El Ministerio de Defensa autorizó al personal militar a desempeñar actividades laborales fuera de su horario de servicio. Los militares completan un sueldo como remiseros o repartidores. Cuarteles suspenden actividades antes del mediodía para ahorrar electricidad. El Ejército inició una licitación para permutar una tonelada de membrillo por repuestos de una camioneta S10 modelo 2010. Diego Llumá y Germán Montenegro advierten que estas postales no son anécdotas aisladas, sino síntomas de una estructura militar vaciada, con presupuesto licuado, equipamiento anacrónico y una matriz organizativa que impide construir Fuerzas Armadas operativas para los desafíos estratégicos de la Argentina.
El Ministerio de Defensa autorizó al personal militar a desempeñar actividades laborales fuera de su horario de servicio. Los militares completan un sueldo como remiseros o repartidores. Cuarteles suspenden actividades antes del mediodía para ahorrar electricidad. El Ejército inició una licitación para permutar una tonelada de membrillo por repuestos de una camioneta S10 modelo 2010. Un déjà vu de fines de los ’90.
Estas postales son la demostración de que persistir obstinadamente en los errores no revierte los resultados. Y, como obras son amores, en la relación del gobierno de Milei con los militares, la data arroja desamores.
Este artículo solo pretende señalar continuidades históricas, patrones de desatención de la defensa, que pueden contribuir a iluminar el camino de soluciones claras a problemas bien planteados.
La situación ya fue definida por los expertos como “desarme de hecho y desmovilización”: una matriz organizativa de tipo “constrictivo”, que ahoga cualquier posibilidad de conformar una organización militar operativa real. En 2026, la estructura de las Fuerzas Armadas es prácticamente la misma que en 1983, pero vacía de personal, con material escaso y apenas en funcionamiento. El tiempo se muestra como espejo deformado y raquítico.
Los anuncios de compra de equipamiento nuevo no son la solución al problema de fondo. Conservar esta matriz constrictiva condena a los equipos adquiridos a una utilización muy limitada, no importa su origen ni el compromiso político que impliquen.
Los aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea, los blindados Stryker o el proyecto de modernización del tanque TAM para el Ejército están condenados a correr esa suerte. Porque, sin modificar la estructura del problema, es difícil que no ocurra lo mismo que pasó con las adquisiciones durante el menemismo y con las compras ocasionales de las administraciones posteriores: se autoconsumieron.
Continuidades y rupturas
En 1983, la democracia heredó un dispositivo militar conformado por tres instituciones que habían tenido una preponderante y autonomizada intervención en la política, en especial desde septiembre de 1955.
Esas fuerzas estaban organizadas para atender tres tipos de conflicto: la guerra convencional contra Estados vecinos —Chile y Brasil—; el compromiso con Estados Unidos en la defensa continental, en el marco de la Guerra Fría; y el conflicto interno, asociado a la exclusión del peronismo y al control y represión de organizaciones políticas, sociales y armadas identificadas como el “enemigo interno”.
Entre 1955 y 1983, las Fuerzas Armadas desarrollaron una estructura voluminosa. Por encima de los 120.000 efectivos de dotación, contaban con equipamiento variado y moderno derivado del “Plan Europa” de los años ’60 y de modernizaciones posteriores. Amplia y capilarmente desplegadas por todo el territorio nacional, disponían de presupuestos importantes para sostener y gestionar ese aparato. Para fines de los ’70 y principios de los ’80, el gasto militar alcanzaba el 7% del gasto total del Estado y el 5% del PBI.
El tobogán a la debacle
El desastre de la dictadura militar (1976-1983) fue integral. El terrorismo de Estado contribuyó al agudo desgaste de las instituciones armadas. La derrota militar en la guerra por nuestras Islas Malvinas, en 1982, coronó la desarticulación general del régimen castrense y condujo a la restauración democrática. La Guerra Fría se clausuró en 1991, los conflictos vecinales se resolvieron casi en su totalidad en los ’90 y el accionar armado interno se desestimó definitivamente como estrategia política.
En democracia, las Fuerzas Armadas dejaron de ser “el partido militar” y sus recursos presupuestarios se contrajeron. Lo que siguió es historia en números: el gasto militar se estabilizó en torno al 2,5% del PBI en los ’80, cayó al 1,5-0,9% en los ’90, se acomodó cerca del 1% en los 2010 y hoy apenas alcanza el 0,56% del PBI. Una pendiente descendente que nunca frenó.
En síntesis, se evaporaron las condiciones políticas, económicas y estratégicas que habían conformado y sostenido el funcionamiento de aquel dispositivo militar enorme.
El resultado fue la limitación progresiva de su capacidad operacional: menos dinero para conservar el mismo esqueleto.
