La menor capacidad de atención, la falta de insumos y de renovación tecnológica, los problemas edilicios y el deterioro de la enseñanza y la investigación son las consecuencias que padecen los hospitales universitarios por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno libertario.
Cinco claves:
- Siete hospitales de cuatro universidades públicas concentran el reclamo por las partidas hospitalarias del Presupuesto 2026.
- Los hospitales universitarios combinan atención sanitaria, formación de profesionales e investigación científica.
- Sus autoridades denuncian transferencias tardías e insuficientes y reclaman criterios claros de distribución.
- La partida específica para hospitales universitarios asciende a $79.763 millones, pero persisten fondos pendientes de giro.
- Al 3 de noviembre, no hay un informe consolidado que permita verificar el cumplimiento integral de los pagos adeudados.
Los hospitales universitarios dependen, en gran medida, del presupuesto asignado por el Ministerio de Capital Humano a cada universidad para sostener su funcionamiento. Estos recursos resultan fundamentales para afrontar los gastos cotidianos, garantizar la atención de los pacientes y sostener las actividades de docencia e investigación. Cuando los recursos presupuestarios no acompañan las necesidades reales de los hospitales, se vuelve complejo planificar y garantizar la disponibilidad de los elementos necesarios para atender a los pacientes.
El grupo de los siete
Cuando se habla de hospitales universitarios, se hace referencia a siete establecimientos que reclaman las partidas presupuestarias asignadas a las universidades de las que dependen. Pero, en realidad, no son todos los establecimientos. También habría que incluir hospitales odontológicos y veterinarios, institutos especializados y centros vinculados a través de convenios.
El grupo de esos siete hospitales corresponde a cuatro universidades: tres de la Universidad de Buenos Aires (Hospital de Clínicas José de San Martín, Instituto de Oncología Ángel Roffo e Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari); dos de la Universidad Nacional de Córdoba (Hospital Nacional de Clínicas y Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología); uno de la Universidad Nacional de Cuyo (Hospital Universitario) y uno de la Universidad Nacional de La Rioja (Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima).
En todos los casos, cumplen funciones de atención sanitaria (consultas, diagnósticos, tratamientos, internaciones y cirugías, con servicios especializados y de alta complejidad), formación profesional (prácticas supervisadas de estudiantes, residencias y capacitación de profesionales de la salud) e investigación y prevención (producción científica, desarrollo de tratamientos y actividades comunitarias de promoción de la salud).
El financiamiento
Los hospitales universitarios están corriendo la misma suerte que sus universidades, porque sufren las mismas demoras en recibir las partidas hospitalarias del Presupuesto 2026 y la falta de aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa incluye expresamente a los hospitales universitarios en la recomposición y actualización de los gastos de funcionamiento, además de establecer medidas salariales para docentes y no docentes.
¿Y Ahora Qué? conversó con representantes los hospitales mencionados. Hablaron a condición de reserva de identidad y mencionaron el gran deterioro de las instalaciones, la falta de actualización tecnológica, la escasez de insumos y la consecuente pérdida de profesionales.
“Tenemos que seguir manteniendo la formación. Somos hospitales universitarios, brindamos atención a la comunidad y también formamos a los futuros profesionales de todo el país”, explicaron.
—¿Qué reclaman?
—Que se respete el criterio de distribución y que las partidas sean previsibles para poder planificar esos fondos.
—¿Recibieron alguna partida este año?
—Con el argumento de que no querían distribuir los fondos presupuestarios de manera discrecional y de que buscaban establecer parámetros, pidieron informes a todos los hospitales universitarios. Los enviamos, más o menos, en mayo de este año, fecha para la cual no habíamos recibido ningún fondo de la partida 2026.
Según el detalle indicado en el Presupuesto, la partida específica para “Hospitales Universitarios” corresponde a $79.763.113.948. En general, entre febrero y marzo comenzaban a salir las cuotas de cada año. Este año, en mayo, aseguraron que aún no habían recibido nada y que les habían propuesto armar una comisión para establecer parámetros de distribución de los fondos de manera no discrecional.
Uno de los directores recordó: “Si no querés resolver algo, formá una comisión”. Y agregó: “Así fue como los meses pasaron y nunca nos convocaron”.
—¿O sea que armaron una comisión, pero nunca fue convocada?
—Tiraron la información, pidieron los nombres de los representantes y nunca los convocaron. No se terminó de constituir. Nunca se hizo nada.
Entre gallos y medianoche, empezaron a salir fondos justo antes de uno de los últimos paros realizados. El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que detallaba cuánto dinero había transferido a los hospitales universitarios, con los números de resolución y todas las registraciones. Todos coincidieron en asegurar que recibieron menos de lo que les corresponde y que tratan de financiarse con el cobro de las prestaciones a las obras sociales, aunque eso no alcanza para sostener la calidad del servicio, el normal funcionamiento de las instalaciones ni la actualización de la tecnología médica.
