Frente a la destrucción productiva, el debilitamiento sindical y la fragmentación social, Aguirre propone revisar las formas de conducción, el financiamiento político y la construcción de un programa transformador antes de la disputa electoral.
La actual ofensiva neoliberal ha llevado las negativas tendencias estructurales de los últimos 50 años a un nivel crítico para nuestra existencia como sujeto político colectivo.
¿No surge ante esta regresión una reflexión autocrítica sobre dirigencias que parecen inmutables, sobre las formas de hacer política? ¿Seguimos actuando como si no hubiera reforma laboral retrógrada, ley de glaciares invasiva, hospitales y universidades asfixiados y cien golpes más?
¿Y todo ello impulsado por una fuerza que empezó con diez diputados y a la cual se le ha pronosticado varias veces la implosión?
Para revertir este cuadro al que hemos llegado, además de la discusión pendiente sobre el proyecto —fundamental—, hay que reflexionar sobre la relación entre desarrollo histórico y prácticas políticas.
En esa línea, la ideología que cuenta no es la declamada, sino la que se expresa en el ejercicio concreto de la acción política. Los hábitos de una organización, sus mecanismos de decisión, sus formas de resolver conflictos y de asumir responsabilidades moldean sus relaciones internas y sus vínculos con la sociedad.
Enarbolar un discurso emancipador sin traducirlo en prácticas coherentes no es un detalle metodológico: la disputa cultural no se gana solo con palabras. Una organización que reproduce internamente la lógica que dice combatir no está construyendo poder: está cediendo.
Dirección colectiva y transformación
Una fuerza que aspire a ser herramienta de transformación debe contener el germen de la sociedad que pretende construir. No puede promover igualdad hacia afuera si reproduce en su interior prácticas de concentración.
Las formas de conducción predominantes en nuestras organizaciones ya mostraron sus fortalezas, pero también sus enormes limitaciones.
La transformación a realizar —romper estructuras de expolio, tabúes, desigualdades, estancamiento y fragmentación— es una tarea inmensa. No es solo cuestión de escala: la creación política, como toda innovación, no es resultado de la genialidad individual sino de una dinámica colectiva sistémica.
Un equipo que actúa como uno en cuanto al rumbo —porque la unidad viene dada por la línea política— abarca más frentes, integra el aporte de muchos y produce un resultado cualitativamente superior. Una dirección plural fortalece la representatividad al incluir orígenes sectoriales y territoriales diversos, lo cual es crucial ante la tendencia, excluyente, de que la agenda política nacional solo se defina en CABA y Gran Buenos Aires.
Construir dirección colectiva no es un acto espontáneo sino una decisión política deliberada. No es un modelo ideal: es la herramienta más eficaz para la disputa que enfrentamos.
Una dirección con roles distribuidos, decisiones compartidas y liderazgos rotativos no ofrece, además, a los poderes fácticos “un único punto de quiebre”. Tampoco es enemiga de las personalidades descollantes ni de los protagonistas con llegada mediática: busca que esas capacidades sirvan al proyecto común, no que decidan por él.
Nada de lo dicho significa que la dirección colectiva sea infalible. Comete errores y encierra sus propios riesgos: a) dilución de responsabilidades: cuando todos deciden, nadie ejecuta. Cada acuerdo colectivo debe tener un responsable nominado, plazos y evaluación; b) parálisis por consenso: la dirección colectiva no exige unanimidad, exige debate genuino y decisión mayoritaria con disciplina en la ejecución; c) reproducción informal del verticalismo: la influencia desigual no desaparece por solo negarla. Sin mecanismos explícitos, se vuelve invisible; d) desgaste por exceso de instancias: la horizontalidad mal gestionada consume energía militante.
Acumulación, formación y prácticas políticas
El paradigma neoliberal no solo destruye tejido productivo, derechos conquistados y lazos solidarios: construye subjetividad. Promueve el individualismo, el darwinismo social, el éxito excluyente y dominador, y el reconocimiento masivo como valores absolutos. La mercantilización de la actividad política y social.
Importantes sectores dirigenciales —políticos, sindicales y hasta deportivos— están sometidos a un fuerte escrutinio social, cuando no a un directo descreimiento o rechazo. Este problema se puede minimizar, ignorar o reconocer de palabra. O asumirlo autocríticamente y resetear.
Esta no es una cuestión secundaria o accesoria para que la correlación de fuerzas hoy nos sea desfavorable.
Las dirigencias deben dar el ejemplo: menos verticalidad, más deliberación colectiva. Cada decisión que toman, cada conflicto que resuelven o eluden, cada rendición de cuentas u omisión transmite valores que ningún taller de formación puede igualar. La militancia no aprende de lo que la dirección proclama: aprende y reproduce conductas de lo que esa dirección practica.
