Javier Milei no pudo ignorar una causa latente, pero no dormida. El trapo “Las Malvinas son argentinas” que Giovani Lo Celso levantó después del partido con Inglaterra volvió a mostrar su potencia social. El Presidente corrigió discursivamente desvíos propios. A continuación, las claves de la cuestión Malvinas luego del discurso presidencial que puede ser calificado de galtieroide: retórica nacional y soberanista dentro de una práctica de alineamiento con los Estados Unidos y con el modelo de una Argentina tipo enclave colonial.
La realidad, hasta ahora, es que Estados Unidos no presionó al Reino Unido para negociar sobre la soberanía en Malvinas y que las leyes contra la explotación petrolera ilegal existen desde 2011 y 2013, pero el Gobierno no impulsa la penalización ni molesta intereses conexos. En su discurso del 3 de septiembre, Su Excelencia Javier Milei colocó Malvinas, la Base Naval Integrada, los recursos críticos y la “Ola Trump” dentro de una misma estrategia. La pregunta es si puede haber soberanía sobre las islas dentro de políticas antisoberanas. Pero hay más preguntas. Aquí se formulan y se responden.
—¿Por qué Milei habló ahora de Malvinas?
—En términos de política interna, porque es la única causa nacional que no precisa ser explicada. Está ahí, latente, y cuando algo la saca a la superficie aparece bajo la forma de un nacionalismo pacífico, popular y democrático. El 15 de julio de 2026, tras el partido con Inglaterra en el Mundial, cuando Giovani Lo Celso levantó el trapo con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” desató un alud de sentimientos y pensamientos. No nacieron ese día en Atlanta. Los despertó. Además de que a Su Excelencia el Presidente le va tan mal que hasta parte de sus votantes están arrepentidos, y no por la forma sino por el fondo, como lo revela Lucas Koblovs, Donald Trump no descartar la revisión de la postura de Washington sobre la cuestión Malvinas. Los Estados Unidos respetan la administración inglesa de las islas y no reconocen la soberanía argentina. O Milei aprovechó la brecha actual entre Estados Unidos y el Reino Unido (discuten sobre gasto en armas y sobre la vigilancia en el Estrecho de Ormuz) o bien fue dirigido por la Casa Blanca para molestar a Downing Street 10.
—¿Trump cambió la posición estadounidense?
—No. No hubo una decisión formal de Washington que reclame al Reino Unido negociar soberanía ni una presión pública sobre Londres. Esto último representaría un espaldarazo a la posición argentina.
—¿Qué tendría que ocurrir para hablar de un giro real?
—Estados Unidos debería reconocer explícitamente la disputa de soberanía y reclamar con el mismo ímpetu que usa para hablar de la colaboración en Ormuz negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido conforme a la Resolución 2065. No necesita reconocer soberanía argentina. Necesita presionar para que Londres negocie.
—¿Eso sería completamente nuevo para Washington?
—No. Estados Unidos se abstuvo ante la resolución 2065 de la ONU, que exhorta a las partes a negociar la disputa de soberanía, pero entre 1982 y 1988 votó siete años seguidos a favor de resoluciones que reclamaban negociaciones. En la OEA, durante el gobierno de Alberto Fernández, también acompañó por consenso declaraciones sobre la disputa de soberanía.
—¿Milei corrigió su posición?
—No repitió sus habituales elogios a Margaret Thatcher ni elogió como natural el status quo de la usurpación . Esta vez habló de ocupación colonial, población implantada, negociación bilateral y mandato constitucional. Es más cercano a la doctrina argentina que sus referencias anteriores a los “deseos” isleños, algo que no contemplan ni la Constitución ni las resoluciones votadas en la ONU. Los textos indican que la Argentina respetará los intereses de los habitantes. O sea, que interpretará cuáles son esos intereses más allá de los deseos de los isleños.
—¿Es novedoso el anuncio de enviar al Congreso leyes para perseguir la exploración o explotación de petróleo de Sea Lion, al norte de las Malvinas y al este de San Julián?
—No. Su Excelencia descubrió una América que ya estaba descubierta. La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe explorar o explotar hidrocarburos sin autorización argentina. También alcanza la participación directa o indirecta y las transacciones, actos de comercio y operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento vinculadas con la explotación no autorizada. Prevé inhabilitaciones de cinco a veinte años, pérdida de beneficios y restricciones para contratar con el Estado.
