El Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad sintetizó una agenda para reconstruir el sistema argentino en la materia, definir una misión nacional, federalizar capacidades y decisiones, vincular la investigación con la producción y las demandas sociales, y transformar la gobernanza y la evaluación.
El desafío, aseguraron los organizadores, es pasar de la resistencia frente al ajuste a una arquitectura institucional orientada por problemas, territorios y soberanía.
Después de más de un año de intercambios iniciados en la Universidad Nacional de Misiones y continuados en la Universidad Nacional de Río Negro, las Segundas Jornadas sobre una Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología dejaron un resultado político y programático: la conformación del Foro Federal CTU y un conjunto de “ideas fuerza” abierto al debate.
El encuentro de Bariloche, realizado en mayo de 2026 y reflejado en detalle por este medio, fue convocado por doce universidades nacionales, y su diagnóstico partió de una paradoja; la Argentina dispone de investigadores y tecnólogos calificados, universidades y organismos con trayectoria y capacidades reconocidas en áreas como la tecnología nuclear, satelital, radares, biomedicina y agro; pero -sin embargo- ese capital convive con falta de planificación, desarticulación institucional, oscilaciones presupuestarias y una débil conexión con el aparato productivo, las necesidades sociales y los territorios.
Definir qué país queremos
La conclusión que atravesó las ponencias fue que el sistema no tiene un problema de talento ni de tradición, sino de misión porque falta una respuesta colectiva y sostenida a la pregunta “ciencia, tecnología y universidad, ¿para qué país?”.
Por eso, las propuestas no se limitan a recuperar recursos frente al deterioro presupuestario y salarial, caracterizado por el Foro como “cientificidio”. El objetivo es inscribir la política científica y tecnológica en un proyecto nacional soberano con metas productivas, sociales, ambientales y territoriales con base en tecnología propia, soberanía alimentaria y energética, trabajo, salud, educación y vivienda, junto con democracia, derechos humanos, pluralismo y pensamiento crítico.
Uno de los principales consensos logrados fue abandonar la falsa oposición entre ciencia básica y ciencia orientada.
Y estimaron que el sistema podría organizarse en dos capas complementarias: una basal, destinada a sostener la formación, la investigación en todas las disciplinas y las capacidades fundamentales; y otra orientada a resolver problemas y misiones planteadas por el Estado, las provincias, los municipios, las empresas y las comunidades.
Energía, agua, alimentos, hábitat, salud, educación, transporte y logística aparecen como campos capaces de articular proyectos multidisciplinarios y desarrollos regionales en una lógica que requiere una estrategia nacional de desarrollo y un Plan Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Puentes entre universidades y empresas públicas
Las empresas públicas fueron señaladas como puentes entre el conocimiento y la producción, mientras que el financiamiento debería combinar misiones, investigación básica y vinculación territorial. También se propuso revisar regulaciones e incentivos, fortalecer la demanda tecnológica del sector productivo y generar mecanismos para que parte de las rentas extraordinarias de actividades extractivas retorne al sistema de conocimiento.
La federalización ocupó un lugar central. El documento de resultados advierte que alrededor del 80% de los investigadores y becarios del CONICET se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Para el Foro, federalizar no equivale a trasladar oficinas ni repartir recursos de forma compensatoria. Implica redistribuir poder de decisión y construir capacidades situadas.
Universidades para el desarrollo federal
Entre las medidas planteadas figuran planes provinciales, un censo federal permanente, pisos de financiamiento para las provincias periféricas y una coordinación estable entre Nación, provincias y municipios.
En ese esquema, las universidades nacionales son la principal plataforma institucional del desarrollo federal.
Las ponencias propusieron revisar la distribución presupuestaria, ampliar los cargos con dedicación completa y reconocer trayectorias diversas en investigadores, extensionistas, tecnólogos, vinculadores y personal técnico.
Las universidades también reclamaron una articulación más clara entre las universidades y el CONICET para superar normas, incentivos y criterios de evaluación que hoy se superponen.
La nueva arquitectura quedó abierta a distintas alternativas: un Ministerio que reúna ciencia, tecnología y educación superior; dos carteras diferenciadas entre formación y proyectos estratégicos; o consejos temáticos con participación estatal, comunitaria y privada.
Más allá del formato, hubo coincidencia en fortalecer la planificación, formar cuadros para la gestión pública, modernizar los sistemas de información y crear instituciones tecnológicas capaces de convertir conocimiento en soluciones.
Otro acuerdo importante fue revisar el paradigma de evaluación centrado casi exclusivamente en publicaciones y patentes.
Las propuestas incorporan relevancia social, impacto nacional y regional, adopción, transferencia, interdisciplinariedad y resultados ex post. También plantean transparentar dictámenes, sumar actores sociales y productivos, unificar los sistemas curriculares, crear un banco público de evaluadores y desarrollar una infraestructura abierta de información científica.
Sobre la inteligencia artificial, la posición fue precisa: puede asistir, pero nunca reemplazar la evaluación por pares y la supervisión humana.
Sociedad y comunicación
El vínculo con la sociedad completa la agenda. Comunicación pública de la ciencia, extensión crítica, enseñanza con perspectiva social y ambiental, ciencia ciudadana y participación en la definición de prioridades fueron señaladas como dimensiones constitutivas.
La articulación con cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, empresas y actores de la economía popular permitiría codiseñar problemas y soluciones.
Las jornadas dejaron asuntos pendientes como el lugar específico de la ciencia básica, la financiación de las provincias con menos recursos, la representación social en los organismos y la coordinación entre urgencias y políticas de largo plazo. Y fijaron una orientación común en la defensa indispensable de lo construido.
La propuesta está imbuida en el espíritu de pasar de un sistema fragmentado y concentrado a otro con misión democrática, capacidad tecnológica, arraigo territorial y sentido productivo y social.
En esa perspectiva, la ciencia, la tecnología y la universidad no son un gasto sectorial sino parte de la infraestructura con la que un país como la Argentina puede conocer su realidad, decidir su rumbo y construir soberanía.