El adelanto de datos del nuevo QMonitor de QSocial revela una Argentina con dos bloques ideológicos casi simétricos: un 36 por ciento liberal-conservador y un 34 por ciento progresista-estatista. Entre ambos se extiende una zona gris del 30 por ciento, sin identidad política estable, que combina reclamos de orden y defensa de la propiedad con el rechazo a una parte de la agenda económica y moral de la derecha. El equilibrio fiscal como factor nuevo. El papel de Santilli.
Ganar gracias a Borges no se le hubiera ocurrido ni a Borges. Así es la Argentina. Si la perplejidad forma parte de la identidad nacional, ¿cómo describir a la sociedad de hoy? ¿Qué quiere? ¿O qué no quiere? Y en términos más precisos: ¿qué dice que quiere y qué dice que no quiere?
El país está agrietado, con un foso en el medio, aunque algunas coincidencias logran traspasar de un lado a otro. El equilibrio fiscal parece ser una de esas coincidencias. Sin embargo, convive con consensos anteriores sobre la educación, la salud, los servicios públicos, el aborto legal, el matrimonio igualitario y los derechos humanos. La Argentina que hoy tiene de Presidente a Su Excelencia Javier Milei está en plena disputa, y esa contienda se desarrolla, además, sobre una economía que pierde impulso, concentra el crecimiento en pocas actividades y deja en retroceso a la industria, el comercio y la construcción.
Los datos sobre valores y conceptos forman parte de un adelanto del QMonitor de julio de 2026, el estudio mensual sobre clima político, económico y social que realiza la consultora QSocial. La encuesta fue efectuada entre el 5 y el 25 de junio en todo el país, mediante un cuestionario online a personas mayores de 18 años en condiciones de votar. La muestra probabilística y estratificada por regiones fue ajustada por sexo, edad y nivel educativo. Comprendió 1.323 casos efectivos y tiene un margen de error de más o menos 2,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 por ciento.
Dos bloques y una zona de huérfanos
El estudio revela la existencia de tres porciones. El 36 por ciento pertenece al bloque que QSocial denomina “liberal/conservador pleno”. El 34 por ciento, al “progresista/estatista pleno”. Y el 30 por ciento restante integra un espacio que la investigación llama “mixto/punitivista-propietarista”. Los dos polos principales tienen dimensiones casi idénticas, pero sostienen visiones contrapuestas sobre el mercado, la autoridad, los derechos y el papel del Estado.
El segmento progresista-estatista rechaza al mismo tiempo la liberalización económica completa, el achicamiento estatal, el punitivismo y el conservadurismo moral. El 99 por ciento de sus integrantes desaprueba la gestión de Javier Milei. El 78,6 por ciento votó a Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales de 2025. El 74,7 por ciento se identifica con el peronismo o el kirchnerismo. El informe lo define como una base electoral estable, con baja volatilidad y una correspondencia casi total entre sus valores, su identidad política y su comportamiento electoral.
En el otro extremo, el bloque liberal-conservador adhiere a la liberalización del mercado, el Estado mínimo, la mano dura y el tradicionalismo moral. Allí, el 87 por ciento aprueba al Gobierno, el 84 por ciento votó a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025 y el 91,7 por ciento se identifica con LLA, el PRO o la UCR. También es un electorado consolidado y con poca disposición a cambiar de posición.
La grieta, por lo tanto, no se reduce a una pelea entre dirigentes ni a una preferencia electoral coyuntural. Abarca dos sistemas de valores que funcionan como espejos: de un lado, regulación, redistribución, derechos adquiridos y límites constitucionales a la mano dura. Del otro, primacía del mercado, propiedad, autoridad y orden. Ninguno alcanza por sí solo una mayoría social.
Entre ambos aparece el 30 por ciento mixto, al que QSocial caracteriza como un “segmento huérfano”. Defiende la propiedad privada y reclama orden, pero no acompaña íntegramente la desregulación económica ni la agenda moral conservadora. Reacciona más ante cuestiones concretas —inseguridad, propiedad y bolsillo— que frente a una cosmovisión completa.
El 54 por ciento de ese grupo no se identifica con ningún espacio político. El 37 por ciento dice que votó en blanco, no votó o no recuerda su voto presidencial de 2023, y ese porcentaje sube al 43 por ciento al preguntarle por las legislativas de 2025. Es, además, el único segmento dividido ante Milei: el 47,8 por ciento aprueba su gestión y el 52,2 por ciento la desaprueba. Es decir que el foso también divide a los huérfanos.
