Antes de presentar el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno anticipó que, en materia de discapacidad, el Parlamento recibiría una propuesta superadora. Y lo fue, porque superó su propia marca en materia de negación de derechos elementales.
La diputada ex PRO y ahora libertaria Laura Rodríguez Machado planteó el miércoles 16 en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad, Planeamiento y Hacienda que el debate debe contemplar la discusión presupuestaria. Reclamó avanzar hacia un marco legal permanente para las políticas destinadas al sector. Pero la verdad estaba en el proyecto de Presupuesto 2027 que Javier Milei envió al Congreso. De aprobarse, modificará algunas de las garantías establecidas por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Atenta contra las prestaciones básicas, los aranceles de los prestadores, la cobertura de salud y las pensiones.
Entre el desgarro y la furia
Como muestra del debate, basta con citar algunos conceptos de la presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, Gilda Kriskovich: “un padre o una madre es capaz de vender un riñón para que su hijo tenga el tratamiento que se merece. Y ustedes no saben la desesperación que hoy tienen esos padres. Hay casi 50 centros en todo el país que se cerraron. Y hay un montón de centros más que están sobreviviendo. ¿Por qué? Porque hay una gestión que no nos escucha, no nos mira y que nos hizo mucho más invisibles que las gestiones anteriores”.
Kriskovich aseguró que las instituciones no llegan “ni al 10 de cada mes. Es angustiante (dijo llorando), pero estas lágrimas son por la impotencia que nos agarra porque ustedes no saben lo indignante que es ser profesional y estar pidiendo que -por favor- te paguen lo que has trabajado”.
Sobre la situación de los centros terapéuticos, dijo que “hay un montón que están cerrando, así que no nos metan el cuento de que hay más prestadores que antes”. Desde noviembre del 2025, que el programa Incluir Salud no manda los medicamentos a las personas con discapacidad institucionalizadas en hogares y residencias. Y esto desmejora la calidad de vida de esas personas. El Gobierno dice que el programa Incluir Salud está pagando a 60 días, pero es mentira porque en el interior de las provincias están cobrando a más de 120 días. ¿Quién puede sostener una prestación? Nadie”, concluyó.
Hasta la médula
El diputado Juan Marino (UxP) fue a la médula conceptual y habló de “colapso”. Pero, además, desnudó la estrategia utilizada por el Gobierno al intentar destruir la Ley de emergencia en discapacidad y aseveró que “no existe un proyecto superador… conocemos el proyecto de presupuesto”, y advirtió que antes de esa presentación, el Ejecutivo realizó otra de “la que no se habla” pero importa “que se inició en el Juzgado Federal de Campana y que continuó en la Cámara Federal de San Martín, donde el Poder Ejecutivo Nacional presentó un pedido de recurso extraordinario federal para ir a la Corte Suprema”.
En ese recurso extraordinario, Marino y explicó que “el Poder Ejecutivo Nacional escribió literalmente que consideran que no pueden cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad porque afirman que la Ley de Emergencia en Discapacidad, si se aplicase, pondría en crisis toda la situación fiscal del Estado Nacional”.
“Ese es el planteo oficial formal del Gobierno”, afirmó, y agregó que “no es que el Gobierno, cuando va a la Justicia, dice: no, Ley de emergencia no, pero sí vamos a consolidar, ampliar y garantizar muchos otros derechos. No. El Gobierno va a la Justicia y dice que no la van a cumplir. Y la Cámara Federal de San Martín, a principios del mes de septiembre, le rechazó el recurso extraordinario federal y recordó que hay un fallo firme, se rechazó el planteo de la suspensión de la aplicación de la ley hasta que haya presupuesto y advirtió que tienen que ejecutar la Ley de emergencia. Y entonces ahí es donde llega el proyecto de Presupuesto 2027” con todas sus imposiciones contrarias a la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.
