El levantamiento popular en Bolivia volvió a mostrar que no hay proyecto político viable, de izquierda o de derecha, que pueda gobernar el país de espaldas a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los sectores populares que hicieron posible el ciclo abierto en 2006. Jaime y Mishka Iturri analizan el quiebre del pacto electoral que llevó a Rodrigo Paz al gobierno, el intento de restauración conservadora, la resistencia contra el paquete neoliberal y el dilema de un Ejecutivo debilitado, sin combustible, sin dólares suficientes y bajo presión de Estados Unidos.
Pucarani, comunidad en pleno altiplano norte. La concentración es grande y se realiza en la cancha de fútbol del pueblo. Han llegado de todos los ayllus del lugar. Ella, una indígena, habla mientras de rato en rato suelta alguna lágrima, pero su voz no es lástima: es denuncia.
“Nos están buscando. Delito es tener pollera de bayeta, delito es tener poncho, delito es tener aguayo, delito es tener chicote, que es nuestro respeto; también es delito tener nuestra honda, que para las mujeres es nuestro respeto, nuestro mando, pero ellos lo toman como un arma… Gracias, hermanos, pero como ustedes han visto estamos bien dolidos. Este gobierno nos miente, dice que somos narcos, que nos financian, dice que somos vándalos….”
Doña Jacinta habla a sus iguales en esta región camino al lago Titicaca y, en sus palabras, está reivindicando su cultura y exteriorizando su rabia. La pollera de bayeta es de tela tejida con lana de oveja, ideal para el frío. El aguayo es donde las campesinas indígenas llevan a sus hijos y sus enseres, a veces también sus productos. Y el chicote y la honda son señales de que la comunidad les ha dado mando sobre el resto. A esto último llaman respeto.
Y la señora resume la tragedia de un país que no asume a las diversas culturas que viven en él. Ocurrió en 2019, cuando en el golpe de Estado se quemaron wiphalas, la bandera multicolor de los indígenas, que hoy es uno de los dos símbolos patrios, pero que no es aceptada por quienes se reclaman blancoides.
Y esos sectores blancoides y de derecha creyeron que la hora de la Restauración Republicana, del regreso al Estado excluyente anterior a 2006, anterior a Evo y Álvaro, había llegado. Su lectura era de un simplismo extremo. Ni el triunfo de Rodrigo Paz era una muestra de que el campo popular boliviano se había derechizado ni tampoco de que el Movimiento al Socialismo hubiera desaparecido o, para ser más exactos, de que las ideas que dieron a luz al MAS hubieran desaparecido.
Para nada. La mayoría nacional votó por el actual gobierno para frenar a la ultraderecha simbolizada en Jorge “Tuto” Quiroga. Y porque creyó que Paz y, sobre todo, Lara iban a mantener lo que se había logrado con Evo.
Eso claramente no ocurrió. La primera medida del flamante Ejecutivo fue eliminar el impuesto a las grandes fortunas, para luego ser parte del séquito de Donald Trump. Siguió la práctica marginación del vicepresidente Lara y finalmente vino la gasolina basura, junto con una larga lista de corrupciones descubiertas.
Por eso los bloqueadores lo trataron de traidor, dándose la paradoja de que quienes no votaron por él terminaron defendiéndolo y quienes sí sufragaron por su fórmula estuvieron en los caminos bloqueando y demandando la renuncia.
La politóloga Susana Bejarano llama a esto “la ruptura del pacto electoral”. La gente se sintió engañada y salió a los caminos.
La Restauración Republicana
Al frente, los sectores conservadores derrotados en las urnas durante 20 años alucinaban con la Restauración, con el regreso de sus privilegios y con una empresa privada subvencionada por el Estado, en los hechos dueña del país.
Y Paz Pereira les ayudaba, no solo con la condonación de impuestos, sino con políticas destinadas a abrir las puertas al capital privado para la explotación de los recursos naturales bolivianos, particularmente tierras raras. Bolivia posee 31 de los 38 minerales claves para el desarrollo de la tecnología. Y también con la apertura total de exportaciones, sin que los productores tuvieran que garantizar primero el mercado interno.
El negocio se completaba con buenas relaciones con los gobiernos de ultraderecha. Paz muy rápido se sumó al Escudo de Trump y abrazó a Javier Milei. Y esto ocurría en medio del desgaste de ambos.
Paralelamente al intento de retorno de políticas neoliberales se dio un blanqueamiento del Estado. Los burócratas retornaron a la corbata y el saco.
Las mayores movilizaciones se dieron en el agro paceño, pues a quienes hablan de la traición de Paz se sumó la elección de Luis Revilla —exalcalde de La Paz— como gobernador. Revilla, aliado al gobierno, solo sacó el 20% de la votación, pero el partido que llevaba en sus listas a su contrincante decidió no participar en la segunda vuelta. Imagínese lo que se habla en corrillos políticos sobre lo que costó eso.