Hubo cambios cosméticos e intentos fallidos para avanzar en la reconversión militar. Algunos de estos ensayos se originaron en las mismas fuerzas, en el Poder Legislativo y, extraordinariamente, en el Poder Ejecutivo.
No fue solución la política de “seguir tirando” todos estos años sobre la base de misiones secundarias: asistencia a la comunidad en incendios e inundaciones, servicios logísticos al rally o al turismo, apoyo a la policía o misiones de paz. Las fuerzas ejecutan estas tareas de manera regular y, sin embargo, su financiamiento corre por cuenta del presupuesto de Defensa, solo apuntalado a veces con viáticos o combustible transferidos desde otras jurisdicciones.
Con el uso, ese equipamiento se degradó y se perdió. Los puentes portátiles Bailey del Ejército, que se instalaron “coyunturalmente” durante inundaciones, se aquerenciaron para siempre en los pagos donde fueron ubicados. En fin, la opción de convertir a las Fuerzas Armadas en salvavidas, bomberos, asistentes de policías o diplomáticos uniformados, evidentemente, no resultó una solución.
El gobierno habla por su presupuesto
Más allá de la retórica y de las medidas distractorias, el gobierno de Javier Milei habla por sus actos administrativos. Y el acto administrativo por excelencia es el presupuesto. Sus números son elocuentes. En 2025, la función Defensa representó apenas el 1,9% del gasto de la Administración Nacional: sobre un crédito asignado de $2,42 billones se devengaron $2,36 billones, una ejecución formal del 97,6% que convivió con pérdida de poder adquisitivo.
El Presupuesto 2026 —Ley 27.798, el primero aprobado por el Congreso desde 2022— consolida el cuadro: asigna a la función Defensa $2,72 billones, un aumento nominal del 15,1% sobre lo devengado en 2025, calculado sobre una pauta de inflación anual del 10,1% que la realidad pulverizó antes de mitad de año, con un 12,3% acumulado ya en abril. El ajuste no necesita tijera; le basta el índice de precios. La misma ley, además, derogó el FONDEF, un intento de financiar el reequipamiento que tuvo una corta vida.
La estructura interna del gasto confirma el vaciamiento. Más de tres cuartas partes del crédito de la jurisdicción 45 —el 76,6%— se destinan a gastos en personal, es decir, salarios. Los bienes de uso apenas alcanzan el 4,3% y el equipo militar específico no llega al 2%.
Es el presupuesto de una estructura que paga sueldos cada vez más deteriorados, pero no equipa, no mantiene y casi no adiestra. Para una organización operativa, eso es letal.
El primer semestre de este año repite el patrón: contra una pauta semestral de $1,36 billones, a junio se llevaban devengados $1,03 billones, una brecha de unos $330.000 millones que muestra que el ajuste no opera por subejecución sino por licuación inflacionaria del crédito.
La razón de este estado de cosas es estructural y excede a esta administración, aunque ella la haya llevado al extremo. El celebrado superávit fiscal es la fuente de los recursos con los que el Estado compra las divisas para pagar la deuda. Y Defensa es la variable de ajuste predilecta: un gasto sin clientela electoral y sin sindicatos. El reconocimiento social que tienen los militares no “garpa” políticamente.
El Presupuesto 2026 lo dice sin eufemismos: el servicio de la deuda pública recibe $14,1 billones —el 9,7% del total—, más de cinco veces lo asignado a la defensa nacional. Las adquisiciones espasmódicas no alteran esa ecuación: se financian con más deuda y sus costos de sostenimiento hipotecan un presupuesto que ya no puede pagar ni la electricidad de los cuarteles.
¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas?
Vivimos en un mundo anárquico. El sistema internacional es un “estado de naturaleza”, sin autoridad formal centralizada, en donde la fuerza es la última ratio, cada vez más cerca de ser la primera en realidad. Y eso se empieza a notar con intensidad.
Las Fuerzas Armadas existen para una misión, para la cual fueron creadas: prepararse para la guerra. Son el instrumento del Estado que, en combinación con la diplomacia, le permite articular su proyección exterior, como señalaba Raymond Aron en su ya clásico Guerra y paz entre las naciones.
Entre la guerra total y la paz absoluta hay un arco de opciones muy amplio. Incluye escaladas, crisis, conflictos, negociaciones, escarceos, etcétera, que demandan diferentes modalidades de utilización de la milicia. Para marcar presencia soberana, enviar “mensajes” diplomáticos, monitorear una zona en disputa, vigilar qué hace el adversario, cooperar con aliados, etcétera. No siempre se va a la guerra cuando se emplean Fuerzas Armadas.
El asunto es que, para emplear a las fuerzas en estos roles, estas deben ser operativas y completas, más allá del tamaño y la organización que posean. De lo contrario, no tienen razón de ser.
