De cara a los comicios municipales del 29 de noviembre, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denuncia un fuerte deterioro de las condiciones democráticas en Ecuador y sostiene que el gobierno de Daniel Noboa utiliza mecanismos judiciales y electorales para condicionar a dirigentes opositores. También analiza el crecimiento de las extremas derechas latinoamericanas y plantea que las izquierdas deberán comprender las nuevas subjetividades construidas por las plataformas digitales y la inteligencia artificial sin abandonar los valores de solidaridad, comunidad y acción colectiva.
—¿Cómo describirías hoy el escenario político ecuatoriano de cara a las próximas elecciones? ¿Existen garantías para competir?
—En este momento, la democracia en Ecuador está asediada. No estamos bajo un régimen democrático. Se le pueden dar varios nombres, pero esta es una dictadura en la que las funciones del Estado, los organismos de control y, sobre todo, los organismos electorales han sido cooptados por el Poder Ejecutivo. El hostigamiento que inicialmente estaba dirigido hacia Revolución Ciudadana (N. de la R.: partido político creado por Rafael Correa) terminó ampliándose hacia otros sectores políticos. Hoy no solamente ha sido proscripto el movimiento político Revolución Ciudadana. Son varias las organizaciones que no van a poder participar en esta contienda electoral, entre ellas RETO, AMIGO e Izquierda Democrática. Además, existe una amenaza permanente sobre fuerzas que han mantenido una posición de oposición al gobierno de Daniel Noboa. Algo que algunos sectores intentaban justificar cuando afectaba solamente a Revolución Ciudadana hoy está permeando las bases mismas de la democracia.
—¿A qué sectores alcanza el hostigamiento?
—Las elecciones locales tienen dinámicas territoriales particulares. Se está eliminando a contendientes que están en condiciones de ganar alcaldías o prefecturas. El Gobierno ha hecho un mapeo de los territorios y, allí donde sabe que resulta difícil ganarle a algún dirigente, utiliza la justicia ordinaria o electoral para sacarlo de la competencia. Esto ha ocurrido incluso con dirigentes que no pertenecen a Revolución Ciudadana. Lo han dicho explícitamente: quieren alcaldes de su línea política para que coordinen con el presidente. Entonces, mi respuesta es que no hay garantías. Ya pasamos el proceso de democracia interna, la inscripción de candidaturas y el período de impugnaciones, pero la autoridad electoral sigue abriendo un margen de incertidumbre sobre quiénes finalmente podrán competir. Esto genera dudas sobre la campaña y mucha desconfianza respecto de los resultados que deberá anunciar el Consejo Nacional Electoral (N. de la R.: las autoridades del CNE anunciaron que, aunque los candidatos estén inscritos, hasta el 9 de noviembre no se conocerá la lista definitiva de candidatos).
—En este contexto aparece un dilema difícil: participar aun cuando se cuestionan las reglas de juego o retirarse y dejar el terreno libre al oficialismo. ¿Cómo pensás esa tensión?
—En los regímenes autoritarios disfrazados de democracia, donde aparentemente las instituciones funcionan y los organismos de control parecen neutrales, es mucho más difícil generar un mecanismo organizado de reacción. En un escenario donde aparentemente todo funciona democráticamente, organizarse y reaccionar es mucho más complejo. En esa lógica, nuestra organización tomó la decisión de dar la pelea desde la institucionalidad. Nos parece fundamental sostener lo poco que queda de ella. Si bajamos los brazos y dejamos que la extrema derecha y el autoritarismo avancen sobre las alcaldías, las juntas parroquiales y las prefecturas, estaremos cediendo cada vez más institucionalidad. No se trata solamente de garantizar pluralidad, sino de defender lo poco que queda del Estado, porque hoy son fundamentalmente los gobiernos locales los que están resistiendo este proceso de desinstitucionalización. Nuestra decisión es participar para sostener la democracia aun en condiciones profundamente adversas y evitar que nuestras ciudades y provincias también queden atrapadas en ese proceso. En medio de esta discusión se oculta que la política de seguridad del Gobierno ha fracasado, que su política económica ha fracasado y que el crimen organizado sigue avanzando. Sabemos que es muy difícil participar sin garantías ni certezas, pero nuestra obligación como demócratas es dar la pelea. Además, hemos comenzado a articular con sectores y fuerzas políticas con los que tenemos muchas diferencias, pero con los que hoy nos une la defensa de la democracia.
—Vos y Pabel Muñoz, alcalde de Quito, son dos dirigentes con mucha trayectoria y gestión territorial. ¿Cómo ves su proyección política y el papel que pueden jugar ambos en los próximos años?
