La presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, Alejandra Sánchez Cabezas, aseguró que el Ministerio de Salud de la Nación no cumple con su rol de rectoría en la coordinación de jurisdicciones sanitarias, ni garantiza coherencia y equidad mientras frena políticas en materia de Salud Sexual y Reproductiva, programas oncológicos o para personas con discapacidad. Y aseguró que “no todos pierden en el país porque la industria farmacéutica incrementó sus ganancias en un 188%”.
–¿Qué están viendo con mayor preocupación en la salud pública argentina?
–Alejandra Sánchez Cabezas: Estamos viviendo bajo la perspectiva de personas que desconocen que la sociedad produce bienes y servicios que se distribuyen de manera desigual y que el acceso no depende del esfuerzo individual sino de su punto de partida. Tampoco saben que desde la Revolución Francesa hay pactos sociales que entienden estas condiciones y que se comprometen a saldar -con mayor o menor éxito- las desigualdades de los puntos de partida.
–La política libertaria está dinamitando esos pactos de la Revolución Francesa en términos de la igualdad de los derechos.
–Sánchez Cabezas: Esta puja siempre estuvo, tampoco es que la Revolución Francesa resolvió todos los temas por los que luchaba. Dicho esto, hay grupos que intentan acortar estas brechas y hay otros que también -y ese es un error de los progresismos- hacen grandes discursos declamativos en pos de los derechos, pero tienen poca capacidad ejecutiva para cumplir con sus promesas. Lo que hacen este tipo de gobiernos -Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos- es desactivar y desfinanciar la capacidad de gestión a todo lo que tenga que ver con ayuda social, con las coberturas que buscan saldar estas brechas que estaban siendo cubiertas, con más o menos éxito. Ocurre en la salud con las poblaciones más vulnerables; con temas de género y todas las políticas vinculadas a violencia; con las diversidades, con las poblaciones indígenas, con las personas con discapacidad y con los jubilados. La retirada de beneficios sociales implica, también, la retirada de los beneficios vinculados al trabajo; y por eso -también- hay cada vez más personas que dependen de la salud pública, que además está siendo desfinanciada. Todo esto arma un cóctel muy explosivo.
–¿Qué ven ustedes como resultado inmediato de este tipo de política libertaria en materia de salud?
–Sánchez Cabezas: Hay resultados inmediatos, mediatos y a largo plazo. Lo inmediato, por ejemplo, es la pérdida de coberturas para personas con VIH y que viven con el virus, para tuberculosis, para medicamentos esenciales por el Plan Remediar, para personas que viven con discapacidad y pérdida de coberturas en medicamentos para jubilados. En salud sexual y reproductiva, las adolescentes que no querían quedar embarazadas ya no acceden a métodos anticonceptivos ni a estrategias para prevenir embarazos no intencionales. O medicaciones oncológicas.
–¿A mediano plazo?
–Sánchez Cabezas: A mediano plazo, además, hay otra cuestión, que está muy vinculada a la baja de salarios de las personas que trabajan en el Estado. Cuando se habla de ellas se piensa en burócratas, pero más del 90% trabaja vinculado a servicios como las fuerzas policiales, docencia y equipos de salud que, al perder el poder adquisitivo de sus salarios se van a un empleo privado o están desmotivados. Y ambas situaciones disminuyen la capacidad de respuesta del Estado.
–¿Y el largo plazo?
–Sánchez Cabezas: Está relacionado ala ruptura de las estructuras porque nos quedamos con Estados debilitados, poco financiados, con muy pocos recursos humanos y menos calificado. Se nota en todos los niveles, incluido el de ciencia y tecnología.
–Usted está describiendo una mirada estratégica de un panorama que impacta en las personas. Pero, en términos concretos de salud, ¿en qué ve que hoy se refleje esa situación?
–Sánchez Cabezas: En guardias abarrotadas en los hospitales públicos. Hay un aumento de la mortalidad infantil y materna. Todavía es pronto para ver algunas otras mortalidades y morbilidades, pero en el corto plazo vamos a empezar a ver un aumento de la mortalidad por todas las causas. Ya hay grupos que están empezando. Así como en la pandemia uno de los indicadores más sensibles fue la mortalidad por COVID, y lo que llamamos el exceso de mortalidad: es decir cuántas personas se morían por otras causas más que en otro momento a razón de la pandemia. Y vale aclarar que Argentina fue uno de los países que mejor estuvo en términos de respuesta sanitaria para ambos indicadores. Ahora se está empezando a medir el exceso de mortalidad durante este Gobierno, porque las cifras van a empezar a aumentar y empezaremos a notarlo.
–¿Hay una tendencia que empieza a incrementarse en las muertes?
–Sánchez Cabezas: Sí. Hay un aumento en la mortalidad infantil, en nacidos vivos y hasta el año hay un aumento de la muerte de las infancias, y de la mortalidad materna. Y estos datos son muy sensibles porque hablan de la falta de respuesta sanitaria.
–¿Han logrado advertir al Ministerio de Salud de la Nación sobre estas cosas?
