Luis Caputo sostiene que la Argentina se está “desendeudando”, pero las cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas muestran un aumento del stock de deuda. El texto contrasta el discurso del ministro con los datos publicados por el propio Gobierno sobre deuda, pagos, refinanciaciones, empleo y empresas. El autor advierte que pagar vencimientos no equivale necesariamente a reducir la deuda si esos pagos se financian con nuevas obligaciones. También cuestiona el aumento de la exposición con el FMI y retoma una advertencia formulada en 1893 contra la práctica de tomar nuevos préstamos para cancelar deudas anteriores.
El broker devenido en ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, cuya arrogancia parece ser inversamente proporcional a su capacidad para administrar la economía del país, lleva meses repitiendo que la Argentina se está “desendeudando”. Lo hace con una insistencia que parece destinada a convencer a los desprevenidos de siempre, a quienes desconocen las cifras de la realidad y también a aquellos que todavía conservan alguna esperanza de que, finalmente, algo habrá de mejorar.
Muchas veces me he preguntado si el ministro tiene verdadera conciencia de que los datos publicados por el propio Ministerio de Economía que conduce contradicen, mes tras mes, buena parte de sus afirmaciones. Porque no hace falta recurrir a estadísticas elaboradas por opositores, economistas críticos o centros de estudios que cuestionen al Gobierno. Basta con entrar a la página oficial de la Secretaría de Finanzas y leer sus informes sobre la deuda pública. Allí aparece una situación bastante incómoda para el relato oficial: los números del propio Gobierno son capaces de desmentir al ministro.
Caputo suele hablar en determinados ámbitos empresariales, conferencias y transmisiones por streaming donde rara vez enfrenta preguntas incisivas o repreguntas que obliguen a explicar las contradicciones entre sus afirmaciones y las cifras oficiales. Así, determinadas declaraciones quedan instaladas como verdades simplemente porque son repetidas una y otra vez, sin que nadie se tome el trabajo de confrontarlas con los datos.
Pero dejemos por un momento las opiniones y vayamos a las evidencias.
A comienzos de este año, Caputo afirmó que los próximos 18 meses serían “los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. No fue una frase perdida: la pronunció públicamente el 14 de abril de 2026. Ya estamos en agosto y, aunque algunos sectores vinculados a la energía, la minería y determinadas actividades agroexportadoras muestran resultados favorables, la economía real presenta otra fotografía: caída del consumo, dificultades para las pequeñas y medianas empresas, reducción del empleo registrado y una preocupante disminución del número de empleadores.
Un relevamiento basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contabilizó, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, 28.262 empleadores registrados menos y 341.396 puestos de trabajo formales perdidos. Otro estudio, elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda, calculó una reducción de 29.741 establecimientos empleadores y 369.463 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.
Es decir que mientras el ministro anuncia los mejores meses de nuestra historia, una parte importante del aparato productivo argentino está achicándose. Pero vayamos al tema que considero más revelador: la deuda pública.
Caputo sostuvo reiteradamente que la Argentina se estaba desendeudando. Sin embargo, los informes de la Secretaría de Finanzas permiten observar una realidad bastante diferente.
Al 31 de octubre de 2025, la deuda pública bruta ascendía a 442.196 millones de dólares. Ese número no es una estimación de un organismo opositor: es el que surge del informe oficial del Ministerio de Economía.
Según los datos que surgen de la actualización de julio que estoy utilizando, al 30 de julio de 2026 la deuda habría alcanzado 482.204 millones de dólares. Esto significa un incremento de aproximadamente 40.000 millones respecto de octubre del año pasado.
Hay un dato todavía más significativo: solamente durante julio el stock aumentó 10.520 millones de dólares, aun cuando durante ese mismo mes se registraron pagos por alrededor de 13.057 millones, de los cuales aproximadamente 10.997 millones correspondieron a capital y 2.080 millones a intereses.
Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿cómo puede hablarse de desendeudamiento cuando, después de pagar miles de millones de dólares, la deuda termina siendo mayor que antes?
La respuesta está en algo que deliberadamente suele quedar oculto detrás de la palabra “pago”. Una parte sustancial de los vencimientos no se cancela con recursos genuinos. Se refinancia. Se emite nueva deuda para cancelar deuda anterior y cuando los nuevos instrumentos tienen un valor superior al de las obligaciones que sustituyen, el stock vuelve a aumentar. Por eso no alcanza con decir cuánto se pagó. Hay que mirar cuánto se volvió a emitir y cuál es el resultado final sobre el stock de deuda. Aquí aparece una de las grandes trampas del relato oficial: pagar deuda no significa necesariamente desendeudarse. Un país puede pagar cientos de miles de millones de dólares durante años y, simultáneamente, aumentar su endeudamiento si para cancelar vencimientos necesita contraer nuevas obligaciones.
De acuerdo con las cifras que estoy utilizando, entre octubre del año pasado y julio de este año se habrían realizado pagos por aproximadamente 173.367 millones de dólares. Pero que se hayan pagado esas sumas no significa que el país haya reducido su deuda en esa cantidad. Una parte sustancial de esos vencimientos fue refinanciada mediante nuevas emisiones.
Es como pagar una tarjeta de crédito tomando otra deuda para cancelar la anterior y luego afirmar que, porque se pagó la tarjeta, uno está menos endeudado. La contabilidad puede presentarse de muchas maneras. La realidad, en cambio, tiene una sola pregunta que importa: ¿cuánto se debe al final?
Y según las propias cifras oficiales, se debe más.
