La vigilancia masiva de personas da por tierra con los derechos individuales, porque recopila información de todos, elige sospechosos y luego persigue. Imagínense que alguien quiera participar en una protesta pero sabe que habrá cámaras que pueden identificarlo y por miedo decide no ir. O no escribir, también por miedo, una crítica política en una red social.
Imaginemos el siguiente esquema de una obra de teatro:
Primer acto: salís de tu casa. Una cámara registra tu cara. Otra la patente de tu auto. El teléfono deja la huella de dónde estás. Las antenas saben por dónde te movés.
Segundo acto: llegás al trabajo. Buscás algo en Internet. Entrás a una red social. Ponés un “me gusta”. Escribís una opinión. Mandás un mensaje y chateás con alguien.
Tercer acto: alguien reúne todos los rastros que dejaste, cruza tu cara con una cámara, tu teléfono con una ubicación, la patente de tu auto con un recorrido o sigue el rastro de tu tarjeta SUBE. Hace lo mismo con tus publicaciones en tus contactos, y los relaciona con los contactos de tus contactos.
Cuarto acto: con toda esta información alguien empieza a reconstruir quién sos, qué hacés, por dónde andás, con quién te reunís y hasta cuáles son tus intereses.
¿Cómo se llama la obra?: “Sonría, lo estamos vigilando”, o menos simpático aún: “Vigilancia digital”.
Y acá termina la obra o la humorada porque la vigilancia digital significa que un organismo estatal puede leer un mensaje, recolectar, almacenar, cruzar y analizar enormes cantidades de información de modo que esos datos sueltos se transformen en algo mucho más poderoso como la posibilidad de reconstruir tu vidaa partir de esos cruces de nuestros movimientos, relaciones, rutinas, intereses y vínculos personales, sociales o políticos.
Legalidad vs. vigilancia masiva
Ahora, vale preguntarse si vigilar dentro de una investigación legal es siempre malo o ilegal.
Si se investiga un secuestro, un homicidio, una red de narcotráfico o cualquier otro delito grave, es necesario analizar comunicaciones o seguir movimientos sospechosos, la pesquisa es correcta y hasta necesaria, pero con dos requerimientos fundamentales:
1- Debe haber una sospecha fundada de la Justicia.
2- Debe haber una autorización judicial que legalice esa vigilancia.
La vigilancia masiva de personas, en cambio, da por tierra con estos criterios porque recopila información de todos, y recién después alguien decide quién puede resultar sospechoso.
Las compras del Estado libertario
Según un informe reciente de Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 el Gobierno argentino adquirió tecnologías de seguimiento de redes sociales, reconocimiento facial y vigilancia aérea por lo menos por un millón doscientos mil dólares. Esta ONG sostiene que durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se amplió la capacidad estatal para recopilar información y establecer perfiles de los ciudadanos, y advirtió que estas herramientas pueden terminar afectando la protesta, la libertad de expresión y la organización colectiva.
Chequeado.com advirtió que entre las compras realizadas figuran las empresas Clearview AI, para reconocimiento facial, por US$ 33.500; Maltego, para investigación OSINT (datos abiertos), por US$ 239 mil; y Nosis, para servicios de información crediticia, por US$ 17 mil. Por licitación pública se adquirieron drones y estaciones terrestres por cerca de US$ 1 millón. Y ase agregó que las compras se dieron junto a decretos y resoluciones que ampliaron funciones de las fuerzas de seguridad como el ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales” sin orden judicial y la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad.
Dos compras se realizaron fueron por contratación directa: una fue la adquisición de la licencia de OSINT Maltego, una plataforma integral de investigación con Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) que junta y analiza información que ya es pública para armar un panorama sobre una persona, organización o tema.
Según el pliego técnico de la contratación, esta herramienta permite la recolección, integración, cruce y visualización de grandes volúmenes de datos provenientes de más de 100 fuentes abiertas como redes sociales, deep y dark web, datos personales y de contacto, etc. También cuenta con monitoreo en tiempo real con asistencia de IA, análisis de vínculos complejos, generación de perfiles, documentación y colaboración en casos, auditoría de uso y gestión de evidencias (incluida mensajería).
