Será difícil avanzar sin revisar el gobierno anterior

En 2018 se produjo el quiebre debido a la vulnerabilidad provocada por el endeudamiento externo contraído durante esa administración y la bicicleta financiera a la que dio lugar, por lo que la economía argentina ingreso en un derrotero de paulatina degradación. La mayor parte de esa caída se concentró en 2018 y 2019. En ese lapso, los salarios acumularon una retracción frente a los precios del 20,5%. Durante el gobierno del Frente de Todos no se hicieron esfuerzos para revertir este descenso. Y si bien la economía creció en 2021, cuando se distendieron los controles establecidos por la aparición del COVID, nada se hizo por generar condiciones macroeconómicas aptas para potenciar el crecimiento, o siquiera preservarlo.

La política económica que desplegó el gobierno de Javier Milei posiblemente este llegando a sus límites. Cabe pensar que, por su impopularidad, sea difícil continuar avanzando sobre las condiciones de vida de la población. Mientras tanto, insiste es en atacar a sectores específicos, como las universidades y los docentes, o en agredir con los incrementos de tarifas. Como respuesta, se presentaron eventos de oposición, como las protestas en el ámbito de las universidades. Aunque sin una conducción política homogénea.

Al mismo tiempo, con las elecciones en el Partido Justicialista, y la celebración del 17 de octubre, referentes del peronismo se pronunciaron sobre la situación nacional y la interna en el partido. Es indudable que la reorganización de la oposición tiene una importancia sustancial. La pregunta es qué rasgos adquiere frente a la crisis que se inició en 2017, y Milei acentúa.

Las condiciones económicas de la degradación

Ineludiblemente, la crisis de la política argentina remite al estado de la economía. 2017 fue el único año de crecimiento durante el gobierno de Cambiemos. Hasta tanto, si bien se tuvieron lugar retrocesos en algunas industrias, y empeoraron algunas condiciones macroeconómicas de base, el estado de la economía era similar al que prevaleció en el período 2011-2015.  En 2018 se produjo el quiebre debido a la vulnerabilidad provocada por el endeudamiento externo contraído durante esa administración y la bicicleta financiera a la que dio lugar, por lo que la economía argentina ingreso en un derrotero de paulatina degradación.

La mayor parte de esa caída se concentró en 2018 y 2019. En ese lapso, los salarios acumularon una retracción frente a los precios del 20,5%. Durante el gobierno del Frente de Todos no se hicieron esfuerzos para revertir este descenso. Y si bien la economía creció en 2021, cuando se distendieron los controles establecidos por la aparición del COVID, nada se hizo por generar condiciones macroeconómicas aptas para potenciar el crecimiento, o siquiera preservarlo. 

El resultado de la falta de interés en el crecimiento y la distribución del ingreso provocó que la escasez endémica de divisas, las decisiones de política monetaria y administración cambiaria, y la aparición de la sequía condujesen a un retroceso de la economía a partir de mediados de 2022. 

Las consecuencias de esta negligencia en torno a la política económica pueden dimensionarse atendiendo al tamaño de la economía en relación a su población. Es decir, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Para 2022, año de mayor actividad del Frente de Todos, era del 95,2% del total de 2017. Para 2023 descendió al 92,9%. 

Podemos utilizar la última tasa de variación anual acumulada informada (3,1%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica que publica el INDEC) para proyectar qué ocurriría si continuase la tendencia actual de contracción de la economía. El resultado es que 2024 finalizaría con un PIB per Cápita equivalente al 89,2% de 2017. Es decir, un descenso de 10,8 puntos porcentuales.

Debe aclararse que la política económica seguida por el gobierno de Milei conduce a la consolidación de un empeoramiento de la situación pre-existente. 

La mitigación de la recesión iniciada por Milei se puede observar en dos datos. Uno es que, desde diciembre, la tasa de declinación de la actividad industrial se aceleró, y en consecuencia se produjo un descenso fluctuante de la utilización de la capacidad instalada. Este derrotero se revirtió en junio, cuando la actividad industrial se recuperó levemente (la tasa de descenso acumulado en 2024 disminuyó), y la utilización de la capacidad instalada se recompuso.

La evolución de los salarios es concomitante con esta trayectoria. Si se mide la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables a precios constantes, es posible notar que en agosto (último dato disponible) se encuentra un 5,5% por debajo del que hubiese sido su valor equivalente en noviembre, pero desde abril su tendencia es a recuperarse, en convergencia con el descenso paulatino del Índice de Precios al Consumidor (IPC), producto de una menor presión de los costos (medidos por el Índice de Precios Mayoristas, IPIM). 

Esta “recuperación” en realidad debería interpretarse como la estabilización de un nivel de salarios más bajo. Debe tenerse en cuenta que es probable que el cambio en las tarifas de transporte y servicios públicos, el cual fue el principal factor de alza en el IPC en los últimos meses, hayan modificado la estructura de gastos que se utiliza para la elaboración de las mediciones de precios, por lo que puede estar desfasada. 

Aun a sabiendas de esta cuestión, la perspectiva de que el salario quede en un nivel más bajo que el anterior al inicio del gobierno, pero más alto que en sus primeros meses, parece aceptable. La incógnita que debería responderse desde el punto de vista del análisis político y económico es si es realista esperar que continúe. 