Hay otro dato que merece especial atención: la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, la deuda con el FMI rondaba los 40.000 millones de dólares. Según las cifras que estoy utilizando, actualmente asciende a aproximadamente 58.028 millones. Es decir que, lejos de habernos liberado del Fondo, la exposición con el organismo internacional aumentó considerablemente. Esto resulta particularmente significativo porque uno de los argumentos centrales del actual Gobierno consiste en presentar su política económica como un proceso de saneamiento y normalización de las cuentas públicas. Pero si para “ordenar” las cuentas hay que aumentar la deuda, si para pagar deuda hay que emitir nueva deuda y si para resolver los vencimientos hay que recurrir nuevamente al financiamiento externo, entonces cabe preguntarse qué clase de desendeudamiento estamos observando.
No es una cuestión ideológica.
No es kirchnerismo contra libertarios.
No es peronismo contra antiperonismo.
Son números.
Y los números tienen la desagradable costumbre de no respetar los relatos políticos. Eso nos lleva a mirar los datos y no las declaraciones. Porque mientras un ministro puede afirmar en una conferencia que la Argentina se está desendeudando, los informes oficiales permiten comprobar cuál es el stock real de obligaciones. Mientras se anuncia que vienen los mejores 18 meses de las últimas décadas, miles de empresas desaparecen, cientos de miles de trabajadores pierden empleos registrados y buena parte de la economía vinculada al mercado interno continúa atravesando enormes dificultades.
No niego que existan indicadores positivos. Sería intelectualmente deshonesto hacerlo. La economía argentina es demasiado compleja para reducirla a una sola variable. Hay sectores que crecen, hay actividades que exportan más y hay empresas que atraviesan un buen momento. Pero precisamente por eso hay que mirar el conjunto y no tener las habituales visiones sesgadas de la realidad.
Un país no se desarrolla solamente porque crezcan las exportaciones de petróleo, gas, minería o determinados productos agropecuarios. El desarrollo supone también industria, comercio, pequeñas y medianas empresas, empleo, salarios capaces de sostener el consumo, inversión productiva y un mercado interno que permita que la riqueza generada circule dentro de la sociedad. Si crecen algunos sectores mientras se destruye una parte importante del entramado productivo y laboral, no estamos frente a una prosperidad generalizada. Estamos frente a una economía que cambia su estructura y cuya distribución de beneficios y costos debería ser discutida, porque va a favorecer a un reducido núcleo. Por eso insisto en algo que considero elemental: no hay que creerle a Caputo ni tampoco hay que creerme a mí. Hay que mirar los números. Los informes oficiales están publicados. La deuda está allí. Las emisiones están allí. Los vencimientos están allí. Los datos sobre empleo y empresas están allí. Lo único que no está en esos números es el relato porque ese lo ponen los funcionarios.
Cuando el relato comienza a contradecir sistemáticamente a las evidencias, no hay propaganda que alcance para ocultar la realidad. Se podrá discutir sobre ideologías, modelos económicos, interpretaciones históricas o proyectos políticos. Pero hay algo que resulta bastante más difícil de discutir:
si la deuda aumenta, aumenta.
Si desaparecen empresas, desaparecen.
Si se pierden empleos, se pierden.
Y si después de pagar miles de millones debemos más que antes, eso no se llama desendeudamiento.
Se podrá intentar cambiarle el nombre, pero la realidad, finalmente, termina imponiendo su propia definición, ya que en lo que hace a la deuda no hemos aprendido nada.
Esto de cancelar deuda vieja contrayendo nuevas obligaciones no es una solución: es, precisamente, el mecanismo sobre el que se ha construido el sistema de la deuda argentina. Un mecanismo que, de continuar, termina condicionando inevitablemente cualquier política económica y subordinando las decisiones del Estado a las exigencias de los acreedores. No podemos dejar de recordar, en este sentido, las instrucciones que en 1893 impartió el ministro de Hacienda Juan José Romero al representante argentino en Londres, Luis Domínguez, cuando le advirtió que ni siquiera se le ocurriera solicitar nuevos préstamos para cancelar las viejas obligaciones, porque eso significaba marchar “derecho a la bancarrota”. Más de un siglo después, seguimos recorriendo exactamente el camino que Romero intentaba evitar.
Si el año próximo la Argentina deberá afrontar alrededor de 32.000 millones de dólares, según consigna el FMI en su reciente Staff Report, resulta evidente que la deuda pública constituye hoy el principal problema estructural de nuestra economía. Sin embargo, es un problema que nunca se quiso enfrentar de verdad: se optó por pagar, refinanciar y volver a endeudarse, aceptando como legítimas las obligaciones fraudulentas contraídas durante la dictadura y asumiendo, además, deudas que correspondían al sector privado y que hoy superan los 160.000 millones de dólares. A esto deben agregarse los sucesivos beneficios y mecanismos de estatización de pérdidas otorgados al sector privado durante las décadas de 1980 y 1990, cuyo costo, actualizado a valores actuales, supera los 250.000 millones de dólares. Si nada de esto se investiga, si nadie cuestiona el origen y la legitimidad de esas obligaciones y se continúa reproduciendo el mismo mecanismo de endeudamiento, refinanciación y nuevo endeudamiento, no habrá salida posible. La deuda seguirá funcionando como una maquinaria de transferencia permanente de recursos y como una cadena que limita nuestra soberanía económica. Y mientras se siga aceptando que pagar la deuda es una obligación sagrada, pero garantizar el bienestar de los argentinos es una variable de ajuste, el empobrecimiento sistemático de nuestro pueblo seguirá presentándose como si fuera una fatalidad económica, cuando en realidad es el resultado de decisiones políticas concretas que pueden y deben ser cambiadas.