—¿La ley 26.659 es el único instrumento que prevé castigo?
—No. La 26.915 endureció el régimen. Incorporó penas de cinco a diez años para la exploración ilegal y de diez a quince para extracción, transporte o almacenamiento. Agregó multas, decomisos, inhabilitaciones y sanciones a empresas y directivos.
—¿La empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas ya habían sido sancionadas?
—Sí. Rockhopper fue inhabilitada por veinte años en 2013. Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. Las dos empresas centrales de Sea Lion estaban alcanzadas antes de Milei.
—¿Qué hizo el gobierno con esas empresas antes del discurso de Milei?
—Protestas diplomáticas, notas y declaraciones. No había aplicado, por ejemplo, una nueva inhabilitación comparable contra financistas, aseguradoras o proveedores. Ahora anuncia acelerar y ampliar procedimientos. Habrá que medirlo por las eventuales sanciones efectivas.
—¿Hay una propuesta para responder también sobre inversiones británicas e israelíes?
—Sí. El exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas en la Cancillería Guillermo Carmona propone que el Congreso restrinja nuevas inversiones y transacciones de capitales británicos e israelíes mientras empresas de esos orígenes participen de Sea Lion. No presentó un proyecto. Instó a que la oposición lo haga en el Congreso. Carmona plantea una retaliación proporcional: esos capitales deberían afrontar costos en operaciones e inversiones locales, sobre todo en sectores estratégicos y en el acceso a beneficios como el RIGI, ya en vigor, y el SUPER RIGI si llega a aprobarse.
—¿Hay además una ofensiva judicial para intentar detener Sea Lion?
—Sí. La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, presidida por Enrique Viale, y el CECIM La Plata, que agrupa a los ex combatientes de Malvinas encabezados por Rodolfo Carrizo, promovieron una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra Rockhopper, Navitas y todos los que resulten responsables o participen directa o indirectamente en el proyecto. La demanda se apoya, entre otras normas, en el artículo 1711 del Código Civil y Comercial, la Ley General del Ambiente 25.675, la legislación argentina sobre hidrocarburos y las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas.
—¿Qué pretenden que haga concretamente una jueza argentina?
—Que ordene detener el proyecto. La cautelar solicita suspender las obras, perforaciones, movimientos del lecho marino, oleoductos, infraestructura de fondeo y cualquier otra construcción vinculada con Sea Lion y sus pozos adyacentes. La presentación sostiene que el proyecto está en la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas, y que se realiza sin evaluación de impacto ambiental ni autorización del Estado argentino.
—¿La demanda se limita a tratar de parar físicamente las perforaciones?
—No. Y ése es uno de sus aspectos más interesantes. Los demandantes sostienen que en un proyecto offshore de esta escala la obra y el financiamiento son inseparables. Por eso piden que Rockhopper y Navitas no puedan celebrar nuevos contratos de financiación, recibir nuevos desembolsos, efectuar pagos o transferencias, hacer aportes de capital, contraer préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías ni afectar activos para que Sea Lion siga adelante. La idea es atacar no sólo la perforación sino los mecanismos económicos que la hacen posible.
—¿La acción intenta llegar a los mercados financieros internacionales?
—Sí. Pide que la Justicia comunique la existencia del proceso y las eventuales cautelares a la Financial Conduct Authority británica, la Bolsa de Londres, la Israel Securities Authority, la Bolsa de Tel Aviv y la Bolsa de Nueva York, además de cualquier otro regulador o mercado que la jueza considere pertinente. La intención es que una decisión argentina pueda ser conocida y registrada allí donde las compañías cotizan, se financian o realizan operaciones.
—¿También busca saber quién financia Sea Lion?
—Sí. La demanda solicita que las compañías informen bajo declaración jurada qué bancos, fondos de inversión, aseguradoras, fiduciarios, sociedades vinculadas y otros agentes intervienen o intervinieron en el financiamiento. También pide conocer desembolsos realizados y pendientes, garantías y contratos. Es una manera de correr el foco desde Rockhopper y Navitas hacia toda la cadena económica que permite que el proyecto funcione.
—¿Cuál es la dimensión ambiental del planteo?
