Un error conceptual muy instalado es pensar que la cuestión social no forma parte de los desafíos económicos, cuando constituyen la base y razón de ser del empeño productivo necesario. La crisis argentina es larga y reconoce muchas instancias históricas. Poner las dificultades actuales en esa perspectiva puede ayudar a pensar alternativas viables al desvarío liberista.
El título de esta nota evoca un ensayo sarmientino (Conflicto y armonía de las razas en América, publicado en 1883) que bien puede considerarse un antecedente de las preocupaciones que inspiraron los primeros estudios sociológicos en estas tierras, aunque las herramientas conceptuales del genial sanjuanino parezcan irremediablemente anticuadas y escasamente científicas y sobrevivan como literatura antes que como aportes con pretensión de objetividad.
Equivocaba el camino (creía en la superioridad de la raza blanca sobre los nativos) pero avanzaba y obligaba a pensar, consiguiendo siempre una tenaz línea de detractores enfrentados con sus numerosos admiradores.
Dejemos aquí al inagotable Sarmiento y vamos al encuentro de nuestra dolorosa realidad actual. (Escritores de ese fuste lamentablemente no abundan y por eso se ha ganado un lugar imperecedero en la historia cultural argentina y su relectura es siempre inspiradora).
La sociedad argentina de hoy se parece muy poco a la de los años cincuenta del siglo pasado, cuando en la primera mitad de esa década las conquistas sociales se habían afianzado y el régimen peronista empezó a mostrar sus debilidades políticas y culturales.
El propio Perón advirtió las limitaciones estructurales de un país que debía importar las dos terceras partes de los combustibles que consumía, enfeudando su balanza de pagos en esa provisión imprescindible y que venía del exterior. Cuando negocia el contrato con la California Argentina (nombre local de la Standard Oil de California) da un paso trascendente que se frustra luego en el Congreso Nacional, donde no llega a ser tratado. El nacionalismo formal, declamativo, que no propone acciones concretas en cuanto a cortar los lazos de la dependencia económica funciona en este tema como un freno importante, inhibidor de las fuerzas nacionales reales que buscan ampliar la estructura productiva y con ello fortalecer una sociedad muy expuesta a los vaivenes de las finanzas (deuda) y los precios de las materias primas.
En su libro La fuerza es el derecho de las bestias, el líder justicialista incluye un abierto elogio de la política petrolera que se había expuesto en la revista Qué en 1958, citando la fundamentación con que el desarrollismo presentó la Batalla del Petróleo que razonablemente puede ser entendida como una continuidad exitosa de aquel intento con la California.
Hoy la situación es sustancialmente distinta. YPF se asocia con Petronas para hacer gasoductos para exportar gas, al que considera una materia prima aprovechable para equilibrar la balanza de pagos, no como lo que es: una formidable palanca industrializadora.
La relación de fuerzas ha cambiado mediante desencuentros enormes en el campo nacional y es ampliamente favorable al factor externo. Aun así, aparecen condiciones para plantear estrategias nacionales, de las que ya nos ocupamos en esta misma publicación recientemente: https://y-ahora-que.blog/app/?s=petroqu%C3%ADmica
El enorme aporte histórico del peronismo fue organizar a escala completa y darle sentido nacional al movimiento obrero, que hasta entonces no expresaba al conjunto de los trabajadores por el fraccionismo ideológico y las primitivas, aunque meritorias y empeñosas, formas de organización sindical que, desde fines del siglo XIX hasta se construían según los orígenes inmigratorios de aquellos primeros activistas.
Se ha registrado mucho la oposición del comunismo y el socialismo al peronismo, pero no hay un recuento cabal de la considerable cantidad de militantes de ese origen que se sumaron a los sindicatos que aparecieron y se fortalecieron durante el primer gobierno justicialista.
En la historia del movimiento obrero hay de todo, fidelidades y traiciones, pero se ha mantenido incólume la adhesión al justicialismo como doctrina constituyente, incluso con sus ambigüedades y diluciones a medida que diversas conducciones estatales fueron adoptando políticas neoliberales cuando les tocó gobernar. Es un dato real y una fuerza existente, que se ha concentrado más en defender las posiciones adquiridas que en propugnar una política nacional integradora del conjunto de la sociedad nacional.
A medida que los cambios en las relaciones laborales seguían el ritmo de las transformaciones tecnológicas, los convenios laborales fueron restringiendo su gravitación a las condiciones de labor de los trabajadores sindicalizados, hasta configurar un sector importante pero ya no mayoritario: los empleos que no encajan en disposiciones que quedaron anticuadas sumados a la enorme masa de trabajadores informales, cuya situación se alterna con la condición de desocupados, dan como resultado una conformación laboral con grandes diferencias entre oficios y ocupaciones. Es el sector desprotegido por los convenios laborales el que interesa incorporar a una protección legal adecuada, mediante el acceso al trabajo digno.
