El Gobierno celebra el equilibrio fiscal como dogma innegociable, pero los datos de ejecución presupuestaria muestran una postal menos prolija: recorte social, caída de ingresos, intereses de deuda en alza y obligaciones impagas que se acumulan como presión futura sobre el Tesoro.
El superávit fiscal, en el lenguaje libertario, es un dogma indiscutible. Innegociable. Pero, con el transcurso del tiempo y el tremendo esfuerzo que supone para la sociedad sostenerlo, su consecución genera más dudas que certezas. A propios y extraños.
La ejecución del Presupuesto Nacional de los primeros meses del año dejó al descubierto una postal extraña. Cuando se mira toda la película, se observa que el resultado presupuestario se apoya en una fuerte licuación del gasto, pero también en un incremento silencioso de obligaciones pendientes de pago. Mientras el discurso oficial celebra el orden de las cuentas públicas, los números muestran una economía estatal que ajusta sobre jubilados, prestaciones a la seguridad social, obra pública, universidades y transferencias a las provincias, pero que al mismo tiempo acumula compromisos de pago que se transformarán en futuras presiones financieras.
Según el Ministerio de Economía, el gasto primario acumuló una caída del 4% en el primer cuatrimestre. La poda fiscal se concentró especialmente en las áreas sociales. Salud mostró una contracción real de 22,5%; promoción social cayó 24,7%; trabajo retrocedió 24,6%; y vivienda se desplomó 63,7%. Incluso educación y cultura registraron una baja real de 8,7%. Las caídas reales indican que las partidas presupuestarias cubren menos necesidades que un año atrás.
Pero el recorte no fue parejo para todos. Mientras las prestaciones sociales perdieron capacidad de financiamiento, el gasto en energía creció 90% real interanual —debido al incremento de subsidios, pese al aumento de las tarifas— y los intereses de la deuda pública aumentaron con fuerza: saltaron 63,7% en términos reales. Se pagaron puntualmente casi 5 billones de pesos.
Esa dinámica refleja una modificación profunda en la estructura del gasto. El ajuste se concentra sobre partidas discrecionales y sociales, mientras los compromisos financieros y energéticos van ganando terreno en el presupuesto.
Del lado de los ingresos tampoco aparecen señales alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real de 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre. El IVA retrocedió 8,6%; los aportes y contribuciones a la seguridad social bajaron 4,1%; y los derechos de exportación se derrumbaron 37,5%, afectados por la reducción de retenciones.
La pérdida de recursos revela una economía todavía débil, con menor nivel de consumo, desaceleración de importaciones y deterioro del empleo registrado. El dato es particularmente sensible porque el Gobierno necesita sostener superávit primario en un contexto en el que los ingresos reales continúan cayendo.
Ahora bien, el indicador más delicado, y poco conocido, surge de la evolución de la deuda flotante. Es decir, obligaciones que se registraron pero todavía no se pagaron. En otras palabras: se ve superávit en los papeles, pero déficit en el Tesoro.
La deuda exigible de la Administración Central trepó de 1,6 billones de pesos en enero a 2,8 billones en abril, luego de haber alcanzado un pico de más de 4 billones en marzo.
Se postergaron pagos a las provincias, al PAMI, a las universidades y a proveedores de insumos hospitalarios. En términos prácticos, esto implica que parte del equilibrio fiscal se logra demorando pagos y trasladando presión financiera hacia adelante, con niveles que bordearon el 40% de los gastos de un mes. A pesar de los recortes, las licuadoras y las motosierras, el Estado sigue pedaleando compromisos fiscales.
La deuda flotante suele funcionar como una válvula de ajuste de corto plazo: permite contener el gasto y mostrar un resultado financiero más ordenado. Sin embargo, cuando persiste en el tiempo puede convertirse en una bomba que afecta a proveedores, contratistas, organismos descentralizados y provincias. A veces, un marcapasos que no llega a tiempo a un hospital puede tener consecuencias fatales.
El cuadro fiscal actual exhibe entonces un doble estándar. Por un lado, el Gobierno mantiene disciplina presupuestaria y evita un desborde monetario. Por otro, el ajuste muestra costos económicos y sociales cada vez más visibles, al tiempo que el Estado acumula pagos pendientes en un contexto de caída de ingresos tributarios.
Así, la sostenibilidad del programa dependerá ahora de una variable central: que la actividad económica vinculada al mercado local logre recuperarse rápidamente. Porque si la recaudación continúa cayendo y los intereses de deuda siguen creciendo a este ritmo, el margen para seguir ajustando partidas sociales y de infraestructura desaparecerá. Entonces, el Gobierno tendrá que recurrir a la suba de los impuestos al trabajo y al consumo.
Por eso, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional advierte sobre la sostenibilidad política del ajuste. Detrás del relato del déficit cero empieza a emerger otra realidad: un Estado que sostiene el equilibrio fiscal recortando presente y postergando futuro.
Si las cuentas públicas dependen cada vez más de licuaciones, deuda flotante y pagos diferidos, el problema deja de ser solamente contable. Pasa a ser económico, social y, sobre todo, políticamente inviable de sostener.