El shutdown estadounidense suele presentarse como una fórmula simple: si no hay presupuesto, se cierra el gobierno. Pero esa consigna encierra una trampa cuando se la traslada mecánicamente a la Argentina, donde el diseño institucional privilegia la continuidad del Estado y de los servicios públicos esenciales. Mientras en Estados Unidos el cierre parcial del gobierno federal es consecuencia de un sistema que concentra en el Congreso la autorización del gasto, en la Argentina existen mecanismos legales para evitar que un conflicto presupuestario paralice hospitales, jubilaciones, seguridad, justicia o asistencia social. El presupuesto ordena y controla el gasto público, pero no puede convertirse en una excusa para incumplir obligaciones superiores del Estado.
Toda vez que el Congreso de los Estados Unidos no logra aprobar las leyes de modificación presupuestaria, el país enfrenta la posibilidad de un cierre parcial de actividades del gobierno federal. Es, simplemente, una consecuencia institucional de un sistema donde el Poder Ejecutivo no puede gastar un solo dólar que el Congreso no haya autorizado previamente. Viene de leyes sancionadas en 1884.
Cuando eso ocurre, cientos de miles de empleados públicos son suspendidos o trabajan sin cobrar, se cierran parques nacionales, se paralizan numerosos trámites administrativos y sólo continúan funcionando aquellas actividades consideradas esenciales, como las Fuerzas Armadas, el control aéreo o los servicios de emergencia. Solo se cumple celosamente con el pago de la deuda y sus intereses.
Ese diseño responde a una lógica muy clara. La Constitución estadounidense concentra el poder de los recursos públicos en el Congreso: es el Poder Legislativo quien autoriza el gasto y controla al Ejecutivo. El shutdown es el costo que ese sistema está dispuesto a pagar para preservar ese equilibrio institucional.
El camino argentino
Argentina, en cambio, siguió un camino diferente. Aunque el Congreso también aprueba el presupuesto, la legislación argentina contempla mecanismos que permiten garantizar la continuidad del Estado cuando el presupuesto no se sanciona o resulta insuficiente.
Si una nueva ley no es aprobada, rige el presupuesto anterior con las adecuaciones necesarias, tal como establece el artículo 27 de la Ley 24.156. Además, el Poder Ejecutivo dispone de herramientas para reasignar partidas y atender obligaciones impostergables. Así se busca evitar que un conflicto político termine paralizando servicios públicos básicos.
La diferencia de diseños es clara. Mientras en Estados Unidos el debate presupuestario puede derivar en el cierre parcial del gobierno, en la Argentina la prioridad institucional ha sido asegurar la continuidad del Estado. Detrás de ambos modelos existen distintas concepciones acerca de cómo equilibrar el control democrático del gasto con la necesidad de garantizar el funcionamiento de la administración pública. En este contexto, ¿por qué el señor presidente quiere “cerrar” el gobierno?
La trampa de la consigna
Como decía un viejo presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche, primero conviene explicar la trampa. Porque detrás de esa consigna existe una simplificación que omite un aspecto fundamental del funcionamiento del Estado.
En la cabeza de Javier Milei, “cerrar el gobierno” parece presentarse como una consecuencia natural de la falta de presupuesto. Sin embargo, el problema es bastante más complejo.
El Estado tiene gastos de generación continua que existen con o sin presupuesto aprobado parlamentariamente. Los salarios del personal, las jubilaciones, los medicamentos de un hospital, el funcionamiento de la Justicia, la seguridad o la atención sanitaria no desaparecen porque una partida se haya agotado. Son obligaciones permanentes cuyo incumplimiento también genera responsabilidades legales.
El ejemplo de la ambulancia
El ejemplo clásico es el del intendente que ordena sacar una ambulancia para asistir una emergencia. El tesorero le responde que no puede hacerlo porque no existe una partida presupuestaria disponible y autorizar ese gasto violaría la ley de administración financiera.
Pero si decide respetar estrictamente esa restricción y la ambulancia nunca sale, podría terminar respondiendo por abandono de persona o por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Allí aparece la verdadera trampa: ceñirse al estricto cumplimiento de una resolución presupuestaria no puede implicar violar otra de jerarquía superior vinculada con la protección de la vida y el interés público.
Por eso los Estados modernos desarrollaron mecanismos que permiten resolver esas tensiones. El presupuesto constituye una herramienta para ordenar, controlar y transparentar el gasto público; nunca un instrumento para impedir que el Estado cumpla sus funciones esenciales.
Presupuesto y continuidad del Estado
La legalidad presupuestaria convive con principios superiores como la continuidad de los servicios públicos, la protección de derechos y la responsabilidad de los funcionarios.
La discusión, entonces, no debería reducirse a si existe o no presupuesto, sino a cómo se administran los recursos públicos cuando la realidad desborda las previsiones originales o cuando los recursos no alcanzan para atender las demandas públicas. Gobernar implica precisamente administrar esa incertidumbre.
En definitiva, el shutdown estadounidense es la consecuencia de un diseño institucional muy específico, que privilegia el control legislativo aun al costo de detener parcialmente al gobierno. La Argentina eligió otro camino: preservar la continuidad de la acción estatal mediante mecanismos de flexibilidad presupuestaria. Confundir ambos modelos conduce a diagnósticos equivocados y, muchas veces, a propuestas imposibles de aplicar.