El momento más revelador no es el consenso sino el disenso. Cómo una dirección procesa las diferencias internas define la cultura organizacional que transmite. Una que busca la síntesis y trata el desacuerdo como información útil —y no como amenaza— muestra que la pluralidad es una fortaleza. Una que lo resuelve por imposición o elusión logra una unidad de fachada, no real.
Financiamiento, poder real y disgregación
Hay un factor que la discusión sobre las formas de hacer política suele eludir: el financiamiento. No es otro detalle organizativo más. Es una condición material de toda la actividad política.
Sin recursos no hay movilidad, no hay comunicación sostenida, no hay territorialidad, no hay capacidad de respuesta. Atraviesa la militancia, la toma de decisiones, la autonomía, la supervivencia misma del proyecto alternativo a construir.
El primer problema es la concentración del financiamiento. No es un fenómeno nuevo ni local: es global y se ha acrecentado hasta niveles desconocidos, afectando la democratización de la actividad política.
El poder se acumula en cada vez menos personas, y los grandes conglomerados económicos contribuyen crucialmente a fuerzas o candidatos que favorecen sus intereses particulares, aunque arrasen con los de la sociedad y su sustentabilidad.
Este fenómeno es parte de un proceso más profundo: la feudalización de la política. Cuando un referente alcanza cierto nivel, su entorno tiende a funcionar como una empresa: maneja recursos propios, contactos, fuentes de financiamiento, y se relaciona con el resto desde la lógica de la competencia, no de la articulación.
El proyecto colectivo queda subordinado a la supervivencia de cada feudo. La política deja de ser construcción de poder popular para convertirse en gestión de recursos obtenidos y administrados desde la cúspide.
En nuestro país esto se agrava por la pauperización social. Quien accede a fondos y los retiene como instrumento de poder personal adquiere una capacidad de decisión desproporcionada: impone condiciones, define prioridades, decide quién participa y quién queda afuera, disciplina el debate a su favor.
Los operadores del statu quo tienen cada vez más recursos, nuestra base social cada vez menos. La lucha exige inversión. Gran parte, como siempre sucede, vendrá del aporte voluntario de miles de mujeres y hombres anónimos que, convocados por un proyecto transformador, nos seguirán mostrando su desprendimiento personal. Pero también se requieren recursos financieros democratizados, no concentrados en pocas manos.
Democratizar la organización, entonces, no es solo una cuestión de métodos de decisión. Es también, y fundamentalmente, una cuestión de democratizar el acceso a los medios materiales de la política, sean estos financieros o no.
El programa como punto de partida
El año electoral que se aproxima será un momento decisivo. En un país sometido al deterioro sistemático de poder soberano, derechos y condiciones de vida, la disputa política no se resuelve solo en una campaña electoral.
Pero eso no niega la relevancia del 2027. Un segundo período de este tipo de gobierno profundizaría el actual daño estructural que nos será costoso revertir.
Para ese campo político-económico los resultados no le están garantizados, pero su capacidad de iniciativa no debe minusvalorarse. Gatopardísticamente, ya asoman figuras de recambio igualmente alineadas con el neoliberalismo. Desde otras posturas críticas, los armados electorales estarían más avanzados.
¿Pero qué pasa con las dirigencias políticas, gremiales y sociales que se definen como del campo nacional y popular?
Hasta el momento, los pasos previos al ciclo electoral explicitan lo que ya estaba: las deficiencias seguirían primando sobre los activos. La contienda impone su propia lógica: comprime los tiempos, fuerza alianzas, desplaza el debate programático por la disputa de imagen. En contextos de debilidad conceptual como el actual, esa lógica no solo distrae: coloniza.
Lo que empezó como táctica puede ser el proyecto.
Por eso la condición central es una sola: que el programa no sea el resultado de la campaña sino su punto de partida. Que las alianzas, las candidaturas y los mensajes se midan por su coherencia con el proyecto transformador, no al revés. Una organización que entra sin esa brújula no sale igual: el costo no se paga en las urnas, se paga después. El 2019 fue un anticipo.
La organización política que precisamos no reduce su actuación a la de mera fuerza electoral —aunque incluye esta dimensión, que es la base de nuestra práctica democrática—, sino que la supera.
Esa diferencia conlleva exigencia de más análisis, más responsabilidad al decidir y más rendición de cuentas. Porque sus tácticas no miden solo triunfos en las urnas. Miden la distancia a su razón de ser: la transformación nacional.