Las Segundas Jornadas sobre Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología, realizadas en Bariloche coincidieron en que no alcanza con defender lo existente frente al ajuste. Hay que reconstruir el sistema universitario, científico y tecnológico con otra arquitectura, otro federalismo, otra evaluación, otra relación con la producción y una pregunta que la política eludió durante décadas: ciencia y universidad, ¿para qué país?
Las Segundas Jornadas “Propuestas para una Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología”, realizadas el 14 y 15 de mayo de 2026 en San Carlos de Bariloche, en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, no fueron pensadas como un encuentro defensivo más frente al ajuste. Fueron, sobre todo, un intento de formular una pregunta más incómoda: si el sistema argentino de ciencia, tecnología y universidad no solo debe ser protegido, sino también rediseñado. Las primeras jornadas se habían desarrollado en Misiones.
El marco general preparado por Diego Aguiar, de la Universidad Nacional de Río Negro y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNRN-CONICET); Gabriel Bilmes, de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad y la Universidad Nacional de La Plata (Red PLACTS-UNLP); Santiago Liaudat, también de la Red PLACTS-UNLP; y Fernando Peirano, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), parte de una definición severa: el complejo argentino de ciencia, tecnología e innovación tiene “capacidades científicas consolidadas” y, al mismo tiempo, “debilidades estructurales persistentes”. La paradoja es que el país dispone de recursos humanos altamente calificados, instituciones con trayectoria y subsistemas tecnológicos relevantes en agro, nuclear, satelital y biomedicina, pero todo eso convive con una baja articulación con el aparato productivo, las demandas sociales y los territorios. El texto resume la causa en una frase: el sistema “carece de una misión institucional explícita”.
Esa palabra, misión, atraviesa casi todos los documentos. En la propuesta de Fernando Peirano, de la UNQ; Marisa Censabella, de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste (UNCAUS-CONICET-UNNE); Pedro Zapata, de la Universidad Nacional de Misiones y el CONICET (UNAM-CONICET); y Diego Aguiar, de la UNRN-CONICET, aparece todavía más desnuda: “El sistema argentino de ciencia, tecnología y universidad no tiene un problema de talento ni de tradición. Tiene un problema de misión”. La desvinculación con el aparato productivo, la brecha entre ciencia y tecnología y la desigualdad territorial no son, para ellos, causas sino síntomas. La causa es que el sistema nunca acordó una respuesta colectiva a la pregunta “¿para qué?”.
No es una discusión administrativa. Es política. El mismo documento sostiene que “Milei la respondió con contundencia —aunque destructivamente—” y que “la alternativa todavía no la tiene”. Por eso sus autores proponen doce decisiones de fondo para reconstruir el sistema. La primera es clara: “Sin misión, no hay sistema”. La segunda busca evitar una falsa dicotomía: no se trata de elegir entre ciencia básica y ciencia orientada, sino de construir “dos capas, no una”: una capa basal, que reproduzca y expanda competencias científicas fundamentales, y un subsistema orientado a problemas, demandas territoriales, misiones nacionales y desafíos productivos.
La idea vuelve en otro registro en el documento de Andrés Carbel, Oscar Galante, Santiago Sosa y Gabriel Bilmes, todos de la Red PLACTS. Allí se afirma que la transformación del sector de ciencia, tecnología e innovación requiere “superar la fragmentación institucional” y subordinarlo a las metas de un Proyecto Nacional Soberano. La primera tarea, dicen, es definir una Agenda CTI que incluya áreas estratégicas, un programa de misiones de desarrollo tecnológico y social, demandas urgentes, tecnologías convenientes, formación de recursos humanos, prioridades y presupuesto. Sin esa agenda, la arquitectura institucional queda suspendida en el aire.
Manuel Lugones, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro (CITECDE-UNRN); Lavarello, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET (CEUR-CONICET); Mariana Versino, del CEUR-CONICET y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FAHCE-UNLP); y Juan Martín Quiroga, del CITECDE-UNRN, plantean el mismo problema desde la relación entre ciencia, tecnología, innovación y producción. La profundización de esa articulación, dicen, “demanda definir una estrategia nacional de desarrollo”. Es esa estrategia la que debe determinar qué articulaciones hacen falta y qué líneas de acción desplegar. El sistema de CTI no debe limitarse a producir conocimiento en abstracto: debe aportar evidencia para diseñar políticas públicas, monitorear tendencias tecnoproductivas, identificar capacidades científicas y tecnológicas existentes y recuperar aprendizajes institucionales de organismos como la Agencia I+D+i.
