El Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional ubicó a la Argentina entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras. El informe señala que el país sufrió un descenso brusco y sin precedentes: pasó de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años.
El Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional traza un mapa inquietante del mundo laboral. La edición de este año, la número 13 desde que comenzó a publicarse en 2014, presenta un diagnóstico duro: los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están siendo atacados en una cantidad creciente de países, no solo por empresas sino también por gobiernos que restringen huelgas, limitan la negociación colectiva, persiguen dirigentes sindicales y reducen libertades civiles.
El informe no describe episodios aislados. Su tesis central es que existe un debilitamiento sistemático de la democracia a través del ataque a los sindicatos y a la organización de los trabajadores. La CSI habla incluso de un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”, financiado por sectores concentrados de riqueza y ejecutado por gobiernos autoritarios o de extrema derecha.
En esa lectura, los sindicatos aparecen como un obstáculo para quienes buscan concentrar poder económico y político. La organización colectiva, la negociación salarial, la protesta y la huelga son presentadas por gobiernos y corporaciones como amenazas al orden, cuando en realidad constituyen pilares de cualquier democracia social.
El documento muestra un deterioro global muy concreto. El derecho de huelga fue vulnerado en el 87 por ciento de los países analizados. La negociación colectiva fue restringida en el 80 por ciento. En tres de cada cuatro países se negó o limitó el derecho a establecer o afiliarse a sindicatos. También en el 75 por ciento se obstaculizó el registro legal de organizaciones sindicales.
La situación se agrava cuando se miran libertades civiles más básicas. En 75 países hubo arrestos o detenciones de trabajadores. En 48 países se registraron actos de violencia contra trabajadores o sindicalistas. En Angola, Colombia, Indonesia y México fueron asesinados trabajadores o dirigentes sindicales. La libertad de expresión y reunión fue restringida en el 50 por ciento de los países, el peor registro de la serie.
El cuadro general es claro: el conflicto laboral ya no se procesa solo en la fábrica, la empresa o la paritaria. Se desplaza también al terreno policial, judicial, digital y político. Las luchas por salario, condiciones laborales y derechos sindicales son tratadas cada vez más como problemas de seguridad, orden público o disciplina social.
Argentina cae al peor nivel
El dato más fuerte para la Argentina es su ingreso a la lista de los 10 peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras. Allí aparece junto con Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Türkiye.
La Argentina pasó a la categoría 5, definida por la CSI como una situación en la que los derechos no están garantizados. El informe subraya que se trata de un descenso brusco y sin precedentes: en apenas dos años el país cayó de la categoría 3 a la 5. Es decir, pasó de un escenario de violaciones regulares de derechos a otro en el que las garantías laborales fundamentales quedan seriamente comprometidas.
La CSI atribuye ese deterioro al programa del presidente Javier Milei, al que define como de extrema derecha y radicalmente antisindical. Según el informe, desde su llegada al poder en 2023 el Gobierno argentino avanzó contra derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y actividad sindical.
El caso argentino aparece destacado también en una página visualmente significativa del informe: mientras el país recuerda los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones masivas en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, el documento señala que la Argentina se incorpora a la lista de los peores países del mundo para trabajar. La imagen de una marcha con banderas de organizaciones obreras funciona como contraste político e histórico: democracia formal por un lado, regresión laboral por el otro.
Uno de los puntos señalados por el informe es la imposición de niveles obligatorios de servicios mínimos durante conflictos de negociación colectiva, con facultades para que las autoridades definan esos niveles y apliquen sanciones por incumplimiento. Para la CSI, ese tipo de mecanismo puede convertirse en una herramienta de restricción del derecho de huelga.
El informe también menciona hechos de persecución concreta. En agosto de 2025, la policía detuvo a Federico Giuliani, secretario general de la seccional cordobesa de la Asociación de Trabajadores del Estado de la CTA Autónoma, junto con otros 14 manifestantes. Tras su liberación, Giuliani huyó del país como refugiado político. La CSI también registra infiltraciones y actos de vandalismo en oficinas sindicales, incluida la sede del sindicato de trabajadores del vidrio.
La Argentina no aparece, entonces, como un caso de simple disputa laboral. El informe la presenta como un ejemplo de regresión democrática en el mundo del trabajo. El recorte de derechos no se limita al salario o a la organización sindical: forma parte de un clima más amplio de hostilidad hacia la protesta, las libertades civiles y la capacidad de los trabajadores de defender sus intereses.
La ofensiva contra la huelga y la negociación colectiva
El Índice 2026 muestra que los dos derechos más golpeados a escala mundial son el derecho de huelga y la negociación colectiva. La huelga fue vulnerada en el 87 por ciento de los países incluidos. La negociación colectiva fue restringida en el 80 por ciento. Son cifras que exhiben una tendencia global: el poder económico y político busca debilitar las herramientas fundamentales con las que los trabajadores pueden disputar condiciones de trabajo, salarios y protección social.
