Frente a la hegemonía financiera, el RIGI y la ilusión de un desarrollo basado en exportaciones primarias, el capital extranjero sólo sirve al desarrollo nacional si se subordina a prioridades productivas capaces de generar trabajo, salarios dignos, industrialización e integración social.
Los viejos liberales puros de los siglos XIX y XX, generalmente intelectuales de biblioteca, con gran prestigio y poca inserción en la vida política real, abominaban de cualquier intervención del Estado que creara condiciones favorables para una o varias actividades productivas o de intercambio.
Cuanto más se empecinaron esos presuntos visionarios en sostener los principios de la libre competencia, más se aislaron de las circunstancias específicas en que se desenvolvieron diversos países del mundo. Y este es también, lamentablemente, el caso argentino.
Esos “doctrinarios” pontificaban en abstracto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada nación, su dotación de recursos, los cambios en la tecnología o las preferencias de los consumidores, entre muchas otras variables. Han tenido, eso sí, seguidores interesados en rapaces procedimientos para enriquecerse ellos a costa de otros.
Aquellos viejos y eruditos profesores habían quedado como piezas de museo, casi una curiosidad para el estudio del pensamiento económico, hasta que, por efecto de la concentración mundial de la economía y de las consecuencias que ese fenómeno ineluctable establece, su prédica liberalizadora reapareció remozada y está teniendo un momento de gloria.
No ha sido una restauración genuina, sino una gigantesca coartada con que se autojustifica el capital concentrado a escala mundial cuando reclama políticas que refuercen su predominio sobre el mercado, concepto mitificado como pocos en la historia del conocimiento humano.
Lo que antes fue un estado idealizado de interacción entre los protagonistas de la producción y el intercambio volvió como máscara o farsa en la manipulación de las variables intervinientes dentro de cada realidad social concreta, convirtiendo la hegemonía y las nuevas formas de explotación del esfuerzo individual en una “normalidad” que no tiene nada de equilibrio ni de juego limpio entre los concurrentes y protagonistas de la vida material de los pueblos.
En esta situación, las finanzas ganan sobre el resto de las actividades económicas al constituirse en las administradoras de la moneda, o sea, la herramienta que hace posible la fluidez del intercambio al establecer un precio conveniente para los bienes y, con ello, unificar y medir las transacciones.
Por algo, en la Alta Edad Media y en los albores de la era moderna, entre los debates filosóficos principales se reflexionaba en torno de la moralidad del cobro de intereses, condenándose explícitamente la usura por la maldad intrínseca que suponía apropiarse del rédito del trabajo ajeno.
Divorcio entre la teoría y la realidad histórica
La libre concurrencia duró poco, si es que alguna vez existió. Tal como se describe en los tratados de historia de la economía, con la expansión que impulsó la Revolución Industrial lo que hubo fueron procesos locales anárquicos que aumentaron la producción y dieron lugar a la aparición de la mano de obra obrera, extraída del campo o dispersa en las periferias urbanas.
Al mismo tiempo, generaron caos y crisis de sobreproducción que llevaban a no pocas empresas a la quiebra. Sus activos físicos y tecnológicos eran, en una importante medida, absorbidos por otros emprendimientos que buscaban equilibrios que sólo podían lograrse con medidas regulatorias. Esas medidas establecían las condiciones para que la competencia no llevara a la autodestrucción de aquella naciente, primitiva y, al mismo tiempo, pujante economía industrial.
Mientras se desenvolvía la tecnología y se ampliaba la producción, más regulaciones fueron estableciéndose, incluso entre países, para consolidar el comercio internacional y despejar el intercambio de piratas y poderes navales ilegales.
Pero aquella “doctrina” primitiva del laissez faire, laissez passer siguió existiendo como un presunto ideal a cumplirse, mientras la producción se expandía y se transformaba según las circunstancias histórico-concretas en el disperso Imperio británico, Francia o Alemania, por caso.
Hubo un divorcio inadvertido, cada vez más distante, entre ambos procesos. O, mejor dicho, entre el proceso material y la fosilización de la teoría, salvo excepciones contestatarias fundamentales que fueron duramente combatidas desde siempre por el riesgo que implican para el poder establecido.
