Hay razones para impulsar un frente federal en defensa de la educación. El federalismo tiene detrás un enorme bagaje histórico y social y la educación es un valor que justifica trascender las identidades partidarias.
Solo quienes necesitan una Argentina-Nación ven en lo educativo un bien innegociable. Los mercados solo necesitan clientes, consumidores y salarios bajos.
El modelo libertario que está asolando nuestro país entiende el espacio vital en el que late la Argentina como un mero territorio para los mercados. Por eso no ha hesitado el Presidente en quitarles a las provincias los recursos provenientes de las ley 26.053, que estableció el incentivo docente, y la 26.075, que garantiza una base de financiamiento educativo.
La filosofía en la que se inspira el modelo liberal libertario no es la de una Argentina entendida como Nación. Es, por el contrario, la resignación a no serlo. La claudicación de lo colectivo y la conversión radical de la dimensión histórica de un pueblo en el mero carácter de gente disponible para el rendimiento y el consumo. Por eso no les interesa que el derecho a la educación cuente con una especial tutela en la Constitución Nacional y la Bonaerense (cfr. art. 14 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y arts. 35, 198. 199 y 200 de la Constitución Provincial), así como también en múltiples instrumentos internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por la Argentina (cfr. arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Esa consagración de la educación en la Carta Magna impone a las autoridades la obligación de satisfacer el derecho a la educación, porque es el que define las oportunidades de desarrollo de las personas.
Es la institucionalidad federal la que debe adoptar la forma de un pronunciamiento político que apunte a corregir la determinación caprichosa y arbitraria del presidente que rehúsa distribuir los recursos previstos en las leyes 25.053 y 26.073.
Por eso impulsamos la constitución de un frente federal en defensa de la educación.
Es en lo federal donde se encuentran las condiciones para reunir voluntades políticas que pongan un dique de contención a los desbordes libertarios empobrecedores.
Dice el diccionario de la Real Academia Española sobre qué es un Estado federal: “Estado compuesto por la unión de distintas unidades territoriales con autonomía política, regidas por una Constitución y dotadas de instituciones comunes a todas ellas, con un Gobierno central que ejerce las competencias atribuidas constitucionalmente”.
Pero para interpretar el significado histórico profundo que representa lo federal en la vida real de los argentinos la semántica no alcanza. Hay detrás un enorme bagaje de experiencias históricas y sociales. Ser federales costó la “sangre de gauchos que no se quería ahorrar”. Porque costó, y mucha, desde antes de la triste cita. Para ser federales hubo que asumir, elaborar y resolver contradicciones y desequilibrios, visiones y prejuicios, temores y esperanzas.
En la federalidad (si se permite la expresión) laten y se armonizan en un equilibrio inestable las tensiones vitales de nuestra Argentina concebida como Nación. Fue en el sistema federal donde los fundadores de la patria, a lo largo de más de una generación, dieron forma a la expresión histórica argentina que necesitaba organizarse para sí y ante el mundo de una cierta manera.
Desde los orígenes mismos de la construcción de la Nación la educación ha sido considerada «un interés vital», y tal interés debe corresponderse con la necesidad de cimentar una sociedad democrática e inteligente.
Es esta contradicción esencial que se dispara por la determinación de Milei de contrariar derechos y valores que encuentran su origen en lo más profundo de nuestra historia la que exige nuevas determinaciones políticas. Son los propios Estados provinciales los que tienen el deber de resignificar su ligazón y compromiso en defensa de la educación. Es la educación, su defensa, la que justifica un acuerdo institucional más allá de las identidades partidarias actuales. El frente federal en defensa de la educación que proponemos es la forma ad hoc que nos permite la democracia para expresar eficazmente desde las distintas geografías de la nación ese acuerdo que atravesó generaciones. Un acuerdo que entendió a los servicios educativos como fundamentales para proyectar a un pueblo.
Interesantísima propuesta, puntapie inicial, al que debiera intentar sumar temas que hacen a la consolidación del Estado Nación, hoy amenazado y objeto de su eliminación según palabras expresadas públicamente por el presidente de la Nación.