El ajuste en salud suele presentarse como una operación contable: se recortan partidas, se acomodan planillas, se celebran ahorros. Pero en los hospitales, guardias, vacunatorios y hogares sin cobertura, esos números tienen otra traducción: tratamientos que no llegan, enfermedades que avanzan, diagnósticos que se demoran y vidas que se pierden.
La salud pública no funciona como una caja de gastos que pueda cerrarse sin consecuencias. Cuando el Estado se retira, la enfermedad no desaparece: cambia de lugar, se vuelve más cara, golpea primero a los más vulnerables y después vuelve, amplificada, como crisis sanitaria, social y económica.
El falso ahorro
La Decisión Administrativa 20/2026, del 11 de mayo de 2026, formalizó un recorte de $69.954 millones sobre el sector salud: $63.021 millones en programas directos del Ministerio y $6.932 millones en transferencias a organismos descentralizados como ANMAT, ANLIS-Malbrán, INCUCAI, Superintendencia de Servicios de Salud y ANDIS.
En el lenguaje seco de la administración pública, la cifra puede parecer una corrección presupuestaria. Pero no lo es. Es un nuevo golpe a un sistema que entre 2023 y 2026 acumula la mayor contracción presupuestaria de su historia reciente.
Lo que la DA 20/2026 pretende ignorar es que el desfinanciamiento de la salud no elimina costos. Los posterga, los traslada hacia adelante, los redistribuye sobre los sectores más débiles y, finalmente, los multiplica. La magnitud de ese costo diferido -medido en mortalidad evitable, morbilidad no tratada y pérdida de capital humano- supera con creces cualquier ahorro fiscal inmediato.
El Gasto Público Consolidado de 2024 cayó 6 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, la mayor reducción desde 2002. Los datos de ejecución presupuestaria relevados por el Centro de Economía Política Argentina(CEPA) documentan caídas reales de entre el 30% y el 36% en la función Salud de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, con recortes aún mayores en áreas sensibles.
La Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída del 69% al cierre de 2024 y del 61% hacia marzo de 2026.
Los hospitales nacionales tuvieron una subejecución del 55% para el año completo, al igual que el Instituto Nacional del Cáncer. ANMAT mostró una caída del 21% al cierre de 2024, profundizada al 33% hacia marzo de 2026.
ANLIS-Malbrán registró una baja del 35% en el mismo período. Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles y endémicas sufrieron recortes de entre el 59% y el 82% en términos reales.
No se trata de eficiencia. Se trata de desarme.
Cuando el Estado se retira, la enfermedad avanza
La DA 20/2026 profundiza el deterioro en las partidas de mayor sensibilidad sanitaria: $20.000 millones menos en el Programa 29, destinado a medicamentos esenciales para población sin cobertura; $25.000 millones menos en transferencias a sistemas provinciales de salud; $5.000 millones menos en ayudas a pacientes del Instituto Nacional del Cáncer; $800 millones menos en medicamentos para VIH y tuberculosis; y $500 millones menos en vacunas.
Es difícil imaginar una manera más precisa de golpear donde más duele. Medicamentos, vacunas, cáncer, VIH, tuberculosis, transferencias a provincias. No son rubros abstractos. Son la línea que separa un tratamiento oportuno de una complicación irreversible. Son la diferencia entre prevenir y lamentar.
El contexto agrava todo. La tasa de mortalidad infantil, que había sostenido una tendencia descendente desde el año 2000 hasta alcanzar 8 por cada 1.000 nacidos vivos en 2023, subió a 8,5 por cada 1.000 en 2024, según informó el propio Ministerio de Salud. Es el mayor incremento porcentual desde 2002: una suba del 6,25%. Quince provincias registraron aumentos y en cuatro de ellas el incremento superó el 20%. Corrientes, con 14 por cada 1.000 nacidos vivos; Chaco, con 11,8; y La Rioja, con 11,7, registran tasas casi triples a las de la Ciudad de Buenos Aires o Tierra del Fuego.
En salud pública, las curvas no mienten. Cuando los indicadores sociales se deterioran, cuando los presupuestos se recortan y cuando las políticas preventivas se abandonan, las consecuencias aparecen. A veces tardan unos meses. A veces unos años. Pero aparecen.
Vacunas: el regreso de lo que ya habíamos dejado atrás
Las coberturas vacunales se ubican por debajo del umbral mínimo necesario para sostener la inmunidad de rebaño.
La triple viral correspondiente al ingreso escolar cayó al 46,7% en 2024; la antipoliomielítica, al 47,6%; y la triple bacteriana celular, al 46%. Todas corresponden a los refuerzos del ingreso escolar a los cinco años. La caída respecto del período 2015-2019 supera los 40 puntos porcentuales.
Ese derrumbe no es un problema administrativo. Es una alarma sanitaria.
