La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, abrió una crisis política y judicial que involucra al gobierno de Rodrigo Paz, a Estados Unidos, al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al exministro Eduardo del Castillo. Grabaciones todavía no autenticadas, denuncias de pagos y acusaciones de injerencia norteamericana se mezclan con una investigación que ya alcanzó a policías, fiscales y exfuncionarios. El episodio se cruza además con el caso Fernando Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller.
Desde La Paz
“Es mi amigo” y “avisa.” Pocas palabras que hicieron correr la bola de nieve hasta que se convirtió en avalancha. Estas habrían sido pronunciadas por Sebastián Marset al ser consultado sobre el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, momentos después de que el narco uruguayo fuera detenido por la DEA norteamericana en marzo de 2026. Las grabaciones fueron difundidas después de la detención de Mariaca y de que se ordenara la búsqueda del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Cabe hacer notar que la voz del interrogador está distorsionada y falta el peritaje que determine si el video es real.
El miércoles 30 de octubre por la noche, Mariaca, llegando de un vuelo procedente de Sucre, fue detenido junto con el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos. Durante toda la noche se especuló sobre si los dos aprehendidos habían sido llevados a Estados Unidos vía Lima, pero alrededor de las 3 de la mañana se confirmó que estaban en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en El Alto, La Paz. Un día después, las autoridades señalaron que Inteligencia informó sobre movimientos de grupos “delincuenciales” alrededor del aeropuerto de Viru Viru y que eso llevó a su traslado a tierras del Altiplano.
Temprano en la mañana del jueves, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo informó que en la detención intervinieron únicamente policías bolivianos, y no agentes de la DEA como se especuló, y que Mariaca y Zeballos no serían enviados a Estados Unidos sino juzgados en el país. Los cargos, dijo el ministro, son organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Mazzone, dice que acusará sólo por los dos primeros cargos.
Oviedo agregó que no se detuvo al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, pero que la Policía está tras sus pasos. Los que sí fueron aprehendidos son el fiscal Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. A Irusta se lo acusa de haber retirado documentación de las oficinas de la Fiscalía en Sucre y a Aparicio, que fue el primer detenido, de admitir ser el correo que supuestamente llevaba la plata de Marset a altas autoridades judiciales y a Del Castillo.
“Capturen a Del Castillo”
Después de la aprehensión de Mariaca, las redes reprodujeron profusamente otra grabación en la que Marset decía que le pagó a Del Castillo, a quien citaba por el alias de “Sonia”, medio millón de dólares para poder permanecer en Bolivia “desarrollando sus actividades”, además de una cifra mensual, sin precisar el monto. El narco uruguayo dice que Mariaca estuvo presente en la entrega del dinero. Al igual que el otro audio, éste no fue autentificado.
Fuentes policiales señalaron que Rubén Aparicio está colaborando con los investigadores con nombres y montos supuestamente entregados.
En manos del Congreso
Si bien el jueves el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo señaló que el Ejecutivo nombraría por decreto al nuevo fiscal general y este discurso fue repetido por el diputado oficialista Alejandro Medinaceli, el viernes el discurso gubernamental cambió a pedir que el Congreso destituya a Mariaca. Pero para que eso ocurra debe haber juicio de responsabilidades.
En todo caso, de producirse esto ingresaría como fiscal general el fiscal departamental de Chuquisaca y, si éste no pudiera o declinara, el fiscal más antiguo.
¿Paz y Rubio hablaron sobre el tema?
En la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre pasado ya se podían ver los signos de lo que vendría. Después de una reunión a puerta cerrada con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el presidente boliviano Rodrigo Paz pidió fuerzas multinacionales, léase Estados Unidos y gobiernos aliados, ante intentos de “desestabilización” que el narcoterrorismo quisiera implementar en Bolivia. Donald Trump respondió que hasta podría enviar tropas para garantizar que esta parte del mundo siga sirviendo a los intereses norteamericanos.