La enorme informalidad no puede considerarse un progreso, para nada. El mercado laboral “libre de ataduras” es el ideal de quienes pretenden la contratación informal de la fuerza de trabajo, lo que redunda en precariedad y peores remuneraciones comparadas con otras partes del mundo.
Un programador informático (para mencionar un caso exitoso) puede ganar muy bien en dólares trabajando para contratistas internacionales pero su remuneración, para que exista, tiene como una de sus condiciones que sea inferior a lo que se paga por la misma tarea en los países desarrollados. Esta “internacionalización” va en desmedro de un mejor nivel y calidad de vida aún para quienes consiguen esos contratos e influye negativamente para el conjunto, que debiera perseguir tanto el pleno empleo como remuneraciones suficientes para que los trabajadores atiendan sus necesidades y las de sus hijos adecuadamente a las concepciones civilizatorias actuales.
La curva de pobreza que registra los incrementos conocidos en las últimas dos décadas pone en evidencia que la Argentina ha sido un verdadero campo de operaciones para desmantelar los circuitos productivos preexistentes. Y con ello, también, las condiciones favorables a la elevación de las condiciones de trabajo y calidad de vida de la población.
Los empeños antihistóricos del gobierno actual, que hasta creó un ministerio a cargo de Federico Sturzenegger para “desregular” y “transformar” el estado argentino, (atenuando la terminología porque antes hablaban de destruir el aparato estatal) es, por lo menos, más irreal que ideológicamente primitivo: ningún país del mundo, y sobre todo los más avanzados, deja de regular la vida social incluyendo su economía. Se trata de regulaciones virtuosas que, en cuanto muestran signos de agotamiento, son mejoradas, y ello ocurre de modo permanente. Esto no impide que la plantilla liberal sea recitada religiosamente en esos países (puesto que se trata de una suerte de credo adorador del mercado), pero se traduce en favorecer la dinámica económica y la mejora social de modo sistemático, como primera labor de los funcionarios públicos.
¿Y las organizaciones de trabajadores?
Digámoslo fraternalmente: hay una deuda del sindicalismo argentino con el conjunto de la comunidad nacional. El último documento de la CGT, con propuestas muy plausibles, muestra sin embargo una ordenación de ideas que revela rutina en los enunciados y sobre todo ausencia de voluntad de liderazgo en la construcción de una alternativa integradora de la sociedad y la economía.
Es deseable que se produzca una reacción y se pueda potenciar una convergencia de sectores, hoy con estrategias dispersas, donde los trabajadores organizados jueguen un papel vertebral… para lo cual deben remontar no pocas debilidades del punto de vista político que han ido acumulando en las últimas décadas.
Otro tanto ocurre con las organizaciones empresariales. En la UIA se registra una concentración de los esfuerzos y gestiones en el lobby para resolver aspectos sectoriales o simplemente buscar o perseguir resoluciones administrativas que faciliten o destraben dificultades burocráticas. La retórica industrialista está presente en documentos y valiosos estudios, pero no es el eje de la demanda del sector, mucho menos se busca desplegar una acción de convergencia con otros componentes del conjunto social. En ese sentido se registra un retroceso, pues en el seno de la UIA existían movimientos internos que disputaban –o negociaban– la conducción de la entidad y su línea política se apuntaba a la mejora productiva, tal el caso del MIN (Movimiento Industrial Nacional) y el MIA (Movimiento Industrial Argentino) que hoy están completamente desdibujados.
El cierre o debilitamiento de industrias del interior debilitó al MIN hasta hacerlo irreconocible. Terminó presidiendo la institución Daniel Funes de Rioja, titular de un gran estudio de abogados, entre ellos no pocos laboralistas, con vínculos estrechos con la industria alimentaria y referente del MIA.
La institución (que supo ser absorbida por la CGI en épocas que el zar de la economía argentina era José B. Gelbard) volvió a manos de los industriales en las postrimerías del gobierno militar mediante acciones convergentes que encontraron en el ingeniero Eduardo Oxenford el operador perfecto para ampliar la representación de las empresas del interior en una entidad que se había caracterizado por expresar los intereses de las industrias tradicionales, en su mayoría exportadoras y alimentarias. Podría decirse que entonces se incorporó más enfáticamente a la dinámica de la institución a partir de esos años la dimensión “mercado interno”, y con ello no pocas pymes se interesaron en participar, manteniendo hasta hoy la línea de realizar encuentros regionales. En su página web la UIA sostiene que: “generamos la mitad de las exportaciones, un tercio de los ingresos fiscales y un cuarto del empleo privado del país”. ( https://www.uia.org.ar/ )
La convivencia entre el MIA y el MIN, llevada a pulso enérgico pero con estilo de caballeros, permitió una representación ampliada que hoy por inercia mantiene, aunque también deba registrarse que las más grandes corporaciones, tal vez con la excepción de Techint que sigue viendo a la UIA como un ámbito propio de representación, eligen defender sus intereses a través de la Asociación Empresaria Argentina desde 2002 (https://www.aeanet.net/ ), entidad que ya ha sido analizada en esta revista: https://y-ahora-que.blog/app/la-trampa-ideologica-que-amenaza-al-empresariado.
