El 24 de marzo de 2025 será recordado como un Día de la Memoria trascendente por las impresionantes marchas masivas que a lo largo y a lo ancho del país fueron la respuesta popular y pacífica a un gobierno que pretende disputar el sentido de los hechos más oscuros de la historia reciente. En la calle estuvieron toda la Memoria, la Verdad y la Justicia, la completa de verdad y al margen de la teoría de los dos demonios a la cual apela también el gobierno y difunde como parte de su batalla cultural.
Las vísperas del Día de la Memoria-2025 fueron pródigas en avanzadas y provocaciones del equipo gobernante y sus Fuerzas del Cielo, con escenas de violencia callejera parecidas a las de fines de 2001, y decisiones políticas destinadas a condicionar severamente el futuro de los argentinos. Es destacable que el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, puesto a dar sus primeros pasos merced a un decreto presidencial módico hasta la temeridad, carente de importe, plazos y condiciones pero aprobado en principio merced a las dotes adivinatorias de 129 diputados que se impusieron a los 108 diputados y seis indecisos que “no la vieron”, no es precisamente un buen negocio para la inmensa mayoría de los argentinos. En efecto, se argumenta que a fin de mejorar las cuentas del Banco Central (el mismo que Milei proponía incendiar durante la campaña que lo llevó a la Presidencia) se intercambiarán deudas en pesos que actualmente vinculan a la Tesorería y el Central con una tasa anual del 1 por ciento, por un endeudamiento en dólares con el FMI, con una tasa que casi la sextuplica.
La verdadera necesidad del decreto tendría que ver con el arribo a las próximas elecciones con “la macro” más o menos presentable, y la urgencia vendría dada por recuperar alguna capacidad de fuego para que el dólar se mantenga según lo previsto (y deseado) hasta ese momento, y eventualmente no fogonee tensiones inflacionarias. Además, se lo mire por donde se lo mire, lo aprobado por los 129 diputados clarividentes carece de necesidad y urgencia, y manteniendo plena vigencia el segundo artículo de la Ley 27612 (de Fortalecimiento de la Deuda Pública) sancionada a fines de 2021, lo que se haga al respecto por el procedimiento elegido será ilegal.
Mientras la movilización de cada miércoles de los jubilados ponía en riesgo nuevamente la continuidad del sistema democrático argentino (dadas las vinculaciones subterráneas de nutridos contingentes de hombres y mujeres de la tercera edad con un complot desestabilizador, de acuerdo con la exótica apreciación de los libertarios), y mientras la cada vez menos luminosa y carismática ministra de Seguridad hacía del Congreso una suerte de burbuja fuera del tiempo histórico y del espacio, los diputados que votaron favorablemente (y descontando un Senado manso y tranquilo) cedían en cabeza del Ejecutivo la potestad de tramitar con el Fondo Monetario Internacional un Extended Fund Facility por 20.000 a 25.000 millones de dólares, a diez años con cuatro y medio de gracia, recursos con los cuales se renovarían vencimientos de deuda con el propio FMI, y también se recomprarían Letras Intrasferibles emitidas en su momento por el Ministerio de Economía, y que posee actualmente el Banco Central.
En ese marco, y poco antes de la masiva marcha del 24 de marzo por el 49° aniversario del golpe militar de 1976, Demien Reidel, otro de los empoderados graciosos y por méritos intelectuales propios que secundan al presidente Milei dijo, en una reunión con empresarios y potenciales inversores (en la tercera edición del Latam Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas) que para desplegar un importantísimo polo de Inteligencia Artificial se dan en el país inmejorables condiciones. En efecto, aseguró Reidel: “Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua. Estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos.”
No fueron palabras felices en boca de quien hace un año comandaba el cuerpo de asesores económicos del Presidente Milei, y desde mediados de 2024 fue nombrado en la jefatura del Gabinete de Asesores. Físico graduado en el Instituto Balseiro, máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago, doctor en Economía por Harvard, trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y dueño de un fondo de inversión en EEUU que en su momento debió cerrar sus puertas, aquí fue vicepresidente segundo de Sturzenegger en el BCRA durante el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, motivo por el cual desde el kirchnerismo se lo responsabilizó por la fuga de capitales característica de aquella etapa.
Pero el hombre es un gran entusiasta de la Inteligencia Artificial, y se convirtió por sus antecedentes y dotes personales en el mejor nuevo amigo de Milei. Según fuentes cercanas al círculo intimo del poder en la Argentina, comparte noches enteras en ayunas y discutiendo cuestiones técnicas y tecnológicas con el Presidente, quien acepta sus opiniones y adopta de manera creciente sus proyectos, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de reformular y recalcular la totalidad de las Ciencias Económicas a nivel planetario. De ahí que palabras como las referidas a que el problema de la Argentina deriva de estar poblada por argentinos ni siquiera suenan como una broma de mal gusto, sobre todo porque además completó la idea cuando aseguró (sin explicar cómo) que “esta es una de las cosas que hemos arreglado”.
