El trabajo en el Estado refleja la crisis de la política argentina. Mientras la dirigencia siga creyendo y alentando el mito de los “privilegios”, contribuye a mantener la actividad sumida en la degradación, con la consecuente atrofia de las funciones y las instituciones públicas. Revertirlo es la única forma de reconocer a quienes buscan servir a la nación.
En la disertación que llevó adelante el sábado 22 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, mayormente dedicada a la temática de la educación, Cristina Kirchner hizo una consideración particular.
Sostuvo que para transformar la realidad hay que hacerse cargo de ella, como corolario de la aseveración de que la política de despido de empleados públicos que lleva adelante el Gobierno nacional tiene el beneplácito colectivo. Según ella, los trabajadores del sector privado, independientemente de que trabajen de manera formal o informal, perciben que los del sector público tienen beneficios o “privilegios” a los que ellos no pueden acceder. Como ejemplo, nombró la estabilidad de sus posiciones.
El comentario emergió entre varias consideraciones sobre diseño de la educación pública y los premios al esfuerzo. Ante una situación en la que las limitaciones sobre el presupuesto público para atender a la educación conminan a lidiar con los gastos de funcionamiento y pagar salarios magros, su pertinencia es controvertida.
El discurso tiene la huella de un tenue “giro a la derecha” que comenzó a manifestarse en el año anterior, presente en los dos documentos publicados por CFK, Argentina en su tercera crisis de deuda y Es la economía bimonetaria, estúpido.
El primero incluía entre sus conclusiones un llamado a la reforma de la salud y la educación públicas. En el segundo se refiere a un modelo de Estado sobredimensionado e ineficaz, cuya burocracia provoca rechazo. Al “Estado omnipresente” lo ubica como una de las causas que condujeron al debilitamiento político del peronismo.
La ex Presidenta y Vice no es la única que expresa un pensamiento de este tenor. En todo caso busca hacer una plataforma política en base a un conjunto de ideas que, se supone, fueron desconocidas por las expresiones predominantes en el peronismo.
Pareciera ser que ante el desconcierto sobre cómo diseñar una propuesta política afín con las metas históricas del campo nacional-popular y con potencia penetrativa, se intenta satisfacer las opiniones comunes sobre el orden colectivo y los conceptos económicos, renunciando al análisis teórico y empírico de la situación histórica.
Una falencia, porque es el único medio para alcanzar su superación. Cualquier alternativa que emane de un concepto rectificador sobre las consecuencias de la degradación política recientes sin modificar sus raíces, conlleva su esencia. Por ende, conduce al fracaso.
En el caso de los empleados públicos, son remarcables las implicancias que entraña esta concepción. Lo usual es que los salarios de los trabajadores del Estado sean más bajos que los de quienes desempeñan tareas similares en el sector privado.
La situación se agrava según las jerarquías. Los empleados de la Administración Pública Nacional que no son jerárquicos, pero realizan tareas calificadas que requieren una especialidad técnica, en muchos casos cobran sueldos que en el sector privado podría cobrar personal menos calificado, con responsabilidades de un menor nivel de exigencia.
En el caso de los empleados municipales o provinciales, los sueldos descienden aún más, hasta niveles que dificultan no solamente alcanzar un nivel de vida satisfactorio, sino ya atender a las necesidades más básicas.
Precisar estadísticamente cuáles son las diferencias no es sencillo, debido a la falta de estudios que aborden la cuestión sobre el estado de los salarios en la actividad pública. La descripción anterior surge de la experiencia y los testimonios que se pueden recoger en el tránsito de la actividad laboral.
No obstante, un dato es elocuente. En las situaciones de crisis recientes, el índice de salarios que mide el INDEC dio una variación para los salarios del sector público inferior a la del sector privado registrado. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2023, antes de la devaluación ejecutada por Luis Caputo y Javier Milei, el poder de compra de los salarios del sector público cayó 22,11 puntos, contra 19,3 del sector privado.
Para diciembre de 2024, si se realiza la comparación utilizando el índice de precios al consumidor que mide el INDEC, la pérdida del sector público alcanza 34 puntos frente a noviembre de 2023, mientras que la del sector privado disminuye a 18,8 puntos, recuperando 1,1 puntos.
Recientemente, CIFRA publicó un cálculo de la variación de la capacidad adquisitiva de los salarios entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 readecuada a un IPC con una mayor ponderación de servicios en la canasta, para mejorar su representatividad por su peso en los gastos de los hogares. Los salarios del sector privado pasan de permanecer sin cambios a perder 3,4 puntos. Los del sector público pasan de perder 15,3 puntos a 18,4.
La merma en los salarios del sector público es complementaria de las contrataciones precarias. En una nota publicada en el número del 5 de abril de 2024 en Y ahora qué, Mabel Thwaites Rey se refirió a la cuestión, señalando que durante el Gobierno de Carlos Menem se extendió la contratación por tiempo determinado, en la forma de sustitución de cargos permanentes. Esa característica del empleo público se consolidó durante los años 2000.
Es oportuno recordar dos argumentos de Thwaites Rey:
- Las modalidades de contratación precarias producen dispersión salarial y privan de un horizonte de progreso a los trabajadores del Estado.
- Los concursos, y los mecanismos de permanencia y ascenso de la planta por mérito, no se utilizan ni se perfeccionan. Por el contrario, los cargos ejecutivos suelen cubrirse por medio de la negociación política de acuerdo a la gestión de turno.
Como señala Thwaites Rey, no es que la burocracia sea una corporación sin tensiones ideológicas en las que no tenga que incidir la gestión. Por el contrario: es lógico que una administración tenga una mayor afinidad con sus propios cuadros, incorporándolos en funciones que no necesariamente se limiten a cargos ejecutivos.
Lo objetable, en todo caso, es la falta de continuidad de las políticas, correlativa de una falta de perspectiva de carrera para el personal capacitado o dispuesto a desenvolverla.
El trabajo en el Estado refleja la crisis de la política argentina. Ocurre con el conjunto de la actividad económica y la vida nacional, pero tiene sus propias dificultades. Mientras la dirigencia siga creyendo y alentando el mito de los “privilegios”, contribuye a mantener la actividad sumida en la degradación, con la consecuente atrofia de las funciones y las instituciones públicas.
Sería interesante que en lugar de seguir ese camino, se adopte una postura empática hacia los trabajadores del sector público, revirtiendo una fachada ideológica que enmascara la falta de compromiso con el ejercicio de Gobierno y es funcional a usarlo como variable de ajuste “fácil”. Es la única forma de reconocer a quienes buscan algo tan importante como desempeñarse sirviendo directamente a la nación.
Extrañamos mucho a Cristina. A esa que despidió ante una multitud inédita para un/una presidente saliente, el 9 de diciembre de 2015. Muchos creemos que todo lo hecho, junto a Néstor y hasta esa fecha de despedida, es lo que provoca el odio interminable de la clase dominante que no la va perdonar nunca, como no lo hizo con Juan y Eva Perón. Por más que vire hacia al centro o se vuelva «fiscalista» eso no cambiará. Pero el pueblo si cambia y si cambiará, y buscará nuevos liderazgos, nuevas conducciones y nuevos horizontes. Porque como decía un gran poeta, «la vida no retrocede ni se detiene».