La crisis argentina, histórica y realimentada por las sucesivas torpezas de la dirigencia y no sólo en el terreno político, alcanza también a las organizaciones de clase media y entidades de servicios. Desde los consejos y colegios profesionales hasta algunas de las representaciones del campo, pasando por instituciones educativas y los prestadores de salud.
Las restricciones económicas generales, y no sólo la deletérea inflación que es su expresión más visible, han desfinanciado a las entidades representativas, además de poner principalmente en apuros a empresas y consumidores.
Milei eligió la exposición palermitana de este año para halagar a los socios de la entidad organizadora, la Sociedad Rural, de larga tradición en el país aunque no es hoy la más representativa de los productores agropecuarios.
Como todo el mundo sabe desde 2008, cuando la Comisión de Enlace, integrada por CRA -Confederaciones Rurales -, CONINAGRO – Confederación Intercooperativa Agropecuaria – , FAA -Federación Agraria- y la propia SRA, -Sociedad Rural- liderando la rebelión del campo las entidades de productores dieron un salto cualitativo, que culminó con la no aprobación de la ley de retenciones móviles establecida por la Resolución 125, siendo Martín Lousteau ministro de Economía, mediante el voto “no positivo” del ubicuo vicepresidente de entonces, el radical hasta ese momento “K” Julio Cobos.
Después de ese episodio la vida de estas entidades no fue la misma y si bien mantienen el vínculo, las diferencias priman por sobre las coincidencias, en particular con la entidad anfitriona de la feria agraria tradicional donde el presidente no omitió ninguna de las fórmulas ideológicas en las que se arrulla la conciencia de esos dirigentes.
Un conjunto social debilitado
Tenemos pues un panorama de fragmentación y de carencias en la representatividad de las clases y sectores que conforman las actividades productivas en la Argentina. Y eso se corresponde con las dificultades que experimentan tanto quienes tienen un trabajo en blanco, protegido por las leyes, y quienes padecen las mayores carencias en una comunidad que se ha ido deshilachando, como no puede ser de otro modo por la caída de la producción y las condiciones estructurales de subdesarrollo.
Esta es la gran deuda de la universalmente valorada democracia argentina, que viene de cumplir 40 años de vigencia. Ahora esta situación ha terminado consolidando una sociedad partida, en la que la pobreza (cercana ya al 60%) es evocada en los discursos e ignorada de modo sistemático en las gestiones gubernamentales a partir de un error conceptual muy instalado: que la cuestión social no forma parte de los desafíos económicos, cuando constituyen la base y razón de ser del empeño productivo necesario.
Reducir o eludir los desafíos de la realidad significa postergar soluciones a problemas que terminan expresándose de la peor manera, fuese por incremento de la violencia o por implosión de sectores que ven disminuida su aptitud para trabajar y prosperar legítimamente.
Asumamos que mirar para otro lado, o encerrar en el ambiente enrarecido de la retórica las urgencias que padece la mayoría de la población (hasta con salarios en blanco debajo de la línea de pobreza), es irresponsable y más tarde o temprano implicará un precio a pagar por quienes debieron asumir a tiempo los desafíos que se presentaban, desde los 70 en adelante, al dejar de vivir de rentas y descuidar los procesos de inversión sobre los que se garantizan el nivel de vida y cultura de cada compatriota.
Este desastre no lo inventó Milei y su grupo de advenedizos, ellos son un emergente oportuno de la crisis de confianza que resulta de la crisis estructural, que viene de mucho más atrás. En el voto ciego que busca dejar atrás la decadencia anterior hay también un muy profundo reclamo de transformación económica y social. Se requiere abrir los ojos puesto que es preciso repensar la base de nuestras formas de vida y de trabajo que nada tienen que ver con la especulación financiera (que cuando se desprende de la economía real sólo causa daño) y la ilusión de que el mero cierre de las cuentas públicas asegura un camino de prosperidad, cuando se trata de un aspecto no sencillo de la organización institucional, con una casuística enorme a nivel mundial.
Haber votado a Milei no es un pecado mortal, puesto que tiene mucho de legítima desesperación, y en consecuencia la responsabilidad de una dirigencia renovada pasa por ofrecer alternativas viables de trabajo y solidaridad, porque sobre estos pilares se construyen los pueblos orgullosos de su esfuerzo compartido.