Bolivia prorrogó por 90 días el estado de excepción en un escenario de deterioro económico, pérdida de credibilidad del gobierno de Rodrigo Paz Pereira y temor a una nueva ola de protestas. El aumento previsto de los combustibles y las exigencias del FMI agregan presión a un sistema político que, según Jaime Iturri Salmón, comienza a responder preventivamente con herramientas de excepción. El autor vincula el caso boliviano con medidas de seguridad y control adoptadas o impulsadas en la Argentina y Estados Unidos. El hilo común que propone es el recurso a instrumentos coercitivos cuando se debilita la capacidad de persuasión política. En el centro del análisis aparece el argentino Fernando Cerimedo y su influencia en la experiencia boliviana.
Reunión de gabinete en pleno, en medio del bloqueo más fuerte que ha vivido Bolivia en los últimos 20 años. El asesor principal de Presidencia, el argentino Fernando Cerimedo, antes del atentado a su pareja y todavía libre, fuera de sí, quiere irse a los golpes contra el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. El motivo no es menor: cómo enfrenta el Estado la ola de protestas.
Cerimedo exige represión violenta. Lupo, negociar. Se impuso la línea de Lupo y se firmó el acuerdo que levantó el bloqueo. Pero los halcones se quedaron con el ojo en tinta. Por eso, a las pocas horas del acuerdo, se dictó el estado de excepción. Ahora acaba de ser prorrogado por 90 días más.
Es una medida preventiva, y ahí está su novedad. No hay hoy grandes movilizaciones. En el pasado, la derecha esperaba a que hubiera desmanes para que la clase media pidiera orden. Ahora quiere cortar por lo sano. Teme octubre, después de la siembra en el Altiplano, cuando el campo vuelve a la ciudad.
El gobierno se anotó un punto: consiguió una mayoría sólida en el Parlamento para la prórroga. Pero camina sobre vidrios. Una encuesta de la carrera de Comunicación Social de la UMSA entre estudiantes de 13 universidades de La Paz dice que el 86 por ciento cree que el presidente Rodrigo Paz Pereira es un mentiroso. Sólo el 2 por ciento dice que no. Cuando se pregunta si la primera dama está comprometida en casos de corrupción, el sí sube al 89 por ciento. En resumen: el gobierno no rima con credibilidad.
Y sin credibilidad, el ajuste es dinamita. Paz ha anunciado que debe terminarse la “subvención de los hidrocarburos para invertir en hospitales y escuelas”. Traducción: subir el litro de gasolina de Bs 6,96 a Bs 18. Promete cupos para transportistas públicos, pero el golpe a la economía popular es inevitable. El precio podría estabilizarse en Bs 10 si el Estado dejara de cobrar impuestos ligados al combustible, pero no es opción para un gobierno sin caja. El Fondo Monetario Internacional ha sido categórico: sin eliminar la subvención, no habrá un dólar de préstamo.
El peligro de la represión es conocido en Bolivia: que las masas sobrepasen a las fuerzas del orden. Ha ocurrido más de una vez. Y octubre es un mes que Bolivia recuerda.
La trampa constitucional
La prórroga del estado de excepción entrampa a la propia derecha. Su gran deseo es destrozar la Constitución masista para dar seguridad jurídica a las transnacionales. Pero la ley de leyes prohíbe taxativamente discutir cualquier reforma constitucional durante un período de excepción.
Sin nueva Constitución no hay inversión externa. Pero con estado de excepción tampoco puede haber nueva Constitución. Y aunque lograra aprobarla, debe pasar por el Tribunal Constitucional Plurinacional y luego por referéndum popular. Meses, si no un año. El gobierno está prisionero de su propio miedo.
El manual es continental
Lo que pasa en La Paz no es un exabrupto andino. Es el manual de la nueva ultraderecha a la hora del miedo.
Caso 1: Buenos Aires. Javier Milei no sólo gobierna con el DNU 383/2025, que ya habilita a la Policía Federal a detener sin orden judicial “si presume que alguien pudiere cometer un delito”, a requisar en la vía pública y a hacer ciberpatrullaje en redes sociales sin control de un juez. Ahora ha ido más allá.
El 17 de septiembre envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Con la excusa de Malvinas y de proteger los recursos del mar, el artículo 111 modifica el Código Penal: pena de 5 a 12 años de cárcel para quien, con financiamiento total o parcial de un Estado u organización extranjera, “manipule la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. Si hay amenazas o estructuras criminales, de 8 a 15 años.
¿Qué es manipular? No lo define. Puede ser un medio que publica una investigación financiada por una fundación europea, un sindicato que difunde un informe de la OIT o un periodista que recibe una beca. ¿Quién lo decide? No un juez. Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional presidido por el propio Milei. Es un permiso para reprimir a sola sospecha de pensar distinto, si tu pensamiento viene de afuera.
Caso 2: Los Ángeles. Donald Trump acaba de sufrir la misma derrota, pero al revés. El 16 de septiembre, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong prohibió a ICE realizar detenciones sin orden judicial en todo el sur de California, Los Ángeles, Orange, Riverside y otros cinco condados. El fallo, tras una demanda de la ACLU, reveló que en el 80 por ciento de 113 casos analizados, ICE no había documentado ni siquiera el riesgo de fuga. Detenían por color de piel, por hablar español, por estar frente a un car wash.
La jueza dijo que la mera condición de indocumentado no es justificación para un arresto. Y negó al gobierno la suspensión del fallo mientras apela. Es una derrota operativa y moral que deja a Trump sin su herramienta de show: la redada.
Y falta noviembre. El 3 de noviembre son las midterms. Si Trump pierde la Cámara de Representantes, las encuestas le dan entre 3 y 7 puntos de desventaja y su aprobación está en 34 por ciento por la inflación, se queda sin presupuesto para ICE y con comisiones que investigarán esas detenciones como “secuestros”.
Tres gobiernos, mismo reflejo: cuando falla la zanahoria de la credibilidad, viene el palo de la excepción, de la detención sin orden, del delito de opinión.
Esta tentación autoritaria tiene nombre y apellido: Fernando Cerimedo. Él develó los mecanismos de la ultraderecha para ganar elecciones e influir en la opinión pública con campañas coordinadas. Ahora, cuando no convence, reprime.
Lo malo de esta estrategia es que los de abajo también tienen palos y piedras. Lo sabía David, aunque me temo que Goliat lo ignoraba.
