguridad social registrada en el presupuesto. Una regresión frontal en materia de justicia social. O una estrategia de provocación para iniciar reacciones, huelgas y manifestaciones y, luego, desmanes de provocadores infiltrados. Nada se puede descartar. Los ingenieros del caos, siempre creativos.
Los datos oficiales publicados contrastan con todo lo dicho por Cordero. Desde noviembre de 2023, la cantidad de asalariados formales se redujo en 265.765 personas, equivalente al 4,2 por ciento. Solo en julio se perdieron otros 12.716 puestos de trabajo, lo que marcó una leve aceleración de la caída. En el conurbano bonaerense, el 70,2 por ciento de los cuentapropistas trabaja en la informalidad, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
En la población urbana de todo el país, el promedio del segundo trimestre de este año indica que, entre quienes trabajan por cuenta propia, el 65,8 por ciento está en la informalidad. Entre los asalariados, la falta de aportes jubilatorios alcanza el 37,9 por ciento. El índice de informalidad promedio de todo el universo de trabajadores es del 45 por ciento.
Según Cordero, “hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia, no todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que la relación de dependencia conlleva. Hay algunas personas que quieren ser autónomas, quieren la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia”. Si sigue exagerando, un día va a decir que la gente prefiere ser pobre porque así tiene una vida menos estresante.
Tercero: Por el incumplimiento de la cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar salarios y becas vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 multó al Gobierno y Santilli deberá pagar 100.000 pesos por día, es decir, unos 67 dólares diarios. Deben estar temblando de miedo en el Gobierno por semejante sanción de tan alto valor, que podría poner en crisis el superávit fiscal.
El Ejecutivo incumple abiertamente la división de poderes y muestra su total falta de republicanismo. Nueva versión del “vamos por todo”, con el explícito apoyo de sus aliados pseudorrepublicanos. Otro caso en el que se busca el enfrentamiento explícito con los bienpensantes de todo tipo que tozudamente siguen insistiendo en marchas y manifestaciones.
Al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el mileísmo argumenta que el Congreso dispuso actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas y que espera que el Congreso le indique de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar ese incremento del gasto público. Cualquiera sea la propuesta, por ejemplo inteligencia, el Gobierno la rechaza por prioridades de la seguridad del Estado.
Cuarto: La causa contra Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por la toma de un crédito de 57.100 millones de dólares del FMI se encamina a su cierre definitivo por “inexistencia del delito”. Caputo ocupaba entonces la Secretaría de Finanzas y Sturzenegger encabezaba el Banco Central.
Se trata del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, luego ampliado a 57.100 millones. La investigación del fiscal Picardi procuró determinar si el crédito era realmente necesario o si, en verdad, se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder. También se investigó si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones.
El cierre se basaría en que esas hipótesis “no corresponden con inferencias lógicas” de las constancias de la causa y tampoco “fueron sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”, en contra de la opinión de los fiscales, que identificaron cuáles son las medidas pendientes de realización.
Estos cuatro indicios muestran que el Gobierno se ve en problemas porque muchas de las expectativas que había prometido no se están cumpliendo y existe un creciente malestar popular. Eso lo obliga a renovar su probada fórmula de “guerra cognitiva”, que ejecuta con bastante habilidad. De ese modo va marcando la agenda diaria de los temas que los medios distribuyen y amplifican. Lamentablemente, muchas veces la oposición, por sus propias ignorancias o errores, le sigue la corriente.
Guerra cognitiva usada para entretener o polarizar. Por eso el Gobierno sale a distraer al gran público con disparates geopolíticos poco creíbles, como en el primer caso. También con provocaciones sustentadas en supuestos ideológicos poco realistas, ya que todos los ciudadanos quieren empleos estables, protegidos y bien pagos, salvo los clásicos emprendedores o empresarios, una minoría en todas las sociedades del mundo, como en el segundo caso.
Otra provocación destinada a polarizar y fragmentar a la población es el incumplimiento constitucional dentro de un régimen republicano, utilizado para que la gente proteste y se descargue en las manifestaciones. Eso es entendido por el Gobierno como un éxito de su estrategia de polarización, como en el tercer caso.
Y, finalmente, se trata, vía una Justicia amigable, de proteger a su ejército de oficiales y a sus aliados, que, aunque sean depreciados por el Gobierno, saben que es mejor protegerlos de futuros problemas o que les “deban ese favor”. La política tiene razones que los intelectuales no logran comprender.
Por todo ello, y porque los mercados saben leer mejor que los políticos, el indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país argentino, supera actualmente la barrera de los 600 puntos.
