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Misoprostol cero, o cómo el Gobierno desprotege a las mujeres

La decisión oficial aumenta las muertes neonatales y de madres.

Una nueva audiencia judicial reabrió el debate por la decisión del Gobierno nacional de suspender la compra de medicamentos para la interrupción del embarazo. Lucía de la Vega, del CELS, explica cómo la medida agrava las diferencias entre las provincias mientras advierten que el Presupuesto 2027 prevé cubrir a 700.000 personas menos en el programa nacional de salud sexual.

Cinco claves:

1. Organizaciones de la sociedad civil iniciaron una acción preventiva contra el Estado nacional por el cese de las compras de misoprostol y mifepristona.

2. La partida de salud sexual cae un 0,5% en términos reales frente a lo aprobado para 2026 y prevé cubrir a 700.000 personas menos.

3. También aseguran que la provisión nacional pasó de cubrir a más de 1,2 millones de mujeres en 2024 a una proyección de apenas 63.000 para 2026.

4. La suspensión de las compras nacionales de misoprostol delegó la provisión a los recursos y a la capacidad de cada provincia, haciendo inequitativa la atención de la necesidad.

5. Profesionales, redes de socorristas y donaciones sostienen cierto nivel de asistencia en el acceso a la interrupción del embarazo en las provincias más afectadas por el abandono del Estado nacional.

Organizaciones de la sociedad civil y feministas denunciaron que el presupuesto 2027 consolida la regresividad del programa de «Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable», con un 0,5% menos que el aprobado para este año, lo que implica que otras 700.000 mujeres no dispondrán de esta cobertura que garantizó anticonceptivos, a través del Plan ENIA, y la provisión de misoprostol en casos de abortos voluntarios dentro del Plan de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El tema volvió a tomar exposición pública a partir de una nueva audiencia citada por la Justicia en la causa que el CELS, Amnistía Argentina, La Ciega (una asociación civil y colectivo de abogados y abogadas), ELA, Mujeres por Mujeres y Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) plantearon mediante una acción preventiva contra el Estado nacional, que, a través del Ministerio de Salud, informó (y efectivizó) que no compraría más misoprostol y mifepristona.

“La causa ya lleva más de dos años”, dijo la coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, Lucía de la Vega

a ¿Y ahora qué?

Y agregó que “esa parálisis está documentada en los expedientes mismos que tenemos de compra, dato que fue anunciado en el Consejo Federal de Salud (COFESA, reunión mensual de ministros de Salud provinciales con su par de Nación), donde les dijeron a las provincias que se corrían. En febrero del año pasado denunciamos el tema, cuando ya llevaba cerca de un año de suspendido el trámite de compra”.

—Es decir que fue durante el primer año de gestión.

—De la Vega: Sí, a mitad de año, en una reunión de COFESA informaron que interrumpían las compras y que las provincias tenían que hacerse cargo porque el Estado nacional no iba a aportar más. Y lo hicieron. El programa de «Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable» contaba con 28.000 millones de pesos asignados por el Congreso nacional para 2026. El Poder Ejecutivo recortó unilateralmente un 39 % del presupuesto, sin emitir ningún DNU ni publicar las correspondientes resoluciones o decisiones administrativas y sin informar al Congreso conforme indica la ley. Adicionalmente, al mes de septiembre de este año, la ejecución real apenas superaba el 10 % del crédito aprobado.

—¿Y cómo está reflejado en el Presupuesto 2027?

—De la Vega: Se consolida esta regresividad porque, aunque se proyecta un monto nominal de $33.785 millones, en términos reales representa un 0,5 % menos que lo aprobado en 2026 y prevé cubrir a 700.000 personas menos de las previstas para este año.

Mucho más que números

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad(CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro(REDAAS) analizaron los recortes presupuestarios del gobierno nacional a la salud sexual y reproductiva, que han implicado el desmantelamiento del Plan ENIA y la reducción en la asignación de recursos para la compra de insumos proyectados para 2026.

Los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1.200.000 en 2024 a apenas 63.000 previstas para 2026. Se estima que esto podría implicar 840.000 mujeres protegidas menos contra embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, más de 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.

También valuaron el impacto económico de estos recortes en el financiamiento nacional y aseguraron que, en Argentina, cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión.

Las partidas destinadas a salud sexual representan apenas el 0,017% del presupuesto nacional y fueron de las que más recortes sufrieron. Las organizaciones agregaron que la cobertura nacional en esta agenda es la más baja de los últimos 10 años.

Además, concluyeron que la fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos no representa una “austeridad inteligente sino una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. Menos acceso a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado”. Y agregaron que los países desarrollados entendieron que invertir en salud sexual y reproductiva no es un “gasto social sino una política económica estratégica. Argentina corre el riesgo de recorrer el camino inverso porque detrás de cada anticonceptivo que deja de proveerse no sólo hay un insumo menos. Hay proyectos de vida truncados, derechos vulnerados, capital humano desperdiciado y años de desarrollo económico y social que el país pierde”.

Otro abandono del federalismo

Las compras centralizadas permitían planificar la provisión y reducir costos, y buscaban garantizar un piso común de acceso a estas prácticas en todo el país. La interrupción ocurre en un contexto de debilitamiento mucho más amplio de las políticas nacionales sanitarias, especialmente de salud sexual y reproductiva, que incluye -además- prácticamente la eliminación del Plan REMEDIAR, el desfinanciamiento del Plan ENIA y el debilitamiento de la educación sexual integral.