—Tenemos una relación sumamente fraterna, que se ha consolidado en medio de la adversidad. Creo que esas son las relaciones más duraderas, porque la persecución y las dificultades nos llevaron a hermanar no solamente nuestras vidas, sino también nuestros proyectos políticos. Pabel ha sido una de las figuras más asediadas durante los últimos tiempos. Su candidatura ya está inscripta, pasó el proceso de impugnaciones y está en firme, pero ahora se buscan otras vías judiciales para retirarle los derechos políticos. La intención sería llegar a un escenario en el que formalmente siga siendo candidato, pero no pueda hacer campaña o incluso asumir el mandato en caso de ganar. ¿Por qué ha sido tan asediado? Porque en Quito hay una valoración positiva del proceso de cambio que impulsó desde el Municipio y un respaldo a la continuidad de su gestión. Pero además nosotros representamos una opción clara de oposición al Gobierno de Noboa. Hay un reconocimiento de la gestión que se ha hecho desde la Prefectura de Pichincha y desde el Municipio de Quito, pero también una valoración de que no claudicamos en nuestras posiciones políticas para poder gestionar, mientras muchas autoridades optaron por callar o ubicarse en un lugar supuestamente neutral.
—Además de la persecución y el hostigamiento, ¿qué costos políticos puede tener esa oposición firme al Gobierno de Noboa para liderazgos como el de Pabel Muñoz o el tuyo?
—Mi principal preocupación es la utilización de la justicia para retirar derechos políticos. Creo que el Gobierno ha descubierto que puede resultar menos costoso y más efectivo quitarle los derechos políticos a un dirigente que impulsar un proceso judicial falso que termine en prisión. Es un Gobierno que va perfeccionando sus mecanismos de persecución. El retiro de derechos políticos es especialmente grave porque busca afectar nuestra capacidad de actuar como dirigentes y de sostener una posición pública de oposición. Nos preocupa que se utilicen la justicia electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para impedir que sigamos siendo actores políticos con presencia en la escena pública. Pero existe también otro riesgo, que es el de la gestión. Cada vez se vuelve más pesada la tarea de conducir gobiernos locales que mantienen una oposición total al régimen. Estamos en nuestro séptimo año de gobierno. Fuimos oposición a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso y ahora a Daniel Noboa, y puedo decir con firmeza que hicimos un gobierno local exitoso. Sin embargo, nunca habíamos tenido condiciones tan duras como las actuales. Hay procesos de contratación pública paralizados sin explicación ni respuesta y, en esas condiciones, es muy difícil cumplir con las responsabilidades de gestión. Creo que esa es también una de las razones por las que algunas autoridades exitosas decidieron no buscar la reelección.
—De hecho, uno de los debates recientes tiene que ver con la autonomía presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué está en juego concretamente en esa discusión?
—El centralismo está directamente vinculado con el autoritarismo. La descentralización y la autonomía significan, justamente, distribuir el poder central. Si estás conduciendo un régimen autoritario basado en la concentración del poder, lo último que querés es tener alcaldes y prefectos con autonomía política, administrativa y financiera. Por eso, volver a un Estado centralista es una consecuencia natural del régimen que estamos viviendo. La lógica es concentrar recursos, restringir la libertad política y obligar a los gobiernos locales a alinearse con el poder central. Eso supone atacar una autonomía que llevó muchos años construir. Voy a poner un ejemplo. Muchas obras de los gobiernos locales se financian a través del Banco del Estado y requieren autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros tenemos que demostrar capacidad de endeudamiento, presentar el proyecto y justificarlo. Ahora se pretende condicionar la entrega de esos recursos a que las obras lleven la imagen del presidente. Recursos que por ley y por Constitución corresponden a los gobiernos locales terminan presentándose como si fueran obras del Gobierno nacional, que no hace obras y quiere figurar en las que realizan los gobiernos locales.
—Frente a este estrechamiento del margen de acción de los gobiernos locales y de los actores políticos de oposición, ¿qué aliados les quedan para seguir dando la disputa política y, al mismo tiempo, sostener la gestión?
—La verdad es que quedan muy pocos. En este último proceso encontramos cierta apertura por parte de varias organizaciones políticas. Existe una necesidad mutua porque esas organizaciones también requieren votos para sostener su registro electoral, pero creo que hay que poner en valor su predisposición y, sobre todo, su valentía, porque saben que acercarse a nosotros también puede tener costos frente a la persecución. Ese es uno de los pocos espacios de oxígeno que hemos encontrado. En los demás ámbitos empezamos a sentir que nos falta el aire. El papel de Naciones Unidas, por ejemplo, es muy preocupante. Ellos saben lo que está sucediendo, pero vemos un silencio absoluto. Lo mismo ocurre con las embajadas, los cuerpos consulares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Estados Americanos. Este ha sido un año especialmente grave en términos de muertes de niños y menores de edad y de desapariciones forzadas. Sentimos que no hay una amplificación internacional de lo que está ocurriendo en Ecuador. Y eso también tiene que ver con el contexto geopolítico más amplio, con lo que está pasando en Estados Unidos, Colombia, Argentina y en toda la región.
