Trump, operado por Flavio Bolsonaro, declara a los narcos brasileños como terroristas. Y después vuelve con eso de los aranceles. El impacto en las campaña y la dura reacción de Lula.
Donald Trump terminó cumpliendo una amenaza a la soberanía de Brasil y declaró a las dos grandes bandas delictivas del país, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, como organizaciones terroristas. El Presidente Naranja se metió así en el medio de la campaña electoral del 4 de octubre, porque firmó el decreto horas después de recibir en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro, senador, candidato a presidente e hijo del todavía detenido Jair. Lula da Silva ni lo pensó y fue directo al corazón del asunto: Flavio es un traidor a la patria que perjudica al Brasil para ganar puntos electorales.
El mundo está realmente globalizado, parece, y los temas internacionales pesan en las elecciones nacionales. Ya no son los tiempos en los que el venerable político Ulysses Guimaraes podía decir, con certeza, que la agenda internacional “te gana votos, en Burundi”. A Lula, los moderados todavía no le perdonan la solidaridad con la Venezuela chavista, y los evangélicos las críticas a la campaña militar de Benjamín Netanyahu en Gaza. Flavio está enfriando su apoyo entre los independientes, ni petistas ni bolsonaristas, con su imagen de cipayo obsequioso con los Estados Unidos.
El gran golpe contra el ultraderechista sigue siendo el escándalo del Banco Master, cada vez más un símbolo de los chanchullos de los poderosos a costa del brasileño común. Flavio negó todo, pero en el teléfono del encarcelado banquero Daniel Vorcaro aparecieron sus muy amistosos mensaje –“hermano”, le decía- mangándole millones para una película sobre su padre. Flavio hizo carrera señalando a Lula como un corrupto, pero su “honestismo” tipo Lilita quedó manchado indeleble.
Lo de cipayo no para de crecer, porque Washington parece estar en una verdadera campaña contra Brasil y se sospecha que Eduardo, hermanito de Flavio y su operador en el Norte, tiene bastante que ver. El canciller de Trump, Marco Rubio, puso a los brasileños en una lista de países latinoamericanos “no amistosos”, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lula, en reunión de gabinete, dijo públicamente que Rubio es “un latinoamericano frustrado”.
Justo atrás de eso, vino una declaración de la poco conocida Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que opina y regula el comercio del país con el mundo. La Oficina ya había propuesto tarifas de importación del 25 por ciento contra Brasil por malas prácticas comerciales que no explicó. Y esta semana puso al país en una lista de 58 países, más la Unión Europea, que no “imponen ni aplican efectivamente una prohibición de importar productos producidos con trabajo esclavo”. La tarifa a los derivados de estos productos sería del 12,5.
La movida fue vista en Estados Unidos como un truco de Trump para volver a usar su arma favorita, luego que la Corte Suprema le vedara hacerlo por decreto. En Brasil cayó fatal, y Lula habló de usar la Ley de Reciprocidad de 2025 para poner sus tarifas de importación y hasta suspender acuerdos comerciales. El consenso entre economistas es que las tarifas tendrían un efecto limitado en la economía real, pero podrían ser pésimas para Flavio.
Terroristas
Lo de declarar bandas criminales internacionales como terroristas es una moda para saltarse leyes que limitan el trabajo policial e involucrar a grupos como la CIA. Ya se sabe, es una excusa para incursionar en tierras ajenas y hacer desastres.
Lo que no quita que el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital son un peligro real que Brasil lleva muchos años y varios gobiernos tratando de controlar. El problema es que las bandas facturan miles de millones de dólares mediando el contrabando de drogas de Colombia, Bolivia y Perú hacia Europa, y según Trump ya operan en doce estados de su país, aunque no dijo cuáles. Son, además, inmensas: según la Procuración del estado de San Pablo, de donde es originario, el PCC tiene al menos 40.000 miembros y ya es un poder financiero. Es que estas bandas narcos tienen el problema de blanquear las fortunas que ganan, y están penetrando cada vez más en las Fintech y sus monedas virtuales.
Y además están las inversiones materiales en Brasil. Un caso reciente da un ejemplo: la policía paulista detecto que una cadena de 60 moteles en el estado estaba haciendo gastos llamativos, como comprar un tremendo yate de 23 metros de eslora, un helicóptero y más de tres millones de dólares en terrenos. La cadena facturaba 450 millones de reales al año, unos 70 millones de dólares, y declaraba una estupenda ganancia para sus dueños del diez por ciento. La investigación reveló que los moteles pertenecían al PCC, junto a tiendas y emprendimientos inmobiliarios.