El mapa de sectores que proponen no es genérico. Lugones, Lavarello, Versino y Quiroga mencionan la nanobiotecnología aplicada a salud humana y animal y a producción agropecuaria; la energía renovable y no renovable; y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a tecnologías conexas, como la satelital. Citan ejemplos concretos: anticuerpos monoclonales, vacunas de diseño nacional como ARVAC, desarrollos contra estrés hídrico, YPF, Y-TEC, INVAP, energía nuclear, eólica, fotovoltaica, solar, biocombustibles, radiofármacos, maquinaria agrícola con agricultura de precisión y soluciones para minería, gas y petróleo. La propuesta no es sustituir política científica por política industrial, sino articular ambas en torno de “3 o 4 proyectos estructurantes”.
Hernán Thomas y Lucas Becerra, del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, la Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y el CONICET (CiTeDe-IESCT-UNQ-CIC-BA-CONICET), desplazan el eje desde los sectores hacia los problemas. La política de CTI, sostienen, requiere “una modificación conceptual profunda”. La fórmula es simple y exigente: “Orientar la política de CTI a la resolución de núcleos problemáticos”. Identifican cinco: acceso deficiente y desigual a bienes básicos; hábitat precario y contaminado; matriz energética dependiente de fuentes fósiles; altos costos de transporte y logística; y predominancia de sistemas económicos extractivistas y de enclave. Esos núcleos, advierten, se retroalimentan y producen disfuncionalidades estratégicas: precios domésticos acoplados a precios internacionales, caída de precios internacionales que no se traslada al mercado interno, costos productivos sobredeterminados por el petróleo y sectores competitivos que crean poco empleo, extraen recursos no renovables y no integran su renta al esfuerzo público de I+D.
La propuesta de Thomas y Becerra es metodológica e institucional. La investigación debe formar parte de un “ciclo de producción de conocimientos operativos”. Los problemas y las soluciones deben co-diseñarse con grupos de usuarios: organismos públicos, cooperativas, ONG y organizaciones campesinas. Las políticas públicas deben ser un proceso colectivo basado en evidencia empírica e integrar movimientos sociales, sindicatos, empresas públicas y privadas e instituciones del sistema científico. En ese marco, imaginan Consejos de Desarrollo, Ciencia y Cambio Tecnológico con capacidad de coordinación federal, planificación, regulación, financiamiento, control y poder de coerción.
La discusión federal ocupa otro bloque decisivo. Marita Benavente, Beatriz García y Soledad Oregioni, de la Red PLACTS, sostienen que el complejo nacional de CTI presenta una distribución territorial “profundamente desigual, incompatible con un Proyecto Nacional Soberano”. La federalización, advierten, no puede reducirse a una lógica redistributiva ni a la desconcentración de recursos. Debe ser “un proceso político e institucional orientado a la democratización del conocimiento, la redistribución del poder decisional y la construcción de capacidades situadas en los territorios”.
El texto de Benavente, García y Oregioni es uno de los más claros en la crítica al federalismo declamativo. Propone planes nacionales y provinciales de CTI orientados por problemas y misiones territoriales, gobernanza multinivel, consejos consultivos provinciales, agencias provinciales de CTI, un censo federal permanente de capacidades, cambios en incentivos y evaluación de recursos humanos, instrumentos fiscales y financieros para orientar inversión privada y capacidades computacionales federales como bienes estratégicos públicos. También introduce una advertencia de época: adaptar críticamente el sistema al paradigma de plataformas e inteligencia artificial, evitando nuevas dependencias tecnológicas.
El especialista Rubén Zárate lleva esa discusión al campo universitario. Su tesis es que “no puede haber innovación socio-productiva si no hay primero innovaciones institucionales”. La federalización efectiva, dice, no puede confundirse con descentralización o desconcentración administrativa. Involucra soberanía, democracia, justicia social y cognitiva, autonomía energética y alimentaria y empleo decente. Su documento recuerda que ni el Plan Argentina Innovadora 2020 ni el Plan Nacional CTI 2030 abordaron de manera deliberada la federalización con instrumentos y presupuestos suficientes para transformar la desigualdad territorial.