—La agenda de mujeres, salud y derechos tuvo un lugar muy fuerte durante tu gestión. ¿Qué balance hacés de esas políticas y qué preocupación te genera su continuidad una vez que concluya tu mandato?
—Me genera mucha preocupación. Construir es muy difícil y lleva tiempo. Destruir es muy fácil. Durante estos años intentamos que la Prefectura fuera un soporte para la gente, que cuidara y pusiera la vida en el centro, y me preocupa que eso pueda perderse. Por eso estamos conformando comités de usuarios de los servicios que presta la Prefectura, para que los propios ciudadanos puedan convertirse en actores de exigibilidad y defender aquello a lo que ya tienen derecho. Para mí, cerrar la gestión significa también transferir ese legado a la ciudadanía. La gente de Pichincha está acostumbrada a tener servicios de salud que funcionan, centros que cuidan a las mujeres y espacios gratuitos donde pueden capacitarse, aprender y emprender. Queremos que esas políticas puedan sostenerse más allá de nosotros. Y creo que no hay que huir de la política. Hay que explicar qué está ocurriendo y mostrar que las decisiones políticas tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. Mucha gente dice que no le interesa la política, que vive de su trabajo y que los políticos no le dan ni le quitan nada. Pero la política puede quitarte derechos, servicios y condiciones de vida, o puede permitir que tu vida sea más digna.
—En algunos de tus últimos discursos aparece una mirada que excede a Pichincha y se proyecta hacia Ecuador y hacia la región. ¿Sentís que estás comenzando una nueva etapa política?
—Hoy recibí una llamada que me dio mucha alegría. Las candidatas a prefectas de Guayas y Santa Elena se comunicaron con nosotros porque quieren conocer la experiencia de Pichincha. Que otros territorios quieran mirar y eventualmente emular lo que hicimos me confirma que no podemos renunciar a la institucionalidad que todavía es posible construir desde los gobiernos locales. También me permite afirmar que este es un modelo exitoso. Hemos construido un gobierno local de izquierda, popular y feminista, que puso la vida de las personas en el centro. Y esa experiencia nos permite formular una pregunta muy sencilla: si pudimos hacerlo en Pichincha, ¿por qué no podría hacerse en otros lugares? ¿Por qué no podríamos hacerlo también desde el Gobierno nacional? Más que pensar ahora en un cargo o una dimensión institucional determinada, mi certeza es que este modelo puede proyectarse a nivel nacional.
—Frente a una gestión que considerás exitosa, ¿por qué decidiste no presentar tu candidatura a otro cargo de elección popular en esta elección?
—Mi decisión fue cerrar esta gestión. Son siete años al frente de la institución y, para presentarme ahora a otro cargo de elección popular, tendría que haber renunciado antes. Todavía tengo por delante un cierre administrativo que para mí es muy importante. En tiempos de persecución necesito tener la certeza de que todos los procesos administrativos quedan correctamente cerrados. Esa se volvió una prioridad. Pero también hay una decisión política y personal de cumplirle al pueblo de Pichincha. Este año están floreciendo muchos proyectos que comenzamos hace tres o cuatro años, porque la administración pública lleva tiempo. Para mí era fundamental terminar varios de los compromisos que asumimos durante esta gestión. No quiero que nadie pueda decir que ofrecimos algo y no cumplimos. Cumplir la palabra tiene un enorme valor para mí. Por eso decidimos quedarnos en Pichincha hasta el 14 de mayo del próximo año. Después caminaremos lo que haya que caminar. Si hay algo que reivindico es que soy una mujer de izquierda y una mujer que hace política.
—¿Cómo imaginás tu propio futuro político a partir de 2027?
—Me veo recorriendo el país. Pichincha sigue siendo, en algún sentido, una burbuja porque hemos trabajado para evitar que la violencia penetre con la misma intensidad que en otros territorios y para que la gente se sienta respaldada y acompañada. A pesar de la situación nacional, todavía tenemos un poco de oxígeno en esta provincia. Pero lo que están atravesando Esmeraldas, Guayas, El Oro o Manabí es muy duro. Creo que necesito salir y ver cómo está el país. Es una tarea que quiero hacer y una deuda que siento con nuestra gente. Una cosa es hacer política en Cayambe y otra hacerlo en territorios atravesados por niveles altísimos de violencia.
