Javier Milei mete la pata cuando se enfurece. El 23 de abril, en el canal de streaming oficialista Neura, el presidente espetó: «El impuesto a la riqueza tiene una clara connotación de envidia. Si nos ponemos de acuerdo en que la envidia está mal, que robar está mal, que tratar desigualmente frente a la ley está mal… Eso es lo que implica gravar a los ricos. Es doble imposición. Es aberrante”. Con esta reacción, el presidente amplificó la causa de sus antagonistas: los superricos pagan tasas de impuestos inferiores al resto de la sociedad. Entonces, hay que gravarlos con un impuesto de al menos 2% de su riqueza.
Son unos 3.000 los milmillonarios en todo el mundo que no pagan lo que les corresponde en impuestos, refugiándose en los laberintos de la complejidad contable de sus empresas. De esta manera amasaron fortunas excepcionales con las cuales compran influencia en política y en el diseño de políticas públicas. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, y la delegación oficial que llevó Trump a China esta semana, sus rostros más visibles.
La dimensión global de ese proceso acaba de ser documentada con nuevos datos. El World Inequality Report 2026 —publicado por el World Inequality Lab que dirige Thomas Piketty, con la base de datos histórica más amplia sobre desigualdad global, confirma y agrava el diagnóstico. El 0,1% más rico del mundo concentra hoy el 17% del PIB global, frente al 3% de 1987. Las tasas efectivas del impuesto a la renta suben de manera sostenida para la mayor parte de la población pero caen abruptamente para billonarios y centimillonarios: los ultra-ricos pagan proporcionalmente menos que hogares con ingresos muy inferiores. Este patrón regresivo no es accidental: es el resultado de decisiones políticas e institucionales, y por lo tanto puede revertirse. Porque los sistemas tributarios progresivos y las transferencias redistributivas redujeron la desigualdad en todas las regiones donde se aplicaron.
En Argentina las nuevas élites son igualmente poderosas. Vicente Silva, del International Tax Observatory (ITO) que dirige el economista francés Gabriel Zucman, coordinó el estudio sobre concentración de la riqueza en América Latina. Lo presentó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el 13 de mayo: «Si uno mira los últimos veinte años de Argentina, la fortuna de los milmillonarios ha crecido un 900%. De 2.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares.»
La Argentina no es cualquier parte del mundo. Es el laboratorio del experimento pos-democrático. Tan es así que el gobierno anarco-capitalista llamó la atención del papa de los tecno-oligarcas. Su principal predicador: Peter Thiel. Cofundador de las mega corporaciones PayPal y Palantir, figura clave del entorno de Donald Trump, Thiel se instaló en abril en nuestro país para estudiar la aplicación de las viejas fórmulas de los bastardos de Hayek.
En reunión con Milei, Thiel no se fue con vueltas: le preguntó de entrada qué pensaba del impuesto a la riqueza. Sin proponérselo, así también contribuyó a importar a la Argentina la brasa ardiente.
Entonces es lógico que a los libertarios «les salte la chapita» cuando lo no dicho empieza a ganar terreno: que los superricos están protegidos, que sus fortunas fueron construidas sobre el capital social acumulado en infraestructura, caminos, rutas, puertos, energía eléctrica, «capital humano» formado en escuelas públicas; y que, sin embargo, están eximidos de la justa contribución proporcional.
Estos argumentos tienen una genealogía precisa. Llevan décadas circulando desde los centros de manufactura del consenso del capitalismo financiero global.
Aquí el mapa de combate para la identificación de ese manual:
Algunos argumentos
Un análisis realizado para Y Ahora Qué? sobre los patrones retóricos comunes a la estrategia de defensa de la impunidad fiscal de los más poderosos —preparado a partir del cruce de voces de quienes leen el Wall Street Journal, con papers académicos y de think-tanks como la Tax Foundation, el modelo de equilibrio general de Joseph Steinberg y columnistas del Washington Post— reveló algo que vale la pena conocer: el lector de a pie y el académico de elite repiten los mismos argumentos, en distintos registros. Y esa coherencia no es espontánea.
Estas corrientes de opinión tienen una versión popular, una académica y una función política.
Argumento 1. «Tenemos un problema de gasto, no de recaudación»
Versión popular: «¡Paren de gastar! El gobierno ya tiene suficiente dinero y lo derrocha.» Es el argumento más repetido y más likeado en la prensa pro-corporaciones y superricos.