Creemos que no es así, en tanto el desenlace depende de la voluntad y las capacidades del gobierno, que obra en contra de la mejora de salarios mediante el incremento de tarifas e intervenciones directas en las negociaciones paritarias de los diferentes sectores.

Aclaremos que, si la caída del poder de compra de los salarios experimentada en este gobierno hasta ahora se ubica en el 5,5%, en comparación con diciembre de 2017 es del 28,8%. Y si se propusiesen restaurar la economía a su nivel de mayor actividad en la década anterior, deberían lograr un incremento del PIB per cápita, como se expuso, del 10,8 en un plazo razonable. Eso requeriría entre dos y cuatro años de tasas de crecimiento elevadas, entre el 5% y el 6%.

La modificación de estas condiciones dependería tanto de la voluntad política como de la capacidad para establecer premisas que permitan que el crecimiento económico se sostenga, cosa que los integrantes del gobierno no muestran ningún interés en hacer. Por lo cual, el descenso de la variación mensual del IPC al 3,5%, y el del IPIM al 2%, no significan más que una continuidad del actual estado de cosas. 

El rol de la oposición

Lo dicho hasta aquí hace oportuna una observación sobre cómo se concibe el rol de la oposición, y en relación con esto la contienda sobre la presidencia del Partido Justicialista y el debate sobre el rumbo del peronismo en general. La importancia que adquiera depende de sus potenciales efectos prácticos, los cuales pueden medirse en términos de las alianzas que establezca el nuevo liderazgo y las acciones que se emprendan para conducir a un recambio de gobierno con posibilidades realistas de modificar la situación económica y social argentina, con la finalidad de orientarla hacia el progreso. 

Antes de presentar la lista “Primero la Patria” para presidir el PJ, Cristina Kirchner afirmó en la carta abierta publicada el 7 de octubre: “Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia sólo genera confusión y vacío. No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”.

La necesidad de un espacio de debate es indudable. La profundidad del decaimiento económico, que resumimos anteriormente, y sus consecuencias sociales, indican que se trata de un problema que requiere de esfuerzos para resolverse, y ante la falta de elaboración de ideas más comprometidas quedan las posibilidades de que el nuevo gobierno emerja con la claridad y la fortaleza requeridas para superar la gran crisis que atraviesa la nación argentina. 

No obstante, la afirmación de que el ámbito adecuado sea el PJ admite matices. La creación de espacios con fines de investigación, discusión y debate de carácter público es independiente del PJ en cuanto tal, que puede ser uno de ellos pero también es posible que conviva con otros. Y su transformación en un espacio de discusión no es dependiente de quién lo conduzca, sino del trabajo que se inicie para reorientarlo hacia ese fin.

Nuevo principio

Lo anterior hace interesante detenerse en la idea de “enderezar lo torcido” expresada por CFK. Dicha consigna remite a una rectificación de lo existente. Sin embargo, si por “torcido” se entiende a las falencias del gobierno del Frente de Todos, advirtamos que no es lo mismo corregir uno o varios comportamientos o errores específicos, que plantear un nuevo principio en el cual las propuestas progresistas estén respaldadas por ideas e intereses. 

Los argumentos que interpretan el ascenso de Javier Milei, como una derechización de la sociedad argentina tienden a diluir la importancia de la mala calidad del gobierno anterior, que no se niega, pero no se enfatiza suficientemente. Eso produce que no haya atención suficiente a la revisión de las ideas económicas que acompañaron los desaciertos.

Por ejemplo, se dice que el descarrilamiento del peronismo se debió en parte a no ocuparse de revertir el déficit fiscal. Aunque se plantee que los gastos que deben reducirse consisten en promociones fiscales a los grupos económicos y que la reforma fiscal tiene que dirigirse a una mejora de la estructura impositiva, en lugar de las habituales exhortaciones a mermar ingresos de los sectores populares, sigue tratándose de una idea restrictiva sobre el gasto público, en torno al cual nunca está garantizado que los impuestos coincidan con las necesidades de financiamiento, definido por políticas públicas que hacen al programa de gobierno.

Se dice que se debe mejorar la eficiencia del Estado, modernizando su funcionamiento, reformando la educación pública, y mejorando el aparato de seguridad, que redundan en un descontento de la población. Sin embargo, no se especifica qué es lo que debería resolverse en cada una de las reformas subrayadas como necesarias. 

Esta falta de reivindicación de la función pública, trastocada en una crítica tímida, se mancomuna con el dejar de lado los debates sobre el crecimiento económico, las necesidades de integración de la industria argentina y el impulso a una apertura política que permita gestar las alianzas necesarias para afrontar las tensiones que necesariamente genera el cambio social.

La nueva organización de la oposición podría incorporar estas cuestiones a su agenda, que no son “demandas nuevas”, sino nada menos que las viejas necesidades que quedaron insatisfechas desde 2017. Por esa insatisfacción es que la sociedad argentina no encuentra en las opciones existentes una contención representativa, y puede pensarse que reconocerlas es un camino para recuperar la empatía entre la estructura política y el electorado. El riesgo de no hacerlo es la continuidad de la crisis, cuyas consecuencias son difíciles de imaginar pero, en todo caso, es preferible no tener que hacerlo.