El equilibrio fiscal y los límites del giro conservador
Aunque habrá que profundizar el contenido preciso del concepto, un dato del QMonitor aparece ante la pregunta sobre qué medidas deberían continuar independientemente de quién gobierne. El 61 por ciento responde que debe mantenerse un Estado sin déficit fiscal. Sólo el 29 por ciento pide eliminar ese objetivo y el 10 por ciento no toma posición.
El equilibrio fiscal obtuvo así un apoyo muy superior al tamaño del núcleo liberal-conservador. Logró penetrar en una parte de la zona gris e incluso entre personas que no aprueban el conjunto del programa de Milei. Eso no significa que el 61 por ciento esté de acuerdo sobre cómo equilibrar las cuentas, qué impuestos deben cobrarse o qué gastos deben reducirse. Significa que la idea de que el Estado no debe gastar permanentemente por encima de sus recursos se convirtió en un valor social mayoritario. Que el discurso penetró por encima de los votantes de Su Excelencia, porque la cifra del 61 por ciento supera el 56 por ciento de LLA de 2023 y el 40 por ciento que obtuvo en las legislativas nacionales de 2025.
Si esa afirmación se mantiene, y sobre todo si ya forma parte de una convicción mayoritaria, dos conclusiones parecen naturales:
*El o la dirigente que desafíe discursivamente el valor del equilibrio fiscal pagará un costo político y producirá rechazo.
*Surge un desafío a la creatividad política de la oposición y su núcleo, el peronismo en sus distintas variantes. Por ejemplo: la baja de recaudación por achicamiento de la demanda y del consumo, ¿no es una causa de desequilibrio fiscal?
Otros elementos del programa conservador obtienen respaldos más acotados. El 52 por ciento quiere mantener la reducción de planes sociales y el 51 por ciento, el protocolo antipiquetes. La eliminación de subsidios a las tarifas divide casi por mitades: el 50 por ciento desea conservarla y el 44 por ciento eliminarla. La reforma del Estado y la reducción del empleo público muestran otro empate: 48 por ciento a favor de sostenerlas y 47 por ciento partidario de dejarlas atrás.
Pero la mayoría desaparece cuando se avanza sobre lo que el ultraliberalismo denomina “reformas estructurales”. El 48 por ciento quiere eliminar la desregulación económica, frente al 44 por ciento que desea mantenerla. El 50 por ciento rechaza la apertura de importaciones. El 55 por ciento pide eliminar la reforma laboral. Y también una mayoría del 54 por ciento se opone a la continuidad de las privatizaciones. Sólo el 38 por ciento cree que debe mantenerse las ventas de empresas públicas.
Las percepciones sobre el rol del Estado confirman esa combinación. Igual que desde hace unos 15 años en toda Sudamérica, Brasil incluido, el 52 por ciento coincide con que los planes sociales generan dependencia y deberían reducirse. Sin embargo, el 67 por ciento rechaza que el Estado deba achicarse y disponer de menos servicios públicos. El 61 por ciento tampoco acepta que las empresas privadas gestionen mejor esos servicios. Y el 69 por ciento está poco o nada de acuerdo con eliminar subsidios al transporte y la energía si eso provoca un aumento de tarifas.
El ultraliberalismo no ganó
En el terreno económico se repite la mezcla. El 70 por ciento considera que la herencia y la propiedad privada son derechos que el Estado nunca debería tocar. El 62 por ciento coincide con la frase que presenta el impuesto a las ganancias como “un robo del Estado al trabajo de las personas”. Pero sólo el 37 por ciento acepta que el mercado libre, sin intervención estatal, como le gustaría Peter Thiel aunque su concepto no haya sido parte del cuestionario, sea la mejor manera de organizar la economía. El 62 por ciento rechaza esa idea.
No aparece, entonces, una sociedad convertida completamente al ultraliberalismo. Sí es verificable una mayoría que, se verá con qué profundidad, ya incorporó el equilibrio fiscal y la defensa de la propiedad. El grado de dogmatismo todavía es discutible porque se mantienen las expectativas sobre la capacidad estatal para regular, prestar servicios y amortiguar desigualdades.
Los derechos que sobrevivieron
Los cuadros sobre valores sociales que adelanta el QMonitor muestran que el avance conservador también encuentra límites culturales. Sólo el 28 por ciento considera que el aborto legal fue un error y debería revisarse. El 69 por ciento está poco o nada de acuerdo con esa afirmación. La legalización conserva, por lo tanto, un respaldo amplio incluso después de la expansión electoral de fuerzas que cuestionaron esa política.