La primera medida después de los discursos fue publicar la lista de autoridades que, a criterio del Departamento de Estado, estarían comprometidas con hechos de corrupción o con haber favorecido a narcos. A ellos se les retiró la posibilidad de ingresar a territorio norteamericano. La medida afecta a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
En el caso peruano, Washington ha sancionado a operadores judiciales cuya actuación considera contraria a sus intereses geopolíticos en el Pacífico, como el caso del megapuerto de Chancay. Aunque EE.UU. no ha dado detalles de por qué se le quita la visa al juez encargado de la causa, todo indica que el estratégico puerto en manos de los chinos es un dolor de cabeza para los halcones de Washington porque el fallo favoreció a los asiáticos. Es un caso emblemático porque demuestra lo que se buscaría sancionar a quienes no se alinean con lo que el Departamento de Estado piensa. Y es una advertencia clara: “O haces lo que digo o no podrás ir a visitar a Mickey Mouse”.
Todos los familiares directos de quienes figuran en la lista, en principio, perdieron también su visa para ingresar a EE.UU. Con ello aumenta la presión. Ningún padre quiere que ese sambenito cuelgue del cuello de sus hijos.
La administración Trump no presentó prueba alguna ni hubo juicio para determinar si las acusaciones eran ciertas. En el caso de Bolivia se seleccionó a 12 personas que tenían visa vigente, más otras nueve que no tenían y fueron declaradas inelegibles. Entre los sancionados están el fiscal general Roger Mariaca Montenegro y el exministro de Justicia del gobierno de Luis Arce, Iván Manolo Lima Magne. Se habla también de una nueva lista de otros 20 nombres todavía no dada a conocer. El exministro de Gobierno Carlos Romero dijo que en ella se encuentra un ministro actualmente en funciones.
La medida funciona además como una marca de agua roja para bancos internacionales, organismos multilaterales y empresas que aplican reglas estrictas de cumplimiento. No es que en sí misma la retirada de la visa signifique congelar cuentas, pero el sistema financiero toma precauciones y suele ralentizar, cuando no paralizar, la capacidad financiera del sancionado fuera de su país. Sobre todo en Estados Unidos y Europa occidental.
Para el periodista Ramón Grimalt, el gobierno de Paz ya sabía de la determinación de EE.UU. El Presidente “lo supo en Washington y lo supo en Nueva York”, dice el comunicador y agrega que “no mandó a investigar las acusaciones en Bolivia por cobardía, prefiriendo que sea Estados Unidos quien hiciera el trabajo”.
Y después de la retirada de visa, el gobierno actuó con el operativo realizado el miércoles por la noche en Viru Viru.
Salvando al soldado Cerimedo
Roger Mariaca y las fiscalías de Santa Cruz, La Paz y Beni tuvieron un comportamiento ejemplar en el caso Cerimedo, actuando con una celeridad inusual y logrando que el principal asesor de Rodrigo Paz, según una tarjeta de presentación encontrada en la vivienda del argentino, fuera enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el frío Altiplano paceño.
A pocas horas de que el Departamento de Estado anunciara la retirada de visas, los presidentes de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, pidieron que Mariaca dejara su cargo mientras se investigan los cargos de EE.UU., además de solicitar que Cancillería tramite ante su par norteamericana las pruebas en su contra. Pruebas que serían evaluadas por una comisión parlamentaria. El diputado Carlos Alarcón señaló que, de no retirarse voluntariamente Mariaca, impulsaría un juicio de responsabilidades. Sin embargo, un juicio de esa naturaleza es largo. Por eso ha surgido en las redes la amenaza de que se podría extraditar al actual fiscal general. La excanciller de Jeanine Áñez, Karen Longaric, ha señalado a Radio Panamericana que para ello basta que le abran proceso en una corte norteamericana.
El jueves el ministro Oviedo declaró que no habrá extradición, de momento.
Resulta irónico que sea precisamente Ávila, el presidente del Senado que pide que Mariaca se aparte del caso, el mismo al que hace algunos días el fiscal general reconociese como presidente del Estado toda vez que Rodrigo Paz y Edmand Lara no se encontraban en el país.
Precisamente Edmand Lara, en torno a la lista de EE.UU., sostuvo: “No podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista. Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”. Y agregó: “Si existen elementos contra el Fiscal General, que se presenten y que se investigue conforme a la ley. No defendemos personas, defendemos el debido proceso y la institución”.
Una vez ocurrida la detención, Lara señaló que se ha vulnerado el debido proceso.
