Es ingenuo pensar que una recomposición de los salarios pueda encararse sin diseñar políticas para actuar sobre las causas objetivas que influyen sobre los precios. Y se debe prescindir de las fobias religiosas sobre el sector externo y el gasto público.
Las acciones del gobierno que preside Javier Milei, a quien su vice llamó Jamoncito, concitan un nivel de atención que, por lo general, hace que se olvide la crisis política, económica y social en la que se encuentra sumido el país desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. Fue cuando se inició un proceso de degradación del nivel de vida de la población persistente, y por ahora la dirigencia política fue incapaz de gestar una expresión que lo revierta. Por el contrario, tendió a agravarlo, lo que provoca un enrarecimiento cada vez mayor.
La administración actual representa una obvia continuación de este proceso, a pesar de lo cual encontró receptividad debido al mismo enrarecimiento. Puede ser que este caldo de cultivo haya sido aprovechado con una estrategia de comunicación con determinadas características, pero eso no quita que el resultado de las elecciones presidenciales del año anterior demuestre, antes que otra cosa, la existencia de una anomia en la conducción del campo popular.
Consecuencia de tal anomia es la resistencia tan anodina que enfrenta un gobierno que, en un estado normal de cosas, debería encontrarse con mayores dificultades para poner en práctica sus designios. Y no por ninguna malicia destituyente de sus rivales sino por su vocación indisimulada de ahondar el malestar del pueblo al que debe gobernar, que podría ser capitalizada legítimamente por sus rivales en el afán de ganar terreno.
El oficialismo se encontró con algunos obstáculos y expresiones de rechazo extensas, pero por la vacancia en la conducción distan de ser una reacción constante y orgánica que impida la continuación del proceso político que propone de no mediar un cambio en su orientación. Por esta razón, parece necesaria una caracterización de los problemas económicos que atraviesa la Argentina desde 2017. Se trata de comprender tanto las implicancias de las acciones de este gobierno como de elaborar las soluciones que, hasta el momento, brillaron por su ausencia en el debate nacional.
El deterioro desde 2017
Hay tres indicadores que permiten tomar dimensión del proceso de empobrecimiento de la sociedad argentina, y de la participación del conjunto de la dirigencia política en ese empobrecimiento:
- El PBI per Cápita cayó entre 2017 y 2019 un 6,5%. Hacia 2022, el año de mayor actividad económica del Frente de Todos, la distancia con respecto al PBI per Cápita de 2017 se redujo a 4,8 puntos porcentuales, pero para 2023 se incrementó a 7,3 puntos.
- Por otra parte, para noviembre de 2023 el poder de compra del nivel general de los salarios cayó un 25,5% con respecto al final de 2017, y luego de la devaluación de diciembre su descenso trepó al 36,7%.
- Para terminar, recordemos que, en el segundo semestre de 2017, el porcentaje de la población que se encontraba bajo línea de pobreza alcanzaba el 25%, y el de hogares llegaba al 17,9%. El segundo semestre de 2023 terminó con un 41,7% de personas bajo la línea de pobreza, comprendida en el 31,8% de los hogares.
Es decir que el gobierno del Frente de todos (FdT) finalizó con un PBI per Cápita inferior al de su inicio, una menor capacidad de compra de los salarios y un mayor grado de pobreza, lo que sintetiza su fracaso. Esto fue producto de una serie de condiciones que dificultaban el crecimiento económico, porque su consolidación significa la emergencia de una sociedad más pobre. Además, habiendo existido la posibilidad de revertirlas, tampoco se trabajó en garantizar las condiciones que permitiesen priorizar ese objetivo.
La primera de estas condiciones fue la pérdida de participación de la remuneración al trabajo asalariado (RTA) en el valor del ingreso nacional. Ganó peso el excedente de explotación bruto (EEB), que es el residuo que queda una vez descontados el pago de los salarios, la diferencia entre impuestos y subsidios y otro tipo de ingresos, como los que perciben los cuentapropistas.
Notablemente, la alteración de la distribución funcional del ingreso, que es como se denomina a este tipo de clasificación, se acentuó durante el gobierno anterior, y para 2021 el EEB sobrepasasó a la RTA. En 2023 esto no ocurrió por la caída de los ingresos de la actividad agropecuaria, producto de la sequía, sin que se constate una mejora en las condiciones de vida de los asalariados, cuyos ingresos en ese año continuaron degradándose.
Varios economistas señalaron que el cambio en la distribución del ingreso estuvo relacionado con el alza de la inflación, que erosionaba los aumentos salariales, y se lo solía atribuir al comportamiento de las empresas y el poder económico, que el Frente de Todos fue incapaz de disciplinar. Sin dudas, lo primero es cierto, pero la segunda conclusión es sumamente discutible: parece asumir que las empresas determinan los precios de venta sin leyes objetivas que las condicionen, y soslaya los elementos que objetivamente impulsan el alza de los precios.
Por el contrario, tanto los indicadores de rentabilidad como la proporción de empresas que obtienen ganancias tendieron a disminuir en estos años, y cuando mejoraron fue contracara de la mejora general de la economía. Lo que sí ocurrió es que la exportación de alimentos provocaba un arbitraje frente a la venta en el mercado interno que se resolvía con un alto grado de traslado del precio internacional, lo que evidenciaba la necesidad de modificar el esquema vigente de retenciones a la exportación.
Esta característica de los precios de los alimentos convivió con una devaluación permanente del tipo de cambio precio-dólar que impulsaba los precios al alza, y los de los alimentos en particular, porque acentuaba la distancia entre el precio local y el internacional. A tal punto que se volvieron la categoría que más aumentaba en el Índice de Precios al Consumidor (el IPC), superando su nivel general desde 2018. Solamente en 2021 fue posible que los salarios crecieran por encima de los precios, debido a la moderación de la devaluación. Por el impulso que tuvo el tipo de cambio en diciembre de 2023, los precios no llegaron a absorberlo plenamente al final de ese año.