Ya era mucho. Los indios se levantaron para gritarles a los poderosos que nunca más permitirían que el país fuera gobernado sin ellos.
El expresidente Álvaro García Linera señala que “es en esta cualidad indígena-campesina de la movilización donde precisamente radica la causa estructural subyacente de todo el malestar social, y que cualquier proyecto político, de izquierdas o derechas, ya no puede eludir. En Bolivia ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas. No es un tema de opción ideológica, preferencia moral o benevolencia. Es un dato estructural de la realidad sociológica del país”.
Y eso tiene, además, su correlato económico ya que, como lo señala García Linera, fue política de Estado transferir el 35% de la inversión anual a los sectores indígenas, y eso era proporcional a la disminución de las subvenciones a los privados.
Reformar la Constitución
Muy pronto, la gente del nuevo gobierno, en alianza con los partidos de derecha, se ilusionó con privatizar algunas de las empresas estatales, pero, sabedores de que esta no es una causa popular, la idea sería abrir nuevos rubros.
El primer paso se dio con la electricidad. El monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica ha sido abierto a empresas privadas.
Y los siguientes rubros serán hidrocarburos, minería y tierras.
El problema es que la Constitución pone límites. Surgió ahí la idea de reformar la ley de leyes aprobada en 2009, llamada por el oficialismo como “socialista”. Pero, si bien el oficialismo puede reunir los votos necesarios para el inicio del trámite en el Parlamento, toda reforma a la Constitución debe pasar por un plebiscito. Antes, las preguntas deberían ser aprobadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que de momento está incompleto.
En resumen, si se cumple la ley, los cambios a la Constitución solo podrían implementarse en un par de años, siempre y cuando obtuvieran la mayoría de los votos en el referéndum.
Un retroceso maduro
En octubre de 2025, el discurso dominante hablaba de la desaparición del MAS, de la Central Obrera Boliviana y de las organizaciones sociales. En los clubes más exclusivos se batían palmas y se brindaba con champagne.
Cinco meses después, los espectros volvieron con fuerza, con vitalidad y con propuesta.
Si bien la movilización no tuvo una sola cabeza, sino que salió de las propias comunidades y barrios de El Alto, hoy los sectores que no han levantado los bloqueos, que son como 40, esperaban la palabra de la COB.
Esta llegó con un plan de ocho puntos que incluye una ley para que los políticos no puedan traicionar sus promesas electorales, el compromiso de que no se entregarán al capital privado los sectores estratégicos de la economía, la liberación de todos los detenidos y la desarticulación de los grupos de choque paraestatales.
Además, se habla de una comisión especial e independiente que analice los carburantes importados en frontera, de manera que no se introduzca al país nunca más gasolina basura.
Por curioso que parezca, la Gobernación de Santa Cruz entiende que el punto tres —no privatización ni préstamos del FMI— coincide con su pedido de descentralizar el presupuesto nacional entregando el 50% a las regiones.
Esta es la base de la negociación y lo que se consiga será ganancia.
El levantamiento de los bloqueos permitirá a la gran masa popular que intervino en el levantamiento retroceder con las banderas intactas, convirtiéndose en el antecedente de nuevas luchas que no partirán de cero, sino de lo acumulado.
Finalmente, no hubo masacre, el gobierno sale muy debilitado y la ultraderecha no pudo imponer sus ideas de represión fascista. En los hechos, los tres intentos del gobierno de desbloquear fracasaron. Primero fueron hacia el altiplano norte, hacia el lago Titicaca; luego hacia el altiplano sur, Oruro; y finalmente San Julián, en el oriente.
En todos los casos, los uniformados tuvieron que retroceder y, en el del Oriente, los primeros en correr fueron los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista, que tras el saqueo de viviendas fueron correteados por los pobladores.
Un cuarto intermedio en las movilizaciones permitirá reorganizarse y poner en la palestra un tema central: la nueva construcción de un instrumento político para las próximas elecciones.
¿Y ahora?
El exviceministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y analista político Gonzalo Chávez señaló a Brújula Digital: “Las reformas son urgentes: hidrocarburos, minería, transporte, la reforma constitucional. Seguramente tendrán que esperar, no sé cuánto tiempo, porque tal como van las cosas, el gobierno se verá muy afectado y tendrá dificultades para formar coaliciones políticas que permitan la aprobación de estas reformas”.
Da en la tecla el analista. Hoy por hoy no es posible implementar el paquete neoliberal y tampoco, a menos que Estados Unidos mande órdenes muy determinantes, se vislumbra una unidad de la derecha, porque todos quieren salvarse del hundimiento del barco.
De momento se viene la negociación bajo la presión de los bloqueos que continúan, pero hoy el tiempo también está en contra de los bloqueadores: hay cansancio y ganas de irse a casa.
