Los jubilados, verdaderos sobrantes en este esquema brutal de concentración de la riqueza sobre el empobrecimiento general, resultan una prueba elocuente del designio destructivo del Gobierno nacional libertario.
Cinco claves:
1. El Programa Proteger atiende casos graves, pero la vulnerabilidad jubilatoria igual es masiva.
2. El deterioro de los ingresos está relacionado con la política del descarte aplicada por el gobierno libertario.
3. Hay que reivindicar a los mayores como transmisores de cultura y experiencia.
4. Los insultos oficiales forman parte de una estrategia de división social.
5. Las tarifas de los servicios públicos son monopólicas y no hay respuestas políticas ante los excesos.
Si se mira sin anteojeras la situación social, tanto en los sectores más desprotegidos como en las clases medias, se advierte el grado de deterioro socioeconómico que lleva a retroceder en terrenos como en el alimentario, sanitario y habitacional.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un programa de protección y cuidados dirigido hacia gente mayor de 60 años que puede estar expuesta a situaciones de violencia, abuso o extrema vulnerabilidad. Se llama Proteger. Se atienden llamados en un horario determinado (en el 0800-222-4567; de lunes a viernes entre las 8 y las 17 horas) y se disponen, según la web oficial, de equipos de contención médica y psicológica, patrocinio jurídico y hasta viviendas temporales para los casos en que los amenazados lo requieran. Los tipos de violencia que atienden son maltrato físico, psicológico/emocional, económico/patrimonial, sexual, abandono y negligencia.
El programa apunta a resolver situaciones graves que pueden estar padeciendo adultos mayores y, en consecuencia, se ocupa de personas con necesidades de atención urgente. Los resultados publicados hablan de unas 150 personas atendidas por mes, poco más de mil ochocientas por año. Hasta aquí todo bien.
Pero llama la atención sobre el supuesto no explícito de este tipo de acciones estatales, por cierto necesarias, que se refiere a atender casos especialmente graves. Porque se trata, repitamos, de maltrato físico, psicológico/emocional, económico/patrimonial, sexual, abandono y negligencia que es lo que sufre el conjunto de la población de adultos mayores que gana una jubilación mínima.
El monto de la mínima es de $ 435.662,86 y apenas pasa los quinientos mil pesos si el gobierno mantiene el bono de $ 70.000 ante la flagrancia de su insuficiencia para apenas sobrevivir con un mínimo de dignidad alimentaria, habitacional, sanitaria y demás, lo mínimo indispensable. En la Ciudad de Buenos Aires trescientas veinte mil personas cobran una jubilación mínima, el 50,6% del total que integra el sector pasivo con residencia en la Capital de la República. Si consideramos los que cobran una jubilación o pensión hasta una vez y media, la mínima ese porcentaje se eleva al 65%.
Si el programa Proteger fuese un servicio estatal nacional, tal vez ya lo habrían desmantelado o estaría vegetando desfinanciado por falta de presupuesto, tal como ha ocurrido con otras prestaciones de protección social. No existe nada parecido porque se entiende que son prestaciones de orden local, reservándose la tarea de hacer manuales y establecer lineamientos para tratar estos temas en todo el país. A nivel nacional hay 6,2 millones de “beneficiarios”, y de ese total el 65% cobra la mínima y 80% una vez y media la mínima, claramente peor que en CABA.
El punto que queremos destacar es que, potencialmente, todos los que cobran hasta una vez y media la jubilación mínima son, de hecho, víctimas de maltrato económico, patrimonial, sanitario y hasta alimentario. Hay muchos hogares donde el único ingreso fijo es el del abuelo o la abuela. Si a ello sumamos las agresiones de los voceros libertarios, en particular -por su mayor impacto- las del titular del Poder Ejecutivo, el maltrato abarca los aspectos psicológicos y emocionales al aplastar las jubilaciones y pensiones por debajo de la línea de pobreza y reducir las ayudas sanitarias como los subsidios por medicamentos.
El INDEC y el OSDA (Observatorio de la Deuda Social de la UCA) asumen que la línea de ingresos para que un adulto solo no sea considerado pobre es de $ 519.578 mensuales, casi un quinto más que la jubilación mínima. Y esto le pasa, recordemos, al 65% de los “pasivos” (palabra en sí misma denigratoria). Señalemos, también, que no estamos hablando de la gente que se ha quedado sin trabajo, que hace changas, que trabaja cuando y donde puede, sino de nuestros mayores, quienes debieran -con pleno derecho- tener una vejez asegurada, sin grandes penurias para alimentarse y cuidar su salud.
El “descarte” tan temido
Esto no ocurre, pues se trata de una “deuda social” grave y pendiente que no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, pero donde la situación actual se ha agravado por la política de (in)asistencia en aplicación. A esto se refería el papa Francisco cuando denunciaba como muy dañina la “política del descarte”, es decir que existen sectores sociales para los que no se tiene una perspectiva integradora sobre una base de reconocer su necesaria dignidad de vida. Está primando el “sálvese quien pueda”. Es suicida, comunitariamente hablando, y empieza por desentenderse de los más vulnerables.
Las demandas sociales son infinitas, por supuesto, pero no por ello es cuestión de negar la legitimidad de las más acuciantes porque estamos hablando de supervivencia y no de hacer florecer la cultura de la convivencia en la que cada cual encuentre un lugar desde donde aportar y ser verdaderamente parte.
La transmisión de la cultura
La insolvencia presidencial no se basa sólo en su extravagante visión economicista, sino que es absolutamente reduccionista y sustancialmente ajena al conocimiento científico.
Se dice, desde cierta antropología y a riesgo de cometer otro recorte metodológico grave, que los viejos han perdido su función social al no poder trasmitir a las nuevas generaciones los conocimientos sostenedores de su cultura dado que ella se genera hoy por otros carriles innovadores y proviene de todas las direcciones y no sólo como herencia de un pasado local.
La insuficiencia de este planteo es confundir cultura, o civilización con sus aspectos materiales e instrumentales, cuando ella es, ante todo, una visión del mundo y de la sociedad en la que se despliega. Es un saber que condensa lo aprendido en el pasado y puede plantearse su mejora de modo orgánico, planificado y en expansión en las más diversas direcciones y con la mayor apertura a la creatividad de todos los miembros del conjunto humano.
Al reducir el sujeto aislado a un individuo en el mercado, toda la riqueza del ser humano se reduce y en casos extremos se desvanece y carece de interés el porvenir porque lo verdaderamente atractivo en la construcción del futuro no es una sociedad jerárquica, desigual y autoritaria, sino el goce de la libertad y la creatividad en sus formas más diversas.
No hay libertad, ni dignidad humana posible en la miseria y, al practicarse una política de achicamiento sistemático, eso es lo que se va instalando. Curiosa paradoja cuando en nombre de la libertad, que en estas condiciones no avanza para nada, se genera un achique y empobrecimiento general.
Insultar no es una mera desprolijidad
Se escucha con alguna frecuencia, sobre todo en quienes quieren verle virtudes a este modelo siniestro, que “comparten” la política económica y lamentan los modales del presidente y sus secuaces.
No entienden que es una cuestión central en la estrategia de dominación. Se trata de estigmatizar para que no se nos ocurra, ni por asomo, ver en el prójimo un compatriota, con quien tenemos muchas más cosas para compartir en una vida en sociedad. Aún con quienes están encantados con este “modelo” esperpéntico que de modelo real no tiene nada.
Insultar es instalar y reinstalar permanentemente el odio para poder mantener las divisiones existentes, la mayoría de ellas insustanciales. Nada sería más peligroso para esta política de la enemistad potenciada que se instalara la fraternidad entre los argentinos.
No hay un “desvío” o un carácter personal de quien ejerce el Poder Ejecutivo sino una forma de manipulación sin ninguna inspiración verdaderamente democrática porque, ante todo, busca dividir porque sumar genuinas voluntades constructivas requiere otro tipo de política abierta al progreso en todos los sentidos y tolerante ‘ad infinitum’ en los diálogos.
Almas bellas admiten, aun adhiriendo al sesgo del Gobierno, que las remuneraciones en general están retrasadas, lo cual explica (dicho sea de paso) el endeudamiento de las familias que el señor Milei debió tener en cuenta antes de aplicar una lógica de vuelo corto y rechazar el dato de que a muchísimos no les alcanza para los gastos de cada mes. Ni hablar de los que trabajan salteado o directamente están desocupadas, elemento depredador de personas y mercados.
Lo hemos dicho otras veces: se trata de un Gobierno cuyos integrantes viven una contradicción insoluble: divinizan el mercado y aplican medidas que lo ahogan y restringen. Bravísimo el despiste.
Los monopolios tan temidos
Reservemos una última reflexión sobre el encarecimiento de las tarifas, verdadero flagelo de las familias trabajadoras. Por un lado, han dado rienda suelta a que las empresas las fijen con total arbitrariedad, sin tener en absoluto en cuenta el “costo de producción y distribución”. Cobran según el barrio, la edificación, el sector social del que se trate y, si pudieran, según la cara del cliente. El problema es que son monopólicas y, cuando hacen lo que quieren, el daño social es enorme.
Y sería divertido sino fuese una traición a la condición ‘sine qua non’ de la representatividad democrática, el cuidadoso olvido o despegue de ciertos políticos locales respecto del avance rapaz que hacen sobre sus usuarios/víctimas las empresas licenciatarias de los servicios públicos esenciales.
Ellos no tienen nada que ver, no hacen campaña con eso. (porque si se ocuparan debería tener que terminar con los atropellos existentes). Habría que ver si tal olvido no está relacionado con los aportes, sobre todo esos que no figuran en las presentaciones ante los juzgados electorales cuando tienen que presentar las rendiciones de cuenta sobre sus gastos de campaña, que así y todo nunca les cierran los ingresos con los gastos reales.
Hay mucho por cambiar para mejorar nuestro trajinado sistema democrático. Lo primero es identificar un sendero de reformas urgentes para encadenar las acciones reivindicativas de un modo que resulten irreversibles.