La Policía Federal encontró que el PCC ya era dueña de una de las terminales del puerto de Paranaguá, en Pernambuco, uno de los mayores del país. Los narcos tenían un sector de 85.000 metros cuadrados, 18 silos graníferos y libre acceso a buques.
La Confederación Nacional de la Industria denunció que las bandas no se limitan a lo narco y cometen otros crímenes a escala. Un estudio de 32 rubros industriales mostró que el perjuicio para las empresas es de 39.000 millones de reales, más de 6000 millones de dólares. Los narcos roban equipos y cables de cobre, falsifican productos y establecen monopolios por la fuerza en ciertas regiones.
Como se entiende, todo esto registra en la campaña. Un 73 por ciento de los encuestados esta semana estuvo de acuerdo con que las bandas sean declaradas terroristas, pero apenas un 45 por ciento quiere que Estados Unidos intervenga. Lula llegó bien con su declaración de que era una interferencia en la soberanía nacional, pero Flavio contestó el mismo día con un video diciendo que “uno en cuatro brasileños vive en áreas dominadas por narcos. Esas personas no tienen soberanía ni en sus casas”. En la campaña bolsonarista ya hablan de que esa será una de sus líneas argumentales.
Es un tema importante, porque la violencia está al tope de las preocupaciones del votante, con un 27 por ciento de menciones y por encima de la salud y la corrupción.
Jornadas
Mientras, el gobierno tuvo un golazo al aprobar en Diputados que los brasileños tengan una jornada laboral de 40 horas semanales. Esto puede sonar extraño a oídos argentinos, pero es un logro histórico entre nuestros vecinos. Cuando Brasil abolió la esclavitud en 1888, hubo casi cuarenta años de reformas laborales odiosas, con jornadas de doce horas diarias, luego catorce y finalmente dieciséis. El único que revirtió la tendencia fue Getulio Vargas, que la bajó a 48 horas con un máximo de ocho por día. La constitución que enterró la dictadura impuso el Sábado Inglés hasta el mediodía, con lo que bajó a 44 horas semanales.
Esto significa que los trabajadores van a trabajar cuatro horas menos por semana sin recorte de salario, y quien trabaje más tendrá horas extras. Ningún poroteo indica que la derecha en el Senado tenga la fuerza de voltear el proyecto, pese al duro lobby de las empresas.
Freud
El nuevo frente de guerra cultural en Brasil es el psicoanálisis, la “ciencia judía” que odiaba Hitler. El enorme sector evangelista del país lo detesta porque compiten con los profesionales en eso de curar dependencias, aliviar depresiones y regalar la alegría de Cristo. Pero resulta que, en 2023, el Consejo Federal de Psicología emitió la Resolución 7, que prohíbe a los profesionales del campo las prácticas religiosas como parte de la terapia. El psicoanálisis, al final, tiene bases científicas y no religiosas.
El asunto acaba de llegar a la Comisión de Asunto Sociales del Senado de la mano del muy, pero muy bolsonarista Eduardo Girao, senador por Ceará. La idea de Girao es pasar una ley prohibiendo la “discriminación” de los psicólogos o psiquiatras cristianos que quieran ejercer desde sus creencias. También hay un caso ante la Corte Suprema para que declare que el Consejo Federal “persigue” a los profesionales cristianos
Un asesinato
La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos acaba de publicar sus conclusiones sobre la muerte del ex presidente Juscelino Kubischek en un choque en la autopista Dutra en 1976. Según los comisionados, fue un asesinato deliberado en el marco del Operativo Cóndor, un atentado contra el fundador de Brasilia.
En agosto de 1975, el general chileno Manuel Contreras, por entonces a cargo del Servicio Nacional de Informaciones de Pinochet, le escribió al general brasileño Joao Figueiredo, que a partir de 1979 fue el último dictador del período y en ese entonces era jefe de la inteligencia nacional. En la carta, se identificaba a Kubischek y al exiliado ex canciller chileno Orlando Letelier como “amenazas a la estabilidad de la región”. La dictadura habría preparado entonces una Operación Código 12, como llamaban a los asesinatos disfrazados de accidentes.
La Comisión recomendó que se cambie el certificado de defunción y denunció decenas de irregularidades y omisiones en la investigación de la muerte en 1976. El encubrimiento más grave es que no figura una parada de casi noventa minutos en el hotel hacienda Villa Forte, propiedad en ese entonces del brigadier Newton Villa Forte, cercano a los generales Figueiredo y Golbery do Couto e Silva. Según testimonios que recogió la Comisión, al salir del hotel, el chofer de Kubischek, Geraldo Ribeiro, dijo que alguien había andado toqueteando el auto.