—Cuando mirás América Latina, ¿qué lectura hacés del avance de las derechas y de las expresiones de extrema derecha? ¿Qué deberían comprender o modificar los progresismos para volver a construir mayorías?
—Creo que América Latina sigue siendo un espacio en disputa. Lo que ocurre en países como Colombia o Perú muestra que hoy esa disputa se da entre procesos progresistas y de izquierda y una extrema derecha que ha ganado mucho terreno. Pero esto también está vinculado con el momento histórico que estamos viviendo. Creo que atravesamos un cambio civilizatorio que todavía no alcanzamos a comprender del todo. La tecnología, las grandes plataformas, la inteligencia artificial y el teléfono están transformando nuestras sociedades porque también están produciendo otro tipo de individuos. Aparece una tensión cada vez mayor entre lo individual y lo comunitario, entre lo individual y lo público, entre lo individual y lo solidario. Frente a ese escenario tengo una duda: no sé si las extremas derechas supieron leer mejor este momento o si su crecimiento es, en sí mismo, una expresión de esta nueva configuración social. Pero lo cierto es que parecen haber logrado una conexión más eficaz con estos nuevos ciudadanos y con sus sensibilidades. Quienes venimos de procesos progresistas y de izquierda estamos obligados a comprender ese fenómeno y encontrar nuevas formas de comunicarnos con la gente. Las extremas derechas han logrado instalar proyectos profundamente individualistas. Te dicen que vos te vas a salvar, que vas a ser empresario, que vas a salir adelante por tu cuenta. Nosotros, desde la izquierda, hemos construido discursos colectivos y comunitarios. Hoy ese mensaje de solidaridad, comunidad y avance colectivo encuentra mayores dificultades para conectar. Ese es uno de nuestros principales desafíos: cómo volver a construir un sentido de lo público y de lo colectivo en sociedades atravesadas por aspiraciones individuales y sensibilidades profundamente emocionales.
—Toda comunicación tiene una dimensión racional, pero también una dimensión emocional. ¿Estas nuevas formas de comunicación están produciendo nuevas subjetividades? ¿Cómo ves el papel de las plataformas en esa transformación?
—Creo que estamos atravesando un cambio muy profundo. La tecnología, las grandes plataformas, la inteligencia artificial y los dispositivos que usamos cotidianamente están modificando no solamente la forma en la que nos comunicamos, sino también el tipo de sociedad que estamos construyendo. Hay una transformación en la relación entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público, entre la solidaridad y la idea de resolver la vida de manera individual. Eso tiene consecuencias políticas. Las extremas derechas han logrado construir mensajes que conectan muy bien con esa lógica. Te ofrecen una salida individual, ser exitoso, convertirte en empresario. Para quienes venimos de tradiciones políticas que ponen en el centro lo público, lo comunitario y la solidaridad, eso representa un enorme desafío. Necesitamos comprender esas nuevas sensibilidades, que son profundamente emocionales, y volver a conectar con ellas sin abandonar nuestros principios.
—Hoy vemos dirigentes que construyen su imagen a través de TikTok, la espectacularización y la exposición de su vida privada. ¿Un liderazgo político e ideológico todavía puede competir con esa lógica?
—Creo que lo primero es tener la capacidad de disputar esos espacios. Muchas veces, por temor a banalizar la política o a quitarle valor a lo importante, terminamos cediéndolos. Así como tenemos que disputar la institucionalidad, también tenemos que disputar las redes sociales, comprender la inteligencia artificial y utilizar las herramientas tecnológicas en favor de nuestros proyectos políticos. Tenemos que modernizarnos porque este proceso nos ha sobrepasado. La discusión está en qué hacemos y qué comunicamos con esas herramientas. Yo siempre lo hablo con mi equipo: si me piden que haga un TikTok bailando, no lo voy a hacer. Pero si me proponen utilizar TikTok para informar sobre una feria de salud, sí, porque sé que puede ampliar enormemente el alcance de esa política pública. Tenemos que entrar en esas plataformas con nuestros valores y nuestra manera de entender la vida. Al mismo tiempo, debemos reconocer que es una disputa muy desigual. Ellos concentran buena parte de sus campañas en las redes y la tecnología. Nosotros no podemos abandonar el territorio, pero tampoco podemos renunciar a comunicarlo. Resignarnos a perder esa batalla significaría aceptar que ya no podemos volver a ganar una elección. La tenemos difícil, pero no es imposible.