Versión académica: «Existen opciones más confiables y menos distorsivas dentro de la base tributaria existente.» (Tax Foundation, 2026). El mensaje de fondo es el mismo: el problema no es quién paga sino cuánto gasta el Estado. «El déficit». Un déficit causado por la inversión pública y los salarios. A veces se le agrega una corrupción inverosímilmente exponencial: «un PBI».
Función política: Redirigir el debate. La pregunta necesaria «¿cuánto pagan los más ricos?» se convierte en «¿cuánto gasta el gobierno?».
La realidad: Los datos de Gabriel Zucman y el ITO muestran que en América Latina, el 1% más rico paga en promedio la mitad de impuestos que el resto, como proporción de su riqueza. No es un problema de cuánto gasta el Estado. Es un problema de quién financia ese gasto.
Argumento 2. «Los ricos ya pagan mucho: en EEUU el 1% paga el 40% de los impuestos»
Versión popular: «El 1% ya paga el 40% de los impuestos sobre la renta. Pagan Ganancias. ¿Cuánto más quieren?»
Versión académica: Se cita la participación del decil superior en la recaudación del impuesto a las ganancias como prueba de que el sistema ya es progresivo.
Función política: Confundir impuesto a las ganancias con carga tributaria total. El argumento ignora el IVA, el impuesto al cheque, los ingresos brutos, las contribuciones sobre el consumo —que pesan proporcionalmente mucho más sobre los sectores medios y bajos. Además, confunde participación absoluta con tasa efectiva: pagar más en términos absolutos no equivale a pagar proporcionalmente más.
La realidad: La diputada Julia Strada lo documentó para Argentina en la misma FCE esta semana: mientras el Poder Ejecutivo reduce Bienes Personales concediendo estabilidad fiscal hasta 2038, se eliminan impuestos a bienes de lujo y se bajan retenciones a minería y agroindustria, la carga sobre el consumo de los trabajadores y clase media —la mitad de la población— no se modifica.
Argumento 3. «Es envidia de clases. Es marxismo. Es confiscación.»
Versión popular: Es el cluster semántico más explotado: envidia / marxismo / socialismo / confiscación. Lo que dijo Milei en Neura.
Versión académica: En la tradición filosófica libertaria —desde Nozick hasta los epígonos de Hayek— la riqueza legítimamente adquirida es inviolable. Gravarla selectivamente por su magnitud implica un trato desigual ante la ley. Esta premisa, trasladada al lenguaje económico, reaparece como argumento contra los «desincentivos a la creación de valor»: si el Estado penaliza el éxito acumulado, reduce los incentivos para la inversión y la innovación.
Función política: El argumento moral descalificatorio es exclusivamente un dispositivo retórico de combate, de la esfera popular y mediática. Su función no es refutar, sino clausurar. Ningún economista serio lo usa. Deslegitimar el debate antes de que empiece. Eventualmente impugnar a la persona que lo enuncia. Si la propuesta de poner un impuesto mínimo a la riqueza de los poderosos es envidia, no hay nada que analizar técnicamente.
La realidad: Un sondeo publicado esta semana muestra que el 75% de los millonarios del Reino Unido está dispuesto a pagar más impuestos para proteger los pilares sociales que valoran, y solo al 9% le preocupa que otros millonarios se vayan del país—mucho menos que los médicos (43%) o los jóvenes (19%). La envidia no parece ser el motor de quienes piden gravar a los superricos. Tampoco lo es para algunos multimillonarios californianos: Andrew Yang y el CEO de Anthropic, Dario Amodei, han pedido públicamente que graven a empresas como la suya ante el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
Argumento 4. «Es doble imposición: ya pagaron impuestos cuando ganaron ese dinero»
Versión popular: Milei en Neura: «La persona ya pagó por lo que recibió o por lo que trabajó para generar esa riqueza. Hay un problema de doble imposición. Es aberrante.»
Versión académica: El argumento de la doble imposición aparece en los documentos de la Tax Foundation y en el debate sobre el impuesto a las ganancias de capital: se argumenta que gravar el patrimonio acumulado equivale a gravar dos veces el mismo hecho económico.
Función política: Se construye una imagen del superrico como víctima de una injusticia.
