Challapata, un pequeño poblado del altiplano boliviano, solía ser sinónimo de quietud, frío, pobreza y silencio. Hoy, solo el clima permanece intacto. El sonido dominante es el de motores encendidos a toda hora. Este pueblo se ha transformado en un nodo clave de un circuito económico informal: el ingreso y redistribución de vehículos de segunda mano que entran al país de contrabando, conocidos localmente como “chutos”, una variante boliviana del argentinismo “trucho”.
Bolivia pasó de 800 mil vehículos motorizados a más de tres millones y medio durante los 29 años de gobierno del MAS. Y esto no sólo por la bonanza económica sino porque por bastante tiempo se permitió el ingreso de autos de segunda mano desechados en Japón, Estados Unidos y China.
Cuando Evo Morales intentó prohibir la importación de vehículos usados y frenar la regularización de aquellos que circulaban sin documentación en Bolivia, se encontró con un límite político evidente: la gran mayoría de estos automóviles estaba en áreas rurales, entre su base electoral más leal. Ante ese escenario, optó por una salida pragmática: una amnistía temporal que permitió legalizar los vehículos ya presentes en el país a cambio del pago de un impuesto.
Sin embargo, pese a que ha pasado casi una década desde aquella medida, el contrabando continuó por dos vías principales. Por un lado, los nuevos chutos se concentraron en zonas rurales y apartadas, donde permitieron a los campesinos acceder a transporte motorizado, sustituyendo progresivamente a los animales de carga en un proceso que en Europa ocurrió hace casi un siglo. Por otro, se consolidó un mecanismo de “legalización” informal: placas de vehículos desechados por antigüedad o siniestros eran trasladadas a Challapata, donde se las adaptaba, junto con motor y chasis, a automóviles más recientes de la misma marca.
Gasolina basura
Y todo iba bien hasta la llegada de la gasolina basura que comenzó a afectar a los autos que la usan afectando incluso el motor.
Por supuesto, los choferes lanzaron el grito al cielo y hasta hicieron paros y bloqueos.
Los más afectados fueron los autos más modernos. Los de más de 20 años de antigüedad la pasaron mejor.
El gobierno abrió una oficina para que los conductores y los dueños de los vehículos hicieran llegar la factura. El Estado no cubre todos los gastos pero “algo es algo”.
Mientras tanto, el combustible alterado continúa en circulación, amplificando a los damnificados.
¿Ingenuidad o corrupción?
¿Los funcionarios de YPFB que compraron millones de litros de gasolina con bajo octanaje fueron engañados o estaban metidos en el enjuague? Vaya a saber. Pero lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Paz compró gasolina a la que se le aumentó manganeso para elevar el octanaje en una maniobra dañina, pues la mezcla produce goma y carbonilla que destroza bujías y hasta motores.
Así, los autos no encienden en la mañana o simplemente se paran en las vías de circulación y deben ser remolcados con grúa.
Lo cierto es que el malestar es supremo al punto que hay encuestadoras que dicen que Paz ha perdido hasta un 20% de apoyo ciudadano.
Tormenta perfecta
A la crisis local se suma un factor externo ineludible: la guerra y el consiguiente aumento del precio internacional del petróleo. Ya se ha anunciado que en junio habrá un nuevo reajuste en el precio. En enero se duplicó el de la gasolina y triplicó el del diésel. El encarecimiento del combustible aceptado inicialmente por amplios sectores de la población como necesario comienza a perder legitimidad cuando se combina con escasez, largas filas y deterioro de los vehículos. Mariano González, taxista desde hace 40 años dice: “Aceptamos pagar más para ya no hacer cola y ahora la gasolina es más cara, están volviendo las colas y además nuestros autos se están destrozando”.
Hoy en Bolivia hay una olla a presión cuya agua está comenzando a calentarse.
El adiós de Samuel
El empresario Samuel Doria Medina, viejo zorro de la política boliviana, se apresuró a respaldar a Rodrigo Paz tras la primera vuelta, en parte por afinidades históricas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionario y al padre del actual presidente. Sin embargo, ese apoyo se ha erosionado rápidamente: hoy marca distancia del gobierno y ha pasado a cuestionarlo abiertamente.
Doria Medina ha criticado la gestión del combustible, señalando que la actual administración habría adquirido gasolina cara y de baja calidad, y que la responsabilidad no puede trasladarse al gobierno anterior.
En los círculos políticos, su cambio de posición se interpreta también en clave estratégica: la posibilidad de una futura candidatura presidencial hace menos rentable mantener un respaldo sostenido al oficialismo.
La crisis ya ha tenido efectos concretos en la estructura estatal. La renuncia de dos directores de YPFB y de un ministro de Hidrocarburos refleja la magnitud del problema. Porque, aunque el combustible cuestionado falle como tal, su impacto político es innegable.
Como en Challapata, donde el rugido constante de los motores ya forma parte del paisaje y nadie espera que vuelva el silencio, la tensión se ha instalado en el centro mismo del poder: el Estado finge no oír, pero lo hace en medio de un ruido que lejos de disiparse, anuncia que la gasolina barata arde lo suficiente como para prender conflictos que podrían alcanzar incluso al futuro del propio gobierno.