Sin embargo, para quien la cosa está mucho más compleja es para el gobierno. A pesar de que varios de los bloqueos se han levantado, particularmente los que evitaban la llegada de cisternas hasta las gasolineras, todavía se ven largas colas para la compra del combustible. Ya comienza a correr el rumor de que lo que pasa es que el gobierno no ha comprado carburantes por falta de dólares.
De todas maneras, hoy, con los precios de la guerra, se subvenciona más de lo que se hacía con Luis Arce, y eso que el precio de la gasolina fue prácticamente duplicado en noviembre y el del diésel triplicado. Hoy el precio del litro del carburante está en 0,70 centavos de dólar y en Perú está en 1,70. Se calcula que el 30% de la gasolina subvencionada por Bolivia se va como contrabando por las fronteras.
Sin la gasolina basura habría sido posible realizar nuevos reajustes. Hoy eso es imposible. “Nos cobran más y lo que nos venden arruina nuestros motores”, dicen los consumidores. Y a esto se suma que apenas se ha encarcelado a dos técnicos, no a quienes negociaron la estafa, no a los cuellos blancos que compraron gasolina podrida.
Por otra parte, pese a los acuerdos entre Irán y Estados Unidos, lo cierto es que el precio del barril de petróleo no bajará mucho de manera inmediata, toda vez que los pozos destruidos deben ser reconstruidos y eso puede tardar varios meses.
La apuesta Trump
Y el Ejecutivo tiene, además, otro problema: la posible ayuda de Estados Unidos está condicionada a que grupos Delta puedan ingresar a territorio boliviano y perseguir narcos bolivianos y brasileños, con la excusa de que el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho son organizaciones terroristas. Algo similar a lo que acaban de hacer en Venezuela con la victimación del Niño Guerrero.
El ingreso de norteamericanos armados a territorio latinoamericano ha sido anunciado por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, a quien le consultaron sobre si habría otras acciones armadas de soldados norteamericanos en países de Latinoamérica y dijo un muy claro: “Sí, deberíamos esperarlo”.
Estados Unidos ha comprometido 20 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Cifra insignificante si se toma en cuenta que tan solo en el envío de 108 toneladas que impregnaban la madera, los narcos han invertido más de 200 millones de dólares.
La administración Trump está preocupada por la capacidad de los uniformados bolivianos. Uno de los más importantes ideólogos de los halcones gringos, R. Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, en un informe denominado Expediente abierto, detalla las paupérrimas condiciones de equipamiento de los militares bolivianos, que ni siquiera tendrían helicópteros en buenas condiciones.
Pero va más allá y señala que, en los 20 años de gobierno del MAS, muchos jóvenes de áreas rurales, y en especial del Chapare, se enlistaron para ser oficiales. Incluso, siguiendo el informe, algunos de ellos ya son coroneles. “El gobierno de Paz se ha mostrado reacio a desplegar el Ejército o a la policía para enfrentar a los manifestantes, no solo por la falta de equipo y entrenamiento adecuados, sino también por las lealtades mixtas de la fuerza y el riesgo de que las fuerzas pudieran unirse a los manifestantes o negarse a luchar, o incluso participar en el sabotaje…”.
Evan Ellis completa su análisis señalando que “la crisis fiscal de Bolivia y la profunda corrupción que impregna a sus instituciones hacen prácticamente imposible que el gobierno de Paz tenga éxito en su lucha por sí solo”.
Pero acá se agudizan los problemas. Las Fuerzas Armadas bolivianas se han opuesto, señalando que la Constitución no permite que elementos de otros ejércitos actúen en Bolivia.
Paz Pereira necesita con urgencia dinero, pero prometió en la época electoral no prestarse del FMI. Puede que al final lo haga y que busque préstamos de los propios Estados Unidos, pero tiene enfrente a buena parte de la opinión pública y a los propios uniformados.
Hoy, las enormes filas por combustible en la capital oriental de Santa Cruz de la Sierra, junto con la imposibilidad de descargar varias cisternas en instalaciones de YPFB debido a observaciones sobre la calidad del combustible, revelan que la crisis energética boliviana ya no se limita a problemas de abastecimiento, sino que alcanza también a los mecanismos de control y certificación de los hidrocarburos importados.
Más allá de la contingencia operativa, el hecho expone las consecuencias de años de falta de planificación en el sector y de una creciente dependencia de combustibles externos en un contexto de escasez de divisas. Estos cuestionamientos no solo comprometen la credibilidad técnica de YPFB, sino que constituyen una nueva evidencia del deterioro de la gestión gubernamental en materia energética, marcada por la opacidad, la improvisación y la incapacidad de ofrecer respuestas estructurales a una crisis que el propio Estado contribuyó a profundizar.
Sin dinero, sin combustible, o con gasolina basura, la gente volverá a las calles y a los caminos. Pero para obtener los créditos se necesitan políticas antipopulares. Vaya dilema el que se plantea para el cuarto intermedio, que en realidad podría ser muy corto.