En medio del oxígeno de cierto apoyo social que todavía alimenta a Milei, dos temas le hacen mella: la universidad pública y el consenso logrado en 40 años en torno de la condena a la dictadura y sus crímenes. La media sanción de una ley sobre presupuesto universitario y el castigo de la Iglesia al sacerdote lefebvrista y prodictatorial Javier Olivera Ravasi, cercano a La Libertad Avanza y promotor del acercamiento de diputados libertarios a Alfredo Astiz, parecen confirmar esa tendencia.
Su Excelencia tiene suerte, pero quizás no tanta. Mientras la Justicia exhibe todas las miserias de la condición humana, tal como expone en esta edición de Y ahora qué Rafael Prieto al tratar el Caso Alberto Fernández, hay dos hechos que sirven para mostrar una persistencia subterránea que no logró alterar el Presidente Javier Milei. Uno es el voto en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto universitario. Otro, la decisión de la Iglesia católica de quitarle al sacerdote lefebvrista Javier Olivera Ravasi la chance de seguir en una iglesia de Zárate.
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La votación sobre el presupuesto de las universidades públicas se produjo en medio de una maratón donde las fuerzas se alinearon de manera diversa según el tema. Unión por la Patria no dio quorum para discutir la situación de Venezuela. Al estilo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en principio deja de lado las diferencias internas dentro del bloque hasta que la Justicia venezolana resuelva el entuerto de las últimas elecciones, en la que los dos contendientes se adjudican el triunfo. Ni los radicales ni el PRO, y naturalmente tampoco los legisladores de La Libertad Avanza, se sumaron al proyecto de Unión por la Patria de expulsar a los diputados y diputadas que visitaron en la cárcel a los peores criminales de la historia argentina como Alfredo Astiz. En todo caso queda en pie la discusión sobre una comisión investigadora acerca de la conducta de quienes fueron solidarios con los asesinos, pero eso ya se verá. Tampoco hubo unanimidad en la mega sesión que empezó el miércoles y terminó el jueves, tras casi 24 horas seguidas, sobre el alcance de la ampliación de los datos genéticos ya no solo para delitos sexuales sino para todo tipo de crímenes. Otro de los proyectos sin acuerdo, en el que se impuso una mayoría de LLA-PRO contra Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal, encabezado en ese caso por Nicolás Massot, fue el intento de invalidar el decreto de necesidad y urgencia que le otorgó cien mil millones de pesos en materia de gastos reservados a la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado de Su Excelencia. Al mismo tiempo quedó aprobada por 131 votos contra 95 la media sanción de la declaración de la educación como un “servicio estratégico esencial”. Eduardo Finocchiaro, del PRO, impulsor del proyecto, justificó la limitación del derecho de huelga, aunque por supuesto no lo dijo así, en la necesidad de garantizar 180 días de clase. Desde Unión por la Patria y los gremios de la educación respondieron que el Gobierno debería ser consistente con la definición del carácter esencial y estratégico devolviendo el Fondo de Incentivo Docente, que bajó los salarios hasta en un 20 por ciento en varias jurisdicciones.
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La UCR y Unión por la Patria (todos zurdos, dirían Su Excelencia y su vocero) fueron la base para articular el proyecto universitario que alcanzó media sanción en la Cámara de Diputados. Si el Senado le da su media sanción y Su Excelencia la promulga en lugar de vetarla, la nueva ley regiría para todo el 2024 y establecería lo siguiente:
*La Presidencia deberá actualizar las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.
*El Ejecutivo deberá actualizar retroactivamente, al 1° de enero último, “el monto de los gastos de funcionamiento”, incluyendo a los hospitales universitarios, las actividades de ciencia y técnica y la extensión.
*La actualización en todo el año deberá ser bimestral siguiendo el índice de precios al consumidor del Indec.
*Se pide al Ejecutivo que recomponga los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional “a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec”.
*Durante el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024 el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec”, salvo que las paritarias lleguen a un acuerdo superador.
*Funcionarán mecanismos de evaluación por acuerdo entre el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores.
*La Auditoría General de La Nación realizará su trabajo, y lo remitirá al Congreso.
