Después del banderazo argentino en Atlanta se popularizó un columnista británico del influyente The Guardian porque dijo que las Malvinas no pueden quedar para siempre en manos británicas. ¿Quién es Simon Jenkins? ¿Qué sostuvo históricamente? ¿Por qué condenó el desembarco de 1982 y dijo que de todos modos la guerra era evitable?
Simon Jenkins nació en 1943 y es una de las figuras veteranas del periodismo británico. Dirigió el Evening Standard entre 1976 y 1978 y The Times entre 1990 y 1992. También fue editor político de The Economist, trabajó en The Sunday Times, escribe desde 2005 en The Guardian y se desempeñó como comentarista de la BBC. Fue presidente del National Trust y en 2004 recibió el título de caballero por sus servicios al periodismo.
Escribió numerosos libros sobre la historia, la arquitectura y el patrimonio británicos. En el terreno internacional publicó Mission Accomplished? The Crisis of International Intervention, una crítica a la transformación de Occidente en una especie de policía global después de la Guerra Fría y a las intervenciones en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y Ucrania.
Su relación con las Malvinas no comenzó con una columna ocasional. En 1983 publicó junto con Max Hastings The Battle for the Falklands, uno de los primeros estudios británicos extensos sobre el conflicto, escrito inmediatamente después de la guerra. El libro reconstruyó los antecedentes diplomáticos, las decisiones de ambos gobiernos y el desarrollo militar de la campaña del Atlántico Sur.
Jenkins pertenece, por lo tanto, al corazón del periodismo institucional británico. Precisamente por eso sus posiciones resultan incómodas para la narrativa oficial de Londres. No cuestiona la ocupación desde la tradición latinoamericana ni adopta plenamente la argumentación jurídica argentina. Su punto de partida es otro: el imperio terminó, la geografía tiene consecuencias y mantener una colonia militarizada a miles de kilómetros de Gran Bretaña carece de sentido político y económico.
Una guerra legítima que pudo evitarse
Jenkins no ha sido ambiguo sobre la decisión de la Junta Militar. Define el desembarco del 2 de abril de 1982 como una acción escandalosa, insensata y temeraria, adoptada cuando representantes argentinos y británicos todavía negociaban en Nueva York. Para él, la dictadura destruyó mediante las armas la posibilidad de alcanzar aquello que decía buscar: el reconocimiento de la soberanía argentina.
Tampoco fue siempre un crítico de la respuesta militar británica. En una columna de 2012 sostuvo que durante los últimos cincuenta años hubo algunas ocasiones en las que resultaba correcto entrar en guerra y mencionó entre ellas las Malvinas, Kosovo y la primera guerra del Golfo. Su antiintervencionismo no supone negar de manera absoluta el uso de la fuerza. Distingue entre la defensa frente a un desembarco y las guerras elegidas para modificar gobiernos o reorganizar otros países.
Pero reconocer la legitimidad de la respuesta británica no lo lleva a celebrar el relato heroico construido alrededor de Margaret Thatcher. Jenkins sostiene que la victoria se debió tanto a los errores argentinos como a la capacidad militar británica. En 2012 afirmó que la precipitación de la Armada argentina, el episodio de las Georgias del Sur y la actuación de Alfredo Astiz destruyeron el plan original, eliminaron el factor sorpresa y permitieron que Londres reaccionara. Sin esos errores, escribió, Gran Bretaña probablemente habría perdido las islas y Thatcher su carrera política.
Su lectura atribuye a la guerra un efecto político decisivo. Thatcher estaba debilitada, enfrentaba una fuerte impopularidad y la victoria la cubrió de gloria. Las Malvinas se convirtieron en el último triunfo militar reconocible del Reino Unido y en uno de los fundamentos simbólicos del nuevo conservadurismo británico. Jenkins considera que esa apropiación explica por qué los gobiernos posteriores se negaron a reabrir una negociación que antes de 1982 habían considerado razonable.
En su interpretación, la respuesta militar podía considerarse legítima una vez producido el desembarco, pero la guerra no era inevitable. Incluso después del desembarco argentino existieron gestiones estadounidenses y peruanas para detener el conflicto antes de que las tropas británicas recuperaran las islas. La lógica de la guerra terminó imponiendo la necesidad de una victoria completa, cuando un acuerdo podría haber evitado centenares de muertes y un enorme gasto económico.
La negociación que estuvo cerca
El núcleo de la argumentación histórica de Jenkins se encuentra en lo sucedido antes de 1982. Durante las décadas de 1960 y 1970, Londres no trataba la soberanía británica como una condición eterna e indiscutible. Los gobiernos laboristas y conservadores negociaron con la Argentina diferentes fórmulas que combinaban el traspaso formal de la soberanía con la conservación de la administración, la autonomía y las garantías para los isleños.
El acuerdo de comunicaciones de 1971 permitió vincular las islas con el continente mediante vuelos, comercio, turismo, atención hospitalaria y becas escolares. Según Jenkins, se buscaba normalizar gradualmente la relación para preparar un arreglo definitivo. A fines de esa década, el ministro laborista Ted Rowlands discutió una fórmula de leaseback: la Argentina recibiría la soberanía y Gran Bretaña conservaría la administración mediante un arrendamiento de 99 años o más.
El gobierno de Thatcher heredó esa alternativa. El ministro Nicholas Ridley fue autorizado a continuar las conversaciones, aunque encontró resistencia entre los isleños y en el Parlamento. Jenkins sostiene que la propia Thatcher no descartaba transferir la soberanía, siempre que existiera consentimiento de los habitantes. El desembarco de Galtieri rompió esa evolución y transformó una cuestión negociable en un emblema de victoria nacional.