Zárate subraya un dato del Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR): de 45.987 docentes-investigadores que iniciaron trámites de categorización, el 50,1 por ciento se concentra en tres regiones —Centro, Metropolitana y Bonaerense—, mientras Cuyo, Sur, NOA y NEA quedan muy por debajo. Las universidades nacionales, presentes en las 24 jurisdicciones, son para él la “plataforma federal estratégica”. Pero eso exige una carrera de investigador universitario territorialmente especializada, redes federales de investigación orientadas por desafíos, fortalecimiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), agencias provinciales, indicadores con perspectiva territorial y cultura científica en zonas rurales y periurbanas.
Manuel García Solá, de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), formula la crítica más histórica al centralismo. Cita a Tocqueville: “Una vez que la centralización administrativa ha perdurado un tiempo, el mismo poder que la fundó, si luego quisiera destruirla, siempre es incapaz de provocar su ruina”. Para García Solá, la federalización de los sistemas de formación, investigación, transferencia e innovación es condición para transformar un modelo de desarrollo concentrado en el corredor central y basado en relaciones de intercambio desigual con su propia periferia.
Su documento propone revisar la transferencia de institutos terciarios a las provincias en los años noventa, que considera una oportunidad desaprovechada. Plantea un Pacto Nacional por la Calidad Educativa, una nueva distribución presupuestaria universitaria por pautas, cambios en los criterios de evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para no penalizar a universidades del interior, regionalización del ingreso a la carrera científica y un Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC) verdaderamente ejecutivo. También propone mecanismos político-fiscales inspirados en el Consejo Federal de Inversiones, con financiamiento automático detraído de la coparticipación federal y participación obligatoria de las jurisdicciones.
El vínculo con la sociedad aparece en el documento de Sandra Murriello, Santiago Sosa, Santiago Liaudat, Marita Benavente, Soledad Oregioni y Gabriel Bilmes, de la Red PLACTS. Su punto de partida es la Ciencia Abierta, pero no como moda importada sino “con una perspectiva nacional, latinoamericana y soberana”. La ciencia ciudadana, la comunicación pública, la participación y la relación con el sistema educativo son vistas como herramientas para salir de la endogamia del sistema CTI. Los estudios de percepción pública muestran valoración positiva de la ciencia, pero también desconocimiento de sus áreas de actuación y organismos. Ese dato es una oportunidad y una advertencia.
Murriello, Sosa, Liaudat, Benavente, Oregioni y Bilmes proponen formar en comunicación pública de la ciencia en grado y posgrado, fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva crítica, mejorar la enseñanza de ciencia y tecnología en todos los niveles, fomentar participación ciudadana en agendas de investigación e incorporar mecanismos vinculantes cuando corresponda. También piden líneas de financiamiento para proyectos que integren co-producción de conocimientos entre actores científicos y sociales. La comunicación, dicen, no debe ser decoración posterior: debe ser valorada en la evaluación académica.
Y allí aparece otro nudo: cómo evaluar. Gabriel M. Bilmes, Santiago Liaudat, Soledad Oregioni, Andrés Carbel, Oscar Galante, Sandra Murriello, Beatriz García, Rolando González José y Nerina Sarthou, de la Red PLACTS, cuestionan el paradigma hegemónico de evaluación basado en productos. Los manuales de Frascati y Oslo, dicen, instalaron una matriz insumo-producto que mide dinero y recursos humanos contra papers y patentes. El problema es que deja afuera relevancia social, estrategia nacional, gestión pública, integración regional, impacto ambiental y comunicación pública. Refuerza una imagen positivista de la CTI y usa indicadores bibliométricos simplificados que favorecen editoriales y bases de datos oligopólicas.
El diagnóstico de Bilmes, Liaudat, Oregioni, Carbel, Galante, Murriello, García, González José y Sarthou es concreto: falta coherencia con políticas y planes, hay solapamiento de sistemas de evaluación, sesgo cuantitativo, sobrecarga burocrática, primacía de evaluación ex ante, uso declarativo de criterios de utilidad social, evaluación exclusivamente por pares, conceptos no explicitados como calidad o excelencia y falta de transparencia. Proponen ampliar criterios cualitativos, incluir actores sociales, políticos y económicos como evaluadores, transparentar procesos, suprimir anonimato en evaluaciones de personas y recursos, coordinar organismos, hacer evaluaciones in situ y ex post y crear un Banco Nacional Público de Evaluadores.
