Nuestra ciencia es más desigual que la economía, y si nos separa una fisura con el resto del mundo, hacia nuestro interior la brecha es brutal. Cuando se habla del atraso argentino en ciencia y tecnología, el reflejo inmediato es mirar hacia afuera. Y es comprensible: la inversión en I+D cayó al 0,49 % en 2024, una fracción de lo que destinan Alemania, Estados Unidos, China o Corea1. Somos un país condenado a comprar tecnología y a desaprovechar el conocimiento que genera nuestra gente altamente capacitada. Y además, la ciencia argentina no sigue al mapa demográfico ni al económico: los empeora.
Pero hay comparaciones peores y no las solemos hacer. Miremos el mapa de la inversión en investigación y desarrollo por provincia. Los números son de 2014 (Ver Gráfico I). Y por una razón. Habría sido el mejor año disponible, para mostrar lo peor.
Gráfico I. Inversión en investigación y desarrollo por provincia. Argentina, 2014, en millones de pesos corrientes.
Fuente: elaboración propia sobre Indicadores de inversión en I+D, Sistema integrado de indicadores, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Las cinco primeras jurisdicciones —CABA, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe— reunieron el 80,4 % de toda la inversión en I+D del país.
Pero el dato que corta la respiración es otro: las cuatro últimas sumaron en conjunto sólo el 1,4 % del total nacional. Saquen ustdes -y asuman la afrenta- la relación entre las dos primeras y la última jurisdicción. Y recuerden, es la del mejor año.
No es que ahí vive más gente
Es la objeción previsible, y hay que contestarla de frente. Las cuatro mayores jurisdicciones del país —CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— reúnen alrededor del 60 % de la población y cerca del 70 % del producto bruto, pero una porción todavía mayor de la inversión en I+D ejecutada en todo el país. La ciencia argentina no sigue al mapa demográfico ni al económico: los empeora.
Y conviene decir algo con precisión: no es que la provincia de Buenos Aires invierta muchísimo más. Es el país el que invierte muchísimo menos en Formosa o en Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur. Pues ese dinero es en su mayor parte público -como el CONICET, las universidades, la CNEA, el INTA—, de modo que esa foto no se explica por la desidia de las provincias sino, en buena medida, por las decisiones del centro.
Río Negro lo prueba por el lado luminoso: estaba cuarta porque están Bariloche, la CNEA y el INVAP2. Donde hubo decisión nacional de instalar capacidad, hubo capacidad. Donde no la hubo, difícilmente la habrá.
Porque detrás de la palabra “ciencia” – como en industria- hay sueldos y familias, becas que sostienen a alguien de veinticinco años, laboratorios y equipos, personal de apoyo, agua analizada, suelos medidos, enfermedades detectadas, semillas que resisten una sequía, una universidad que le da un plus a una ciudad chica, oficios que se transmiten, proveedores locales, saberes que tardan treinta años en acumularse (y una tarde en dispersarse), ciudadanas y ciudadanos que entienden la tierra en donde viven. Cultura y Soberanía.
Figura II. Localización de empresas que realizaron I+D, 2020
Fuente: CEPAL (2023: 22), sobre datos de la ESID 2020 (DNIC, 2022).
Lo único que se decide
La inversión privada en investigación tiene en nuestro país dos rasgos que importan. Es baja para lo que el escenario global exige. Y está fuertemente concentrada: ocho de cada diez pesos que destinan a innovación provienen de firmas de la región pampeana, la Ciudad y el Gran Buenos Aires3. Nadie razonable espera -como regla- que una firma funde un laboratorio en Santiago del Estero por convicción federal.
Precisamente por eso, dado que cerca de seis de cada diez pesos de investigación son decisión pública, importa dónde pone el dinero el Estado nacional. Esa es la inversión que puede elegir deliberadamente su geografía: no responde al mercado, responde a qué visión de país se tiene. En gran parte de nuestra geografía, esta inversión estatal es casi la única que hay en ciencia4.
Ahí está el punto, y no es tan sólo de reparto sino de criterio. Pocas herramientas pesan tanto, en un país que todavía no terminó de integrar su propio territorio, como decidir dónde se instala la capacidad científica.
Y es exactamente ahí donde la Argentina hace lo contrario de lo que hacen los países que miran hacia arriba. En otras latitudes, las regiones menos desarrolladas también quedan atrás en inversión privada: eso es universal. Pero la inversión pública es empleada, en mayor medida, para reducir las diferencias. En la Argentina no: la inversión pública ha tendido históricamente a reproducir el mismo patrón de concentración en lugar de corregirlo.
Una anomalía llamada 2014
2014 fue el año más equitativo de la serie y aun así CABA y Buenos Aires se llevaron el 55,8 %. En 2024 dicha concentración escaló al 67,8%.