Después debió excusarse, pero el haber pronunciado una vieja idea tributaria del más rancio conservadurismo lo ubicó en el lugar de quienes todavía exclaman a los gritos, en una reunión social con gente de pro, cuánto mejor hubiera sido el destino de estas tierras si los ingleses hubieran ganado las invasiones, allá por 1806 y 1807. Un lugar incómodo, especialmente para que lo ocupe un muy alto funcionario de un Estado que, pese a la intención oficial de volverlo un montón de escombros en el menor tiempo posible, todavía tiene cierta entidad que trasciende lo meramente nominal. Y hubo reacciones diversas, por supuesto, y hasta quien fuera el primer armador político de La Libertad Avanza en CABA y luego se alejara intempestivamente, el joven legislador Eugenio Casielles, pidió en términos muy duros la renuncia inmediata de Reidel. Además Casielles advirtió que sería muy riesgoso que Reidel, a cargo del plan nuclear lanzado por el gobierno en 2024 con miras al desarrollo del sector para abastecer un hub de Inteligencia Artificial, continuara manejando la correspondiente información estratégica.
Los hechos no daban tregua, aunque fueran desencadenados por las propias autoridades y las Fuerzas del Cielo. Con los primeros minutos del 24 de marzo, sin embargo, luego de un par de semanas durante las cuales el oficialismo reprimió salvajemente los reclamos de los jubilados y convirtió al Congreso en una cápsula hermética donde cosechar algunos triunfos como la aprobación del decreto de necesidad y urgencia para negociar un nuevo acuerdo con el FMI, se difundieron un extenso video narrado por el filósofo del régimen, Agustín Laje, con la intención de “contar la historia completa”, y otro con anuncios del vocero Adorni. Respecto del sostén ideológico, bastante discutible por cierto, Laje dijo en el video que una vez restaurada la democracia se había dado un proceso de destrucción de la verdad histórica (sic), y que en las escuelas se enseñó un relato maniqueo y reduccionista, se adoctrinó al alumnado en la teoría del demonio único, etcétera.
Muy autorreferencial, contó su lucha por hallar otra explicación de los hechos que se dieron en el marco de la Guerra Fría entre los EE.UU. y la ex URSS, y se refirió al surgimiento de “organizaciones terroristas” en toda América Latina, destacando a los Montoneros y el ERP en la República Argentina, que habrían llegado a sumar 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Luego trató de sintetizar el concepto de “guerra revolucionaria” y su alcance y despliegue, las “atrocidades” cometidas por las organizaciones guerrilleras aun durante gobiernos democráticos, las respuestas represivas de dichos gobiernos, la intencionalidad política de la posterior teoría del demonio único, los presuntos negocios y negociados cometidos por los organismos de derechos humanos a partir de la restauración democrática, etcétera. Nada nuevo, y ni siquiera mejorado para difundirlo en las horas previas a las movilizaciones que superaron en número y calidad a las de los años anteriores. Hubo breves menciones del genocidio planificado y realizado por la dictadura, incluso críticas con cierto énfasis (pero muy sintéticas) al terrorismo de Estado, y luego las denuncias y desmentidas sobre el costo de la intervención de Laje, sobre cuánto habría cobrado para realizar ese video, etcétera.
Por su parte el vocero Manuel Adorni salió al ruedo y dijo en un mensaje grabado que el presidente Javier Milei instruyó la desclasificación total de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 y 1983, así como cualquier otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de dichas fuerzas. Intentó dotar de dramatismo a la cuestión y dijo: “Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta.” Y agregó que la documentación fue utilizada como un botín de guerra, motivo por el cual el Presidente dispuso que esté al servicio de la memoria y no de la manipulación política, y ordenara el traspaso “absoluto” de los archivos vinculados a la dictadura desde la SIDE al Archivo General de la Nación. El anuncio mereció críticas desde la oposición porque, como dijo la diputada Myriam Bregman, “lo que siempre reclamamos quienes luchamos contra la impunidad es la apertura de los Archivos de la Represión, no un revoleo de documentación cualquiera para justificar la impunidad de los genocidas”. Además hubo quienes plantearon que, merced a la aplicación de la motosierra en áreas estatales como el Archivo Nacional de la Memoria, no se darían las condiciones como para catalogar estos materiales y volverlos accesibles a los investigadores.
En otro orden el vocero presidencial anunció que el gobierno califica como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra el capitán Humberto Viola y su familia, en el cual perdieron la vida el militar y una hija de tres años, y fuera gravemente herida otra hija, María Fernanda Viola. La decisión oficial implica un giro político copernicano en la materia porque en 2022 el gobierno encabezado por Alberto Fernández, como antes lo hiciera Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aquel atentado criminal perpetrado por el ERP no constituía un delito de lesa humanidad, y era en consecuencia prescriptible. Ahora, como expresó en una carta María Fernanda Viola, la hija superviviente de la emboscada realizada por el ERP, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-, 1217-16 “María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei “ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada (…) el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”.
El vocero presidencial sirvió de caja de resonancia de los principales conceptos volcados en la carta de Fernanda María Viola, haciéndose eco del compromiso de mandar al Congreso “un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”. Esa es una de las cuestiones de fondo, dado que si bien se considere absolutamente condenable el accionar del ERP en ocasión de emboscar al capitán Viola y su familia (condenable y, desde muchos puntos de vista, repugnante) lo cierto es que también abundan los especialistas en estas cuestiones que no lo consideran un delito de lesa humanidad, y entonces no corresponda considerarlo imprescriptible. Además la hija del capitán Viola aseguró en su carta que “homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”. Estas últimas palabras no pueden menos que ser vinculadas a las referidas a los padecimientos propios y de otras madres y familiares que debieron vivir situaciones por el estilo: “Sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia, y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.”