La restricción de la huelga adopta formas diversas. En algunos países se la criminaliza directamente. En otros se imponen procedimientos administrativos tan complejos que vuelven casi imposible su ejercicio efectivo. También se la limita mediante servicios mínimos abusivos, sanciones económicas, amenazas de despido o acciones policiales contra manifestantes.
El informe muestra que varios gobiernos de Europa y Sudamérica tratan cada vez más de tipificar como delito las perturbaciones del tráfico durante protestas. Con ese argumento, una movilización laboral puede ser presentada como una amenaza al orden público. El reclamo social deja de ser leído como ejercicio democrático y pasa a ser administrado como infracción o delito.
La negociación colectiva también está bajo presión. El documento muestra casos en los que grandes empresas se desligan de convenios colectivos, se niegan a firmar acuerdos o desconocen organizaciones representativas. En Alemania, Adidas aparece como ejemplo de una empresa que rebajó su categoría dentro de una organización de empleadores para eludir obligaciones propias de la negociación colectiva. En Honduras, la multinacional Fyffes se negó a firmar un convenio colectivo pese a años de organización de trabajadores temporeros de la fruta.
El problema no es solamente económico. Si los trabajadores no pueden negociar colectivamente, quedan solos frente a empresas y Estados. La asimetría de poder se profundiza. La democracia en el lugar de trabajo se debilita. Y la distribución del ingreso se vuelve cada vez más dependiente de la decisión unilateral de quienes concentran capital.
En ese sentido, el informe no separa derechos laborales y democracia. Para la CSI, atacar sindicatos y huelgas es una forma de atacar la participación democrática de millones de personas en la vida económica y social. La democracia no se juega solo en elecciones, parlamentos o tribunales. También se juega en la posibilidad de organizarse, discutir salarios, reclamar condiciones dignas y enfrentar abusos.
Vigilancia digital y persecución sindical
Una de las tendencias más preocupantes del informe es el uso creciente de tecnologías digitales para controlar, disciplinar y silenciar a trabajadores. La CSI advierte que gobiernos y empresas utilizan sistemas de vigilancia para rastrear actividades sindicales, monitorear redes sociales, identificar a trabajadores que hablan de organización gremial, suprimir contenidos y entrometerse en grupos de trabajadores en línea.
La inteligencia artificial y las plataformas digitales aparecen así como nuevas herramientas de represión laboral. No se trata solo de cámaras o controles tradicionales. El informe describe una vigilancia más fina, capaz de analizar publicaciones, detectar vínculos entre trabajadores, bloquear cuentas, reducir la visibilidad de contenidos sindicales o presionar a empleados a revelar nombres de compañeros.
El efecto es profundamente político: genera miedo. Si un trabajador sabe que sus publicaciones, mensajes o contactos pueden ser monitoreados por la empresa o por el Estado, su disposición a organizarse disminuye. La vigilancia produce un efecto paralizante sobre la libertad de asociación.
El documento cita casos de Ecuador, Etiopía, India y Macedonia del Norte. En Ecuador, una ley aprobada en 2025 permite vigilancia sin orden judicial e interceptación de comunicaciones bajo definiciones amplias de amenaza, lo que podría alcanzar protestas sociales y actividad sindical. En Etiopía, un médico que participó en protestas nacionales de trabajadores sanitarios fue detenido, y la policía lo acusó de incitar a la huelga mediante redes sociales. En India, sindicatos denunciaron vigilancia estatal y prácticas antisindicales de plataformas digitales. En Macedonia del Norte, el presidente de una federación sindical y su familia fueron objeto de acoso mediante grabaciones de su vida privada publicadas en redes.
La vigilancia digital cambia la naturaleza del conflicto laboral. Antes, la persecución sindical podía expresarse mediante despidos, listas negras, represión policial o trabas legales. Ahora se suma una capa tecnológica: control de datos, monitoreo de conversaciones, rastreo de redes, disciplinamiento algorítmico y castigo invisible.
Esto conecta el mundo laboral con un debate más amplio sobre democracia digital. Si la vida laboral se desarrolla cada vez más en entornos mediados por plataformas, datos e inteligencia artificial, entonces los derechos sindicales también deben defenderse allí. La libertad de asociación no puede limitarse al espacio físico de la fábrica, la oficina o la calle. También debe existir en los grupos de mensajería, las redes sociales y los sistemas digitales de trabajo.
Reformas sin sindicatos
La tercera gran tendencia señalada por la CSI es la exclusión de los sindicatos de las reformas laborales. En 2025 se adoptaron reformas importantes en más de 21 países, pero en muchos casos sin consulta real con organizaciones representativas de los trabajadores.