Gráfico III. Participación en la inversión nacional en I+D. Argentina, siete relevamientos, 2007-2024. La línea une observaciones, no años: los relevamientos son irregulares y entre corte y corte no hay datos intermedios.
Fuente: elaboración propia sobre Indicadores CTI, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Doce puntos. Pero como las participaciones suman cien, lo que un bloque gana el otro lo pierde, y la distancia entre los dos distritos y las veintidós jurisdicciones restantes se triplicó en una década5. No hace falta ninguna política adversa contra el interior: alcanza con que el Estado se retire para que la brecha se abra sola. El retiro del Estado no es neutral en el espacio. Nunca lo fue.
La periferia de la periferia, doble injusticia
La ciencia tiene umbrales. Un instituto, un laboratorio, una masa crítica de investigadores no se sostienen con una fracción proporcional del presupuesto: o se alcanza el umbral o no se alcanza. Por debajo de él, pueden generar ilusión, pero lo invertido se desperdicia en subsidios sueltos. Peor todavía: ese umbral no es fijo. Cuanto menos desarrollado es el sistema local, más alto es el listón que hay que saltar para que la inversión rinda.
El capital privado no suele cruzar -y menos en nuestras condiciones- un umbral que no encuentre ya cruzado; llega después, cuando la masa crítica existe. El Estado, en cambio, puede hacerlo. Y sino, desde afuera se llevan los recursos humanos o se apropian de los resultados.
Mientras tanto, el círculo se cierra solo. Las jurisdicciones que superan el umbral generan más capacidades, atraen más talento, producen más y tienen más recursos para seguir invirtiendo.
Las que no lo alcanzan se quedan sin científicos, sin laboratorios, sin empresas de base tecnológica. CABA, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata —en torno al 0,20 % de nuestra superficie total— reuniría el 40% de investigadores y becarios del CONICET, según el relevamiento de 20246.
Y se cierra también por una vía que no aparece en ningún gráfico. Un estudio sobre la composición territorial de las comisiones del CONICET identificó, en particular, situaciones de subrepresentación en provincias como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Es el efecto Mateo aplicado al territorio7.
Y no se trata de desvestir santos
Cambiar esto no es una utopía: es algo que ya se midió. En 2022, el programa Equipar Ciencia adjudicó ciento sesenta y siete equipos científicos repartidos entre las veinticuatro jurisdicciones. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires junto con Córdoba y Santa Fe no llegan a la mitad de su peso en el sistema. Y en muchas provincias, esas adquisiciones duplicaron o más que duplicaron el equipamiento disponible8.
Falta dinero —ahí está el nudo—, pero herramientas para federalizar existen9. La solución no es la lucha por una torta que se achica y desvestir santos. Una meta del 1 o 1,5% del PBI en I+D es razonable para romper el impasse, aunque exige que todas las jurisdicciones, todos los sectores —públicos y privados— e instituciones inviertan mucho más que ahora.
Primero, hace falta la voluntad política de impulsar la I+D en partidas presupuestarias crecientes y distribuirlas bajo una estrategia decididamente federal.
Pero con igual intensidad, es necesario el compromiso expreso en hacer propio un proyecto de desarrollo asentado en las ventajas dinámicas -principal tractor de la ciencia y tecnología- con tasas de crecimiento económico considerables y duraderas. Sin crecimiento, las dos primeras condiciones no bastan10.
Una sociedad decide su destino si genera conocimiento. Lo demás es administrar decisiones ajenas. Si eso es cierto, no podemos tener dos países: uno que decide y otro que asiste. Cada peso que el Estado no pone donde el mercado no va es una capacidad que no existirá; una chica o chico de Catamarca o Santa Cruz que estudia cinco años para descubrir que su provincia no podrá contenerlo.
El mapa de la ciencia argentina también revela nuestra desintegración. Si no se federaliza, la ciencia argentina no será soberana: será el privilegio de unos pocos, en unas pocas ciudades, para unos pocos problemas, y sin aportar al cambio de estructuras. En fin. Una nueva Torre de Marfil.
