La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) advirtió que el sistema tributario mundial quedó viejo frente a la digitalización, la globalización y la capacidad de las multinacionales y los superricos para trasladar beneficios y patrimonios hacia jurisdicciones de baja tributación. Su propuesta es que la futura Convención Marco de Naciones Unidas redistribuya derechos de imposición hacia los países donde realmente se desarrolla la actividad económica y fortalezca especialmente a las naciones en desarrollo. El documento, difundido en Bangkok y firmado por figuras como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Jayati Ghosh y José Antonio Ocampo, reclama además impuestos efectivos sobre las grandes fortunas, intercambio automático de información y un registro mundial de activos.
La frase es el título y también la tesis central del documento: “El mundo cambió. Las reglas fiscales deben cambiar con él”. La declaración de ICRICT aparece en un momento que sus integrantes consideran decisivo. Las negociaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional y sus dos primeros protocolos llegaron a la mitad del proceso y más de 150 Estados miembros, junto con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, ya participaron en las discusiones.
No se trata, sostiene la comisión, de una discusión técnica destinada exclusivamente a especialistas tributarios. Los gobiernos enfrentan al mismo tiempo cambio climático, necesidad de mayores gastos militares, demandas sociales, presión sobre los servicios públicos y restricciones fiscales crecientes. En ese contexto, una reforma de las reglas internacionales podría liberar recursos que hoy escapan de los sistemas tributarios nacionales.
Para ICRICT, el problema de fondo es que buena parte de las reglas actuales fueron diseñadas para una economía que ya no existe. El sistema de tributación de las multinacionales continúa apoyándose en los precios de transferencia, en el principio de plena competencia y en una concepción según la cual la presencia física de una compañía era condición necesaria para que un país tuviera derechos de imposición. La digitalización volvió obsoleta buena parte de esos supuestos.
Una multinacional puede hoy obtener ingresos significativos en un país sin tener allí una presencia física equivalente a la de las empresas del siglo XX. Puede organizar sus filiales de manera que los beneficios aparezcan contablemente en jurisdicciones diferentes de aquellas donde se encuentran los trabajadores, los clientes, los usuarios o buena parte de la actividad económica.
ICRICT sostiene que ese mecanismo favoreció durante décadas la evasión y la elusión fiscal de las grandes compañías y redujo los ingresos de los países donde efectivamente se generan sus negocios. El perjuicio, afirma, es mayor para las naciones en desarrollo porque dependen proporcionalmente más del impuesto a la renta de las sociedades.
Más de 5.000 tratados y un sistema inclinado hacia los países ricos
La comisión pone el foco también en la gigantesca red de tratados bilaterales para evitar la doble imposición. Ya existen más de 5.000 acuerdos de ese tipo. Según ICRICT, fueron construidos históricamente con un sesgo favorable a los países de residencia de las casas matrices de las multinacionales y a jurisdicciones intermediarias de baja tributación, y en detrimento de los llamados países de la fuente, donde se generan efectivamente parte de las ganancias.
El documento es particularmente crítico sobre este punto. Sostiene que las reglas fueron diseñadas en gran medida por Estados Unidos y Europa y luego extendidas hacia los países en desarrollo. Naciones Unidas, en cambio, podría ofrecer un ámbito multilateral donde las relaciones de poder fueran menos desequilibradas.
La discusión supone un enfrentamiento entre dos concepciones. Para ICRICT, no debe partirse de la presunción de que las reglas existentes son correctas y sólo necesitan ajustes menores. Debe asumirse, por el contrario, que fueron creadas para otro contexto histórico y que requieren una revisión profunda.
“El statu quo no se mantendrá”, afirma la comisión. Y agrega que el nuevo equilibrio debería representar los intereses de todos los países y de sus ciudadanos, “en lugar de los intereses de las multinacionales”.
Cobrar impuestos donde se produce la riqueza
El primer gran eje de la propuesta aparece en el artículo 5 que se discute para la Convención: una nueva asignación de los derechos de tributación sobre los beneficios empresariales.
La lógica propuesta es relativamente sencilla. En lugar de intentar determinar artificialmente qué parte del beneficio corresponde a cada filial mediante precios internos de transferencia, debería establecerse una fórmula que distribuya las ganancias globales de la multinacional teniendo en cuenta dónde se produce realmente su actividad.
Esa fórmula debería combinar factores de oferta —trabajo, capital y activos tangibles— con factores de demanda, como ingresos, usuarios y mercados.
La comisión parte de una observación básica: los beneficios de una gran multinacional no son generados exclusivamente en el país donde se encuentra su casa matriz. Son el resultado conjunto de operaciones desarrolladas en muchos lugares. Por lo tanto, sostiene ICRICT, los derechos fiscales también deben distribuirse de acuerdo con esa realidad económica.
La propuesta tiene una consecuencia directa para América Latina, África y buena parte de Asia. Países que hoy reciben una pequeña porción de la recaudación vinculada con empresas que realizan allí parte sustancial de sus actividades podrían adquirir mayores derechos para gravar esos beneficios.
La comisión reclama, además, que las multinacionales estén obligadas a publicar informes país por país. Eso permitiría conocer dónde desarrollan actividades, dónde declaran beneficios y cuánto pagan efectivamente de impuestos en cada jurisdicción. La información debería estar disponible no sólo para las administraciones tributarias, sino también para responsables políticos y ciudadanos.
