La Comisión de Economía de Diputados, presidida por Julia Strada, reunió el 19 de agosto a científicos, técnicos, trabajadores y especialistas del sector nuclear. El dato que atravesó la audiencia fue la contradicción entre el “renacer nuclear” anunciado por Javier Milei y el deterioro que los expositores describieron en la CNEA, Nucleoeléctrica, el CAREM, la Planta Industrial de Agua Pesada y otros proyectos. Según las cifras presentadas, desde 2023 el presupuesto real de la CNEA cayó un 40 por ciento y el sector perdió 765 puestos de trabajo.
Formalmente fue una reunión informativa de la Comisión de Economía. La convocatoria firmada por la comisión fijó para las 10 de la mañana del miércoles 19 de agosto la discusión sobre “Situación del sector nuclear: implicancias económicas”. La presidenta es Julia Strada, diputada de Unión por la Patria. No participaron legisladores de La Libertad Avanza. Strada abrió la reunión señalando que la ausencia era una muestra del “desinterés” oficial por una actividad que el propio Gobierno presenta como estratégica.
La composición del encuentro también dice algo sobre el conflicto. Hubo investigadores y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitek, CAREM 25, el Instituto Balseiro, INVAP, universidades, la Planta Industrial de Agua Pesada y organizaciones gremiales. No se discutió sólo qué cantidad de electricidad producen Atucha I, Atucha II y Embalse. Se habló del conjunto de actividades que permiten que una central nuclear funcione: diseño, ingeniería, fabricación de combustible, tubos de presión, agua pesada, radioisótopos, regulación, investigación, capacitación y proveedores industriales.
La primera cifra fuerte fue presupuestaria. Según los datos expuestos ante los diputados, entre julio de 2023 y julio de 2026 el presupuesto de la CNEA cayó un 40 por ciento en términos reales y el de la Autoridad Regulatoria Nuclear se redujo un 29 por ciento. Entre noviembre de 2023 y junio de este año desaparecieron 765 puestos de trabajo en el sector, aproximadamente el diez por ciento de la dotación. La CNEA perdió 410 y Nucleoeléctrica, 296.
Ignacio Cortés, del Centro Atómico Bariloche, sintetizó la posición más dura de los expositores: “están desmantelando el plan nuclear argentino”. Rodolfo Kempf, físico e investigador de la CNEA, cuestionó la conducción política del sector. El planteo común fue que el problema no se reduce a una caída del gasto. Cuando se va un especialista formado durante diez o veinte años, su reemplazo no puede contratarse de un día para otro.
El plan de Milei y el otro plan
La paradoja es que Milei no se presenta como un presidente antinuclear. Todo lo contrario.
El 20 de diciembre de 2024 anunció el Plan Nuclear Argentino junto con Demian Reidel y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Dijo que la energía nuclear tendría un “retorno triunfal” y la vinculó especialmente con la energía necesaria para alimentar grandes centros de datos y sistemas de inteligencia artificial. Reidel prometió tecnología argentina y planteó como primera etapa la construcción de un reactor modular pequeño en el complejo Atucha. Después vendrían la explotación de uranio y la exportación de combustible.
El Gobierno reformuló luego ese programa. En mayo de este año el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, presentó cuatro prioridades: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, conservación y desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales y liderazgo regional. También sostuvo que la actividad debe adoptar estructuras capaces de gestionar proyectos, operar instalaciones industriales, comercializar activos e incorporar al sector privado. Para el Gobierno, esa transformación no significa perder soberanía sino convertir las capacidades acumuladas en negocios internacionales.
Esa es precisamente la idea que los especialistas reunidos por Strada pusieron bajo sospecha. Su argumento es que no se puede exportar tecnología nuclear dentro de diez años si hoy se desarman los equipos que saben producirla.
Verónica Robert, doctora en Economía de la UBA, vinculó el problema del CAREM con esa discusión. Su planteo fue que las capacidades científicas y tecnológicas también son un activo económico. Comparó su pérdida con una forma de extracción: además del litio, el cobre, el uranio o el petróleo, un país puede perder conocimiento acumulado si las personas y las tecnologías financiadas durante décadas terminan siendo aprovechadas fuera del sistema público que las creó.
CAREM, el reactor que quedó en el medio
El CAREM es particularmente sensible porque el Gobierno promete ingresar al mercado mundial de reactores modulares, precisamente la tecnología en la que la Argentina ya venía desarrollando un prototipo propio.