| 981.905 / 3.545= 277 a 1 (981.905+963.634) / 3.545= 549 a 1 | ||
| 2024- inversión en I+D por jurisdicción. Recursos financieros destinados a I+D en cada una de las provincias seleccionadas | ||
| Jurisdicción | Monto | % del total Nacional |
| Ciudad de Buenos Aires | 981.905 | 34,23 % |
| Provincia de Buenos Aires | 963.634 | 33, 60% |
| Provincia de Formosa | 3.545 | 0,124 % |
| Total país | 2.868.304 | 100% |
| Fuente: Elaboración propia sobre la base de: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadores-cti/datasets | ||
Bibliografía a consultar
M. Abeles y S. Villafañe (coords.), El sistema de ciencia, tecnología e innovación argentino en clave federal (LC/TS.2022/145-LC/BUE/TS.2022/15), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
Banco Mundial / Instituto de Estadística de la UNESCO, «Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)», indicador GB.XPD.RSDV.GD.ZS, año 2023: Corea del Sur 4,94 %; Estados Unidos 3,45 %; Alemania 3,15 %; China 2,58 %. Argentina, 0,60 % ese mismo año: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
CEPAL (2023). Ciencia, tecnología e innovación en la Argentina: una perspectiva territorial y federal. Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/151 – LC/BUE/TS.2023/6). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Coordinación técnica: Daniela Calá y Andrés Niembro. Elaborado por el equipo de la oficina de la CEPAL en la Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021), artículo 8º. Boletín Oficial de la República Argentina. Reglamentada por Decreto 341/2021: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27614-347804/texto
Niembro, A. y Starobinsky, G. (2021). «Sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en la periferia de la periferia: un análisis de las provincias argentinas (2010-2017)». Estudios Socioterritoriales, N.º 30. https://doi.org/10.37838/unicen/est.30-311
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. (2026). Sistema integrado de indicadores de ciencia y tecnología. Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de Argentina. argentina.gob.ar https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/inversion — para el 0,49 % de 2024 y gráficos (2014 y la serie 2007-2024).
Suárez, D. y Fiorentin, F. (2018). «Federalización y efecto Mateo en la política científica: el caso del PICT en la Argentina (2012-2015)». Documento de trabajo N.º 12. Buenos Aires: CIECTI.
Yoguel, G., Borello, J. A. y Erbes, A. (2009). «Argentina: cómo estudiar y actuar sobre los sistemas locales de innovación». Revista de la CEPAL, N.º 99, 65-82. — de aquí sale que el umbral aumenta cuanto menos virtuoso es el sistema local.
- Banco Mundial / Instituto de Estadística de la UNESCO, (https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS) y para el 0,49 % de inversión en I+D en el 2024 : Tableros dinámicos: actividades de I+D-Inversión en I+D respecto al PBI (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWNhYjY0MDItMDA2OC00MjRkLWJmZGEtZWM1YzZhNGJjN2I4IiwidCI6IjMyNjI2NDQ3LTFkMTEtNDllMy1iOTRjLTY5YmEyNDQxYWM4NiIsImMiOjR9) ↩︎
- Desconcentrar no es lo mismo que arraigar. Cuando los recursos son exógenos —así sean del propio país— y no se generan en el propio territorio, la participación sube y baja con decisiones que se toman en otra parte. Río Negro pasó del 1,7 % de la inversión nacional en I+D en 2007 al 7,5 % en 2014, empujada por [el ciclo de inversión nuclear y satelital]; en 2024 había vuelto al 2,3 %, sin que la caída se explique por un aumento del resto. El que da, también quita.
Los datos oficiales indican El 30% de la inversión en I+D en Río Negro fue realizada por entidades locales, mientras que el 70% restante, por no locales (Dirección de Estudios y Estadísticas Nacionales, Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Indicadores de ciencia y tecnología provinciales 2023. Río Negro, Red Argentina de Información Estratégica en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024, p. 4. Los datos corresponden a 2023 y son provisorios).