“Este tipo de formulaciones plantea serios riesgos de vigilancia masiva sin orden judicial, y sin notificación ni consentimiento de las personas vigiladas”, advirtió Amnistía en su informe.
La otra adquisición por compra directa fueron los servicios de información de antecedentes crediticios Nosis, por U$S 17 mil, con los que se puede recopilar, procesar y comercializar información crediticia, comercial y patrimonial sobre personas y empresas. Por licitación pública, el Ministerio de Seguridad adquirió drones para seguridad pública por U$S 551.000 y estaciones terrestres de operación de drones por U$S 391.000. Según la información del portal Comprar, el Gobierno adquirió 69 drones en agosto de 2024, y la presentación pública hecha por la entonces ministra Patricia Bullrich fue un año después, en 2025.
“No tenemos reconocimiento facial en estos drones, y son para investigaciones criminales, que nada tienen que ver con manifestaciones”, dijo Bullrich entonces. Sin embargo, Amnistía mostró en el informe evidencia del uso de los drones para la vigilancia de protestas, al menos, en dos oportunidades, y una de ellas pertenece a un video oficial de la cuenta de la Policía Federal Argentina, del 28 de febrero de 2026. Uno de los oficiales entrevistados dijo: “contamos con equipos de última generación que […] nos permiten tener una mayor ventaja en la toma de registros fílmicos, con la capacidad de zoom que tienen, para un posterior procesado de imágenes, el reconocimiento facial, y así identificar a las personas”. Según Amnistía, “hay poca o nula transparencia acerca de cómo son procesadas las imágenes que se transmiten en tiempo real, cómo se archivan y ordenan”.
Efectos inhibidores
Imagínense que alguien quiera participar en una movilización, pero sabe que habrá cámaras que pueden identificarlo. Y decide no ir; o escribe una crítica política en una red social, pero piensa que podría meterse en problemas, entonces o no la escribe o la borra. O camina por la calle, un algoritmo se equivoca y termina en un intríngulis con la policía.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia suspendió, en 2022, el sistema de reconocimiento facial de prófugos luego de que se produjeran múltiples arrestos de personas que no habían cometido ningún delito.
Estos escenarios no son de ‘Alicia en el país de las maravillas’, sino que implican consecuencias muy concretas.
Veamos por lo menos cinco de ellas:
1-Pérdida de intimidad.
2-Autocensura.
3-Debilitamiento de la protesta social o de tareas periodísticas.
4-Falsos positivos de reconocimiento y discriminación.
5-Y una enorme concentración de información y poder en manos de un Estado omnipresente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió, además, que las tecnologías y estrategias concentradas de reconocimiento facial, geolocalización y la recopilación masiva de datos se expandieron mucho más que los marcos jurídicos que las deberían regular.
Y hay algo más inquietante aún porque para que la vigilancia cambie nuestro comportamiento ni siquiera hace falta que alguien venga a buscarnos. Alcanza con que creamos que nos están mirando y empezamos a vigilarnos solitos o a autocensurarnos.
¿Qué consecuencias conlleva esto?: no ir a marchas, no publicar opiniones, no realizar ciertas búsquedas en Internet, no reunimos con ciertas personas y peor aún: no hacemos ciertas preguntas.
A esta consecuencia, Amnistía la llama “efecto inhibidor” porque la sola percepción de estar bajo vigilancia puede producir autocensura y modificar conductas legales. Por eso, el debate no es si estamos a favor o en contra de las cámaras, los algoritmos o la tecnología sino quién puede vigilarnos, por qué motivo, durante cuánto tiempo, qué información puede guardar y, fundamentalmente, quién controla al que vigila.
Una cámara puede ayudar a encontrar a un delincuente, un teléfono a reconstruir un crimen, una base de datos a proteger a la sociedad.
Pero las mismas herramientas, mal utilizadas o como elemento de control social, también identifican a quién protesta dentro de los límites de la ley, a quién investiga, a quién pregunta, a quién se reúne con quién y a quién piensa diferente.