Un dato para no ahuyentar a nadie, pero sí para tener presente, pues indica una tendencia del sistema internacional: el último estudio de la Universidad de Uppsala, Suecia, sobre enfrentamientos armados reveló que el número de conflictos entre países escaló de forma drástica, hasta alcanzar su nivel más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.
La solución empieza por iluminar el problema
Tres dimensiones tiene “el problema” actual de las Fuerzas Armadas: a) la persistencia de recursos presupuestarios acotados; b) el mantenimiento de una estructura funcional y un despliegue sobredimensionados; y c) el predominio de equipamiento anacrónico y de mantenimiento oneroso.
Argentina no cuenta con los “fundamentals” para sostener una fuerza militar operativa capaz de operar, sola, en el espacio que es de su interés vital: le faltan efectivos en cantidad y capacidad, equipamiento moderno y capacidad de despliegue en sus zonas críticas, especialmente el Atlántico Sur.
Este es un dilema sin solución con medidas parciales y con el problema mal planteado.
La matriz constrictiva seguirá consolidando unas Fuerzas Armadas apenas preparadas para tareas secundarias de naturaleza “no militar”. No está mal que se hagan esas tareas, pero no son su función y no se necesitan Fuerzas Armadas operativas para concretarlas.
Argentina en el mundo
El objetivo de esta nota es iluminar los cursos de acción para gobiernos futuros. Las amenazas a la integridad territorial y a la soberanía nacional están sobredeterminadas por la posición estratégica del país. La centralidad de Sudamérica y del Atlántico Sur en la confrontación entre potencias globales —China y Estados Unidos— es una condición geopolítica que seguirá ahí, ya sea como oportunidad o servidumbre.
Pero, por otra parte, no hay ninguna razón para pensar que habrá más dinero para la jurisdicción en el futuro. No lo hubo durante los últimos 40 años. Imaginar escenarios con nueva financiación originada en más impuestos o un “acople al cobre”, como en Chile, es reemplazar la racionalidad administrativa por la magia, en lugar de pensar soluciones creativas para alcanzar el objetivo político de la defensa con los pies sobre la tierra.
Cambiar o crear leyes, o la Constitución, es reemplazar “el problema” de las políticas públicas por utopías improcedentes.
Entonces, la pregunta es: ¿qué se puede hacer para crear las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos de defensa en las condiciones señaladas por series históricas de datos? Digamos: para salir del chaleco de fuerza del Uber y el membrillo.
Primero. Definir cuál es la política de desarrollo nacional y de inserción internacional en el contexto de great power rivalry que puede reportarnos mayor margen de autonomía. De allí derivará un modelo de organización y despliegue para las Fuerzas Armadas. De lo contrario, tal como están, las Fuerzas Armadas no tienen relevancia. Y aquello que no tiene relevancia, con el tiempo tiende a disolverse.
Segundo. Avanzar, de una vez por todas, en un proceso de reorganización militar real. Este debe surgir de la triangulación de los recursos económicos disponibles hoy y de los desafíos estratégicos actuales. Debería ser indefectiblemente un aparato más reducido, organizado en términos de concentración regional, con capacidad de proyección de fuerza y movilidad, y definitivamente más conjunto.
Tercero. Cambiar la matriz de distribución del presupuesto que asigna el grueso de los recursos a salarios y avanzar hacia un reordenamiento funcional en torno a nuevos artefactos que resultan drásticamente menos onerosos.
Finalmente, un tema controvertido: la oposición al predominio del tanque, las grandes formaciones terrestres, los portaviones o la superioridad aérea basada en cazas supersónicos. Proponemos una herejía. Las nuevas innovaciones informáticas y comunicacionales, combinadas con nuevos tipos de formaciones, doctrinas de empleo, tácticas y estrategias operacionales aplicadas durante las guerras actuales en Ucrania y en Irán, han instalado, para todos, alternativas que antes eran impensables.
Recuperar un Ejército de 12 brigadas completas y operativas resulta una ilusión. Completar la dotación de aeronaves y de personal de una Fuerza Aérea de 11 brigadas y hacerla funcionar a pleno es un espejismo. Poner en funcionamiento a full la dotación de 13 buques de guerra principales de la Flota es una delusión. Hoy solo en los papeles pueden existir estas formaciones, y a los papeles se los lleva el viento.
Hace 30 años que se asigna alrededor del 1% del PBI para la defensa. ¿Por qué habría de cambiar ese patrón ahora?
Estamos ante un problema de Estado que condena a la Argentina a ser un gigante desarmado en una región donde el poder militar vuelve a importar. Mientras siga habiendo voluntad de ser irrelevantes, las Fuerzas Armadas seguirán siendo lo que son: la consecuencia de una opción que pocos se atreven a nombrar.