El problema del Gobierno nacional no es sólo su objetivo y su práctica de achicar el Estado. Es reemplazar sus saberes, sus instrumentos técnicos y sus mediaciones institucionales por empresas, consultoras, plataformas tecnológicas o sistemas privados que terminan controlando la arquitectura de decisión. En ese punto, el Estado no desaparece: se vuelve hueco, dependiente y cada vez menos soberano.
El mileísmo ha presentado su política hacia el Estado como una operación de saneamiento. Reducir estructuras, eliminar organismos, despedir personal, fusionar dependencias, recortar presupuestos y desregular funciones serían, desde esta perspectiva, distintas manifestaciones de una misma tarea histórica: liberar a la sociedad de una maquinaria burocrática parasitaria que consume recursos sin producir valor. Sin embargo, resulta absurdo mezclar a un ministerio artificialmente superpoblado o a una oficina sin función precisa con un organismo de investigación o una agencia regulatoria. Todos, contablemente, serían “gasto público”, pero algunos son inversión futura. No distinguirlos revela incompetencia, ignorancia o mala fe.
El relato de atacar a la “burocracia parasitaria” posee una fuerza política evidente porque se apoya en una experiencia real. Durante décadas, amplios sectores de la sociedad argentina vieron crecer un Estado incapaz de resolver problemas elementales, que multiplicaba trámites, superponía organismos, degradaba servicios y convertía estructuras administrativas en territorios de reproducción política. La crítica a la burocracia no nació con el mileísmo ni puede reducirse a una invención libertaria: se alimenta de un deterioro efectivo de la capacidad estatal.
Pero no toda estructura estatal es burocracia en ese sentido. Hay estructuras innecesarias, pero hay otras muy necesarias porque contienen capacidades instrumentales acumuladas, saber situado y experiencia práctica acopiada. Todos los Estados disponen de esas capacidades desde las antiguas épocas imperiales. Las cortes reales eran el Estado de aquellos tiempos, con funcionarios de mucha experiencia acumulada, muy necesaria para la toma de decisiones correctas. Tirar por la borda esas habilidades especializadas, capacitadas por la propia acción de gobernar, es demencial.
El Estado, la soberanía y sus capas internas
Todos los países, independientemente de que sean democracias, dictaduras, monarquías o teocracias, tienen un Estado como forma de organización política, con distintas funciones públicas distribuidas en ámbitos institucionales diferenciados para garantizar cierto nivel de profesionalidad administrativa, pero sin perder el control centralizado y soberano del proceso. En una colonia existe un Estado, pero está controlado por agentes colonizadores, nativos o extranjeros. Incluso en un Estado democrático desarrollado puede darse el caso de que no sea suficientemente soberano como para imponer sus propias decisiones. Esto ocurre por acción de lobbies o, más modernamente, cuando se entregan áreas de decisión a empresas privadas.
El llamado “Estado profundo” o “la casta” es precisamente eso: una maquinaria cooptada por intereses privados que influyen y determinan la toma de decisiones favorables a sus intereses y muchas veces contrarias al interés nacional. La composición del Estado profundo va cambiando, pero siempre hay un hilo conductor: el rumbo que toma la ola inversora del capital financiero concentrado, asociado a sus representantes locales.
Cada Estado tiene una arquitectura interna con tres sectores principales: el decisorio estratégico, el intermediario que transforma las decisiones en actos concretos y el que controla los desvíos o incumplimientos de todo orden. Un Estado comienza a vaciarse cuando conserva la autoridad formal, pero pierde la capacidad de convertirla en acción soberana propia.
Un Estado burocrático es aquel en el cual la toma de decisiones es lenta, su ejecución aún más lenta y las decisiones nunca llegan a cumplirse. Es un Estado ineficiente. Un Estado con soberanía disminuida ocurre cuando el nivel decisorio adopta decisiones ajenas a su voluntad, por presión de lobbies, o bien cuando el nivel intermediario no puede transformar sus decisiones en actos concretos. Un Estado dependiente ocurre cuando toda la arquitectura estatal ya es controlada por agentes privados no estatales, que le ofrecen al nivel decisorio alternativas que sólo ellos controlan en su implementación posterior.