Un día antes de ser aprehendido, Mariaca convocó a conferencia de prensa y recordó que en 1996 Estados Unidos le retiró la visa al expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario. Años después se la devolvieron, a él y a otros dirigentes miristas, por el apoyo que dieron a Gonzalo Sánchez de Lozada para que en el Congreso fuera elegido para ejercer su segundo mandato. Paz Zamora había sido sancionado por supuestas relaciones con narcotraficantes, entre ellos el Oso Chavarría, pero los miristas sostienen que fue por promover la diplomacia de la coca, diferenciando la hoja del clorhidrato de cocaína.
Mariaca dijo respetar la determinación norteamericana, pero pidió reciprocidad: “Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no”. “No retrocederé ni un centímetro”, sentenció. Y añadió que continuará con las investigaciones del caso Cerimedo: el intento de feminicidio de Nadia Beller, la legitimación de ganancias ilícitas y la compra de la llamada “gasolina basura” a la empresa Futura Energy, de propiedad de su esposa argentina y de Brad Parscale, según un audio atribuido al propio Cerimedo, a quien el asesor señala como su mejor amigo. Pocas horas después Mariaca era apresado por policías enmascarados.
Pero además, a pesar de las acusaciones de Nadia Beller y de los audios de supuestas conversaciones entre Cerimedo y la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, hasta ahora la Fiscalía la ha mantenido al margen y ni siquiera la ha citado como testigo. Puede que, a la luz de los últimos acontecimientos, de seguir Mariaca en el cargo, no haya tantas contemplaciones.
La otra autoridad enemiga del argentino era el entonces comandante de la Policía, Mirko Sokol, cambiado a los pocos días de la detención de Cerimedo. El vicepresidente Lara dio a conocer un audio entre Cerimedo y Urquidi en el que se dice que el comandante debía dejar el cargo por estar investigando a un amigo de la familia gobernante.
Para Beller, el hecho de haber allanado las oficinas de la Fiscalía General en Sucre, donde se secuestró documentación, mostraría el deseo de hacer desaparecer las pruebas contra Fernando Cerimedo. Se teme particularmente por la información contenida en el celular del argentino. La noche del jueves, el vicepresidente Lara anunció que tenía copia de lo contenido en el celular en cuestión.
La víctima de la tentativa de feminicidio aclaró que el operativo se realizó sin orden judicial.
¿Fabricando pruebas?
El vicepresidente ha emitido en las últimas horas un comunicado que denuncia: “Según la información que me han hecho llegar, se estaría planteando la siembra de pruebas falsas para involucrarme en hechos ilícitos que jamás he cometido. Se trataría de un montaje con fines políticos para acallarme”.
Lara agrega: “Dejo constancia de que no he cometido delito alguno y de que todo caso que aparezca en mi contra a partir de este momento será parte de este plan de persecución. Hago responsable de mi integridad, de la de mi familia y de cualquier atentado contra mi libertad al Gobierno y a quienes ejecuten estas órdenes ilegales”.
Finalmente, el comunicado dice: “Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política”.
Coincidentemente, los abogados de Mariaca denunciaron que se están sembrando pruebas falsas contra su defendido, apuntando a los 3 millones y medio de bolivianos que la Policía sostiene haber encontrado en una ambulancia que salió de la casa de Mariaca horas después de haber sido detenido.
No fue el único dinero incautado. La Policía anunció haber encontrado un millón de bolivianos en la casa del custodio del fiscal.
Y llegó octubre
Desde hace semanas que el movimiento popular viene esperando octubre, mes en el que ha terminado la siembra y ya se han elegido a las nuevas autoridades comunales. Esas comunidades son la base de los bloqueos. Pero el gobierno ha jugado sus fichas para arremeter primero con la detención del fiscal que se había convertido en la piedra en el zapato.
El periodista cruceño Tuffí Aré señala: “Ante el riesgo de un ‘octubre negro’, marcado por una economía todavía frágil, tensión social, ajustes económicos y una agenda política compleja, Paz obtiene con la ‘operación Mariaca’ una oportunidad para recuperar iniciativa política”.
“Hasta hace poco teníamos un Gobierno que aparecía, ante una parte de la opinión pública, a la defensiva, reactivo y sometido a múltiples frentes de presión. La operación contra Mariaca, por su espectacularidad, puede permitirle recuperar momentáneamente el principio de autoridad y proyectar una imagen distinta: la de un Gobierno dispuesto a tomar decisiones contra funcionarios poderosos”, agrega Aré.