Laura Rovelli, del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el CONICET (FOLEC-CLACSO-CONICET), complementa ese planteo desde la infraestructura de información científica. Su pregunta es cómo “unificar y mejorar el acceso y la calidad de la información científica” mediante infraestructuras abiertas, interoperables y transparentes. Propone estándares abiertos, datos para evaluación, gobernanza pública, sostenibilidad financiera y capacidades institucionales. También introduce una preocupación actual: la inteligencia artificial en los sistemas de evaluación de investigación. Advierte sobre sesgos, opacidad algorítmica y necesidad de no desplazar la evaluación por pares. Su pregunta orientadora es bajo qué principios y salvaguardas podría incorporarse la IA “minimizando sesgos y preservando la legitimidad del proceso evaluativo”.
Finalmente, el marco de un posible Proyecto Nacional elaborado por Aguiar, Bilmes, Liaudat y Peirano le da al debate su dimensión política mayor. Allí se distinguen tres modelos de país: un modelo neoliberal autoritario o neocolonial, basado en primarización, extranjerización, extractivismo, financierización, endeudamiento y desindustrialización; un neodesarrollismo de recursos naturales, con variantes cordillerana y del centro agrícola, capaz de crecer pero con poca fuerza de trabajo y dinámica de enclave; y un Proyecto Nacional Soberano, orientado a reducir desigualdades, promover desarrollo humano integral, justicia social, soberanía productiva, alimentaria y energética.
Ese documento dice que el actual gobierno de Milei ejecuta un “cientificidio”. La palabra no aparece como consigna, sino como caracterización de un proceso: fuerte caída presupuestaria, deterioro salarial, reducción del personal científico-tecnológico, desjerarquización de instituciones, remate de edificios y tierras, ausencia de inversión en infraestructura y equipamiento. En el documento de caracterización, Aguiar, Bilmes, Liaudat y Peirano hablan de un complejo CTI en “alta tensión”: capacidades relevantes, pero subutilizadas; debilidades de larga data; y una coyuntura crítica marcada por ajuste, desinversión y achicamiento institucional.
La conclusión general de las Jornadas podría formularse así: defender la universidad y la ciencia frente al ajuste es imprescindible, pero insuficiente. Hay que reconstruir su sentido. La Argentina no carece de inteligencia, investigadores, universidades, organismos ni antecedentes tecnológicos. Tiene reactores, satélites, radares, vacunas, empresas como INVAP e Y-TEC, universidades en todo el territorio, redes de pensamiento, experiencias de ciencia ciudadana, capacidades en biotecnología, energía, tecnologías de la información, nuclear, salud y agro. Lo que falta es una arquitectura capaz de convertir ese capital en poder nacional, desarrollo federal y bienestar social.
La nueva arquitectura que imaginan los documentos no es una oficina más. Es un cambio de lógica: de la oferta fragmentada a la misión democrática; de la evaluación por papers a la evaluación por impacto y relevancia; de la concentración central a la construcción territorial de capacidades; de la ciencia aislada a la ciencia con actores sociales; del presupuesto inercial al presupuesto por función de producción; de la universidad profesionalista a la universidad investigadora, extensionista, tecnológica y territorial; del Estado que administra escasez al Estado que expande complejidad.
Peirano, Censabella, Zapata y Aguiar lo escriben con una frase que funciona como cierre político: “Dime qué modelo de Estado tienes y te diré qué desarrollo mereces”. El sistema de ciencia y tecnología, dicen, es “la trinchera avanzada del poder infraestructural del Estado”. No es gasto ni privilegio sectorial. Es la capacidad del Estado para entender el territorio, operar sobre la realidad y transformarla mediante datos y técnicas. Perder ese sistema “no es un ahorro. Es una mutilación”.
Esa es, acaso, la definición más fuerte que dejó Bariloche. Un país puede destruir su ciencia creyendo que ahorra. Puede degradar sus universidades creyendo que ajusta. Puede abandonar sus investigadores creyendo que disciplina. Pero cada becario sin apoyo, cada laboratorio sin insumos, cada aula degradada y cada universidad desconectada del desarrollo no son daños colaterales. Son trincheras cedidas. Y las trincheras cedidas, advierte el documento, “no esperan”: las ocupa otro modelo, con su propia lógica, sus propios beneficiarios y su propia inercia.
Las Jornadas de Bariloche propusieron discutir antes de que sea tarde. No solo cuánto presupuesto necesita el sistema, sino para qué país debe trabajar. No solo cómo resistir al ajuste, sino cómo superar las limitaciones del sistema que llegó hasta aquí. No solo cómo evitar el cientificidio, sino cómo construir una universidad, una ciencia y una tecnología capaces de dejar de ser periferia de agendas ajenas y convertirse en instrumentos de soberanía, producción, igualdad y futuro.