“El problema no es tanto la doble imposición como la falta de imposición”
Una de las frases más fuertes del documento está dedicada a una preocupación histórica de las empresas y de numerosos gobiernos: evitar que una misma ganancia sea gravada dos veces.
ICRICT sostiene que durante demasiado tiempo la discusión internacional estuvo obsesionada con la doble imposición y prestó mucha menos atención a lo contrario: los beneficios que no pagan impuestos en ninguna parte o pagan tasas extraordinariamente bajas gracias a su traslado hacia paraísos fiscales.
“El problema no es tanto la doble imposición como la falta de imposición”, afirma la declaración.
Para sus autores, el centro de la negociación debería desplazarse. En vez de preservar a toda costa las normas tradicionales, habría que acordar una fórmula internacional para repartir los beneficios globales y asegurar que efectivamente tributen.
Los superricos también en la mira
El segundo gran capítulo es el artículo 6, dedicado a las personas de alto patrimonio neto.
ICRICT pide que ese artículo tenga carácter vinculante y que obligue a los países a desarrollar medidas para detectar, prevenir y desalentar la evasión y la elusión fiscal de las grandes fortunas.
La comisión propone expresamente avanzar hacia impuestos mínimos coordinados. El argumento es que los sistemas tributarios actuales presentan una característica regresiva: las personas extraordinariamente ricas pueden terminar pagando tasas efectivas inferiores a las soportadas por trabajadores comunes.
No se trata solamente de establecer un impuesto. La comisión plantea ampliar el intercambio automático de información financiera hacia nuevas categorías de activos y avanzar hacia la construcción de un registro mundial de activos, una herramienta que permitiría conocer de manera más precisa dónde se encuentran los patrimonios de las personas más ricas del planeta.
ICRICT cuestiona especialmente el argumento de algunos países que invocan la soberanía fiscal para evitar compromisos multilaterales. “La soberanía fiscal no debe convertirse en un escudo para proteger los privilegios fiscales de los superricos”, sostiene. Para la comisión, gravar la riqueza no es solamente una cuestión distributiva: forma parte de la construcción de un sistema fiscal internacional compatible con el desarrollo sostenible.
El poder de los lobbies
La declaración no oculta que espera una fuerte resistencia.
ICRICT anticipa que los grupos de presión vinculados con grandes multinacionales y personas de alto patrimonio intentarán frenar una reforma que afecte las ventajas obtenidas bajo el sistema actual. Incluso advierte que pueden aparecer medidas coercitivas contra los países que intenten aplicar las nuevas reglas.
Por esa razón propone algo poco habitual en este tipo de negociaciones: que la Convención contemple medidas colectivas de represalia frente a acciones destinadas a impedir que un país ejerza los derechos reconocidos por el nuevo sistema.
La cuestión revela la dimensión política del debate. No se trata simplemente de encontrar la fórmula tributaria técnicamente más elegante. Se trata de decidir qué países conservan derechos de imposición sobre las grandes ganancias internacionales y qué países reciben una porción mayor que la actual.
La comisión afirma que hasta ahora los países en desarrollo recibieron una parte insuficiente.
Una negociación nacida del Sur
Hay otro dato político importante. El proceso que desembocó en la Convención Marco fue impulsado especialmente por el Grupo Africano en Naciones Unidas. En 2024 los Estados acordaron avanzar hacia un nuevo marco internacional que permitiera a todos los países, y particularmente a los países en desarrollo, aumentar sus ingresos fiscales.
Eso supone un desplazamiento institucional respecto de buena parte de la historia reciente de la tributación internacional, dominada por negociaciones conducidas fundamentalmente desde la OCDE, donde tienen mayor peso las economías desarrolladas.
La discusión en Naciones Unidas amplía la representación política. Cada país participa formalmente del proceso y los países africanos, latinoamericanos y asiáticos pueden ejercer una influencia que históricamente no tuvieron en la construcción de las normas fiscales globales.
De Stiglitz y Piketty a Martín Guzmán
La composición de ICRICT muestra también el peso intelectual de la declaración. Entre sus integrantes aparecen Jayati Ghosh, copresidenta de la comisión y profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst; Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor de Columbia; José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda colombiano; y la ex magistrada francesa y eurodiputada Eva Joly.
También forman parte Thomas Piketty, director del World Inequality Lab; Gabriel Zucman, director del International Tax Observatory; Magdalena Sepúlveda; Irene Ovonji-Odida; el ex ministro de Finanzas australiano Wayne Swan; y el ex ministro de Economía argentino Martín Guzmán, actualmente profesor de la Universidad de Columbia.
Se suman Kim Jacinto Henares, Ricardo Martner, Edmund Valpy Fitzgerald y Léonce Ndikumana, especialistas en administración tributaria, economía del desarrollo y fuga de capitales.
El documento funciona así como una intervención colectiva de algunos de los economistas que más han trabajado durante las últimas décadas sobre desigualdad, evasión fiscal, deuda, desarrollo y tributación internacional.
La próxima etapa comenzará el 30 de noviembre en Nairobi. Allí volverán a enfrentarse dos posiciones que la propia ICRICT describe sin demasiados matices: los países que quieren modificar las reglas y los que intentan preservar el statu quo.
Detrás de la disputa técnica aparece una pregunta mucho más sencilla: en un mundo donde el capital, las ganancias y los patrimonios pueden cruzar fronteras en segundos, quién conserva finalmente el derecho de cobrar los impuestos.
ICRICT responde que las reglas del siglo pasado ya no sirven. Y que, si el mundo cambió, también debe cambiar la manera en que se reparte la recaudación que produce.