La realidad: Esto invisibiliza que una parte sustancial de las grandes fortunas no proviene de ingresos previamente gravados, sino de utilidades retenidas dentro de las empresas. Mientras no vendan acciones ni retiren dividendos, no generan impuestos sobre la renta personal. En cambio, recurren al mecanismo buy-borrow-die —comprar, pedir prestado, morir—, documentado en los informes del ITO, que se apoya en la revalorización de activos que jamás se realiza y permite acumular riqueza indefinidamente sin pasar nunca por el impuesto sobre la renta: porque esa riqueza crece sin ser nunca «ingreso» en el sentido fiscal del término. Es precisamente esto lo que hace necesario un impuesto mínimo global sobre el patrimonio; Zucman propone uno del 2% anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de dólares, que recaería sobre unas 3.000 personas en todo el mundo.
Argumento 5. «Se van a ir: fuga de capitales, éxodo de millonarios»
Versión popular: «Los billonarios huirán de California.» «Los ricos ya están emigrando.»
Versión académica: El modelo de Rotberg & Steinberg (JPE, 2024) proyecta que la «semi-elasticidad de la riqueza gravable» haría colapsar la recaudación. Se cita el caso de Noruega, donde una suba marginal del impuesto a la riqueza supuestamente provocó un éxodo.
Función política: Hacer que cualquier estimación de recaudación parezca ingenua. Si los ricos se van, cualquier número que diga Zucman es ciencia ficción.
La realidad: Los estudios académicos sistemáticos muestran que los superricos son altamente inmóviles: un análisis de la London School of Economics encontró que la gran mayoría nunca dejaría su país por razones impositivas, en parte por el estigma que eso implica, en parte porque los destinos de baja tributación les resultan, en sus propias palabras, «aburridos». Otro estudio de la Tax Justice Network (junio 2025) sobre el Reino Unido es terminante: el supuesto «éxodo de millonarios» que generó más de 10.900 notas periodísticas en 2024, no ocurrió.
Argumento 6. «Los países europeos lo intentaron y fracasaron»
Versión popular: «Francia lo derogó. Suecia lo derogó. Alemania también.»
Versión académica: La Tax Foundation y McArdle citan el patrón de derogaciones en la OCDE como evidencia empírica de que el impuesto a la riqueza es inviable: «La mayoría de los países europeos han derogado los impuestos a la riqueza por sus limitados rendimientos y sus dificultades administrativas.» Los datos respaldan el argumento: a 2025, solo tres países europeos aplican un impuesto amplio sobre el patrimonio neto, mientras otros cuatro gravan únicamente activos seleccionados, con una recaudación que oscila entre el 0,2% del PIB en España y el 1,2% en Suiza.
Función política: Presentar la historia como un veredicto ya pronunciado. Si Europa lo intentó y lo abandonó, ¿para qué repetir el experimento?
La realidad: El argumento omite que Suiza —precisamente el país con mayor recaudación del listado, el 1,2% del PIB— no derogó nada. Omite que la mayoría de las derogaciones europeas ocurrieron en el contexto de una rebaja generalizada de impuestos al capital en los años 90, no como resultado de un fracaso técnico. Y omite que la generación actual de propuestas —información financiera automática entre países, impuesto mínimo global coordinado, tercero reportante— está diseñada exactamente para resolver esos problemas de implementación.
Argumento 7. «La riqueza es papel: hoy vale mucho, mañana puede no valer nada»
Versión popular: «Elon Musk no tiene 300.000 millones de dólares en efectivo. Tiene acciones. Si el mercado cae, ¿el gobierno le devuelve el impuesto?»
Versión académica: McArdle en el Washington Post: «Musk no está sentado sobre cientos de miles de millones en dentistas y aulas. Tiene certificados de acciones que no sirven de vendas ni de pizarrones.» La Tax Foundation calcula que un impuesto del 5% sobre activos con retorno del 5% equivale económicamente a un impuesto del 100% sobre el rendimiento.
Función política: Desconectar la cifra de la fortuna de cualquier reclamo concreto sobre recursos reales. Si la riqueza no es «real», gravarla no puede ser útil.
La respuesta: La fortuna de los milmillonarios de América Latina pasó de 100.000 millones de dólares en el año 2000 a 700.000 millones hoy —un incremento por siete—, según los datos presentados por Silva en la FCE el 13 de mayo. En Argentina, en los últimos veinte años, esa fortuna creció un 900%. Esa riqueza existe, tiene activos detrás, genera rendimientos del 8 al 10% anual y se transfiere entre generaciones sin pagar casi nada. Un impuesto del 2% sobre esos patrimonios equivale apenas a una fluctuación de mercado ordinaria: los grandes patrimonios ni siquiera lo sentirían. El impuesto que propone el ITO apunta a patrimonios superiores a 100 millones de dólares —en la Argentina, apenas seis personas— y no a las acciones del pequeño inversor ni al departamento del jubilado.