El informe recuerda que los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han destacado de manera sistemática la importancia de consultar a los sindicatos sobre cuestiones que afectan sus intereses o los de sus afiliados. La consulta no es una formalidad. Forma parte del diálogo social y permite que las políticas laborales no sean diseñadas exclusivamente desde gobiernos o empresas.
Sin embargo, la CSI advierte que muchos Estados impulsan reformas laborales sin instituciones eficaces de diálogo social o marginando a sindicatos independientes. El resultado es una legislación hecha desde arriba, con menor legitimidad democrática y mayor sesgo hacia las demandas empresarias.
Bolivia, India, Macedonia del Norte, Marruecos y Togo aparecen como ejemplos. En Bolivia, sindicatos denunciaron planes para transferir a trabajadores de sectores estratégicos como petróleo, gas y electricidad hacia un régimen de funcionarios públicos, con pérdida de prestaciones, restricciones a la organización y posible antesala de privatizaciones. En India, más de 300 millones de trabajadores participaron en huelgas contra códigos laborales redactados y aplicados unilateralmente por el gobierno de Narendra Modi. En Marruecos, una ley sobre derecho de huelga fue criticada por imponer condiciones excesivas, procedimientos complejos y posibles sanciones.
La exclusión sindical tiene una consecuencia directa: las reformas laborales dejan de ser acuerdos sociales y se convierten en instrumentos de disciplinamiento. La palabra “modernización” aparece muchas veces asociada a pérdida de derechos, flexibilización, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de protecciones.
El informe muestra, sin embargo, que existen caminos inversos. Botswana, Reino Unido y Uruguay mejoraron su calificación. En esos casos, la CSI destaca reformas laborales positivas, eliminación de restricciones excesivas, fortalecimiento de derechos y mayor diálogo social. Uruguay volvió a ubicarse en la categoría 1, la mejor del Índice, con violaciones esporádicas de derechos. El Reino Unido mejoró tras aprobar una ley de derechos laborales que derogó restricciones antisindicales heredadas del gobierno conservador.
La comparación es elocuente. Cuando hay diálogo social, consulta sindical y protección de derechos, los países mejoran. Cuando hay imposición unilateral, criminalización de la protesta y debilitamiento de sindicatos, retroceden. La cuestión no es técnica sino política: qué lugar tienen los trabajadores en la definición del modelo laboral.
Democracia laboral o concentración de poder
El Índice Global de los Derechos 2026 no es solo un ranking. Es una advertencia sobre el vínculo entre trabajo y democracia. La CSI sostiene que los ataques a los derechos laborales son parte de una ofensiva más amplia para concentrar riqueza y poder en pocas manos.
Las regiones muestran un deterioro desigual pero extendido. Oriente Medio y Norte de África sigue siendo la peor región para los derechos laborales, con una calificación media de 4,68. Asia-Pacífico mantiene una puntuación preocupante de 4,08. África mejora levemente, pero sigue con vulneraciones extendidas. Las Américas alcanzan su peor nivel desde que comenzó el Índice, con una media de 3,72, y Europa también registra su peor calificación, con 2,80.
Ese deterioro de Europa y las Américas es especialmente significativo porque muestra que la regresión no se limita a Estados colapsados, dictaduras o países periféricos. También avanza en democracias formales, economías desarrolladas y sociedades con tradición sindical. Francia empeoró su calificación. Estados Unidos entró en la Lista de Control por el aumento de ataques contra derechos laborales, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Argentina se desplomó hasta la categoría 5.
La conclusión del informe es política: los sindicatos son una de las principales fuerzas democráticas del mundo porque organizan a quienes producen, cuidan, transportan, enseñan, atienden, construyen y sostienen la vida cotidiana. Cuando se golpea a los sindicatos, no solo se debilita una institución laboral. Se debilita la capacidad colectiva de la sociedad para discutir cómo se distribuyen la riqueza, el tiempo, el poder y el futuro.
La Argentina aparece en ese mapa como un caso extremo de retroceso acelerado. Su ingreso a la lista de los 10 peores países para los trabajadores no es un dato aislado ni una anomalía estadística. Es la síntesis de un rumbo: menos derechos, menos negociación, menos protección, más persecución y más poder concentrado frente a trabajadores con menor capacidad de defensa.
El informe deja una idea de fondo: la democracia no se mide solo por la existencia de elecciones. También se mide por la posibilidad real de que los trabajadores puedan organizarse sin miedo, negociar sin represalias, protestar sin criminalización y participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Por eso, cuando los derechos laborales retroceden, no pierde solo el movimiento sindical. Pierde la democracia.