Algo similar ocurre con el matrimonio igualitario. El 24 por ciento sostiene que el matrimonio debería celebrarse únicamente entre un hombre y una mujer, mientras el 74 por ciento rechaza esa posición y resguarda el cambio legislativo aprobado y promulgado en 2010.
En materia educativa, el 31 por ciento afirma que la educación sexual en las escuelas debería ser decidida por las familias y no por el Estado. El 67 por ciento está poco o nada de acuerdo. Alerta para Clara Muzio, la vicejefa de Gobierno de CABA que quiere liquidar la educación sexual integral.
Aunque la encuesta no pregunta específicamente por la escuela y el hospital públicos, este resultado, junto con las respuestas sobre servicios esenciales, muestra la vigencia de una expectativa histórica acerca de las responsabilidades estatales en educación y salud.
La llamada “ideología de género” produce una respuesta más dividida, aunque tampoco mayoritariamente conservadora. El 40 por ciento se identifica con la frase de que es una corriente importada que no refleja los valores argentinos, frente al 57 por ciento que manifiesta poco o ningún acuerdo.
En cuanto a los derechos humanos, el 50 por ciento considera que la política argentina está demasiado enfocada en el pasado y descuida el presente. El 47 por ciento rechaza esa formulación. El resultado no indica la desaparición de esa tradición política, sino una discusión abierta sobre cómo relacionar la memoria de la dictadura con las vulneraciones actuales. Y, quizás, que no hay por qué abandonar la preocupación por la memoria de la dictadura pero tampoco resignar los derechos sociales de hoy como reivindicación exigible al Estado.
La Argentina está agrietada, pero esa grieta no separa dos paquetes perfectamente cerrados. Hay combinaciones, cruces y contradicciones que se concentran especialmente en la franja intermedia.
Un Banco Central ortodoxo frente a una economía partida
La intención del Gobierno de darle al Banco Central un carácter más ortodoxo se inscribe en esa disputa cultural. La orientación oficial procura concentrar la autoridad monetaria en la estabilidad de precios y en la imposibilidad de financiar el déficit, en contraposición con la Carta Orgánica reformada en 2012, durante el segundo gobierno de CFK y con la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el BCRA.
El artículo 3° vigente establece que el BCRA debe promover, dentro de sus facultades y de las políticas fijadas por el Gobierno nacional, “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. La formulación no excluye la estabilidad: la integra con otros objetivos económicos y sociales.
El intento de Su Excelencia de darle al Banco Central una función más estrictamente monetaria podría sintonizar con el orden fiscal. O tal vez no tanto, porque llevar ese principio al extremo supondría un paso más allá del consenso medido. La encuesta muestra respaldo a la ausencia de déficit, pero no una mayoría equivalente para separar por completo la política monetaria del empleo, la actividad o el desarrollo.
La comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos introduce un contraste importante. La Fed fue creada en 1913, pero su mandato moderno fue definido expresamente por la reforma de 1977 de la Federal Reserve Act. Desde entonces debe promover el máximo empleo, la estabilidad de precios y tasas de interés de largo plazo moderadas. En la práctica, los dos primeros objetivos conforman su llamado “doble mandato”.
La discusión argentina no enfrenta, por lo tanto, una concepción local amplia con una supuesta regla internacional que obliga a los bancos centrales a ocuparse exclusivamente de la inflación. Uno de los bancos centrales más influyentes del mundo conserva desde hace casi medio siglo el máximo empleo como objetivo legal.
La cruda realidad cotidiana
El debate se desarrolla, además, mientras Su Excelencia desarma 76 años de historia nuclear argentina y la economía pierde fuerza. El Estimador Mensual de Actividad Económica cayó en abril un 1,5 por ciento frente a marzo. La comparación interanual fue positiva, del 1,6 por ciento, pero el crecimiento acumulado de los primeros cuatro meses quedó en el 2,1 por ciento. El Índice de Producción Industrial registró, a su vez, una baja mensual desestacionalizada del 2,1 por ciento. Guido Aschieri analiza en detalle que así no puede haber crecimiento.
Los salarios tampoco ofrecen una base sólida para reactivar el mercado interno. Entre enero y abril, los ingresos del sector privado aumentaron un 10,1 por ciento y los del sector público un 12,1, mientras el índice de precios acumuló un 12,3 por ciento. Al mismo tiempo, el dólar mayorista se acercó a los 1.490 pesos, las reservas dejaron de crecer durante los últimos meses y el Banco Central debió intervenir en el mercado de futuros para evitar utilizar reservas directamente.
