No alcanza con citar el rechazo del Senado al decreto 70 dictado por Milei a días de asumir. Conviene narrar la historia. Con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones, la Cámara alta rechazó el decreto de desregulación económica de Javier Milei el 14 de marzo de 2024. La mayoría opositora cuestionó el uso de una herramienta excepcional para introducir reformas de amplio alcance y reclamó discutirlas mediante leyes. La decisión no produjo su derogación, que requería también el rechazo de Diputados.
El rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 reunió en el Senado a sectores con diferencias políticas, pero con una objeción compartida: el Poder Ejecutivo había utilizado un mecanismo excepcional para modificar una extensa parte de la legislación argentina. Después de más de ocho horas y media de sesión, presidida por Victoria Villarruel, la norma recibió 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. La votación representó una derrota para el Gobierno y trasladó a Diputados la posibilidad de completar su derogación.
Firmado el 20 de diciembre de 2023, el decreto comprendía 366 artículos y abarcaba alquileres, relaciones laborales, medicina prepaga, comercio y empresas estatales, entre otras áreas. El Ejecutivo justificó las reformas en la gravedad de la crisis económica y en la necesidad de remover restricciones a la actividad privada. Para sus críticos, esa amplitud era precisamente uno de los problemas: bajo una misma declaración de emergencia se habían agrupado transformaciones que requerían debates específicos sobre sus consecuencias.
El radical Martín Lousteau concentró su intervención en la legalidad del procedimiento. “La razón es muy sencilla. Es inconstitucional”, afirmó. Su argumento apuntaba a que la conveniencia de las reformas no reemplazaba las condiciones exigidas por la Constitución para dictar un DNU. También advirtió sobre el precedente que suponía avalar esa herramienta: otros presidentes podrían utilizarla para impulsar cambios contrarios a quienes entonces la respaldaban. La discusión, planteó, debía considerar los límites al poder más allá de la identidad del gobernante.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, cuestionó la fundamentación de la urgencia y la concentración de atribuciones legislativas en el Ejecutivo. “Es un abuso atroz de derechos del Poder Ejecutivo”, sostuvo, y describió el conjunto de reformas como “un cambio constitucional de hecho”. Según su planteo, los fundamentos generales sobre la crisis se parecían a una plataforma electoral y no demostraban por qué resultaba imposible recurrir al Congreso para aprobar modificaciones permanentes en tantos sectores.
La objeción constitucional remitía al artículo 99, inciso 3, que permite estos decretos únicamente cuando circunstancias excepcionales impiden seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Esa disposición también excluye las materias penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. El eje del cuestionamiento opositor era que la existencia de una crisis no justificaba por sí sola cualquier reforma mediante decreto: debía acreditarse la imposibilidad de utilizar el procedimiento legislativo y respetarse el carácter excepcional de la herramienta.
Desde el peronismo, José Mayans incorporó una advertencia sobre los efectos económicos y sociales de la desregulación. El senador formoseño fundamentó su rechazo en que “este DNU hace que suban todos nuestros servicios y que bajen los sueldos de los trabajadores argentinos”. También reclamó que Milei enviara proyectos de ley para discutir las medidas de manera particular. Su intervención vinculó la defensa de las atribuciones del Congreso con la necesidad de examinar cómo las reformas afectarían los ingresos y el acceso a servicios.
Mariano Recalde, también de Unión por la Patria, cuestionó a quiénes beneficiaría el programa. “Ya conocemos esta historia de desregulación para que los poderosos acumulen riquezas y la pobreza crezca”, expresó. Su intervención agregó al debate jurídico una disputa sobre la distribución de los costos y beneficios: desde esa perspectiva, eliminar regulaciones podía favorecer a actores con mayor poder económico y debilitar protecciones para trabajadores y consumidores. Se trataba de una evaluación opositora sobre las consecuencias del decreto, no de un resultado establecido por la votación.
El rechazo también recibió apoyos fuera del bloque peronista mayoritario. Edgardo Kueider, de Unidad Federal, sostuvo que había expresado su objeción constitucional desde la publicación de la norma. Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, manifestó preocupación por “una concepción autocrática que se observa y se expresa en los dichos del presidente”. Estas intervenciones ampliaron el cuestionamiento hacia la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, con reclamos de diálogo y de respeto por la autonomía parlamentaria.
El oficialismo defendió la urgencia de las reformas y el respaldo electoral de Milei. Antes del debate, intentó postergarlo mediante una moción que perdió por 41 votos contra 30. La mayoría contraria al DNU quedó integrada por los 33 senadores de Unión por la Patria y otros nueve legisladores, incluidos Lousteau, Pablo Blanco y representantes provinciales. El PRO acompañó el decreto, mientras que la UCR dividió sus posiciones.
La decisión tuvo un alcance jurídico limitado: la Ley 26.122 exige el rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. Además, impide modificar su texto durante ese procedimiento, por lo que los legisladores debían aceptarlo o rechazarlo completo. Esa restricción reforzó el reclamo opositor de discutir las reformas mediante proyectos separados. El Senado negó su respaldo al decreto; para completar la derogación por esa vía, Diputados también debía pronunciarse en contra.