Para Jenkins, ese antecedente destruye la idea de que cualquier conversación actual equivaldría a una traición inédita. Los mismos gobiernos británicos que hoy presentan la soberanía como innegociable estuvieron dispuestos a cederla cuando consideraban que la geografía, los costos y la relación con América Latina imponían una solución pragmática.
La guerra justificó la recuperación británica de las islas, pero no obligaba a cancelar para siempre la discusión diplomática. Esa es la distinción que Jenkins repite desde hace años: una cosa fue expulsar a las fuerzas de una dictadura y otra, convertir aquella victoria en un derecho colonial perpetuo.
El derecho de los isleños y el límite del referéndum
En 2013, Jenkins escribió que el reclamo británico podía considerarse sólido en términos del derecho vigente y, al mismo tiempo, completamente absurdo desde el punto de vista político. La protección de los habitantes, su autonomía y su modo de vida no requerían necesariamente que la soberanía permaneciera para siempre en manos de una potencia europea.
Esa posición lo distancia tanto de la doctrina británica como de una adhesión automática a cada argumento argentino. Jenkins no propone que los habitantes sean entregados sin garantías al gobierno de Buenos Aires. Sus fórmulas incluyen largos períodos de administración británica, autonomía local, compromisos internacionales de seguridad y, eventualmente, presencia o supervisión de las Naciones Unidas.
Pero tampoco acepta que los isleños posean un veto absoluto sobre la soberanía. Considera que Gran Bretaña invoca selectivamente el principio de autodeterminación. Londres no consultó a los habitantes de Hong Kong antes de entregarlo a China y expulsó a los chagosianos de Diego García cuando quiso instalar allí una base estadounidense. Para Jenkins, presentar el referéndum de 2013 como el cierre definitivo de la cuestión es desconocer la forma desigual en que el Reino Unido administró la descolonización.
En 2022 calificó la soberanía británica como un “absurdo resabio imperial”. En 2023, después de la elección de Javier Milei, sostuvo que el presidente argentino tenía razón al plantear que el dominio británico debía terminar, aunque cuestionó duramente su figura y recordó que fue la dictadura argentina la que destruyó las negociaciones. En 2024 vinculó las Malvinas con las islas Chagos y Gibraltar, como restos de un imperio que Gran Bretaña mantiene por nostalgia, prestigio y proyección militar.
Su posición más reciente apareció el 16 de julio de 2026, después de que los jugadores argentinos mostraran la bandera “Las Malvinas son argentinas” tras vencer a Inglaterra en el Mundial. Jenkins respondió con una fórmula cuidadosamente matizada: “No exactamente”, pero las islas no pueden continuar siendo británicas para siempre. Reiteró que las antiguas colonias terminarán integrándose de alguna manera con sus continentes y que el reclamo argentino no desaparecerá.
El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford, le respondió que Jenkins tergiversaba la relación moderna con Gran Bretaña, que los isleños poseían un derecho fundamental a la autodeterminación y que el resultado del referéndum de 2013 debía ser respetado. La polémica muestra hasta qué punto la posición del periodista continúa siendo minoritaria y controvertida dentro del debate británico.
Contra la guerra como espectáculo de poder
La postura de Jenkins sobre las Malvinas forma parte de una visión más amplia. No es pacifista en sentido estricto, pero desconfía profundamente de la capacidad de las guerras para resolver conflictos políticos. Considera que los gobiernos británicos mantienen una nostalgia por su antiguo papel de policía mundial y utilizan las intervenciones militares para exhibir relevancia internacional, muchas veces siguiendo a los Estados Unidos.
Fue crítico de las guerras de Irak, Afganistán y Libia, de las sanciones concebidas como antesala de operaciones militares y del intento de imponer cambios de régimen desde el exterior. Frente a Ucrania cuestionó la escalada occidental, el uso de armas contra territorio ruso y la pretensión de obtener una victoria total, aunque definió a Vladimir Putin como un dictador y reconoció el fracaso de su intento de eliminar al gobierno de Kiev. Para Jenkins, la prioridad debe ser alcanzar compromisos territoriales y políticos antes de que la prolongación del conflicto produzca todavía más víctimas.
En Gaza e Irán sostuvo que Gran Bretaña no debía intervenir militarmente en conflictos que no comprometían directamente su seguridad. Su posición más reciente sobre defensa sigue la misma orientación: afirma que no existe una amenaza militar inmediata contra el territorio británico y rechaza sacrificar inversión social e infraestructura para financiar una nueva carrera armamentística.
Esa doctrina permite comprender su lectura de 1982. Jenkins no niega que un país pueda defender un territorio atacado. Lo que rechaza es que una victoria militar sea convertida en un sustituto permanente de la política. Gran Bretaña ganó la guerra, pero, según él, utilizó aquel triunfo para evitar la negociación que la guerra no había resuelto.
Tampoco sostiene sin matices la consigna argentina. No afirma simplemente que las islas deban pasar mañana a la administración de Buenos Aires. Su propuesta combina soberanía argentina futura, garantías internacionales, autonomía de los habitantes y una transición pactada. En ese punto se encuentra la distancia entre su artículo y la bandera que lo motivó.
Jenkins ofrece, desde el interior del establishment británico, una conclusión particularmente incómoda para Londres: el desembarco de 1982 fue injustificable, la respuesta militar podía considerarse legítima y, aun así, la soberanía colonial no se vuelve eterna por haber sido defendida exitosamente en una guerra.
La victoria británica resolvió quién controlaría las islas en 1982. No resolvió qué ocurrirá con ellas para siempre. Para Jenkins, la negativa a reconocer esa diferencia mantiene a las Malvinas congeladas como una fortaleza militar y convierte el recuerdo de los muertos en la excusa para no volver a negociar.