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¿Y ahora qué?

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Directores: Martín Granovsky y Rafael Prieto
Edición: 144
Y Ahora Qué en +Perfil /// Entrevistas

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Debilitar al PAMI es el punto límite de la degradación

POR

Con el ministro de Salud, Mario Lugones, caen las prestaciones.

La crisis prestacional del PAMI es, probablemente, la muestra más clara y criminal de la gestión libertaria porque retacea recursos y profundiza una situación sanitaria gravísima para sectores que dependen solo del Instituto para cuidar su salud.

El ministro de salud, Mario Lugones no recibe más a los prestadores del PAMI, que están en quiebra y la secretaría del jefe de Gabinete, Diego Santilli, hace saber que no va a ocuparse del tema. Las autoridades responsables de un drama de dimensión nacional miran para otro lado. Es difícil entenderlo salvo que se analice crudamente la índole genocida de la política oficial.

Se refugian, tal vez con hipocresía, en la condición de ente autárquico del PAMI, es decir con autonomía de decisión política y presupuesto propio, aunque obviamente se encuentra vinculado a la estructura institucional del Estado dentro de la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación.

El PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) debe su nombre de batalla al Programa de Atención Médica Integral que precedió a la creación del instituto que presuntamente, con su propia personería jurídica, tendría capacidad para administrarse a sí mismo con un presupuesto acorde, pero eso resultó una ficción porque hoy está estrangulado desde el poder central y la política de ajuste perpetuo.

Los damnificados son, en primer término, los afiliados de la obra social de los jubilados y pensionados. En varias provincias el PAMI ha dejado de brindar servicios. Un escándalo por donde se lo mire que debiera haber estallado y, sin embargo, no se traslada al debate político nacional. Hasta ahora.

Los prestadores, es decir las instituciones hospitalarias y de salud que brindan servicios al PAMI, pretenden hablar con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que es -suponen- quien “corta el bacalao”. Todo inútil, puesto que la sustancia de la actual política oficial en materia social, dentro de la cual la salud se supone prioritaria, consiste en desfinanciar las prestaciones comunitarias para lograr la ficción, incumplida, del déficit cero.

La propia creación del PAMI, en mayo de 1971, ha sido objeto de análisis crítico en su diseño original, pues debía atender a una masa poblacional de bajos ingresos y en consecuencia este organismo estaba condenado desde su inicio a ser una entidad desfinanciada, puesto que sus “beneficiarios”, además de ganar poco, demandan una proporción de servicios muy superior al promedio del conjunto social.

Debate que no se hizo en su momento de modo democrático, pero a los efectos de un análisis crítico señalemos que, como opción sensata, bien pudo pensarse en potenciar el financiamiento de la salud pública ya existente y atender desde allí a los adultos mayores. No ocurrió. Se superpuso una burocracia que en pocos años había cubierto toda la geografía argentina, con delegaciones provinciales cuya conducción era y es fieramente disputada a lo largo de estos cincuenta y cinco años en cada provincia porque se lo entiende como una caja muy importante. Caja en perpetua quiebra, desde ya.

En este momento, la caída en las prestaciones del PAMI se expresa con gravedad en numerosas provincias con menor atención en sanatorios, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Si bien es una política de estrangulamiento general se ensaña con aquellas jurisdicciones donde no gobiernan autoridades políticamente afines. Los prestadores de provincias patagónicas denuncian desfasajes en los aranceles superiores al 80% para cubrir materiales descartables y similar caída en los aportes para los sueldos, hecho que vuelve inviable la continuidad de las prestaciones.

El PAMI es la obra social más numerosa del país, tiene casi seis millones de afiliados (sumando a jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas con sus familiares a cargo). Su dotación de personal, en disminución, es de doce mil empleados y se organiza en treinta y ocho Unidades de Gestión Local (UGL) que suponen más de 600 agencias distribuidas en todo el territorio nacional.

Y el dato de peso que conecta con la seguridad social es que también es el mayor pagador de prestaciones al hospital público, dado que casi el 70% de los pagos se corresponde por servicios a sus afiliados brindados desde el sector estatal.

Por último, señalemos que tiene 17.000 prestadores muy diferentes entre sí, quienes destacan que el sector privado representa el 51% de los establecimientos con internación existentes en el país, porción que, medida en camas disponibles, es el 56% del total. Esto, para funcionar, requiere más de 300 mil empleados, considerando todas las especialidades concurrentes.

