Thomas Piketty será el protagonista de la Amartya Sen Lecture 2026, el próximo 4 de noviembre en París. Presentará el Global Justice Report, un proyecto que intenta demostrar con números que es posible combinar una fuerte reducción de la desigualdad, crecimiento de los países pobres, disminución de las horas de trabajo y transición ecológica. El informe propone incluso un fondo mundial financiado por los sectores más ricos. Piketty no está solo. Lo acompañarán Joseph Stiglitz, Gabriel Zucman, Mariana Mazzucato, Dani Rodrik, Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Branko Milanovic y Ha-Joon Chang.
El próximo 4 de noviembre, Thomas Piketty tendrá una cita que puede resultar especialmente significativa en la discusión económica internacional. A las 17.30 de París, en la Paris School of Economics y con transmisión por internet, será el encargado de pronunciar la Amartya Sen Lecture 2026, organizada por la Human Development and Capability Association. Los detalles completos, aquí.
El título elegido no deja demasiado espacio para la ambigüedad: Global Justice Report: The Plan for Equality and Prosperity within Planetary Boundaries. Es decir: un plan para alcanzar igualdad y prosperidad dentro de los límites planetarios.
No se trata del lanzamiento inicial del informe. El Global Justice Report fue publicado en junio de 2026 y está respaldado por una serie de documentos de trabajo, bases estadísticas y modelos elaborados por investigadores del World Inequality Lab y el Global Justice Project. La conferencia del 4 de noviembre será, en cambio, una oportunidad para que Piketty presente políticamente y discuta públicamente las conclusiones de un proyecto que pretende ir bastante más allá del diagnóstico tradicional sobre la desigualdad.
La tesis central puede resumirse con una pregunta: ¿es posible que los habitantes de los países pobres alcancen niveles de bienestar comparables con los de los países ricos sin llevar al planeta a una crisis ecológica irreversible?
Piketty y sus colegas sostienen que sí. Pero bajo condiciones muy exigentes.
El Global Justice Report plantea que para 2100 todos los países podrían converger hacia un ingreso nacional de alrededor de 60.000 euros anuales por habitante, medidos en euros de 2025 a paridad de poder adquisitivo, equivalentes a unos 5.000 euros mensuales. Actualmente existe una diferencia de aproximadamente 16 veces entre los ingresos por habitante de las regiones más pobres y las más ricas.
La convergencia exigiría que las regiones actualmente más pobres crezcan mucho más rápidamente que las desarrolladas. Pero también que los países ricos modifiquen radicalmente su relación entre crecimiento, consumo y bienestar.
Ahí aparece una de las propuestas más llamativas del informe: trabajar mucho menos.
El escenario central supone que las horas anuales trabajadas por persona ocupada podrían reducirse desde unas 2.100 actualmente hasta aproximadamente 1.000 horas anuales en 2100.
No se propone simplemente producir menos. La idea es utilizar los aumentos de productividad para cambiar la composición de la economía: menos crecimiento de actividades intensivas en materiales y energía y mayor expansión de actividades como educación, salud y cuidados.
En otras palabras, Piketty propone discutir qué significa realmente ser más rico.
El 50 por ciento más pobre debería tener el 30 por ciento de la riqueza
El segundo componente es todavía más radical.
Actualmente, el 50 por ciento más pobre de la población mundial posee aproximadamente el 2 por ciento de la riqueza global. El escenario del Global Justice Report plantea que esa participación llegue al 30 por ciento en 2100.
Simultáneamente, la participación de los multimillonarios en la riqueza mundial debería caer desde aproximadamente el 6 por ciento actual hasta el 0,05 por ciento.
No es un detalle del modelo.
Es una de sus condiciones.
Para Piketty, la transición ecológica no será políticamente sostenible si se pide a las clases populares y medias que reduzcan su consumo, paguen impuestos ambientales o modifiquen sus hábitos mientras una minoría conserva niveles extraordinarios de riqueza y emisiones.
La desigualdad deja así de ser solamente una cuestión moral o distributiva. Se convierte en un problema ecológico y político.
Que paguen los ricos, pero a escala mundial
Para financiar la transformación, el proyecto propone crear un Global Justice Fund, un Fondo de Justicia Global.
Los cálculos del equipo estiman que las inversiones necesarias en mitigación y adaptación climática, infraestructura, educación y salud podrían alcanzar entre 8 y 10 por ciento del PBI mundial anual entre 2030 y 2060.
¿Quién lo financiaría?
Fundamentalmente, los sectores más ricos del planeta.
El documento estudia una combinación de impuesto global sobre la riqueza, impuesto global sobre los ingresos y un fondo soberano mundial.
Aquí Piketty converge con otro de los economistas que más avanzó durante los últimos años en esta discusión, Gabriel Zucman. La cuestión ya no es solamente aumentar marginalmente la alícuota del impuesto a las ganancias de las personas más ricas. Se trata de impedir que enormes fortunas internacionales puedan escapar de los sistemas tributarios desplazando patrimonio entre jurisdicciones.
