Crueldad disciplinadora

Qué hay detrás del despido de empleados públicos en la visión de una magister en Administración Pública y experta en Teoría del Estado. La debilidad de los contratos temporarios.

El desguace con modales brutales que está implementando el presidente anarcocapitalista se monta sobre la flexibilización de la planta de personal del Estado que, introducida en los noventa, permaneció sin grandes alteraciones hasta el presente. Desde los tiempos de Carlos Menem, la modalidad de contratos por tiempo determinado comenzó a crecer y fue sustituyendo cada vez más a los cargos permanentes. Lejos de frenarse, esta característica se consolidó en los años 2000, durante los cuales continuaron los contratos temporarios bajo distintas modalidades, como los financiados por organismos multilaterales de crédito –muy relevantes en algunas áreas y con altas remuneraciones– los contratos de locación de servicios o de obra y el uso extendido del mecanismo de las horas cátedra, utilizado en actividades distintas a la docencia.

La precarización del empleo público heredada del menemismo tiene razones tales como mantener a raya los números de la dotación fija del Estado, disponer de mayor flexibilidad funcional, o asegurar discrecionalidad política en el manejo del personal como modalidad de conducción. Esto significó que en las dos últimas décadas se ampliaran los programas de acción pública con agentes contratados a través de las más diversas modalidades: monotributistas, terciarizados o un régimen particular conocido como Artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público, que son los contratados con derechos similares a un empleado de planta permanente. 

La proliferación de contrataciones con distinta denominación, remuneración y estabilidad implica grandes inequidades para los miles de personas que desempeñan funciones no transitorias, pero que están por fuera de los estatutos de personal, ya que además se los priva de un horizonte previsible de progreso. Varios miles llevan muchos años en estas modalidades precarias, con gran dispersión salarial, aunque algunos reciban mejores remuneraciones que la planta permanente, que ha venido sufriendo un deterioro salarial muy importante. 

Tampoco hubo avances significativos y sistemáticos en la regularización de la planta permanente a través de concursos, un mecanismo que, si bien genera reparos atendibles, no fue mejorado para revertir los cuestionamientos, garantizar idoneidad y consolidar equipos de trabajo integrados. Por el contrario, la idea prevaleciente fue sortear las rigideces del aparato burocrático existente mediante la ocupación de los cargos ejecutivos con designaciones transitorias vinculadas a las preferencias políticas. Ese modelo de politización implicó que las necesidades de recursos y de personal para encarar las tareas clásicas del Estado y las nuevas se cubrieran según la capacidad de maniobra y negociación del funcionariado político a cargo de ellas y no de la importancia relativa de la actividad en sí misma. Esto supuso el traslado de las pujas políticas a las agencias burocráticas, con las consecuentes disputas entre áreas para capturar espacios de poder y fuentes de financiamiento. Tales confrontaciones no tienen que ver con la capacidad de las propias burocracias para reproducirse, como se lee en la literatura anglosajona, sino con las contradicciones y competencias político-partidarias que se trasladan a la gestión. 

No quiere decir esto que la conducción política, en tanto portadora de un proyecto validado democráticamente, deba quedar acotada a los niveles más altos de la estructura funcional, porque sería ignorar por completo las preferencias y tensiones ideológicas y políticas que atraviesan a toda burocracia, que no es un cuerpo inanimado de ejecución de ideas ajenas. Lo problemático es el déficit de gestión que se deriva de la disputa política misma por y en los cargos de conducción y la gran volatilidad que presentan, lo que imposibilita el despliegue de proyectos con consistencia política e institucional y una mínima duración para ser concretados. Y, sobre todo, el grave impacto negativo de la inestabilidad institucional y laboral que se descarga sobre un tercio de los agentes públicos de la administración nacional que tienen contratos precarios. 

Sobre esa precariedad se montó el gobierno de Javier Milei para blandir la motosierra, destruir áreas enteras del Estado y despedir a miles de trabajadores sin ningún criterio funcional. El ahorro que pretende generar hoy con estas medidas, a mediano plazo será escaso, ya que la mayoría de los despedidos ganará los juicios, porque la sucesión anual de los contratos temporarios constituye continuidad laboral. Pero el sentido del recorte es ejercer crueldad disciplinadora. Es la puesta en acto de la suposición prejuiciosa instalada en parte de la sociedad de que todo trabajador estatal pertenece a un espacio político, que no realiza ninguna tarea socialmente relevante y que tiene, por ende, un beneficio espurio a costa de los contribuyentes. 

Este mantra anti-estatista reniega de la función pública y desconoce la complejidad del archipiélago de organismos y oficinas públicas que se encargan de múltiples tareas esenciales, con un saber hacer necesario y consolidado. Lo peor es que este desconocimiento y desprecio profundo lleva al gobierno a dejar a la deriva cientos de reparticiones que se encargan de temas clave, porque además de hacer despidos indiscriminados y arbitrarios no se designan funcionarios a cargo ni establecen el contacto necesario con el personal para definir funciones. Los adoradores de la motosierra y el mercado sin restricciones están llevando a una parálisis institucional sin precedentes y con imprevisibles consecuencias para toda la sociedad.