Al PAMI le proveen servicios hospitalarios unas 1.200 clínicas, sanatorios, y diversos centros médicos de atención, tanto de diagnóstico como de tratamiento, articulados o no con los dispositivos de salud pública en los 24 distritos del país. Allí es donde está el “agujero negro”, pues es donde se mueven los mayores gastos y, justamente, donde las restricciones en los pagos se potencian frente al incremento de los valores de insumos, equipamientos e instalaciones que no son debidamente actualizados debido a la falacia instalada de que se ha vencido a la inflación.

Por otro, existe una red de médicos de cabecera donde se inscriben los pacientes para la atención primaria formada por unos 8.000 profesionales. Allí, el efecto perverso sobre la calidad en las prestaciones se nota en la caída de sus ingresos y simultáneo aumento de sus gastos para brindar los servicios de cercanía a sus pacientes.

Y finalmente, cuenta con 14.000 farmacias asociadas en las que, ante la gran caída de la demanda, las grandes cadenas están en mejor posición para obtener rentabilidad y expandirse a costa de las pequeñas boticas barriales. Esto ocurre porque esas cadenas tienen, por su volumen, capacidad para negociar condiciones y precios con sus abastecedores en un contexto en que la población en general se encuentra hoy constreñida en forma notable en sus consumos, incluidos medicamentos claves para tratar dolencias crónicas.

Un genocidio silencioso

Con impunidad, hasta ahora, se operó un verdadero genocidio silencioso al privar a quienes lo necesitan de medicamentos gratuitoso fuertemente subsidiados. La propaganda gubernamental al respecto instaló que había abusos y aprovechó para intentar aniquilar el sistema de protección sanitaria existente en lugar de corregir arbitrariedades y corruptelas.

El trasfondo inconfeso es que los “pasivos” (término con una tremenda carga negativa) son un costo a liquidar. Esa es la “cultura del descarte” que denunciaba el papa Francisco y su sucesor, León XIV, y han señalado como una grave tara contemporánea.

En otra reflexión publicada tiempo atrás en este mismo medio, planteábamos que, con el aumento de la esperanza de vida, se amplía la porción de la comunidad que alcanza su jubilación mientras al mismo tiempo disminuyen los recursos para financiar un nivel y calidad de vida mínimamente digno y se achican los aportes provenientes de quienes tienen trabajo formal. O sea, quedó obsoleto el viejo sistema en el que el ahorro de toda una trayectoria laboral, más el aporte de quienes integran la masa asalariada, permitía a nuestros viejos una adecuada supervivencia.

Tal vez en las sociedades opulentas no estén ocurriendo fenómenos tan graves como vemos aquí, aunque las informaciones que llegan dan cuenta, aun en muchos lugares donde sobran recursos, de la aplicación de los mismos mecanismos de desmantelamiento de la protección social de los mayores: terminaste, ya no aportás mucho y gastás demasiado en salud y otras prestaciones protectoras, te convertiste en una molestia despreciable.

Es difícil de asimilar tanto egoísmo institucionalizado, pero así ocurre hoy, cuando una plaga reaccionaria, profundamente individualista y desapegada de cualquier tipo de solidaridad se instala aquí y en otros países tanto subdesarrollados como en los más consolidados también.

Sólo la instalación profunda de ese desapego entre semejantes hace que portavoces de tanta crueldad tengan éxito mediático y político.

El delicado cuidado de la democracia

Ya parece quedar corto el argumento de que la gente saltó de la sartén al fuego al votar al presunto libertario huyendo del desastre anterior, pues en rigor, las adhesiones a las políticas desintegradoras parecen tener mucho mayor arraigo del que se suponía.

Si la vida democrática permite estos tremendos retrocesos es lógico que aparezcan interrogantes sobre su utilidad para que las distintas sociedades alcancen mejores niveles de vida y de cultura.

Al respecto es dable pensar que algo fallaba ya antes en la formación de una cultura democrática profundamente arraigada en las nuevas generaciones. Y no tanto respecto de esa presunción, porque sobran los ejemplos de adultos mayores que, aun castigados como lo están hoy, siguen pensando en votar la reelección del actual presidente. Que los culpables siempre sean otros, es una forma directa de ir hacia la regimentación autoritaria.

Improvisados totales, ávidos y rapaces, aparecen por todos lados. Y no sólo en el Poder Ejecutivo se destacan personalidades con anomalías psiquiátricas que, por puro prejuicio, son omitidos por las almas bellas que quieren ver en esta gestión virtudes que no poseen.