El capital se globalizó. La tributación continúa siendo esencialmente nacional. Esa asimetría es uno de los problemas que Piketty y Zucman quieren atacar.
Mazzucato: el Estado debe volver a mandar
Mariana Mazzucato llega a conclusiones compatibles desde otro punto de partida.
Para la economista ítalo-estadounidense, el error central de las últimas décadas fue convertir al Estado en una institución dedicada a corregir posteriormente los daños ocasionados por el mercado.
Su propuesta es el Estado orientado por misiones.
El gobierno define objetivos —transición energética, salud, vivienda, innovación— y coordina alrededor de ellos crédito público, compras estatales, investigación científica, regulación y empresas privadas.
El Estado deja de preguntar solamente qué necesita el mercado y empieza a preguntarse qué necesita la sociedad.
Mazzucato suele destacar el caso brasileño bajo Lula como uno de los laboratorios de esta concepción: transición ecológica, bancos públicos, Ministerio de Hacienda y política industrial integrados dentro de una estrategia común.
Rodrik rehabilita dos palabras prohibidas: política industrial
Dani Rodrik agrega otro elemento.
Durante buena parte de las últimas décadas, decir que un Estado debía elegir determinados sectores productivos era considerado casi una herejía económica.
Rodrik reivindica precisamente eso: política industrial.
El Estado puede decidir desarrollar determinadas capacidades tecnológicas y productivas y acompañarlas mediante crédito, compras públicas, subsidios, investigación y protección temporal.
No todos los proyectos funcionarán.
Para Rodrik, ese argumento contra la política industrial carece de sentido. Los fondos privados de inversión tampoco aciertan siempre. Las agencias tecnológicas estadounidenses tampoco. Lo importante es evaluar el conjunto de la cartera y generar mecanismos que permitan aprender de los errores.
China aparece inevitablemente en este debate. Su liderazgo en baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y numerosas tecnologías verdes muestra hasta dónde puede llegar una política industrial mantenida durante décadas.
Acemoglu pone la inteligencia artificial en el centro
Daron Acemoglu agrega una discusión que probablemente dominará los próximos años: quién se queda con los beneficios de la inteligencia artificial.
El economista del MIT cuestiona la idea de que toda automatización representa automáticamente progreso social.
Una tecnología puede reemplazar trabajadores y aumentar los beneficios empresarios sin generar un incremento equivalente de productividad para el conjunto de la economía.
Por eso propone revisar los sistemas tributarios que incentivan a las empresas a reemplazar trabajadores por máquinas.
Y plantea una pregunta todavía más incómoda: si buena parte de las tecnologías que hicieron posible la inteligencia artificial provienen de décadas de investigación financiada públicamente, ¿por qué todas las rentas futuras deberían quedar exclusivamente en manos privadas?
Acemoglu incluso ha planteado la posibilidad de participación pública en empresas vinculadas con la inteligencia artificial.
Banerjee: empleos que las máquinas no deberían hacer
Abhijit Banerjee observa el mismo fenómeno desde otra perspectiva.
Si la inteligencia artificial destruye determinadas ocupaciones, la respuesta estatal no debería consistir únicamente en compensar a los desplazados.
Existen enormes necesidades sociales que requieren trabajo humano: cuidado de ancianos, primera infancia, educación, salud y asistencia social.
El Estado puede crear esos empleos.
La política social se convierte entonces en política productiva.
Banerjee introduce además otra cuestión políticamente explosiva en Europa: el envejecimiento poblacional hace económicamente necesaria la inmigración, justamente cuando una parte creciente de la política europea intenta restringirla.
Ha-Joon Chang y la vivienda
Ha-Joon Chang coloca otra pieza en el rompecabezas: la vivienda.
El economista surcoreano rechaza la idea de que la crisis habitacional pueda solucionarse únicamente aumentando la oferta.
Cuando la riqueza se concentra extraordinariamente, una parte creciente del patrimonio busca refugio en propiedades. Eso presiona sobre el precio del suelo y de la vivienda.
Chang suele señalar a Singapur como demostración de hasta qué punto puede intervenir el Estado sobre suelo, financiamiento y construcción.
La vivienda deja así de ser solamente un problema inmobiliario. Es también un problema de distribución patrimonial.
Milanovic introduce una dificultad
Branko Milanovic aporta quizás la objeción más incómoda.
La globalización produjo ganadores y perdedores de maneras que no coinciden perfectamente con las fronteras políticas tradicionales.
Durante décadas, centenares de millones de habitantes de Asia mejoraron significativamente sus ingresos al mismo tiempo que trabajadores de países desarrollados perdían posición relativa.
La pregunta es entonces inevitable: ¿igualdad para quién?