Argumento 8. «Hay mejores formas: impuesto al consumo, base más amplia»
Versión popular: «Que todos paguen igual. Un impuesto al consumo parejo para todos.»
Versión académica: La Tax Foundation cierra siempre con esta vuelta: «Los diseñadores de políticas que buscan fuentes de ingreso sostenibles pueden encontrar opciones más confiables y menos distorsivas dentro de la base tributaria existente.» McArdle: los estados nórdicos se financian con IVA, no con impuestos a la riqueza.
Función política: Conceder que «algo hay que hacer» mientras se redirige la carga de nuevo hacia abajo. El subtexto es siempre: gravar más ancho, no más arriba.
La realidad: Los impuestos al consumo son regresivos por definición: pesan más sobre quienes gastan la mayor parte de sus ingresos —es decir, los sectores medios y bajos. Strada lo señaló con precisión en la FCE: el sistema tributario argentino ya aplica a rajatabla esta lógica. El IVA, el impuesto al cheque y los ingresos brutos recaen sobre la mitad de la población y no se tocaron. Lo que sí se tocó fue lo que gravaba a los más ricos.
El manual quedó expuesto
Milei no inventó nada. Reprodujo los argumentos de sus mandantes, cocinados durante décadas por la Tax Foundation y otros institutos privados del eje Washington-Londres. Envidia. Doble imposición. Robo. Los ricos ya pagan. Se van a ir.
Lo que el análisis inicial de estos patrones realizado para esta publicación demuestra es que el discurso anti-impuestos a los ricos nunca se detiene en la pregunta empírica central: ¿cuál es la tasa efectiva que pagan los más ricos comparada con el resto? Toda la arquitectura retórica está construida para evitar ese aterrizaje. Siempre hay una redirección: al déficit, al gasto público, a la envidia, a la evasión que anularía la recaudación, al precedente europeo, a la riqueza de papel.
El manual existe para que esas decisiones parezcan inevitables. Pero su impacto es concreto y mensurable. En Argentina, las medidas desreguladoras del gobierno de Milei que favorecen la concentración de la riqueza no se agotan en las grandes líneas —la reducción de Bienes Personales con estabilidad fiscal hasta 2038, la baja de retenciones a la minería y el agro, el blanqueo a tasa cero sin criterio de progresividad. Incluyen también favores simbólicos que ni siquiera constituían un reclamo organizado de los propios beneficiarios: la eliminación del impuesto a la compra de autos de lujo, yates y aeronaves, ingresada inconstitucionalmente por el Senado en el paquete de la reforma laboral y aprobada igual. Son gestos hacia una clase que no los pidió, financiados por una mayoría que no puede evitarlos.
Por eso la corrección de esta disfuncionalidad económica requiere un impuesto mínimo a la riqueza de estas grandes fortunas.
El debate ya llegó. Lo trajo Silva desde París con datos irrefutables. Lo abrió Thiel sin querer en la Casa Rosada. Lo documentó Strada en los pasillos del Congreso.
Las simulaciones del ITO presentadas en la UBA el 13 de mayo muestran el orden de magnitud para la Argentina: un impuesto del 2% sobre patrimonios superiores a USD 100 millones recaudaría alrededor de USD 450 millones anuales; al 3%, cerca de USD 700 millones. La base imponible —la fortuna agregada de los centimillonarios argentinos— ronda los USD 25.000 millones, concentrados en apenas seis personas. Es un universo estrechísimo, pero los recursos alcanzarían para financiar salud y educación a escala nacional.
El argumento es además más amplio que la recaudación. Permitir que los más ricos paguen proporcionalmente menos que el resto quiebra el contrato social, deteriora la democracia y, en el largo plazo, frena el crecimiento. La desigualdad extrema no es un costo aceptable de la productividad: es un riesgo para la viabilidad del sistema.
Los argumentos del manual del antagonista oligárquico son conocidos, su genealogía está trazada y su función política es identificable.
Lo que queda —y lo que debería ser eje de la oposición— es una elección política: seguir aceptando que quienes más tienen paguen proporcionalmente menos, o reconocer que la arquitectura de la impunidad fiscal no es un accidente del mercado sino una decisión deliberada. Y las decisiones se cambian.