En los Estados Unidos crece la resistencia a los gigantescos centros de datos. La población los rechaza por su consumo de electricidad y agua, el ruido, la contaminación y el costo de la infraestructura. Ahí está la explicación de por qué el Gobierno de Javier Milei busca convertir a la Argentina en uno de sus destinos privilegiados. El RIGI primero y el proyecto de Súper RIGI ahora ofrecen beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios extraordinarios para atraer inversiones en inteligencia artificial y data centers. La discusión remite a una vieja relación entre países: centro y periferia.
Sí, es verdad que existen los algoritmos, las nubes y los datos. Pero no juegan en una dimensión intangible. Como antes, en la prehistoria, con el software y el hardware, detrás de cada pregunta que uno le escriba a la inteligencia artificial hay servidores, procesadores, sistemas de refrigeración, tendidos eléctricos de magnitud colosal (perdón, Sturzenegger) y edificios que funcionan las 24 horas. O sea, fierros y negocios.
Tantos elementos terrenales comenzaron a provocar en los Estados Unidos una reacción política que hace apenas algunos años parecía imposible. Donald Trump impulsa la expansión de los centros de datos como una pieza central de la competencia tecnológica con China. Las empresas continúan anunciando inversiones gigantescas. Pero en numerosos Estados y ciudades apareció, y crece, una resistencia transversal que atraviesa las fronteras partidarias.
Una encuesta Reuters/Ipsos indicó el punto exacto de esa resistencia:
*Sólo alrededor de un tercio de los norteamericanos respalda el actual ritmo de construcción de centros de datos.
*Apenas el 14 por ciento dice que aceptaría un centro en su propia comunidad.
El fenómeno se expandió tanto que ya entró incluso en las campañas electorales de Estados como Ohio, Nevada, Texas y Wisconsin. Su Excelencia el Presidente Milei debería tomar en cuenta que Trump está debilitado, con el 66 por ciento de apoyo según Reuters, y que parte de esa debilidad es por las granjas de datos. Junto a los factores principales, como la inflación y la guerra en Irán, inciden en su contra de aquí a las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre, cuando se renovará un tercio del Senado y toda la Cámara de Diputados.
No se trata de una reacción basada solamente en temores abstractos.
Los data centers consumieron en 2023 aproximadamente 176 teravatios hora de electricidad en los Estados Unidos. Representaron el 4,4 por ciento de todo el consumo eléctrico del país.
El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó después que podrían absorber entre el 9,5 y el 15,3 por ciento de toda la electricidad estadounidense en 2030. El escenario central de su último estudio los ubica en el 11,8 por ciento.
Es que una instalación de inteligencia artificial no es una fábrica cualquiera. Los servidores funcionan permanentemente y buena parte de la energía que consumen termina convertida en calor. Hay que extraer ese calor. Y para hacerlo se necesita más electricidad o agua.
El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense calcula que un centro de datos de 100 megavatios puede consumir directamente una cantidad de agua equivalente a la utilizada por unas 2.600 viviendas. Todo depende del sistema de refrigeración.
En The Dalles, Oregon, se llegó a comprobar que los centros de Google absorbían cerca del 30 por ciento del consumo de agua de la ciudad.
Por eso las protestas abarcan preguntas muy concretas. ¿De dónde saldrá la electricidad? ¿Quién va a construir las nuevas líneas de transmisión? ¿Quién las pagará? ¿La llegada de un gigantesco consumidor industrial hará subir las tarifas de mi casa? ¿Cuánta agua necesitarán para refrigeración? ¿Competirán con mi consumo hogareño o con el riego de mi rancho? ¿Qué pasará con el ruido permanente de los sistemas de refrigeración y los generadores de emergencia? ¿Y qué nivel de contaminación van a producir esos generadores? Como, además, está la realidad de la IA en su costado Pac-man, ¿cuántos empleos decentes van a quedar después de terminada la construcción?
Estados que comenzaron a decir basta
El caso más espectacular es Nueva York. El 14 de julio, la gobernadora demócrata Kathy Hochul estableció una moratoria de un año para nuevos centros de datos de escala hipergigante mientras el Estado diseña un nuevo régimen regulatorio.
La orden suspende permisos ambientales y busca determinar, entre otras cuestiones, cómo impedir que los usuarios hogareños terminen financiando con el alza de tarifas las nuevas redes eléctricas necesarias para alimentar estas instalaciones.
Precisamente, Hochul justificó la decisión por el riesgo de mayores tarifas, la presión sobre los recursos naturales y las posibles consecuencias negativas para las comunidades. También anunció que buscará eliminar exenciones impositivas concedidas a estos megaproyectos. Muchacha práctica.