Una política que reduzca la desigualdad dentro de Estados Unidos o Francia puede no reducir la desigualdad mundial. Y una política que acelere el desarrollo africano o asiático puede aumentar las emisiones globales si reproduce exactamente el patrón material de consumo occidental.
El Global Justice Report intenta resolver precisamente esa contradicción.
Los países pobres deben poder crecer mucho.
Los países ricos deben cambiar la naturaleza de su prosperidad.
Un programa que empieza a tomar forma
Piketty, Mazzucato, Rodrik, Acemoglu, Banerjee, Milanovic, Chang, Stiglitz y Zucman no integran una escuela económica y sería incorrecto atribuirles un programa común.
Sus diferencias son importantes.
Pero, observados en conjunto, sus trabajos permiten distinguir una constelación de ideas que hace veinte años ocupaban una posición mucho más marginal.
El Estado vuelve a ser productor e inversor.
La política industrial vuelve a ser legítima.
Las grandes fortunas vuelven a ser objeto de impuestos específicos.
La concentración patrimonial es considerada también concentración de poder.
La inteligencia artificial deja de ser exclusivamente un asunto tecnológico.
Los servicios públicos son vistos como inversión productiva.
La transición ecológica deja de separarse de la distribución del ingreso.
Y la desigualdad vuelve a ocupar un lugar central en la explicación del funcionamiento económico.
De Keynes a algo diferente
No se trata exactamente de un regreso al keynesianismo.
Keynes buscaba fundamentalmente estabilizar la demanda agregada y evitar que las economías capitalistas permanecieran atrapadas en situaciones prolongadas de desempleo.
Esta nueva discusión agrega cuestiones que Keynes apenas podía imaginar: crisis climática, concentración global de patrimonios, paraísos fiscales, inteligencia artificial, multinacionales digitales y una economía mundial enormemente integrada.
Pero conserva una idea fundamental: el mercado no genera espontáneamente un equilibrio socialmente deseable.
La política vuelve a entrar en la economía.
El problema que Piketty también reconoce: cómo ganar
Quizás el aspecto políticamente más interesante del Global Justice Report esté casi al final.
Uno de sus capítulos se titula “Political Strategies: Rebuilding Majorities for Equality”: estrategias políticas para reconstruir mayorías por la igualdad.
La elección de las palabras no parece casual.
Después de décadas dedicadas a estudiar la distribución del ingreso y la riqueza, Piketty y sus colaboradores incorporan explícitamente otra pregunta: ¿cómo construir la mayoría política necesaria para realizar estas transformaciones?
El informe termina incluso proponiendo un movimiento ciudadano global por la justicia social.
Y ahí la discusión económica se cruza directamente con la política.
La cuestión resulta especialmente pertinente después de observar fenómenos como el brasileño: trabajadores informales, pequeños comerciantes, conductores de aplicaciones y sectores de la nueva clase media popular que no necesariamente se identifican con las propuestas de la izquierda.
No alcanza con demostrar que una sociedad más igualitaria es económicamente posible.
Hay que conseguir que una mayoría quiera construirla.
La cita del 4 de noviembre
Por eso habrá que prestar especial atención a lo que diga Piketty el miércoles 4 de noviembre.
La conferencia comenzará a las 17.30 de París —13.30 de la Argentina— y terminará a las 19. Será presencial en la Paris School of Economics y tendrá transmisión en vivo por internet.
Piketty estará acompañado en la conducción de la conferencia por Elaine Unterhalter, profesora del University College London y presidenta de la Human Development and Capability Association, y Prathivadi Anand, profesor de Políticas Públicas y Sustentabilidad de la Universidad de Bradford.
La elección de una Amartya Sen Lecture tampoco es irrelevante.
Sen dedicó buena parte de su obra a cuestionar la identificación mecánica entre ingreso y bienestar. Piketty llega ahora con un modelo que también intenta redefinir la prosperidad: menos horas de trabajo, menor consumo material en los países ricos, mejores servicios públicos y una distribución radicalmente más igualitaria de la riqueza.
El interrogante más interesante del 4 de noviembre será, entonces, si Piketty se limita a explicar las cifras de su proyecto o avanza sobre el terreno que el propio informe ya abre: la construcción de una mayoría política capaz de realizarlo.
Porque allí está probablemente el punto de encuentro entre estas nuevas discusiones económicas.
Piketty puede diseñar impuestos globales. Mazzucato puede reconstruir la capacidad del Estado. Rodrik puede diseñar políticas industriales. Acemoglu puede proponer otra inteligencia artificial. Banerjee puede imaginar nuevos empleos sociales. Zucman puede calcular cuánto deben pagar los multimillonarios.
Pero ninguna de esas transformaciones existe sin poder político.
El desafío que empieza a aparecer detrás de esta nueva economía progresista es, por lo tanto, mucho más antiguo que cualquiera de sus sofisticados modelos: quién construye la mayoría necesaria para llevarla a la práctica.