“Todos los hospitales tenemos necesidades. Nuestros hospitales son históricos, somos un país federal y lo único que estamos pidiendo es la distribución de los fondos o que nos digan cuáles son los nuevos criterios para distribuirlos”, coincidieron.
La información oficial disponible en la página web del Ministerio de Capital Humano mostraba el siguiente panorama al 10 de agosto:
- UBA: $20.000 millones transferidos; otros $20.000 millones devengados y en proceso de transferencia.
- UNCUYO: asignación de $2.259,96 millones, abonada mediante cuotas mensuales de $188,33 millones.
- UNC: $2.259,96 millones todavía en trámite administrativo.
- UNLaR: $380,26 millones todavía en trámite administrativo.
Aunque el Gobierno sostuvo que estaba cumpliendo sus compromisos, su propio detalle incluía fondos pendientes de transferencia o de aprobación administrativa. Además, el 21 de septiembre, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, denunció que no habían recibido los fondos específicos para sus hospitales, una declaración que expone la continuidad del reclamo a pesar del comunicado oficial de agosto. Tampoco está acreditado el cumplimiento integral de los giros correspondientes.
Al 3 de noviembre, fecha de cierre de esta nota, no puede verificarse un informe consolidado de pagos a cada universidad que permita afirmar que todas las transferencias exigibles hasta esa fecha estén al día.
En muchas especialidades faltan médicos. Las condiciones salariales y laborales llevan a que algunos trabajadores de la salud deban buscar empleo en otras instituciones para sostener sus ingresos, lo que reduce la disponibilidad de profesionales para ofrecer atención y también afecta la formación, al generar vacíos educativos en carreras fundamentales para el sistema sanitario.
Entre los aspectos más preocupantes también se registra la obsolescencia del software de equipos médicos por falta de dinero para actualizarlo o, directamente, la falta de mantenimiento de los aparatos.
La UME del Chaco Austral
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) es una casa de altos estudios con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, que cuenta con la carrera de Medicina y con lo que denominaron Unidad Médica Educativa (UME). No está incluida entre los siete hospitales reconocidos por la ley y, sin embargo, también es un dignísimo ejemplo de atención y de lo que padecen otros centros de estudio, formación y atención a la población desde los ámbitos académicos.
Dispone de equipamiento de última generación, cuenta con profesionales locales bien preparados y su objetivo, dicen sus voceros, es “dar respuesta a la prevención y promoción de la salud de la región”. Dispone de tecnología de vanguardia para brindar servicios en áreas de la salud como clínica médica, cirugía general, traumatología, pediatría, cardiología, oftalmología, kinesiología, ginecología, nutrición, psicología, psiquiatría, urología, odontología y neurología.
En el marco de su política de extensión e integración sanitaria, atienden a pacientes de obras sociales, incluso del PAMI, y advierten que “en ningún caso se abonan aranceles complementarios”.
Desde Roque Sáenz Peña explicaron que “la UME es un centro de alta complejidad ubicado dentro del predio de la UNCAus, que fue creado en 2015 como un espacio de formación práctica para las carreras de salud y, por otro lado, como un centro de atención a la comunidad. Como no tiene financiamiento del Estado, ni nacional ni provincial, nuestros ingresos provienen del presupuesto universitario, del rubro destinado a salud, y de los convenios que tenemos con obras sociales y mutuales, tanto nacionales como provinciales”.
“La universidad paga la luz, el espacio físico y gran parte del personal”, agregaron. Y para dar una dimensión de ese centro de atención, explicaron que durante la pandemia de coronavirus fueron “el segundo centro de internación más grande de la provincia. Después del hospital público de Resistencia veníamos nosotros, con veintiocho camas de internación, que hoy llegan a treinta y seis”.
Los voceros cuentan que, en épocas en las que había presupuesto, adquirieron con fondos propios gran parte de la aparatología con la que cuentan hoy.
—¿Con qué problemas se encuentran ahora?
—En primer lugar, si no fuera porque la universidad brinda la energía y el espacio físico, la UME no podría sostenerse. Y, como segundo problema, al no tener recursos para el capital humano en materia de salud, la clínica tiene que terminar contratando a los médicos, y eso comienza a ser un costo adicional porque ya no podemos incluir esas horas en la categoría de trabajo universitario. Esto nos lleva a empezar a funcionar como una clínica privada. Y hay un tercer tema: la gente que nos derivan los municipios y que no dejamos de atender, aunque no pueda abonar la consulta. Nuestra unidad médica tiene un rol de mucho impacto sanitario en el interior chaqueño y no queremos que acá ingrese el corporativismo.
—¿Desde cuándo comenzaron a tener complicaciones?
—Siempre funcionamos con dificultades, pero teníamos recursos para poder asistir a la UME y los problemas se solucionaban. Hoy no tenemos forma. Cada vez se pone más difícil el funcionamiento y ya empezamos a tener demoras en la provisión de insumos. Ese es un gran problema, al igual que las demoras en los cobros de las obras sociales. Se está armando un cuello de botella y estamos tratando de cumplir con todo para poder seguir funcionando.
La salud pública y las universidades parecen seguir a la deriva.