Este es otro caso de transferencia resignada hacia el poder, que significa la quiebra de expectativas valiosas que integren los esfuerzos de todos y cada uno de los miembros de la sociedad en un conjunto nacional. La respuesta es una construcción común que debe contener a todos en una comunidad y viviendo sobre un piso de dignidad razonable en lo que hace a la civilización contemporánea (con su mayor y cada vez más amplia disponibilidad de bienes y experiencia histórica de mejora social).

Razones de la confusión

Es penoso ver que mucha buena gente, que no le hace mal a nadie o así lo cree,esté avalando este esperpento mundial que vivimos hoy los argentinos. Y entenderlo es fundamental para ampliar la convocatoria hacia un cambio virtuoso.

Por un lado, tenemos la profunda instalación, en grado de prejuicio oculto y básico, del antiperonismo, que es la forma histórica que adquiere en nuestro país la desconfianza y temor que existe en todo tiempo y lugar desde que se instaló el capitalismo como sistema mundial, hacia quienes poseen menos y sienten su amenaza de expropiación como un riesgo aterrorizante.

Es curioso sin embargo que toda preocupación social haya desaparecido de las cavilaciones y argumentos de no pocas almas bellas, a veces hasta ilustradas, que quieren creer en esta locura presente.

Y de veras no alcanza con argumentar que no pocos “beneficiarios” aprovecharan el sistema anterior para enriquecerse de modo turbio, fuesen políticos, sindicalistas, jueces o “emprendedores” con un parche en ojo y bandera de piratas a toda vela y desparpajo. Financistas, que les llaman. Porque eso ha seguido siendo práctica habitual y base de componendas inconfesables entre presuntos antagonistas irreconciliables (v.gr. designación de jueces).

Desaparecieron los modelos y referentes que podían, con su labor, orientar el proceso social hacia su continuo perfeccionamiento material, institucional y educativo mejorando así la convivencia solidaria. Quienes debieron serlo y optaron por caminos inocuos o corruptos deberán hacerse cargo de esta responsabilidad, preferiblemente más temprano que tarde.

Ahora la única virtud de este esquema repudiable, y de modo nada voluntario, es hacer caer todas las hipocresías y poner a la vista las lacras de nuestra dirigencia, incluyéndose sus personeros en lugares expectables y en los ridículos argumentos que tratan de usar para justificarse.

Dicho de otro modo: se requiere el reemplazo de todas las dirigencias que se han mostrado ineptas para entender lo esencial de los desafíos que presenta la Argentina contemporánea.

Volver al pasado es un suicidio, y construir un futuro sin integrar la sociedad y abrirle perspectivas de mejora sustancial es un despropósito.

Sólo se puede avanzar articulando los legítimos intereses de todos los sectores en un programa de desarrollo nacional que movilice las más constructivas energías sociales, genere riqueza nueva y garantice su más amplia y justa distribución entre todos los miembros de la sociedad. Es la forma de darle sentido, y lograr la superación de los padecimientos actuales.

Hoy no hay “destrucción creativa”, como supusieron los teóricos más refinados, de las capacidades del sistema capitalista. Sólo vemos desmantelamiento, obscena concentración de riqueza, y grave retroceso sobre avances (insuficientes) logrados en el pasado, tanto en el aparato productivo como en el nivel socio cultural y el conglomerado científico-tecnológico, todavía desigual pero realmente existente.

La proyección inmediata es pesimista, porque aún no se visualiza una articulación poderosa de los sectores que deben converger en una propuesta sustancialmente distinta. Más bien se constatan juegos electorales usando los sufrimientos sociales como coartada.

Pero esas construcciones también están condenadas en su propia génesis si no incorporan realmente los vectores constructivos que expresen al conjunto de las clases sociales, no sólo de los castigados asalariados, sino asimismo las empresas que vienen padeciendo el brutal achicamiento del mercado y la competencia de importaciones subsidiadas por el dólar barato a costa de la asfixia general.

Agotada la ficción narrativa

El ajuste perpetuo se ha agotado y demostrado su incapacidad para lograr dinamismo en la economía argentina.

Sólo prosperan tareas extractivas destinadas a la exportación que aportarán las divisas para pagar una deuda siempre creciente sin contrapartida en la ampliación del cuerpo productivo nacional. En ese esquema, que no está cabalmente mostrado al conjunto de la sociedad, la perspectiva es de perpetuar una sociedad dividida y para siempre empobrecida.

A pesar del escándalo con la caída de las prestaciones de salud, no hay estallido general porque prima el aislamiento entre sectores, aunque algunas causas nobles (como la lucha por el presupuesto universitario) consigan importantes adhesiones abriendo el camino hacia otro cauce donde todos tengamos un lugar digno de ser vivido.

Hay que construir na epopeya de construcción solidaria.

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