Aquel anhelo inicial de los teóricos coetáneos al gran salto cualitativo de la Revolución Industrial se convirtió en profecías abstractas de cara a un futuro idealizado donde la libre competencia asignaría a cada cual su lugar en el mundo, en el marco de un proceso angelical de justicia y libertad que no ocurrió.
Y esto sucedió porque el propio desenvolvimiento de las fuerzas productivas llevó, no sin luchas y negociaciones, a engendrar un marco legal que consagraba la desigualdad. Los “dueños” y otros poderosos del proceso, algunos muy lúcidos, entendieron que había que establecer una determinada estructura social que favoreciera la apropiación privada de la porción más grande posible del resultado del esfuerzo general.
Paralelamente, y como reacción a ese empeño de adueñarse del resultado —algo nada subjetivo, aunque lo parezca en el estudio de casos— se fue constituyendo la reacción organizada de la mano de obra que, en su inercia, iba siendo sometida a condiciones de trabajo más cercanas a la explotación medieval de las labores agrícolas que a un presente con mejoras reales y a un futuro de satisfacción suficiente de las necesidades humanas más esenciales.
Fue en la lucha entre el capital y el trabajo donde se forjó el tipo de capitalismo que tenemos hoy, con diferencias notables entre países. Ocurrió dinámicamente, con mutuas concesiones y acuerdos que favorecieron el despliegue de nuevos medios de producción y cantidades crecientes de mercancías.
No fue entonces la libre competencia sino el triunfo y despliegue conflictivo del sistema capitalista moderno el que modeló la sociedad contemporánea, mediante una competencia siempre limitada por las condiciones específicas en que se desenvuelven los protagonistas y los procesos objetivos.
La competencia casi inmediatamente dejó de ser libre y fluida, y se consolidó el mercado, otro mito idealizado que ahora goza de nuevas y veloces herramientas, aunque ya tenía lo esencial tal como lo conocemos hoy. ¿Alguien puede creer que la venta en línea es transparente? La ingenuidad a veces es voluntaria.
Movilidad del capital e inversión productiva
Las regulaciones no impidieron la aparición del monopolio, cuya esencia está en el núcleo más recóndito de la búsqueda de ganancia. Esa búsqueda no es, como dice la vulgata neoliberal, una condición innata del ser humano, sino una adquisición cultural fuertemente instalada hace siglos. Estudios antropológicos recientes demuestran que las sociedades avanzaron más cuanto lograron establecer la cooperación entre sus miembros antes que el antagonismo.
Como curiosidad, agreguemos que los liberales auténticos se horrorizan frente al monopolio y ven en cada empresario a un peligroso monopolista en ciernes.
La hegemonía actual del capital financiero se debe a la creciente disponibilidad de recursos provenientes de la concentración de los medios de producción —superganancias— y ha servido para reforzar la desigualdad, y por lo tanto dañar la sana competencia, entre consumidores y productores de menor escala.
Esta es la parte de la realidad económica mundial que, estando a la vista de todos, no es discutida ni procesada como un dato crucial que amenaza la calidad de vida del conjunto de la humanidad, al constreñir al ciudadano común a trabajar —libremente, je— una insalubre cantidad de horas para poder comer, vestirse, trasladarse o tener un techo donde cobijarse.
En la era de la competencia monopólica, el hombre común no es libre en absoluto. Su ciudadanía es reemplazada por la condición de consumidor y votante de opciones que, en la mayor parte de los casos, no proponen corregir o proteger a los pueblos del saqueo de su trabajo o de la condena a la marginalidad.
Aparece así la abundancia de capital disponible para la inversión que busca su mayor rentabilidad. Y no siempre la aplicación de esos recursos se hace para emprendimientos de riesgo de mediana o pequeña magnitud. Allí, el concepto de inversión queda reducido a su versión financiera.
Son desfavorecidos entonces los países que necesitan desenvolver sus potencialidades y brindar a sus habitantes oportunidades de empleos bien remunerados, constituyendo fuertes mercados nacionales.
La internacionalización de los mercados que conviene a las grandes corporaciones consiste, por ahora, en proveer mercancías a la crema o al vértice de la pirámide de ingresos de cada país. Sólo permea con algunos productos de consumo masivo hacia los sectores con menores recursos que, con sacrificio, adquieren celulares y zapatillas, a modo de ejemplo.
Los gobiernos y la “clase política”, casi en su conjunto, son arrollados por el fenómeno que significa esa invasión de productos de consumo sofisticados, impuestos como necesidad por una fortísima publicidad que invade todo.