*Se ampliarán de manera anual y progresiva el monto y el número de beneficiarios de becas estudiantiles.
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Además del desafío universitario, congruente con las enormes marchas nacionales del 23 de abril último, Su Excelencia recibió otro golpe por debajo de la línea de flotación de la coalición de gobierno pivoteada por el propio Presidente y su vice, Victoria Villarruel. La Iglesia católica le ordenó al sacerdote Javier Olivera Ravasi que no podrá ejercer más su labor en la diócesis de Zárate y Campana. Ahora, entonces, está obligado a volver a su lugar de origen, San Rafael, donde está encardinado, para usar el lenguaje canónico. ¿Conchabado? ¿Registrado? Que cada quien traduzca lo que quiera. Lo que importa es ver qué hay en San Rafael, Mendoza. El periodista especializado Washington Uranga viene detallando en los últimos días que los mensajes del cura “entran en permanente contradicción tanto con el magisterio como con las manifestaciones del Papa Francisco como con las orientaciones de la jerarquía católica local”. Y agregó Uranga: “Hace ostentación de su condición sacerdotal para operar a favor de la ultraderecha y el negacionismo político”.
Nacido el 12 de septiembre de 1977 en San Juan, es hijo de Jorge Olivera, un oficial que cumple condena por delitos de lesa humanidad. Informó Uranga que Olivera Ravasi estudió en el Instituto del Verbo Encarnado, justamente en San Rafael, que es “una institución cuestionada e intervenida por el Papa Francisco”. El fundador del Verbo Encarnado, ya fallecido, había sido suspendido en 2010 tras la condena por abusos sentenciada por la justicia canónica de la propia Iglesia.
Los sacerdotes de San Rafael, donde tienen una base de operaciones con dinero y gran poder en materia de comunicaciones, siguen la doctrina de Marcel Lefebvre, también ya fallecido, un sacerdote francés que se opuso a Juan XXIII y Pablo VI por la renovación producida en la Iglesia con el Concilio Vaticano II de los primeros años ’60.
Lefebvre no sólo se obsesionó con seguir dando la misa en latín y de espalda a los fieles, en contraposición a lo modificado por el Concilio, sino que fue un importante sostén espiritual de las dictaduras militares de Sudamérica.
Lefebvre apoyó la dictadura de Augusto Pinochet y dijo que el cardenal primado de Santiago de Chile, Raúl Silva Enríquez, un respaldo clave de la Vicaría de la Solidaridad en materia de derechos humanos, cumplía una función “diabólica”.
En la Argentina también se entrevistó con los jefes de la dictadura y con los vicarios castrenses que, en esa dictadura, fueron el nervio que santificaba la tortura como forma de castigo o de recolección de información de inteligencia. El más importante de esos vicarios, Adolfo Tortolo.
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Olivera Ravasi no es un eslabón suelto.
Por un lado, que se haya establecido en Zárate no es casual. Allí funciona la base donde, antes de su procesamiento y condena, atendía Alfredo Astiz como si fuera una oficina privada.
Que la Iglesia le haya quitado el permiso de residir en Zárate, por eso, tampoco es una casualidad sino una decisión informada y meditada.
Y también es un dato que Olivera Ravasi fue el nexo o directamente quien lideró el acercamiento entre un grupo de diputados libertarios y los condenados por los peores crímenes de la Argentina.
No alcanza con que la diputada Lilia Lemoine diga “ni en pedo yo hubiera ido a visitar a Astiz” o “tengo las bolas llenas con el tema”. La base de LLA es la alianza entre Milei y Villarruel, que juntos fueron elegidos diputados en 2021 y juntos fueron la fórmula vencedora en 2023. Si forman parte de un equipo y coordinan cada jugada, para no perder el favor de la llamada “familia militar”, que representa votos militares y policiales, o si tienen diferencias reales, es cosa que sólo pueden mostrar los hechos concretos.
Mientras tanto, como en cualquier espacio político, a menos que rompa la alianza cada cual carga con su cruz. Que en este caso, parece, pesa toneladas y toneladas de costo político.