Cuando cae la vacunación, vuelve lo que creíamos controlado. Y vuelve primero sobre los niños, los pobres, los territorios con menos acceso, las familias que dependen de que el Estado llegue antes que la enfermedad.
Las consecuencias ya son observables: en 2025 murieron 11 niños por coqueluche; ninguno tenía vacunación completa. También se confirmaron 36 casos de sarampión, la primera reemergencia desde la eliminación de la circulación endémica en el año 2000. Los casos de hepatitis A se cuadruplicaron en las primeras semanas de 2026 respecto del promedio quinquenal, según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 798 del Ministerio de Salud.
La Sociedad Argentina de Pediatría clasificó 229 muertes infantiles en 2024 como potencialmente evitables. Además, 115.000 lactantes completaron el año sin esquema vacunal completo. Ese es el verdadero balance del ajuste: no solo cuánto se ahorró, sino qué se dejó de cuidar.
Tuberculosis: desarmar el radar en medio de la tormenta
En 2025 se registraron 17.283 casos de tuberculosis, un incremento del 65,9% desde 2020. La paradoja institucional es brutal: en enero de 2025, en el peor momento epidemiológico de la enfermedad en décadas, el Ministerio eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra como parte de la supresión de 15 dependencias programáticas.
Es como apagar el radar cuando la tormenta ya está encima. No hay sofisticación técnica que pueda disimularlo. Recortar la coordinación programática de tuberculosis mientras la incidencia alcanza máximos en décadas no es modernizar el Estado. Es dejar a la población librada a su suerte.
El ajuste en el sector público coincide, además, con una emergencia genuina en el financiamiento de la seguridad social. Según Prosanity-IPEGSA, en 2025 el 80% de las obras sociales no alcanza a recaudar lo necesario para cubrir la cartera de servicios a la que está obligado. A eso se suma la crisis del sector prestador privado y el aumento de los valores de los seguros de salud.
El resultado es previsible: más personas se vuelcan al hospital público. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comunicó un aumento del 12% en la demanda hospitalaria, con una ocupación del 90% en los establecimientos bonaerenses.
El ajuste nacional, entonces, no se evapora. Baja por gravedad sobre provincias, hospitales, trabajadores de la salud y pacientes. Se transforma en guardias saturadas, turnos imposibles, profesionales agotados y familias que recorren un sistema cada vez más exigido.
La austeridad también deja deuda
El ahorro de $69.954 millones en 2026 generará un costo sanitario diferido cuya magnitud supera con creces el beneficio fiscal inmediato. Ese costo se medirá en mortalidad evitable, morbilidad no tratada, pérdida de productividad, deterioro de capacidades profesionales y profundización de la inequidad.
Los sistemas de salud que sufren desfinanciamiento sostenido tardan entre 10 y 15 años en recuperar las capacidades perdidas, especialmente cuando se trata de capital humano formado, según Victoria Haldaneen Nature Medicine 2021. Ese es el tiempo que el país necesitará para reconstruir lo que se destruye en 2026.
La austeridad, también, deja deuda. No siempre aparece en los balances del Ministerio de Economía. No siempre se mide en bonos o vencimientos. Pero se acumula en cuerpos, biografías y territorios. Es deuda sanitaria, deuda social, deuda de cuidado.
Reducir fondos para vacunación cuando las coberturas están por debajo del umbral de seguridad, disminuir transferencias al INCUCAI en un sistema con lista de espera permanente y recortar medicamentos para enfermedades graves no constituyen medidas de eficiencia. Son decisiones de abandono institucional con consecuencias previsibles, cuantificables y diferidas en el tiempo.
El superávit no atiende guardias
En términos de equidad, justicia y eficiencia real, la política fiscal que subyace a la DA 20/2026 es técnicamente errónea, epidemiológicamente peligrosa y éticamente insostenible.
El costo humano del superávit ya es visible en las estadísticas vitales y en las guardias saturadas del sistema sanitario argentino. Cortar el presupuesto no cura nada. Posterga, agrava y encarece la enfermedad.
La racionalización genuina exige más capacidad estatal, no menos: sistemas de información, evaluación de tecnologías, reorganización de redes, compras inteligentes, prevención, seguimiento territorial y coordinación federal.
El ajuste indiscriminado no mejora el sistema: lo abandona. Y cuando un sistema de salud se abandona, la sociedad paga siempre.
La pregunta no es si va a pagar. La pregunta es cuándo, cuánto y quiénes pagarán primero.
Mario Glanc es médico cardiólogo y sanitarista. Doctor en Salud Publica (UBA), magister en Salud Pública (USal) y en Economía y Gestión en Salud (ISALUD). En calidad de tal ha desarrollado actividades docentes y de apoyo al sector público en Argentina y en diversos países de la región. Es autor de numerosos artículos y libros relacionados a políticas sanitarias. Actualmente se desempeña como Secretario Académico de IPEGSA /Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud.