En el diccionario de la Real Academia se define “riesgo” como una contingencia o proximidad de un daño. La voz “riesgo político” no debe ser confundida con “riesgo país”, de uso más corriente en la Argentina. Al revisar las definiciones de un riesgo y el otro se colige que el segundo es un desprendimiento específico del primero, pero aplicado exclusivamente al mercado de bonos soberanos. Sostiene Aschieri que es indisimulable el fétido olor a engañifa que emana de postular que la inversión cae porque el populismo forajido está preparando una nueva toma del Palacio de Invierno.
Cinco claves
- Riesgo político y riesgo país no son lo mismo y este último se aplica específicamente al mercado de bonos.
- El EMBI argentino ronda los 710 puntos básicos y encarece fuertemente el financiamiento.
- La regulación mundial de la inversión extranjera permaneció relativamente estable durante 2025.
- Los seguros contra riesgo político se convirtieron en instrumentos estratégicos para las multinacionales.
- La clave es la caída del consumo y no al temor electoral.
De un tiempo a esta parte se está haciendo evidente, hasta para los que todavía tienen fe en los libertarios, que el itinerario de la actividad económica está marcado por el estancamiento y el retroceso. Y para que la desazón sea completa, con los precios creciendo muy por encima de las expectativas que alentaba el gobierno sobre su apaciguamiento definitivo para estas fechas de su tercer año, casi todo transcurrido.
Unos lustros atrás, la Agencia Multilateral de Garantías para las Inversiones, MIGA por sus siglas en inglés, del Banco Mundial, detallaba al “riesgo país” conformado por “riesgos asociados a las acciones del gobierno que restringen el derecho de un inversor a beneficiarse de sus activos o reducen el valor de la empresa”.
En la práctica cotidiana esa definición se deslindó como “riesgo político”. El “riesgo país” se aplica a lo que mide el EMBI, Emerging Markets Bond Index o Índice de Bonos de Mercados Emergentes, generado en el banco JPMorgan Chase, que lo viene calculando desde 1992. El EMBI calibra la diferencia, spread, entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares de un país emergente y la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo.
El EMBI de la Argentina está subiendo. Ronda los 710 puntos básicos, un aumento del 11 por ciento en lo que va del mes en curso. Esos 710 puntos básicos, el nivel más alto para la deuda soberana argentina desde finales de octubre de 2025, implican que para endeudarse o refinanciar los pasivos la Argentina debe pagar en Wall Street 14,10 por ciento anual de interés.
La tasa de referencia es la prime rate. Esa es la tasa de interés de referencia que cobran los grandes bancos de Wall Street a sus mejores clientes. En estos días es del 7 por ciento, conforme el Wall Street Journal Prime Rate, indicador que se calcula con la tasa base que publica al menos el 70 por ciento de los diez bancos más grandes de los Estados Unidos. Entonces, 7 de prime más 7,10 de EMBI dan el 14,10 por ciento anual apuntado. Al sector privado argentino le corren las generales de la ley.
Riesgo político en sí
Ordenando la cosa, al “riesgo país” apuntado por el Banco Mundial, los que están en el ajo lo llaman “riesgo político”. El “riesgo país” se usa únicamente para los bonos soberanos y los privados de una misma nación.
De manera que el “riesgo político” al que se están aferrando los libertarios, y revalidan sus corifeos, para esquivarle al bulto de su responsabilidad en la malaria, hace referencia a la perspectiva de perder las elecciones a manos del temible populismo argentino.
Esa expresión del mal absoluto, en la óptica del oficialismo cárdeno, está dispuesta a afectar muy fuerte al patrimonio de las empresas para rifarlo en una romería de despilfarro en pos del pan y circo. Muy reñido con el hambre y la amargura, propios de la mayor seriedad macroeconómica.
Este anuncio del pastor libertario de que viene el lobo es un reciclado de las ideas del economista estadounidense y Premio Nobel Douglass North, para el cual el impulso al desarrollo económico lo genera el diseño y puesta en práctica de instituciones que restrinjan los costos de transacción y originen incentivos para la inversión y la innovación.
Los “costos de transacción” son aquellos en los que incurren las partes interesadas para celebrar un contrato.
Las instituciones son definidas por North como las limitaciones ideadas por los seres humanos para estructurar la interacción política, económica y social. De ahí que, en este enfoque, el nervio motor del desarrollo lo moviliza la seguridad jurídica. Los derechos de propiedad de un país son eficientes y resultan clave si sancionan que las ganancias de un capital van a parar sin cortapisas a sus derechohabientes.
Daron Acemoğlu y James A. Robinson le dieron un par de vueltas de tuerca a estas ideas reunidas en lo que suele llamarse la Nueva Economía Institucional y, en su ensayo de 2012 Por qué fracasan los países, tras convalidar que en el núcleo de lo que impulsa el desarrollo están las instituciones, las categorizaron en dos tipos fundamentales enfrentados entre sí, inclusivas y extractivas.
En tanto las primeras reparten el ingreso de acuerdo con el mérito, las segundas lo concentran de acuerdo con los privilegios. Las naciones exitosas son las que pueden alentar su desarrollo porque sancionaron instituciones inclusivas.
En la práctica
En la práctica, las empresas que aseguran riesgos políticos y las organizaciones con y sin fines de lucro que calculan índices al solo efecto consideran la probabilidad de ocurrencia del cambio arbitrario de las reglas de juego en los siguientes casos.
a) Que se limite o prohíba la repatriación de capitales, dividendos e intereses.
b) La expropiación o nacionalización de sus activos, tanto si son indemnizadas por ello como si no.
c) Que se incremente la fiscalidad para las empresas extranjeras de un sector determinado. Fue el caso de las compañías petroleras radicadas en Argentina a principios de 2002, a las que se les obligó a pagar un impuesto especial del 20 por ciento de sus ingresos.
d) Para beneficiar a las empresas locales, el gobierno encapsula los derechos de las empresas extranjeras.
e) Que las tensiones y conflictos sociales terminen por estropear los activos propiedad de la empresa extranjera o reduzcan los flujos de caja generados por sus inversiones.
La prospectiva de estos desangelados escenarios plantea una pregunta. ¿Detiene y hace retroceder la inversión propia y ajena? No parece, y eso a pesar de que la UNCTAD informa que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11 por ciento. Es el segundo año consecutivo de descenso que confirma la profundización de la desaceleración de los flujos de capital productivo.
La UNCTAD consigna que en gran medida la declinación tiene su origen en una baja del 22 por ciento de la IED en las economías desarrolladas, incluida una caída del 58 por ciento en Europa. América del Norte se desmarcó de la tendencia con un aumento del 23 por ciento, liderado por Estados Unidos.
Aunque la inversión extranjera directa mundial aumentó un 4 por ciento en 2024 hasta 1,5 billones de dólares, esta alza se explica en buena parte por la alta volatilidad de ciertos flujos financieros que circularon por varias economías europeas, utilizadas como intermediarios en el tránsito de inversiones.
Eufemismo de la UNCTAD para dar cuenta de cómo gambetearon las sanciones norteamericanas a los rusos. El riesgo político, en todo caso, fue el desaguisado político impulsado por Trump.
Un estudio de la OCDE encuentra que el grado de restricción de la inversión extranjera directa se mantuvo en general estable en 2025. Más economías se liberalizaron, pero las medidas de endurecimiento más importantes impulsaron el promedio ligeramente al alza por segundo año consecutivo.
En las 106 economías analizadas, el índice promedio de restricción regulatoria de la IED, FDIRRI, aumentó sólo marginalmente. Un FDIRRI más alto indica mayores restricciones legales. Noventa y cinco economías no registraron cambios. Siete economías registraron una disminución neta, mientras que cuatro registraron un aumento neto.
Los resultados del FDIRRI de 2025 sugieren que la tendencia general de liberalización de las décadas anteriores se ha ralentizado considerablemente, sin que ello haya dado lugar a una reversión generalizada.
El grado de restricción promedio en las 106 economías analizadas aumentó marginalmente por segundo año consecutivo, pero la mayoría de las economías, 95, no registraron cambios y mostraron una mayor liberalización que restricción.
Este aumento se debió, en cambio, a un pequeño número de medidas de restricción relativamente importantes, lo que prolongó la reciente interrupción de la tendencia de liberalización a largo plazo, en lugar de indicar un cambio generalizado hacia políticas de IED más restrictivas.
Los seguros
Un estudio hecho por una aseguradora de las grandes estima que el 51 por ciento de las empresas multinacionales sufrieron pérdidas relacionadas con el riesgo político en sus inversiones internacionales entre 2020 y 2025.
Las causas más frecuentes de pérdidas fueron las dificultades para cambiar moneda local y repatriar fondos, con el 40 por ciento, la interferencia de gobiernos extranjeros en los derechos de propiedad, también con el 40 por ciento, y la obligación de abandonar activos en el extranjero debido a la violencia política, con el 33 por ciento.
La interferencia de gobiernos extranjeros generó las pérdidas promedio por empresa más elevadas, con 19,8 millones de dólares, seguida de los problemas de conversión de divisas, con 16,4 millones de dólares, y la violencia política, con 14,3 millones de dólares.
Otra aseguradora realizó una encuesta entre 66 empresas multinacionales a principios de 2025. El 74 por ciento de los encuestados incluyó el riesgo geopolítico entre sus cinco principales peligros.
El análisis de datos de la firma reveló que en 2025 habría 61 conflictos internacionales en curso entre Estados, frente a los cinco de 2005, que podría haber sido el punto álgido del orden mundial basado en normas.
Paula L. Green, en una edición de Global Finance de fines del año pasado, sostiene que a medida que el panorama empresarial global se vuelve más riesgoso, los seguros contra riesgos políticos, PRI por sus siglas en inglés, ya no son un lujo. Entre los peligros se incluyen el terrorismo, la inconvertibilidad de la moneda, la desinversión forzosa y la expropiación.
Si bien las características esenciales de la cobertura contra el riesgo político se han mantenido, el entorno de compra ha cambiado sustancialmente. Green apoya esa observación citando a Michel Léonard, economista jefe y científico de datos del Insurance Information Institute, quien afirma que tal cambio “afecta a la estructura, el precio y la implementación de los seguros contra riesgos políticos. Ahora se presta más atención al papel de estos seguros como facilitadores de la inversión, en lugar de considerarlos simplemente un extra”.
Debido a que el panorama empresarial global se enfrenta aquí y allá con focos de tensión geopolítica, esto viene acompañado de “fragmentación del comercio, riesgos en la cadena de producción, nacionalismo económico y mayor intervención estatal. Esto se traduce en mayores pérdidas políticas para las empresas”, dice Léonard.
Los organismos multilaterales de inversión, como la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, MIGA, del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, pueden ofrecer garantías que ayuden a inversores, prestamistas y contratistas a gestionar riesgos que, en gran medida, escapan a su control en las economías en desarrollo.
“Nuestro trabajo sigue siendo un factor crucial para apoyar a los países en desarrollo en su búsqueda por atraer y retener inversión privada”, le señaló Marcus Williams, jefe de gabinete de MIGA, a Green.
Para facilitar el acceso de los inversores a sus garantías, el Banco Mundial lanzó el año pasado la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, que reúne toda su experiencia y productos en seguros contra riesgos políticos y mejora crediticia, incluyendo los de MIGA y la Corporación Financiera Internacional.
El análisis de Global Finance afirma que, en medio de la escalada de tensiones geopolíticas, la capacidad del mercado de seguros contra riesgos políticos sigue creciendo.
En 2025, la capacidad total del mercado para la cobertura de riesgos políticos de renta variable, que las empresas estadounidenses suelen utilizar para cubrir sus operaciones y activos en mercados emergentes, ascendió a casi 4.000 millones de dólares, incluyendo 2.230 millones de dólares de aseguradoras privadas y 1.750 millones de dólares de reaseguros de Lloyd’s de Londres, según cifras proporcionadas por Marsh Specialty.
Esta cifra representa un aumento con respecto a los 3.710 millones de dólares de 2024, que incluían 2.260 millones de dólares de aseguradoras y 1.490 millones de dólares de reaseguros de Lloyd’s.
El costo del seguro varía mucho, pero las pólizas, que suelen contratarse por períodos de tres años, generalmente representan el 1 por ciento del límite, lo que significa que una empresa que compre una póliza de 100 millones de dólares pagaría una prima anual de 1 millón de dólares, según fuentes del sector asegurador de las corporaciones.
Nada los detiene
Observando la prudencia y mesura de los opositores al gobierno libertario, es indisimulable el fétido olor a engañifa que emana de postular que la inversión cae porque el populismo forajido está preparando una nueva toma del Palacio de Invierno.
La inversión, aun con fuerte riesgo, si pinta rentable, se advierte por lo que sucede en el panorama mundial, ni se detiene ni se retira. Se asegura.
Hay un consenso creciente de que las medidas de mitigación tradicionales, como la diversificación, las empresas conjuntas y los tratados bilaterales de inversión, son menos fiables. El seguro contra el riesgo político ya no es sólo una red de seguridad, sino un facilitador estratégico.
La debacle de la inversión no se debe a las perspectivas electorales de los opositores, que amenazan con que la Karina vuelva a sus tortas. Se corresponde con el sesgo marcadamente reaccionario de un grupo político que está muy lejos de comprender que la dinámica de la reproducción del capital viene dada por la inversión como función creciente del consumo.
Causa cierta desorientación que voces importantes del empresariado defiendan la insustancial hipótesis del riesgo político y proclamen que hay que defender “los logros del modelo”. ¿Qué logros? ¿El desempleo y la estanflación? Están llevando muy lejos, mucho más allá de lo mínimamente aconsejable, la revancha de clases.
La inversión y el crecimiento se caen porque invertir va mano a mano con el consumo. Más se consume, más se invierte. Esta contradicción fundamental entre el poder y el querer invertir se resuelve o sintetiza todos los días, a favor del consumo, mediante el crédito.
Cuando a los ingresos de las mayorías se los hace caer deliberadamente, intentar estimular la inversión, o simplemente mantenerla a igual ritmo, en el mismo momento en que el consumo final declina, como ahora, o simplemente andaba estancado, como hasta ahora, y sean cuales fueran los medios audaces empleados, resulta ser tan utópico como la cuadratura del círculo.
Es ese, por otra parte, el sueño secular no realizado del abusivo gorila argentino. Maximizar la acumulación sin aumentar los salarios y, ni bien se pueda, seguir bajándolos.
¿Será esa ilusión reaccionaria y retrógrada la que alimenta los mitos del “riesgo político” y la “preservación del modelo cárdeno”? A esta altura de la noche callada, seguir con la cantinela de que los Reyes Magos no son los padres segrega una sustancia muy tóxica, poco democrática y llena de moléculas de desintegración nacional y social.