Pero atención, debe ser tenido en cuenta que todas nuestras observaciones o matizaciones son a partir de reconocer el valor de esta experiencia. Casualmente, aquí lo que estamos planteando es un ejemplo de cómo el Estado puede desempeñar un impulsor del desarrollo regional. ↩︎ - CEPAL (2023) pág., 21 El registro de la localización empresaria se hace por domicilio fiscal declarado, lo que sobreestima el peso del centro: una firma con sede en la Ciudad computa allí una inversión que ejecuta en otra provincia. De todas maneras, el sesgo es acotado y no altera la tendencia, que se verifica igual medida por monto invertido. ↩︎
- En 2023, el 55 % de los recursos destinados a investigación y desarrollo en Argentina fue financiado por el Gobierno nacional y/o provincial, frente al 23 % aportado por empresas y bancos y al 20 % proveniente del exterior. En cuanto a la ejecución, las empresas realizaron el 42,1 % de la I+D, mientras que los organismos públicos de ciencia y tecnología y las universidades públicas concentraron, conjuntamente, alrededor del 55 %. Los datos muestran así una característica estructural del sistema argentino: el Estado continúa siendo su principal sostén financiero e institucional, mientras que el sector empresario, aunque ha incrementado significativamente su participación en la ejecución de actividades de I+D, todavía ocupa un lugar menor como fuente de financiamiento (Fuente: Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, Investigación y desarrollo (I+D) en Argentina 2023, Buenos Aires, 2025. Los datos corresponden al año 2023 y surgen del Relevamiento anual a entidades que realizan Actividades Científicas y Tecnológicas (RACT) y de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID)). ↩︎
- La brecha entre ambos bloques pasó de 11,6 puntos porcentuales en 2014 a 35,6 en 2024. ↩︎
- Respecto al total de investigadores, según la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, en 2024 CABA contaba con 13.112 investigadores EJC (equivalentes a jornada completa) y toda la provincia de Buenos Aires con 16.456, sobre un total nacional de 57.850 (es decir, en torno al 51%). El indicador comprende los recursos humanos dedicados a actividades de I+D en empresas, organismos públicos de ciencia y tecnología, universidades públicas y privadas y entidades privadas sin fines de lucro. (Fuente: Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, Recursos humanos expresados en EJC dedicados a I+D por jurisdicción, datos 2024. https://www.argentina.gob.ar/node/465856?utm_source=chatgpt.com). ↩︎
- El “efecto Mateo” fue formulado por el sociólogo estadounidense Robert K. Merton, quien tomó la expresión del Evangelio según Mateo (25:29): “al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”. Merton utilizó el concepto para describir una dinámica de acumulación en la ciencia, por la cual quienes ya disponen de reconocimiento, capacidades y recursos tienen mayores posibilidades de obtener nuevos recursos y reconocimiento, mientras quienes parten de posiciones menos favorecidas encuentran mayores dificultades para progresar. Aplicado a las desigualdades territoriales del sistema científico, el mecanismo significa que las jurisdicciones que ya poseen universidades, investigadores, infraestructura y capacidades institucionales tienden a atraer nuevos recursos y talento, mientras las más rezagadas encuentran crecientes dificultades para alcanzar la masa crítica necesaria para desarrollar esas capacidades. De este modo, una distribución aparentemente neutral de los recursos puede terminar reproduciendo y profundizando las desigualdades existentes (Suárez y Fiorentin, 2018). ↩︎
- El Programa Federal Equipar Ciencia (Resolución 81/2022 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación) tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico mediante la adquisición de equipamiento estratégico de mediano y gran porte con perspectiva federal. En su primera etapa, el programa Equipar Ciencia adjudicó ciento sesenta y siete equipos científicos repartidos entre las veinticuatro jurisdicciones. Según el procesamiento de los datos de adjudicación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires junto con Córdoba y Santa Fe recibieron en conjunto el 40 % de los equipos —aproximadamente la mitad de su peso en el sistema—, mientras que en muchas provincias esas adquisiciones duplicaron o más que duplicaron el equipamiento disponible. ↩︎
- La Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021, incorporó expresamente la federalización como objetivo de la política nacional de ciencia y tecnología. Su artículo 8º dispone que la distribución de los fondos se establecerá «con criterio federal, atendiendo a promover una reducción progresiva de las asimetrías presentes entre las distintas regiones», y que un mínimo del 20 % del incremento anual del presupuesto debe distribuirse entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando proyectos que promuevan «un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de menor desarrollo». La norma fue reglamentada por el Decreto 341/2021, que creó a tal efecto una actividad presupuestaria específica —el Programa de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación—, administrada por el Ministerio de Ciencia con asistencia del COFECyT. Es un avance real: introduce por primera vez un criterio explícito de federalización y no deja su aplicación librada a la discrecionalidad. ↩︎
- El mecanismo federalizador de la Ley 27.614 tiene una condición de la que rara vez se habla. Ese porcentaje no se aplica sobre el total de los recursos destinados a ciencia y tecnología, sino sobre el incremento anual que surja de la aplicación de la tabla de metas del artículo 6º. La cláusula de federalización es, entonces, parasitaria de la cláusula de financiamiento: sólo existe si el presupuesto crece. Cero incrementos, cero reparticiones. Es lo que viene ocurriendo desde 2024: las metas de la ley dejaron de cumplirse y el artículo 8º, que había operado en 2022 y 2023, quedó de hecho inerte. No hizo falta derogarlo: alcanzó con retirarle el sustento. Por eso el problema no es sólo de reparto. Sin crecimiento sostenido de la inversión, la herramienta federalizadora más precisa de la que disponemos reparte el veinte por ciento de nada. Sobre la evolución presupuestaria de la Función Ciencia y Técnica frente a las metas de la ley, véase Grupo EPC–CIICTI, Análisis presupuestario del SNCTI, junio de 2026 (https://grupo-epc.com/informes/analisis-presupuestario-del-sncti-junio-2026/). ↩︎