—Los demandantes sostienen que el problema no es sólo que la extracción se realiza sin autorización argentina. Dicen que la ocupación británica impide al Estado evaluar, fiscalizar y eventualmente rechazar una explotación de enorme escala. La presentación advierte sobre derrames, contaminación química, ruido submarino y daños sobre mamíferos y aves marinas. También estima emisiones de alrededor de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono durante el desarrollo y más de cien millones por la posterior quema del petróleo extraído.
—¿Cómo se relaciona esta demanda con la propuesta de Carmona?
—Son vías diferentes y potencialmente complementarias. Carmona propone una represalia económica decidida políticamente por el Estado contra inversiones o transacciones británicas e israelíes. La demanda del CECIM y los abogados ambientalistas intenta cortar judicialmente el flujo financiero específico que sostiene Sea Lion y trasladar la controversia a los mercados internacionales. Una actúa sobre capitales de determinados orígenes. La otra sobre el circuito de financiación del proyecto.
—¿Y qué interrogante abre esto para el gobierno?
—Uno bastante concreto. Si la legislación petrolera ya permite sancionar a quienes participan directa o indirectamente de la explotación ilegal, si Carmona plantea ampliar los costos económicos y si organizaciones civiles piden judicialmente identificar bancos, aseguradoras y fondos que alimentan Sea Lion, la discusión deja de ser si existen instrumentos. Pasa a ser hasta dónde está dispuesto el Poder Ejecutivo a utilizarlos.
—Milei habló de desarrollar una Base Naval Integrada en Ushuaia. ¿Es una idea suya?
—No. El acto de inicio de la construcción fue el 4 de marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y con Jorge Taiana como ministro de Defensa. El objetivo oficial era fortalecer la presencia nacional y las capacidades logísticas argentinas en la Antártida y el Atlántico Sur. El plan incluía un muelle, instalaciones de apoyo y naves industriales construidas por Tandanor.
—¿Hay un antecedente directo en el que Su Excelencia haya vinculado esa base integral, su idea soberanía y la relación con los Estados Unidos?
—Sí, y es muy importante. El 5 de abril de 2024 Milei viajó a Ushuaia especialmente para encontrarse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Estaba también el embajador norteamericano Marc Stanley. Milei dijo que “el mejor recurso hoy para defender nuestra soberanía” era reforzar la alianza estratégica con Estados Unidos. Presentó la Base Naval Integrada como un gran centro logístico próximo a la Antártida y habló de “nuestros países” como puerta de entrada al continente blanco. La asociación entre Ushuaia, soberanía y Washington, por lo tanto, antecede en más de dos años al actual discurso sobre Malvinas.
—¿Milei anunció entonces una base conjunta con Estados Unidos?
—La cuestión quedó deliberadamente confusa. Ante una pregunta del Congreso al jefe de Gabinete, el Ministerio de Defensa fue terminante: informó que no existía acuerdo con Estados Unidos para la base, ningún proyecto de construcción conjunta, aportes norteamericanos ni cesión de terrenos o edificios. También aclaró que una eventual utilización por fuerzas extranjeras sería sólo como escala.
—¿Qué cambia ahora Milei respecto de la base?
—La retoma, promete más recursos y la inserta en una doctrina que une defensa, telecomunicaciones, infraestructura crítica, recursos estratégicos, Atlántico Sur y Antártida. El proyecto es anterior. El encuadre geopolítico actual es suyo y, más allá de la financiación y el posible uso conjunto, está a tono con el alineamiento militar y geopolítico con los Estados Unidos.
—¿Qué papel juega Sudamérica, Atlántico Sur incluido, en el Shield of the Americas, el escudo de las Américas?
—Es el esquema hemisférico impulsado por Trump en marzo de 2026. Su proclamación contra los carteles establece coordinación con países aliados, movilización y entrenamiento de fuerzas militares asociadas y la necesidad de mantener alejadas del hemisferio las influencias externas consideradas hostiles. Léase, en principio, China.
—¿Tiene una dimensión militar?
—Sí. La Americas Counter-Cartel Coalition combina instrumentos militares y policiales. Documentos oficiales estadounidenses la presentan como una estructura para emplear poder duro contra organizaciones calificadas como narcoterroristas y aumentar la participación de los países asociados. Está dentro de lo que se conoce como Doctrina Donroe.
—¿Qué es la Doctrina Donroe?