Texas ofrece un ejemplo todavía más significativo. Es uno de los Estados tradicionalmente más favorables a las grandes inversiones privadas. El republicano Greg Abbott ordenó a comienzos de agosto detener las aprobaciones de nuevas conexiones de centros de datos mientras se realiza una auditoría. Otro muchacho práctico, Abbott, porque avanza en las encuestas el candidato a senador James Talarico, un demócrata sub-40 que quiere gastar más en educación y tasar a los ultrarricos.
La dimensión del problema es impresionante. Cerca del 90 por ciento de los 474 gigavatios de nueva demanda eléctrica que estaban en estudio en Texas correspondía a proyectos de data centers. Es más de cinco veces la demanda máxima actual de electricidad del Estado. Abbott no tuvo más remedio que dar la orden de investigar todo. Todo significa consumo, requerimiento de agua, subsidios y exenciones impositivas actuales y probable impacto sobre la red pública. “Los texanos primero”, dice el republicano Abbott.
Pennsylvania acaba de seguir un camino parecido. El gobernador Josh Shapiro eliminó los centros de datos del régimen acelerado de permisos, prohibió que las agencias estatales firmen acuerdos de confidencialidad con los desarrolladores y estableció mayores exigencias ambientales y de transparencia. Los proyectos deberán demostrar que no trasladarán sus costos eléctricos a los consumidores y necesitarán aceptación de las comunidades donde pretendan instalarse.
En Indianapolis, después de meses de movilizaciones vecinales, el Concejo votó por 23 a 1 una moratoria para nuevos proyectos hasta fines de 2027. Pobre ese uno. Igual que en Texas, las protestas incluyen el consumo eléctrico, el agua, el ruido, la contaminación y la cercanía de algunos proyectos con viviendas y escuelas.
Incluso Virginia, donde se encuentra la mayor concentración mundial de centros de datos, comenzó a encontrarse con los límites físicos del crecimiento. Un estudio oficial alertó sobre el descenso de las reservas de agua subterránea y recomendó controles mucho más estrictos. Para ciertas zonas del Estado, advierte la investigación que nuevos proyectos que dependan de refrigeración evaporativa difícilmente puedan abastecerse de acuíferos de manera sustentable.
No hay, entonces, unos Estados Unidos que hayan decidido prescindir de los data centers. La formulación debería ser más casera: los Estados Unidos quieren seguir dominando la inteligencia artificial pero una cantidad creciente de estadounidenses detesta pagar, en los distintos sentidos del término, todos los costos materiales de esa dominación tecnológica.
La Argentina abre las puertas
Mientras eso sucede en el Norte, el Gobierno argentino va exactamente en sentido contrario.
El Presidente Javier Milei convirtió la inteligencia artificial en una de las piezas de su relación política y económica con Silicon Valley. El Gobierno insiste en que la Argentina puede aprovechar su disponibilidad territorial, sus recursos energéticos y las bajas temperaturas de determinadas regiones para convertirse en un gran centro internacional de procesamiento de datos. Suelen decirlo Su Excelencia, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, éste último mientras estira el anuncio del plazo en que terminará el valle de lágrimas y llegará el paraíso.
En octubre de 2025 se anunció Stargate Argentina. OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para estudiar un proyecto de hasta 25.000 millones de dólares y 500 megavatios de capacidad. No se trata todavía de una inversión concretada de OpenAI. Es una iniciativa encabezada por Sur Energy en la que OpenAI actuaría como cliente principal si el proyecto se materializa. Pero el Gobierno presentó el anuncio como una demostración de la posibilidad de transformar a la Argentina en un polo latinoamericano de infraestructura para inteligencia artificial.
Quinientos megavatios permiten entender de qué escala estamos hablando. No es un galpón lleno de computadoras, como caricaturizan, para hacer digerible cada proyecto, los funcionarios de Carajo. Se trata de una instalación con una demanda eléctrica comparable con la de una ciudad importante y que necesita energía continua durante las 24 horas.
El primer instrumento ofrecido fue el RIGI, el régimen de grandes inversiones que en verdad es un régimen de grandes beneficios impositivos y de remesa de divisas, sin obligación alguna de desarrollar industrias y proveedores locales.
En mayo de este año Caputo anunció el Súper RIGI. Lo presentó como un régimen destinado a actividades que todavía no existen o tienen un desarrollo experimental en la Argentina. El propio Gobierno incluyó entre sus objetivos la inteligencia artificial y los centros de datos.
La Cámara de Diputados lo aprobó el 24 de junio y el proyecto está actualmente en tratamiento en el Senado, donde las comisiones comenzaron a discutirlo el 5 de agosto y recibieron después a funcionarios del Ministerio de Economía.
Las ventajas del Súper Rigi son súper extraordinarias.