El retiro unilateral del Ministerio de Salud vulnera el principio de no regresividad y promueve profundas inequidades en todo el país porque deja librado el acceso a un derecho creado por ley nacional a la dispar posibilidad de cada provincia.

—¿Corresponde que las provincias se hagan cargo de la provisión de misoprostol, o es un tema de la Nación?

—De la Vega: Hay una corresponsabilidad porque son facultades concurrentes de la Nación y las provincias. Pero el Estado nacional se comprometió frente a la comunidad internacional en tratados, desde la CEDAW (N. de la R.: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas) o desde el Pacto Internacional de San José de Costa Rica. Al asumir un rol de rectoría sanitaria, tiene que dar lineamientos generales. Desde la creación del programa de salud sexual y reproductiva -previo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo- se armó un sistema de logística para que lleguen esos medicamentos a los centros de salud, así que hay facultades concurrentes de las provincias y del Estado nacional para garantizar la salud. Y con el corrimiento del Estado Nacional se generan situaciones de mucha desigualdad, porque, según el territorio en el que esté, la persona gestante o la mujer va a poder acceder o no.

—O sea que, además de dejar de proveer la medicación, también dejaron de cumplir con su función rectora.

—De la Vega: Exactamente. Se corrieron también de eso. No lo dicen abiertamente, pero se corrieron porque esa función rectora implicaba también equipos, capacitaciones, directivas, etc.

—¿En qué situación está la causa?

—De la Vega: Venimos diciendo que ya no hay nada que producir en términos de prueba porque la prueba ya está en el expediente y consiste en los propios expedientes administrativos. Ni siquiera es una causa controvertida porque el Estado nacional admite que se corrió del tema. No discuten pruebas porque no corresponde, porque las pruebas son los propios expedientes administrativos de ellos, así que queremos avanzar y que salga la sentencia porque cada vez se está consolidando más el daño. La causa se tiene que tramitar como de puro derecho porque no hay pruebas que producir y pasar a sentencia.

—¿Eso significa que asumen el abandono del plan?

—De la Vega: Sí. No pueden, pero tienen una visión del Estado mucho más reduccionista y están en lo que ellos llaman la batalla cultural.

Y después, otra cosa es que el número de abortos se sostiene. Entonces tampoco te conviene decir mucho que el aborto no se está garantizando, porque se está sosteniendo a pesar del corrimiento.

—¿Cómo se está sosteniendo la asistencia a las mujeres que la requieren?

—De la Vega: Gracias a un armado que tenemos hace años entre los laburantes, como socorristas y equipos de salud, e incluso gracias a donaciones que las provincias reciben de organizaciones internacionales que garantizan los abortos.

—Pero no está bien que se sostenga en esos términos.

—De la Vega: No, pero se viene garantizando con un esfuerzo enorme de los trabajadores de la salud, sobre todo de ginecólogas, médicas generalistas y enfermeros. En algunas provincias, las obstétricas también tienen la posibilidad de hacer abortos.

—¿Qué provincias están mejor organizadas para responder?

—De la Vega: Buenos Aires y Mendoza están súper bien; Jujuy, La Pampa, Córdoba y Neuquén lo están asegurando. Y están complicadas Santiago del Estero, Misiones o Tucumán, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo.

—¿Porque es distinta la intervención?

—De la Vega: Exactamente. En el aborto, el tiempo es muy estratégico. Las chicas que llegan al segundo trimestre en general son chicas muy jóvenes. Es entonces cuando se les nota el embarazo en la escuela. Fueron víctimas de una violación. Otras no tuvieron los medios para acercarse al centro de salud o estuvieron trabajando. Las técnicas son distintas. Muchas veces no se puede hacer solo con medicación y se requiere internación u otros procedimientos. La atención se dificulta porque puede haber resistencia en algunos médicos para hacer abortos en el segundo trimestre. Cuanto más avanza el embarazo, menos quieren hacer el aborto porque puede haber riesgo también para la mujer. Suelen ser niñas abusadas.

La última milla

En política sanitaria, la última milla es el tramo final entre ofrecer un servicio de salud y lograr que las personas que lo necesitan efectivamente lo reciban. La expresión deriva de un concepto usado en materia de logística y, en salud pública, alude a las barreras de acceso que se resuelven en el territorio. En una campaña de vacunación, la última milla incluye llevar las dosis al centro de salud con la cadena de frío intacta, identificar a las personas no vacunadas y facilitar que se vacunen.

El término hace foco en la brecha entre la cobertura prevista y el acceso real.

La política libertaria está poniendo más que una milla de distancia: miles de kilómetros entre su disposición a obrar como un Estado solidario y las reales necesidades de gran parte de la población.

El Centro de Consenso de Copenhague, un think tank liderado por premios Nobel de Economía que “investiga y publica las soluciones más inteligentes a los mayores problemas del mundo”, según se indica en su página web, concluyó que “la inversión en anticoncepción es una de las políticas públicas con mayor retorno para el desarrollo”.

Según sus propias estimaciones, cada dólar invertido en anticoncepción puede generar hasta 120 dólares en beneficios económicos y sociales. Y algunos de sus investigadores demostraron que las decisiones reproductivas condicionan las oportunidades educativas, laborales y productivas de las personas y de los países.

La premio Nobel Claudia Goldin expuso la relevancia del acceso a la anticoncepción en el desarrollo económico de los Estados Unidos. Poder decidir el momento adecuado para la maternidad impulsó la participación de las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral, aumentó la productividad y redujo la pobreza y las desigualdades.

Nose trata solo de salud, sino de capital humano y de desarrollo. Otro tema en el que los libertarios vociferan una cosa y actúan -exactamente- en la dirección contraria.

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