Como se explicó, esto no significa que el incremento de los precios haya venido acompañado de un alza en la rentabilidad. El EEB no se conforma solamente por ganancias, sino también por otro tipo de ingresos que no corresponden a los asalariados, como los arrendamientos por el uso del suelo. Y es posible que parte de ese excedente quede capturado en algunos sectores de la economía (el agropecuario, en este caso) en detrimento del resto, sin que se lo pueda utilizar de manera productiva en el conjunto de la economía.
Parte de esta evolución estuvo determinada por la renuencia dentro del FdT a producir cambios que pudiesen significarle enfrentamientos con los beneficiarios de esta distribución del ingreso, lo que resultó en que se degradase su sentido histórico.
El caso de las reservas
Hubo otro hecho que definió el deterioro expuesto: en 2017 y 2018, la economía se mantuvo con un déficit comercial (valor de importaciones superior al de exportaciones), pero entre 2019 y 2021 mantuvo niveles de superávit comercial muy altos (a la inversa, más exportaciones que importaciones). También se mantuvo este resultado en 2022, aunque con un menor valor, por el efecto que tuvo sobre las importaciones el aumento del precio de la energía que siguió a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Sin embargo, el stock de reservas internacionales en poder del Banco Central de la República Argentina disminuyó a lo largo del período. Es decir que se perdieron dólares en lugar de acumularlos, que es lo que se esperaría que suceda cuando se sostiene un excedente voluminoso proveniente del comercio exterior. Y también es lo que hubiese permitido mantener la estabilidad del tipo de cambio, como atender a contingencias del tipo de la sequía de 2023. O simplemente ampliar el margen de expansión económica, que requiere una mayor demanda de importaciones, sin que eso produzca una tensión sobre las reservas.
Una postura compartida por analistas e integrantes de la administración anterior es que esto fue producto de haber autorizado el acceso de las grandes empresas al mercado cambiario oficial con la finalidad de saldar sus deudas con el exterior sin ningún tipo de restricción. Tan evidente es su efecto, que incluso lo aceptan quienes rechazan la mayor parte de las críticas que recibió el gobierno, que ya no discuten en torno a lo que ocurrió con este aspecto particular, si no sobre quién tuvo la culpa de lo sucedido.
Una nueva propuesta
La incapacidad que tuvo el gobierno anterior para cumplir con su objetivo de restaurar el nivel de vida de la población argentina es harto conocida. Lo que no se suele remarcar es la indiferencia de quienes gravitaron a su alrededor en torno a la necesidad de concretarlos. Ya en 2019, con anterioridad al cambio de gobierno y habiéndose insistido en los peligros que representaría la continuidad de Cambiemos para la mayor parte de los habitantes del país, los economistas no debatieron seriamente la cuestión de la reparación en el nivel de vida que fue lesionado durante los dos años anteriores.
Se solía evitar ese punto, y cuando se lo aludía, primaba la postura de que por las necesidades de acordar con el FMI era inconveniente encarar una mejora de estas características, que comprometería al sector externo. Luego sobrevinieron las conocidas disputas internas, por las limitaciones políticas que imponía este estado de cosas, sin que se alcanzase una solución.
A la vista de los hechos, quedan en claro dos cosas:
- Si se trataba de prioridades, se debía adecuar, dentro de lo posible, los objetivos del sector externo a los de las necesidades de la población. En lugar de eso, se aceptó dogmáticamente que tal cosa no era posible, como si la fragilidad externa fuese endémica. Y para colmo, se permitió la negligencia de no conservar las reservas internacionales cuando era necesario.
- Esto forma parte de una realidad más amplia, que es que las facciones que conformaban la conducción del FdT, independientemente de sus diferencias, carecían de la elaboración intelectual que requería la persecución de los fines que le dieron entidad política. Los resultados quedaron a la vista.
La crítica anterior debe realizarse en función de su vínculo con la realidad presente. Además de la reflexión que requiere la elaboración de un aprendizaje sobre los errores previos, es plausible pensar que en la carencia de comprensión sobre cómo proponer una dirección que modifique el proceso de degradación de las condiciones de vida en Argentina se origine, al menos parcialmente, la ausencia de la dirigencia del campo popular en la defensa de los intereses que el actual gobierno vulnera.
El hecho de que éste represente una continuidad del proceso que consagraron los dos anteriores, con un mayor grado de crueldad y deliberación para acentuar sus problemas y sin siquiera tener la intención de resolverlos cuando le llegue la hora, no debería provocar una parálisis. Por el contrario, es lo que vuelve tan urgente recapacitar para dejar atrás el fracaso anterior y comenzar a preparar la salida de la crisis política que ya pervivió por seis largos años.
Deben remarcarse dos cosas. La primera es que es ingenuo pensar que una recomposición de los salarios pueda encararse sin diseñar políticas para actuar sobre las causas objetivas que influyen sobre los precios. Y la segunda es que se debe prescindir de las fobias religiosas sobre el sector externo y el gasto público.
Todos los esfuerzos y las posibilidades concretas deben orientarse a generar una nueva propuesta política que, esta vez sí, cumpla con su sentido: ser la expresión práctica del sector de la sociedad argentina que tiene el deseo de desarrollarse y demanda los medios materiales para lograrlo, frente a la mediocridad de quienes se muestran comprometidos con este propósito y no tienen la intención de perseguirlo, o la bajeza de los que buscan la reversión de las transformaciones sociales.