La sustitución privada de la capacidad estatal
Partes o incluso todo el Estado intermediario —humano, capacitado, esencial y no burocrático— podría ser reemplazado por soportes externos: desde algo sencillo como un programa informático automatizado, un bot, un chatbot o sistemas de seguridad, hasta una consultoría externa o el reemplazo completo de un ministerio por una organización o empresa, nacional o extranjera. Simplemente se estaría cambiando la arquitectura del soporte operativo. Tal vez se ganaría agilidad y eficiencia, pero lo importante es otra cosa: quien controla la arquitectura controla el proceso y, por lo tanto, resta soberanía nacional.
Cuando el Estado decisorio estratégico entrega la arquitectura del Estado a organizaciones no gubernamentales y, peor aún, extranjeras, que reconfiguran la totalidad de la arquitectura estatal, entramos en un Estado dependiente. Esto es lo que plantean empresas tecnológicas como Palantir, que proponen una mejora en la eficiencia, aunque a costa de disminuir la autonomía. Al relato “antiburocrático” le han agregado el relato de la “eficiencia”, argumentando que, con herramientas de inteligencia artificial, control de redes y análisis de bases de datos gubernamentales, el Presidente podría tomar las mejores y más eficientes medidas de gobierno.
Esto ya no sería el lobby clásico ni tomar al Estado como botín de guerra de los negocios tradicionales de la corrupción. Esto escala a otro nivel de alta dependencia nacional. Con esto se borra cualquier indicio de soberanía.
El Estado hueco
El Estado no desaparece formalmente, pero pierde capacidad propia. Se convierte en un Estado hueco, con un enorme presupuesto, amplia capacidad coercitiva, extenso aparato jurídico y gran poder fiscal, pero dependiente de sistemas privados para comunicar, analizar, calcular, integrar, vigilar, coordinar y decidir.
Cuando pierde capacidad de educar, incorpora plataformas educativas. Cuando pierde capacidad de planificar, contrata consultoras. Cuando pierde capacidad de innovación, recurre a importar paquetes tecnológicos externos. Cuando pierde capacidad industrial, importa productos. Cuando pierde capacidad estratégica, hace seguimiento ideológico externo. Cuando adopta posiciones de geopolítica cero, se subordina a alguna potencia.
El Estado sigue siendo formalmente responsable de la defensa, pero la infraestructura de información militar pertenece a otros. Sigue siendo responsable de la educación, pero los contenidos y las plataformas se externalizan. Sigue siendo responsable de la salud, pero los datos, la tecnología y la gestión dependen de proveedores. Podrían sustituir a todos los embajadores por algoritmos que le indiquen cuál es la mejor política internacional y el modo de relacionamiento con otros países. El Estado sigue siendo responsable de gobernar, pero pierde progresivamente los instrumentos para hacerlo soberanamente. Es un Estado dependiente de megaempresas tecnológicas.
El proxy de una ideología mayor
Una nación puede sobrevivir a un Estado burocrático e ineficiente, o incluso con soberanía disminuida. Difícilmente sobreviva como soberana a un Estado que ha dejado de controlar su rumbo. Un Estado soberano puede comprar, contratar, asociarse, importar y utilizar tecnología privada. Lo que no puede hacer sin perder autonomía es depender de aquello que ya no sabe comprender, evaluar o sustituir. En un país periférico, la destrucción de capacidad nacional tiende a ampliar el poder de quienes ya poseen las capacidades sustitutas.
La política del mileísmo puede leerse entonces como una expresión extrema y particularmente peligrosa de ideologías muy amplias, como el transhumanismo, en las cuales se propone considerar obsoletas las capas humanas e institucionales intermediarias de mediación y sustituirlas por mecanismos más concentrados, automatizados, mercantiles o privados.
Desde esa posición radical se intenta acelerar el vaciamiento de capacidades estatales nacionales en el marco de una estructura internacional profundamente asimétrica, dominada por grandes corporaciones, fondos de inversión, plataformas tecnológicas y centros de producción de conocimiento situados fuera del país. Más que un gran innovador, el mileísmo sería su representante local, su ariete ideológico, su proxy, enmascarado de corriente política, cuya misión sería la destrucción de capacidades nacionales o de los instrumentos soberanos necesarios para lograr una mayor autonomía estratégica. Todo ello, encubierto como una lucha contra la burocracia y la ineficiencia.
(*) Ricardo Auer es analista de riesgo geopolítico. Integrante del Grupo Juncal