El CAREM 25 fue concebido por la CNEA como un pequeño reactor modular de diseño nacional, con una potencia de unos 32 megavatios eléctricos. El objetivo histórico era que no menos del 70 por ciento de los componentes y servicios fueran nacionales. Antes del cambio de gobierno había contratos con decenas de empresas argentinas y la obra civil del edificio del reactor estaba muy avanza
La administración Milei cambió la prioridad. Ramos Napoli explicó a comienzos de 2026 que la construcción del prototipo había sido detenida porque existían, según la conducción oficial, cuestiones de ingeniería que todavía no estaban resueltas y que no correspondía seguir invirtiendo hasta despejarlas. Paralelamente, el Gobierno comenzó a impulsar otro reactor modular, el ACR-300, asociado con INVAP y capital privado.
Esa decisión es uno de los centros del conflicto. Para sus críticos, detener el CAREM cuando ya se pagó buena parte del aprendizaje tecnológico significa abandonar el producto precisamente cuando el mercado mundial empieza a demandarlo. Para el Gobierno, seguir desembolsando fondos sin resolver antes sus problemas técnicos equivaldría a prolongar una inversión sin garantía de viabilidad.
No todo indica, sin embargo, que el CAREM haya desaparecido administrativamente. La Autoridad Regulatoria Nuclear sigue contemplando en 2026 tasas correspondientes a su construcción y licenciamiento y la propia página de la CNEA continúa presentándolo como el prototipo argentino de SMR. Es decir, hay una paralización o redefinición de la obra, pero no una cancelación formal completa del proyecto.
El RA-10 muestra otra contradicción
Algo similar ocurre con el reactor multipropósito RA-10, aunque allí la fotografía es diferente.
Durante la audiencia hubo advertencias sobre el impacto que el recorte presupuestario y la pérdida de personal pueden tener sobre su terminación. El RA-10 es uno de los proyectos más importantes de la CNEA. Servirá para producir radioisótopos médicos, realizar investigación con neutrones, probar materiales y combustibles y producir silicio dopado utilizado por la industria electrónica. La CNEA calcula que podría abastecer hasta el 20 por ciento de la demanda mundial de determinados radioisótopos.
Pero en este caso las propias fuentes oficiales muestran que la obra sigue avanzando. La CNEA informa un progreso global del 85 por ciento, con la obra civil terminada y los ensayos preoperacionales en marcha. Durante 2026 se pusieron en funcionamiento bombas de refrigeración, se realizaron ensayos y en junio llegaron seis toneladas de agua pesada destinadas al tanque reflector. La puesta en marcha había sido prevista para este año.
Por eso sería exagerado decir que el RA-10 está sencillamente cancelado. La advertencia surgida del Congreso es otra: un proyecto puede continuar físicamente y, al mismo tiempo, perder los equipos humanos que luego deben operarlo, desarrollar sus aplicaciones y aprovechar comercialmente sus capacidades.
La planta de agua pesada y el ingreso de privados
Otro capítulo fue la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén. Alejandro Lucastegui, trabajador de la planta, cuestionó que el Gobierno proyecte incorporar una empresa privada sin antecedentes específicos en producción de agua pesada.
La PIAP es propiedad de la CNEA y está gestionada históricamente junto con la provincia de Neuquén a través de ENSI. Está paralizada productivamente desde 2017. En enero el Gobierno anunció que la CNEA se encargaría del mantenimiento y prepararía una licitación para modernizarla y volver a producir.
En mayo, Saesa y Spark Energy Solutions presentaron una iniciativa privada por más de 120 millones de dólares para modernizar y reactivar el complejo. El proyecto apunta tanto al abastecimiento nuclear como a la exportación de agua pesada y estima que la planta podría generar aproximadamente 80 millones de dólares anuales.
Ahí aparece nuevamente la frontera que divide al Gobierno y a buena parte de quienes hablaron en Diputados. Nadie discute que una planta detenida desde hace nueve años necesita inversiones. La discusión es quién aporta ese dinero, quién opera el complejo, quién conserva el conocimiento y qué participación obtiene a cambio quien financia la puesta en marcha.
