Las ponderaciones utilizadas para las categorías de bienes y servicios se basan en una composición de los gastos de los hogares desactualizada, pero el mayor impacto está en el retraso de los ingresos porque obstaculiza resultados favorables para los trabajadores en las negociaciones colectivas.
Durante el último año, se volvió usual referirse a la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como un problema que sesga las mediciones, además de ser mencionada como la causa de la salida de Marco Lavagna del INDEC. Por sí mismo no altera las tendencias, pero provoca una subestimación en el valor final del índice, con el consecuente rezago en las variaciones.
Esto se debe a que las ponderaciones utilizadas para las categorías de bienes y servicios se basan en una composición de los gastos de los hogares desactualizada, es decir que no representan lo que se trata de medir.
Aunque se refiera al IPC cómo una herramienta necesaria para trabajar sobre la economía en cualquier aspecto, y se aluda al requerimiento de su actualización bajo esta perspectiva, en lo que más impacto tiene el retraso es en la trayectoria de los ingresos.
Y como la referencia está desactualizada, se produce un efecto doble. Por un lado, las mediciones de la evolución del poder de compra de los ingresos están afectadas por la subestimación del índice de precios. Y, por otro, la referencia para actualizaciones es inadecuada si se buscase recomponerlo.
Para un Gobierno que toma los ingresos como variable de ajuste sobre el nivel de precios, el ocultamiento sobre su evolución es una herramienta, así que se comprende que haya interés en mantenerlo con sus datos actuales.
Un paneo por la comparación entre ponderaciones pone en evidencia el tema. El IPC actual tiene base en 2016, y la estructura de gastos es la relevada en 2004, pero la actualización más reciente de la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares corresponde al período 2017-2018.
Sin entrar en detalles sobre los bienes y servicios que integran las categorías globales de precios, podemos notar que la que gana más incidencia es la correspondiente a la Vivienda, Agua, Electricidad y Gas, con 5,1 puntos porcentuales más. Al punto tal que pasa de ser la cuarta más relevante en la ponderación actual a la segunda. Transporte, que pasa de segunda a tercera en nivel de incidencia, también gana peso, con 3,3 puntos más. Detrás se encuentran Comunicación, y Recreación y Cultura. Es decir que se trata de una canasta con mayor peso de los servicios.
En contrapartida, los conceptos de bienes pierden relevancia. Alimentos y Bebidas no Alcohólicas sigue siendo el más importante, pero pasa a representar 4,2 puntos menos. Prendas de Vestir y Calzado es el tercero más importante en la estructura que se utiliza actualmente, pero en la ENGHO 2017-2018 pierde 3,1 puntos, y queda en quinto lugar.
Interesantemente, si se tomase la base de 2016, hasta diciembre de 2023 el crecimiento acumulado de los precios es del 3433,2 por ciento. Al hacer una re-elaboración con las ponderaciones de la ENGHO 2017-2018, sería del 3272 por ciento. Es decir que está por debajo. Sin embargo, al comparar abril de 2026 con diciembre de 2023, encontramos que el índice oficial crece 221,61 puntos, contra 239,12 si utilizamos la ponderación actualizada.
Eso se explica porque las categorías que ganan importancia son las que más aumentaron en ese lapso.
La relacionada a Vivienda y Servicios es la que tiene el mayor incremento, con 562,7 puntos. Otras variaciones de importancia son educación, comunicación y transporte.
La serie del salario bruto promedio del sector privado registrado que publica Sistema Integrado Previsional Argentino informa que el valor correspondiente a febrero de 2026 (último disponible), es de 2.048.156 pesos.
Si se extrapolan los valores a diciembre de 2016 utilizando las ponderaciones actuales del IPC, el salario de entonces asciende a 2.282.629 pesos. Si se toman las ponderaciones 2017-2018, sube a 2.290.266 pesos. La pérdida contra febrero sería, respectivamente, del 10,3 y del 10,6%.
Más importante, si en lugar de usar el IPC actual se recurre al reponderado, se observa que el salario decae contra noviembre de 2023, cosa que no ocurre con el IPC original, que da un crecimiento del 3,2%.
La pérdida durante el Gobierno de Javier Milei es de 1 punto y medio. A su vez, se acentúa la distancia con el poder de compra del salario anterior al inicio del Gobierno a partir de 2025.
Si se aplica la diferencia al índice de salarios, que comprende tanto los del sector público como los del sector privado, los resultados son peores.
En diciembre de 2024, los salarios del sector privado revierten la mejora de 0,6 puntos a una pérdida de 3, mientras que la pérdida a febrero de 2026 asciende al 7,9% en comparación con el 3,5 que se obtiene utilizando el IPC original.
La pérdida de los salarios del sector público escala del 15,3% con el índice original al 18,4%, y para febrero de 2026 sube al 22,1%.
La lógica del análisis puede trasladarse a otros ingresos, a sabiendas que, mientras los que remuneran al trabajo se deterioren, lo seguirá haciendo la calidad de la vida de la población.
En ese contexto, no actualizar el IPC es una forma de ocultar los hechos.
A largo plazo, oscurece la magnitud del retroceso, que en gran parte se debe a las mismas políticas que el Gobierno despliega sobre ciertos precios, como es el caso de los servicios públicos. En lo inmediato, es un mecanismo indirecto para obstaculizar resultados favorables para los trabajadores en las negociaciones colectivas.