Para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, el proyecto reduce la alícuota de Ganancias al 15 por ciento, frente al 35 por ciento del régimen general. Establece exenciones para las importaciones vinculadas al proyecto, elimina derechos de exportación desde el comienzo, acelera la libre disponibilidad de divisas y ofrece estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años.
Es decir que cuando Nueva York analiza retirar exenciones impositivas a los data centers, la Argentina propone aumentarlas. El alineamiento de Su Excelencia no es con todos los Estados Unidos, como proclama, sino con quienes buscan un negocio fácil en la Argentina.
Cuando Texas obliga a informar cuánta electricidad y agua consumirán, la Argentina construye un régimen cuya principal preocupación es ofrecer estabilidad a los inversores.
Mientras Pennsylvania exige aprobación de las comunidades locales, Milei ofrece estabilidad normativa durante tres décadas.
Si las ciudades estadounidenses establecen moratorias para suspender el juego y estudiar mientras tanto las consecuencias sobre el agua, la electricidad y el territorio, una suerte de VAR político, la Argentina presenta la ausencia de regulación como una ventaja competitiva. Y ahí está el asunto: ¿para quién?
Centro y periferia en la era digital
Como sucede con cualquier debate tecnológico, el asunto es qué lugar ocupará la Argentina dentro de esa nueva división internacional del trabajo.
Una posibilidad consiste en desarrollar capacidad científica propia, formar investigadores, producir tecnología, construir empresas nacionales, retener propiedad intelectual, utilizar la inteligencia artificial para aumentar la productividad y participar de la renta que genera. Lo que el investigador Jorge Zaccagnini llama tecnologías convenientes.
Otra variante consiste simplemente en ofrecer territorio, energía barata, agua, beneficios fiscales, libre disponibilidad de divisas y estabilidad normativa para que las grandes corporaciones globales instalen aquí la infraestructura que necesitan.
En el primer caso hay una política tecnológica con sentido nacional.
En el segundo caso puede haber simplemente una nueva economía de enclave. El Brasil de los siglos XVI en adelante, la América central de la United Fruit o la región de África que a ustedes se les ocurra. Y si no se les ocurre ninguna, lean El sueño del celta de Mario Vargas Llosa, la novela ambientada en el Congo bajo el dominio belga.
La relación centro-periferia descripta durante décadas para las materias primas puede reproducirse ahora en versión digital. El centro conserva el capital, los procesadores avanzados, los modelos de inteligencia artificial, las patentes, las plataformas, los clientes y la mayor parte de la renta. La periferia aporta tierra, energía, agua y ventajas fiscales.
La paradoja es notable. Su Excelencia dice que los centros de datos representan el futuro porque procesan inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista de la división internacional del trabajo pueden reproducir una estructura tan antigua como las minas de plata del Potosí colonial.
Hay además otro elemento, que como quedó claro es parte de la discusión en los Estados Unidos. Los data centers generan empleo durante su construcción, pero una vez terminados se convierten en instalaciones intensivas en capital y tecnología, no en trabajadores. Precisamente su atractivo económico para las empresas consiste en que miles de millones de dólares de equipamiento pueden funcionar con planteles permanentes muy reducidos. De allí que cualquier evaluación seria deba comparar los beneficios fiscales concedidos, la infraestructura pública requerida y los recursos consumidos con el empleo y el valor agregado que realmente permanecerán en el país. No es un juego de suma cero. Hay quienes ganan (mucho y rápido) y quienes pierden, quizás para siempre.
Del basurero nuclear al basurero digital
Un data center no es un depósito de residuos radiactivos y sus riesgos son completamente diferentes.
Tampoco es un basurero nuclear.
Pero existe una geopolítica comparable.
Durante décadas, una de las discusiones de la relación entre países centrales y periféricos fue quién se quedaba con los beneficios de determinadas actividades y quién recibía sus costos ambientales. Los países desarrollados aprendieron antes que nadie que determinadas instalaciones generan resistencias enormes cuando deben localizarse cerca de poblaciones capaces de organizarse, reclamar información y exigir controles.
Es el fenómeno conocido con la sigla NIMBY: not in my backyard. Todo ok, baby, siempre que no lo pongas en el patio de mi casa.
Por eso la minería en Canadá tiene menor rentabilidad y condiciones más estrictas que en Perú. Las empresas son las mismas, pero los Estados tienen niveles diferentes de fortaleza regulatoria.
Ahora sucede algo parecido con una parte de la infraestructura digital.
Los Estados Unidos no están renunciando a la inteligencia artificial. Muy por el contrario, quieren controlarla. No están renunciando a OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon o Nvidia. Buscan que esas empresas sean cada vez más poderosas y les ganen a cualquier desarrollo chino.
La cuestión, otra vez, es quién paga. Y justamente cuando esa discusión se intensifica en el centro del sistema, la Argentina de Milei levanta la mano.
En serio: acepten el consejo y lean El sueño del celta.