Lo que se fabrica acá
Martín Javier Iofrida, jefe de proyectos tecnológicos y productivos para la industria nuclear de la CNEA y dirigente de la Asociación de Profesionales de la actividad, utilizó el ejemplo de la tecnología CANDU. La Argentina aprendió a fabricar durante décadas tanto el combustible como componentes críticos de esa tecnología. Esa capacidad, sostuvo, diferencia al país de otros que poseen centrales pero dependen del exterior para mantenerlas.
El argumento es central porque la energía nuclear tiene una característica distinta de muchas otras actividades industriales. El activo no es solamente una central. También lo son los técnicos capaces de diseñarla, los talleres que fabrican componentes de calidad nuclear, las empresas calificadas, los laboratorios, los códigos de ingeniería y las relaciones de confianza construidas entre proveedores.
Si la cadena se interrumpe durante varios años, reconstruirla cuesta mucho más que volver a comprar una máquina.
El negocio de Nucleoeléctrica
La discusión más inmediata es Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.
Andrés Kreiner, investigador superior del Conicet en la CNEA, afirmó en la reunión que Nucleoeléctrica factura habitualmente entre 550 y 700 millones de dólares por año y que el conjunto de la actividad vinculada mueve alrededor de 1.000 millones. Para Kreiner, privatizar parcialmente una empresa de esas características significa transferir un activo rentable construido por el Estado.
La documentación oficial ofrece una imagen algo más compleja. El propio decreto que autorizó la privatización destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 megavatios hora netos y un factor de carga del 73,3 por ciento. Al mismo tiempo, Economía proyectó para 2026 ingresos operativos por 974.354 millones de pesos y gastos por 1,046 billones, con una pérdida operativa estimada en 72.276 millones.
Es decir, la discusión no puede reducirse a afirmar que Nucleoeléctrica “da pérdida” o “da ganancia” sin precisar el año, las centrales disponibles y las inversiones en curso.
El Gobierno fundamenta la incorporación de capital privado en la necesidad de obtener financiamiento para proyectos como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustible gastado de Atucha II. El esquema aprobado establece la venta mediante licitación nacional e internacional del 44 por ciento de las acciones. Otro cinco por ciento irá a un programa de propiedad participada y el Estado conservará el 51 por ciento. No se trata, por lo tanto, de una privatización total.
Para los trabajadores que hablaron ante la comisión, sin embargo, conservar el 51 por ciento formal no resuelve la cuestión. Daniel Durán, trabajador de Atucha, reclamó que antes de vender se determine el valor estratégico de la empresa. La pregunta es cuánto vale una compañía que no sólo produce electricidad sino que concentra cincuenta años de experiencia nuclear argentina.
No todas las empresas están en rojo
La audiencia también cuestionó la idea de que el sistema nuclear sea simplemente una carga presupuestaria.
Dioxitek, por ejemplo, fabrica dióxido de uranio utilizado en los combustibles de las centrales. Su presupuesto oficial para 2026 calcula ingresos operativos por 29.243 millones de pesos, gastos por 18.839 millones y una ganancia operativa de 10.405 millones. Es un dato del propio Ministerio de Economía.
El sector también exporta reactores de investigación, ingeniería, radioisótopos y servicios tecnológicos. La CNEA recuerda que la experiencia argentina permitió vender tecnología nuclear a Australia, Argelia, Egipto, Arabia Saudita y Perú.
Ahí está probablemente la discusión económica más interesante que dejó la convocatoria de Strada.
Milei sostiene que la Argentina debe convertir la energía nuclear en un gran negocio internacional. Los trabajadores y científicos que fueron al Congreso no discutieron esa ambición. En buena medida dijeron exactamente lo mismo: la energía nuclear puede generar exportaciones, dólares, empleos de alta calificación y autonomía energética.
La diferencia está en cómo llegar hasta ahí.
El Gobierno pretende reorganizar organismos, introducir criterios comerciales, seleccionar proyectos según su rentabilidad e incorporar capital privado. Sus críticos responden que ese modelo corre el riesgo de utilizar setenta años de inversión pública para crear negocios privados después de reducir el presupuesto, debilitar a los organismos que generaron el conocimiento y dejar inconclusos desarrollos en los que el Estado ya invirtió centenares de millones de dólares.
La audiencia del 19 de agosto dejó entonces una paradoja. Nunca hubo tanto discurso oficial sobre el futuro nuclear y, al mismo tiempo, tantos científicos y técnicos advirtiendo que se están perdiendo las capacidades necesarias para construirlo.