El diputado terminó de desnudar la trama: “a esta altura ya queda claro que no es que atacan a las personas con discapacidad para ajustar, usan el ajuste como excusa para atacar deliberadamente el derecho a la vida, a la salud y a la educación de las personas con discapacidad. Ponen en riesgo su derecho a la vida, a la salud y a la educación. Y eso tiene un nombre, se llama eutanasia social”, remató.
¿Qué es la eutanasia social?
El Presupuesto 2027 prevé la eliminación de artículos clave de la ley de Emergencia en Discapacidad que hasta llegó a sorprender a algunos diputados oficialistas.
Los principales artículos objetados al proyecto de Presupuesto son:
*El Nomenclador de Prestaciones Básicas no incluirá valores universales para los aranceles. Es decir que no serán iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado.
*Esos aranceles no se actualizarán automáticamente por la movilidad jubilatoria o inflación.
*Se vuelve al esquema de pensión por invalidez, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no sería garantía de acceso a las prestaciones.
*Quien tenga un trabajo formal no podrá cobrar la Pensión por invalidez.
*No se garantiza la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas.
En síntesis, los drásticos recortes propuestos apuntan a terminar con las actualizaciones mensuales por inflación, las prepagas podrán fijar sus propios aranceles (aunque no cubran el verdadero valor de los tratamientos), eliminarían el CUD para tramitar pensiones y -además- si una persona con discapacidad consigue un trabajo en blanco perdería su pensión por discapacidad en un país en el que muchas personas tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes.
Valentina Bassi y sus cuatro palabras
“Hay odio, saña, maldad y negocios”, dijo la actriz convertida en vocera oficiosa del movimiento de los familiares y personas con discapacidad.
Y agregó: “No hay otra explicación. Mario Lugones, que tiene el sanatorio Güemes, y una prepaga (Hominis) vino para trabajar para sí mismo. Le quiere dar a las prepagas la dicha de sacarse de encima a las personas con discapacidad”.
Y agregó que “las prepagas siempre quisieron sacarse de encima a las personas con discapacidad. No nos quieren, no quieren pagar las escuelas especiales, no quieren pagar transporte, no quieren pagar nada. Entonces Mario Lugones insiste porque no para, no frena. Cada dos o tres meses va al Congreso la regulación del nomenclador único que es fatal. Y eso, para que las prepagas paguen lo que quieran porque no quieren que el Estado les diga cuánto tienen que pagar. Quieren pagar lo que ellas quieran y si es posible no pagar. Por eso insisten tanto”.
La dimensión del problema
Argentina dispone de dos fuentes oficiales que registran las personas con discapacidad que, además, no miden exactamente lo mismo.
La estimación poblacional oficial más completa es la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que en el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de 2018 determinó que en el país hay 3.571.983 personas de 6 años o más con alguna dificultad, equivalentes al 10,2% de la población en localidades de 5.000 habitantes o más. Aproximadamente 1 de cada 10 personas.
Un dato más reciente, pero que mide otra cosa, determinó que 1.900.061 personas están registradas con el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) en todo el país, según un informe oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Sin embargo, esto no significa que en Argentina solo hay 1.900.000 personas con discapacidad porque el CUD es un registro administrativo y muchas personas no lo tramitan.
Y si lo analizamos en función de las familias que tienen algún familiar con algún tipo de discapacidad, el INDEC -en realidad- mide la cantidad de hogares con al menos una persona con discapacidad o dificultad. Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018 del INDEC, había 3.034.396 hogares con al menos una persona con dificultad, cifra que representaba el 25,3% de los hogares relevados, es decir, 1 de cada 4 hogares argentinos.
Y si registramos cuántos prestadores están perjudicados con esta problemática que afecta, en definitiva, a familias enteras de prestadores y pacientes, el 14 de septiembre de 2026, el Ministerio de Salud reportó convenios rubricados con “más de 1.140 prestadores activos” del Programa Federal Incluir Salud, aunque se estima que no representa a todos los prestadores de discapacidad del país.
Eutanasia social.