–Sánchez Cabezas: El Ministerio de Salud tiene las cifras de mortalidad, y a nosotros no nos reciben. Hemos querido tener contacto, nos ofrecimos muchas veces, pero no nos atienden, son muy poco permeables a las sociedades científicas. La mortalidad infantilsubió al 8,5 por cada mil nacidos vivos. El aumento de la mortalidad desde 2002, pasó de 8 a 8,5.
–Todo lo que usted menciona tiene que ver con una responsabilidad de Estado. ¿Cómo se recupera esto con un nuevo gobierno, sea el que fuere, y qué tiempo llevaría reconstruir un sistema sanitario como el argentino?
–Sánchez Cabezas: Hay un primer punto que es el de rectoría. Los gobiernos más liberales, por decirlo de alguna manera, siempre dicen que las provincias no han delegado en la Nación sus funciones sobre la salud ni educación. La rectoría nacional no es la capacidad del Estado nacional de dictar protocolos y normativas, porque para eso hay muchas revistas científicas que lo hacen, sociedades científicas que lo hacen, está Google, en todo caso, o la inteligencia artificial. No se necesita un Ministerio de Salud para dictar normativas. La instancia de rectoría nacional es una instancia técnico-política. Y cuando hablo de política no me refiero a política partidaria sino a la capacidad de construir acuerdos, de achicar las brechas interprovinciales, de orientar el acceso a recursos y permitir el control ciudadano-institucional. Debe haber un fuerte rol de rectoría nacional efectiva para coordinar jurisdicciones, garantizar coherencia y equidad que este tipo de gobiernos no abordan y no cumplen con su rol.
–¿Y qué se supone que debería ser su rol?
–Sánchez Cabezas: Entre otros, debería, por ejemplo, asesorar al Parlamento y al Ejecutivo.
–¿Por ejemplo en qué?
–Sánchez Cabezas: Hoyhay dos medidas de enorme impacto en salud pública: una tiene que ver con el etiquetado frontal. El Ejecutivo está viendo de armar una normativa que derogue la ley, lo cual es gravísimo porque se vincula con la principal causa de muerte asociada a problemas de nutrición, sobre todo en las poblaciones más pobres. Hay evidencias clarísimas para demostrar el efecto del etiquetado frontal (N. de la R: los octógonos en los envases de los alimentos). Y lo otro es que el Estado nacional acaba de habilitar la importación y venta de productos derivados del tabaco como vapeadores y caramelos, que tienen un fuertísimo impacto en la salud de la población. Viendo esto, es difícil de entender qué rol está jugando el Ministerio en materia de salud, además de estar beneficiando a los privados con estas ventas.
–Y la ludopatía, ¿tendría que pasar por el Ministerio de Salud también?
–Sánchez Cabezas: Es otro tema que acaba de derogarse. No es atribución del Ministerio de Salud este tipo de leyes, pero sí impedir que las leyes que promueven este tipo de circunstancias que patologizan y enferman a la población sigan adelante. Es su rol rector debería decir que esto pone en riesgo la salud de su población.
–¿En qué otros temas debería advertir y no interviene o interviene con su silencio poniendo en riesgo la salud de la gente?
–Sánchez Cabezas: Ni hablar de la decisión administrativa con la que se produjo un recorte de 63.000 millones del presupuesto de la salud pública, de los cuales hay 20.000 millones menos para medicamentos, 25.000 millones menos para los sistemas de salud provincial y 5.000 millones menos para el programa de lucha contra el cáncer. O de la salida de la Argentina de la OMS. O su rol como asesor del Poder Ejecutivo y Legislativo en la toma de decisiones coherentes. Lo único que tendrían que hacer es decir: – esto enferma a la población, esto mata a la población. No lo hagan.
–Ahora voy a plantearlo al revés: ¿qué es lo que no tendría que hacer el Ministerio y hace?
–Sánchez Cabezas: Lo que estos gobiernos hacen, en términos generales, está bastante estudiado: manejarse, entre comillas, dentro de los márgenes de la ley o derogar las leyes que no los benefician. Y una de las cosas que hacen explícitamente es frenar todas las cuestiones que no podrían dejar de hacer por ley. Por ejemplo, la de Salud Sexual y Reproductiva, que obliga al Gobierno nacional a comprar insumos para las provincias, sobre todo métodos anticonceptivos. Y desde el principio empezó a declarar vacías las licitaciones y a frenar los procesos. O recortan los programas oncológicos, a las personas con discapacidad, etcétera, mientras la industria farmacéutica incrementó sus ganancias en un 188%. Cuando uno quiere saber la tendencia de algún gobierno, o de cualquier organización, hay que ver a quién beneficia. Por eso decimos que, con este tipo de modelos, todos pierden, pero no es cierto porque hay grupos que han ganado, y mucho. Por ejemplo, las 31 empresas más grandes que cotizan en Bolsa, o la industria farmacéutica. ¿A dónde va esa plata? Por otro lado, si se redujeron subsidios, se recortaron los programas, se eliminaron empleos públicos y se perdió casi un 34% del salario… ¿a dónde fue y va ese dinero? ¿Quiénes se benefician?