—Es el nombre que el ministro de guerra Pete Hegseth utilizó para el “corolario Trump” de la Doctrina Monroe. La idea es que la defensa del territorio estadounidense empieza por garantizar preeminencia en el hemisferio, es decir al continente americano, limitar a las potencias extracontinentales y asegurar posiciones estratégicas. China es el adversario principal de esa concepción.
—¿La Base Naval Integrada formaría parte formalmente del Shield?
—No hay evidencia al respecto. Pero existe consonancia conceptual: Milei reúne base, recursos críticos, telecomunicaciones, Atlántico Sur y Antártida dentro de una política de seguridad mientras se presenta como socio de Washington.
—¿Se puede definir el mensaje de Milei como “galtieroide”?
—Sí. Y no porque Milei sea Leopoldo Fortunato Galtieri ni porque exista un plan de desembarco en Malvinas. La analogía es política: discurso soberanista, confianza en una relación privilegiada con Washington y políticas generales que reducen márgenes nacionales de decisión. Ello, agregado a la idea de que la Argentina cuenta con un cheque en blanco de los Estados Unidos por sus méritos ante los Estados Unidos.
—¿Qué hizo concretamente la dictadura argentina en América Central?
—Exportó su aparato contrainsurgente. El esquema más documentado tuvo a Honduras como plataforma. El gobierno de Reagan aportaba financiamiento, Honduras el territorio y oficiales argentinos el entrenamiento en tortura y parte de la conducción de la Contra nicaragüense. Hubo decenas de militares argentinos en Tegucigalpa y entrenamiento de miles de contras. Oficiales provenientes del aparato de inteligencia argentino también entrenaron fuerzas hondureñas, incluido personal vinculado al Batallón 3-16, luego denunciado por desapariciones y torturas.
—¿Cómo encajó Galtieri en ese dispositivo?
—El involucramiento aumentó con Galtieri. La dictadura creyó que esa colaboración anticomunista la convertía en socio privilegiado de Reagan. Cuando hubo que optar entre Buenos Aires y Londres, Estados Unidos eligió a su aliado británico. El peligro de la comparación está allí: confundir utilidad para Washington con respaldo automático en Malvinas.
—¿Cómo juegan hoy las diferencias entre los Estados Unidos y el Reino Unido?
—La alianza sigue siendo estructural. “Eterna”, la llamó Trump en su última visita a Londres. Pero apareció una disputa concreta por la guerra con Irán. Un correo interno del Pentágono que se filtró, vaya a saberse si sobre la base de un documento genuino o como parte de una operación, incluyó la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica en Malvinas como represalia contra aliados de la OTAN que no facilitaron bases o espacio aéreo para la operación norteamericana. Eso obliga a contemplar otra hipótesis: que Malvinas sea utilizada como palanca de presión sobre Londres antes que como conversión de Washington a la tesis argentina.
—Mencionaste el RIGI? ¿Por qué?
—La Ley 27.742 creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y otorgó estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años. El llamado Súper RIGI busca profundizar ventajas para megaemprendimientos. Entonces, la discusión es cuánto poder conserva el Estado sobre recursos, regulación y divisas. Para el Gobierno de Su Excelencia, un Estado que regule monopolios es pecado.
—¿Ahí aparece la contradicción central?
—Sí. Milei denuncia la explotación extranjera de recursos en un territorio reclamado mientras concede garantías extraordinarias y de largo plazo a grandes capitales sobre recursos del territorio bajo control argentino. Desde el lado de un Estado, y no sólo de un pueblo, soberanía no es sólo bandera. También supone la capacidad de decidir sobre los minerales, el petróleo, los puertos, la tecnología, la infraestructura y las divisas. Estados Unidos busca además minerales críticos, menor influencia china e interoperabilidad militar.
—¿Hay pruebas de un trueque diplomático?
—No. No existe evidencia pública de “Malvinas a cambio de RIGI, minerales o Ushuaia”. Sí están documentados el alineamiento, la cooperación militar, el interés estadounidense por limitar a China y la revisión anunciada por Trump. La cadena causal sigue siendo una hipótesis.
—¿Cuál es entonces la novedad del discurso?
—Que Milei esta vez leyó la Constitución. La primera disposición transitoria ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares. Su recuperación y ejercicio pleno, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional, son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. y recuperó elementos centrales de la posición argentina. Pero, de nuevo, no basta con reivindicar soberanía en Malvinas si al mismo tiempo se reduce autonomía económica y estratégica en el continente.