¿Una detención ilegal?
Roger Mariaca y otros dos fiscales detenidos el miércoles por la noche contrataron como su abogado a Jerjes Justiniano, quien está a cargo de asistir profesionalmente a Nadia Beller.
Justiniano, quien estrenara el cargo de ministro de la Presidencia del gobierno de Jeanine Áñez, señaló que está planteando una acción de libertad porque considera que la “detención en flagrancia” ha sido totalmente ilegal, toda vez que ninguno de sus defendidos estaba cometiendo acción delictiva alguna en el momento en que fueron aprehendidos.
La Justicia tiene 24 horas para resolver la acción de libertad, también conocida como habeas corpus. Y mientras se desarrolla esa audiencia, en el Parlamento se estará debatiendo si destituir o no a Mariaca.
En entrevista con la red Unitel, Justiniano aclaró que un delito en flagrancia es, por ejemplo, asaltar un banco y que ahí sí corresponde que las fuerzas del orden actúen sin esperar orden del juez.
La acusación de la defensa de Mariaca es contra el ministro Oviedo, contra el presidente Rodrigo Paz y contra el comandante de la Policía, toda vez que el titular de la cartera de Gobierno señaló que fue este último quien dio la orden.
La hora de las preguntas
¿Por qué, si la DEA obtiene las grabaciones sobre Mariaca y Del Castillo cuando detiene a Sebastián Marset el primer día, se ha esperado tantos meses para recién dar a conocer su contenido?
¿Las grabaciones son reales y, de serlo, quién grabó?
¿Los pecados de Roger Mariaca tienen que ver con una vendetta desde el poder por el caso Cerimedo y por haber defendido la Constitución en el tema del reemplazo temporal de la primera autoridad en caso de viaje?
¿Fue un pedido de Rodrigo Paz a Marco Rubio para quitarse una piedra del zapato?
¿Exhibirá Estados Unidos las pruebas que dice tener sobre Mariaca y los otros sancionados?
Por otra parte, varios de los presidentes del Escudo de las Américas tienen algo que perder y, con Cerimedo en la cárcel, respirarían más tranquilos si el argentino se va a su casa porque, hoy por hoy, difícilmente va a poder jugar el rol que desempeñó los últimos años. Nadia Beller ha publicado una foto donde están Donald Trump Jr., Brad Parscale y Cerimedo, lo que demuestra las estrechas relaciones con personas vinculadas con quienes persiguen al hombre que lo metió preso y que estaba investigando al asesor.
Beller, en otro de sus mensajes picantes, dice en torno a la mencionada foto: “Es menester desentrañar los presuntos negocios de estos actores que instrumentalizan el movimiento MACA”.
La abogada sostiene: “Yo presenté ante la Fiscalía audios, chats, fotografías y documentación sobre la participación de Cerimedo en decisiones de YPFB, incluyendo la colocación y retiro de funcionarios, además de información relacionada con combustible, oro y otras operaciones”.
La expareja del principal asesor de Paz agrega: “También presenté audios y chats sobre FUTURA, empresa vinculada al suministro de combustible a Bolivia. En esas conversaciones se habla de comisiones para Brad Parscale, socio de Cerimedo y exjefe de campaña de Trump, del tancaje que pasa por las manos de la madre de los hijos de Cerimedo, y en ellos Cerimedo reconoce que Brad trabaja con ella desde hace tiempo. Él niega recibir parte de la comisión que recibe Brad, pero es quien opera en YPFB para favorecer a esta empresa. También explica que la función de la madre de sus hijos sería auditar infraestructura y verificar los requisitos para el tancaje de FUTURA donde se recibiría el combustible que nos venden a Bolivia. Todo lo que le pagan a ella es comunidad ganancial para Cerimedo”.
Finalmente, Beller añade: “Es decir: no estamos hablando solamente de una campaña electoral. Estamos hablando de una estructura política internacional que después de ganar el gobierno aparece vinculada a negocios empresariales cuestionables en Bolivia”.
Como dicen en la televisión, ésta es una noticia en desarrollo. Otro giro dramático en esta interminable telenovela que demuestra que la realidad es más fantástica que la ficción más desbocada. Hasta la nueva vuelta de tuerca.