Fútbol y esperanza popular
¿Quién no quiere ponerse la camiseta del seleccionado de su país para sentarse frente al televisor y ver los partidos del campeonato mundial?
Esta edición de ¿Y ahora qué? aparece un día antes del partido entre Argentina y Suiza, tras incorporar definitivamente al fútbol en la vida cotidiana como fenómeno religioso que impone ritos y cábalas de todo tipo.
Esperemos que la ilusión se mantenga y, además, que no despertemos bruscamente descubriendo que el Gobierno aprovechó para emitir decretos sin el debido debate en la opinión pública.
Tal como vienen las cosas, el éxito ya no depende de las estrategias y de la preparación que haya hecho previamente el seleccionado, sino que es una cuestión que se resuelve en otro misterioso plano.
O sea, estamos en la “dinámica de lo impensado” que definió Dante Panzeri y recuerdan hoy memoriosos como el diputado Miguel Ángel Pichetto.
Si por milagro nuestro equipo logra su cuarta copa, ¿la legítima alegría popular postergará la aparición de los reclamos también harto justificados de los sectores perjudicados por esta política desmanteladora?
Mientras llega la respuesta, rescatemos como corresponde que en esa identificación de nuestra gente con la Selección nacional de fútbol hay claros elementos, más que indicios, de la aspiración de convertirnos en un país que resuelve eficazmente sus problemas sociales y económicos.
Que los argentinos sean manipulados como lo son hoy es otra historia, que podrá sacarse a la luz si conseguimos modificar el enfoque clasista, extractivista y regresivo actual e instalar un programa virtuoso que movilice el conjunto de las fuerzas del trabajo y la producción.
Capital extranjero y desarrollo nacional
El enigma, o más bien el desafío que sigue abierto, es definir prioridades y atraer capital disponible a nivel mundial para desarrollar las capacidades productivas de nuestro pueblo.
La dificultad está en definir correctamente esas prioridades que vertebren una real integración de la comunidad, o sea, que beneficien a todos y a cada uno de los argentinos.
El modelo actual excluye o condena al subconsumo a la mitad de la población, proporción que crecerá si logra su objetivo de desmantelar la escasa estructura industrial que nos queda.
En ese sentido, considerar al RIGI un programa desarrollista es un error de magnitud notable, puesto que sus “incentivos” —costosos para la población porque garantizan caídas sustanciales en la recaudación de recursos para obras y tareas indispensables para el bien común— benefician a corporaciones que explotan recursos naturales y no tienen como objetivo su procesamiento industrial local fortaleciendo la estructura productiva nacional.
El capital extranjero sirve al desarrollo cuando se aplica a las certeras prioridades que movilizan las fuerzas productivas del conjunto de nuestra estructura socioeconómica. Por ejemplo, si se exporta gas como materia prima, sin transformarlo mediante tratamientos petroquímicos en miles de empresas y establecimientos que dan trabajo en el país, sólo se está beneficiando al inversor externo con poco o nulo derrame local.
El plan, si es que se lo puede llamar así porque es más bien un propósito, no tiene en cuenta la necesidad de dar trabajo y salarios dignos a toda la población económicamente activa, no sólo por razones más que justificadas de justicia social sino también para el desenvolvimiento de los negocios en el propio territorio.
Como esta presunta gestión tiene una visión meramente financiera y dependiente del juego errático de los capitales nominales que existen y crecen con independencia de la necesidad de mejorar la vida y la cultura de los pueblos, considera que esas exportaciones primarias van a aportar las divisas necesarias, ante todo, para pagar los vencimientos de deuda. La vamos a ver pasar o tal vez ni siquiera eso.
No hay sustentabilidad real en las gestiones monetaristas sometidas al juego del endeudamiento dominante a escala planetaria. Y enfeudar al país y la suerte de su gente en esa ruleta disparatada de deuda siempre creciente, con sus comisiones, es un disparate que hay que cortar de una vez por todas. Eso debemos decirlo con todas las letras, y no por rechazo infantil al capital extranjero, sino porque subordina las prioridades de un verdadero desarrollo nacional al juego irresponsable de los operadores de mesas de dinero, un sector caracterizado por enfermedades mentales peligrosas, identificadas por la irresponsabilidad hacia sus semejantes.