Los despidos agregan otro dato al enfriamiento: hasta 170 desvinculaciones posibles en la CNEA, más de 100 cesantías en la fábrica de baterías Unionbat y 150 despidos anunciados por Techint en Valentín Alsina. La desocupación todavía puede no reflejar completamente el proceso, pero la pérdida de puestos empieza a acompañar la retracción productiva.
La economía también está dividida. En abril, la minería creció un 17,1 por ciento y el agro un 10,9. En cambio, la industria manufacturera cayó un 2,9 por ciento, el comercio un 3,2 y la construcción un 1,8. Los grandes ganadores son actividades exportadoras capaces de generar divisas, pero con menor incidencia directa sobre el empleo urbano y el entramado de pequeñas y medianas empresas.
Por cada diez empleos industriales se generan, según el análisis de Cristian Módolo en esta edición , otros 25 puestos indirectos en el comercio, los servicios y diferentes ramas fabriles. La recuperación no viaja a la misma velocidad por todo el territorio: algunas actividades funcionan como islas productivas, exportan y generan dólares, mientras el resto del tejido económico sigue sin despegar.
Ese telón de fondo es decisivo para interpretar el QMonitor. El equilibrio fiscal puede conservar un apoyo amplio mientras sea asociado con estabilidad. Pero su solidez política dependerá de cómo se distribuyan sus costos. Si el orden de las cuentas públicas se combina con pérdida salarial, empleo precario, cierres de empresas y caída del mercado interno, la zona gris puede modificar su posición.
Santilli, el conservador profesional
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete es mucho más que un puente hacia una eventual candidatura a gobernador. Es una pieza del proyecto de consolidar la alianza entre la ultraderecha libertaria y la derecha tradicional, extender el pensamiento conservador y disputar la franja de opinión pública que todavía no fue capturada de manera estable por ninguno de los dos bloques.
Santilli no es un saltimbanqui ideológico. Es un profesional de la política conservadora. Lo fue dentro del peronismo con Miguel Ángel Toma, siguió siéndolo dentro del PRO y ahora cumple el mismo papel como alfil de Karina Milei y de su proyecto para que Su Excelencia sea reelegido.
En los últimos años saltó desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. En las elecciones legislativas de 2025 ocupó el segundo lugar de la lista encabezada originalmente por José Luis Espert. La consigna fue sencilla: “Si votás al Pelado, votás al Colorado”. Le salió bien.
Santilli no ocultó nunca que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si será o no el candidato libertario en 2027, nadie puede saberlo todavía. Pero su función actual supera la preparación de una candidatura personal. Desde la Jefatura de Gabinete puede aspirar a convertirse en el articulador de una mayoría conservadora que sume a la base consolidada del oficialismo ultraderechista una parte de la zona gris detectada por QSocial.
La principal tarea de Santilli es seguir asfixiando a la provincia de Buenos Aires, haciendo desde la Jefatura de Gabinete lo que ya desplegó desde el Ministerio del Interior. Santilli apoyó o ejecutó el recorte de fondos nacionales destinados a transporte, educación, salud, obra pública y asistencia alimentaria.
La asfixia tiene dos metas que no se contradicen. Por un lado, obligar a Axel Kicillof a concentrarse en pagar sueldos y aguinaldos, atender la emergencia y defenderse de la tormenta, sin margen para pensar a largo plazo. Por otro, encerrarlo en esa defensa y dificultar una proyección nacional. No se trata solamente de una eventual candidatura presidencial de Kicillof, sino de impedir la articulación de un frente político de alcance nacional que represente los intereses y sentimientos de los sectores perjudicados por Milei.
Si Buenos Aires se limita a defenderse, quedará en una posición perdedora. Y si el resto de las provincias considera que su problema es Buenos Aires o Kicillof, y no la política ultraliberal y antilaboral del Gobierno nacional, también saldrá perdiendo.
Karina Milei puso a un profesional a fragmentar el campo nacional. Su desafío consiste en convertir el 36 por ciento liberal-conservador en una mayoría, conquistar parte del 30 por ciento mixto y evitar que la caída económica vuelva a reunir a los sectores sociales afectados por el modelo.
Si Santilli llegara a pensar que es un mago, estará olvidando que tiene una gran contra: Javier Milei. Es decir, la realidad cotidiana. La baja de ingresos, el trabajo precario y la falta de futuro. El punto clave es si las fuerzas opositoras consiguen transformar esa realidad, y también la percepción negativa, en una esperanza distinta de la que el Gobierno intenta sostener con su idea de que estamos mal, pero vamos bien. Si ofrecen una perspectiva nítida. No más radicalizada. Nítida. Concreta. Comprensible. Y nacional.
Aquí sí que no alcanza con la ayuda de Borges.